No habiéndose podido notificar a D. Lorenzo Correa Morales en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1517/05-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Lorenzo Correa Morales la Resolución nº 507, de fecha 25 de febrero de 2008, recaída en el expediente con referencia 1517/05-U, y que dice textualmente:
"Recurso contra Resolución de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por la que se impone multa y se acuerda demolición.
Examinado el recurso interpuesto por D. Lorenzo Correa Morales, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3093, de fecha 19 de septiembre de 2007, vistos los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
1º) D. Lorenzo Correa Morales, en el lugar denominado Las Bernalas, en el término municipal de Arona, en la isla de Tenerife, viene realizando obras consistentes en la construcción de una edificación de una vivienda de dos plantas de altura con una superficie de 210 m2 la planta baja y 190 m2 la planta alta aproximadamente y una construcción anexa de 56 m2 de superficie, en suelo clasificado como rústico, sin las autorizaciones pertinentes, calificación territorial y licencia municipal de obras, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).
2º) Incoado el correspondiente expediente sancionador, por Resolución nº 1857, de fecha 6 de junio de 2007, en orden a adoptar las medidas de protección de la legalidad urbanística vigente, se impuso al interesado, tras los trámites oportunos, una multa de sesenta y cinco mil (65.000,00) euros, y se acordó la demolición de las obras ejecutadas.
3º) Contra la citada Resolución nº 3093, de fecha 19 de septiembre de 2007, D. Lorenzo Correa Morales interpuso recurso, en el que expone sucintamente los siguientes argumentos:
1.- Que existe vulneración de las normas esenciales del procedimiento, por cuanto debió concederse al interesado la posibilidad de instar la legalización con un plazo de tres meses. Al no haberse concedido al interesado la posibilidad de instar la legalización, el acto administrativo es nulo de pleno derecho.
2.- Alega el denunciado también que existe falta de proporcionalidad de la sanción de multa, añadiendo que ha de apreciarse la concurrencia de las atenuantes del artículo 198.a) y c) del TRLoTENC.
De otro lado concluye que al concurrir dos atenuantes y según lo dispuesto en el artículo 196 del TRLoTENC, la multa debe imponerse entre 6.010,13 y 33.080,41 euros.
Añadiendo que el valor de la edificación debe tenerse en cuenta para la graduación de la sanción y parte de que dicha valoración es de 3.688,18 euros, según el informe técnico que el propio denunciado aportó y que valora exclusivamente lo que él denomina bodega.
Por todo lo expuesto el denunciado estima que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad.
3.- El denunciado estima que se ha infringido el deber de motivación por cuanto la multa no resulta justificada en su importe.
4.- Expone en las alegaciones que el acuerdo de demolición de la obra es improcedente por cuanto la obra será legalizable al encontrarse dentro del nuevo planeamiento como suelo urbano.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
Primero.- El presente recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con los artículos 31, 38.4, 110 y 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (Ley 30/1992).
Segundo.- El recurso interpuesto por el interesado se resuelve como recurso de reposición, en virtud de la modificación operada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo y que entró en vigor el pasado 31 de mayo de 2006, que suprimió el apartado 2 del artº. 190 del referido texto legal, en relación con lo establecido en el artº. 20.2 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
Tercero.- En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido resolutorio del presente expediente, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la Normativa Urbanística en vigor, toda vez que:
1. Respecto a lo alegado de contrario en cuanto que existe vulneración de las normas esenciales del procedimiento, por cuanto debió concederse al interesado la posibilidad de instar la legalización con un plazo de tres meses.
Hay que destacar que dicha posibilidad según lo previsto en el artículo 177.3 del TRLoTENC, ha de concederse al interesado ya sea en la suspensión del acto o uso o bien al incoarse el procedimiento sancionador. Con lo cual efectivamente si bien tiene razón el denunciado respecto a la obligación por parte de la Administración de requerir al interesado para que inste la legalización, en cambio se equivoca por cuanto dicha posibilidad se le dio en su momento en la Resolución de suspensión nº 252, de 1 de febrero de 2006, debidamente notificada con fecha 23 de febrero de 2006, según queda acreditado en el expediente.
Por todo lo expuesto y dado que se ha dado cumplimiento estricto a lo dispuesto en el artículo 177.3 del TRLoTENC, el acto administrativo no es nulo de pleno derecho, y procede desestimar lo alegado de contrario.
2. Alega el denunciado también que existe falta de proporcionalidad de la sanción de multa, añadiendo que ha de apreciarse la concurrencia de las atenuantes del artículo 198.a) y c) del TRLoTENC.
De otro lado concluye que al concurrir dos atenuantes y según lo dispuesto en el artículo 196 del TRLoTENC, la multa debe imponerse entre 6.010,13 y 33.080,41 euros.
Añadiendo que el valor de la edificación debe tenerse en cuenta para la graduación de la sanción y parte de que dicha valoración es de 3.688,18 euros, según el informe técnico que el propio denunciado aportó y que valora exclusivamente lo que él denomina bodega.
Por todo lo expuesto el denunciado estima que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad.
En modo alguno puede afirmarse que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad por cuanto de conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo dicho principio no puede sustraerse al control jurisdiccional, pues la discrecionalidad que se otorga a la Administración en la imposición de sanciones dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes, al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporción entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre de 1994, 30 de abril de 1995, 18 de marzo y 24 de septiembre de 1996).
Dicho lo anterior y aun apreciando que concurren las dos atenuantes del artículo 198.a) y c) del TRLoTENC, y por ende procede graduar la sanción de conformidad con el artículo 196.1 del mismo texto legal, en modo alguno dicho precepto puede interpretarse como pretende el denunciado. El artículo reseñado literalmente dice que de concurrir alguna circunstancia atenuante la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad inferior de la correspondiente escala fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción.
Respecto a la posible concurrencia de la atenuante del artículo 198.c) del TRLoTENC, según la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de fecha 30 de junio de 2006, no es apreciable dado que lo que contempla el precepto es la paralización de las obras "de modo voluntario", en todo caso antes de la orden de suspensión.
Por último el propio denunciado alega que el valor de la edificación ha de tenerse en cuenta para la fijación de la sanción, circunstancia que ha sido ponderada y que teniendo en cuenta que dicha valoración asciende a ciento ochenta y seis mil trescientos cuarenta y tres (186.343,00) euros, en modo alguno puede afirmarse que exista desproporción en la multa impuesta, dado que no podemos olvidar que el único hecho indiscutible y certero es que el denunciado ha procedido a la construcción de una vivienda que cuenta en total con 400 m2 sin contar con los preceptivos títulos legitimantes.
Por todo lo expuesto hay que desestimar lo alegado de contrario.
3. El denunciado estima que se ha infringido el deber de motivación por cuanto la multa no resulta justificada en su importe.
De conformidad con reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo la motivación exigible a los actos administrativos que limitan derechos subjetivos y a los que resuelven recursos, no presupone necesariamente un razonamiento exhaustivo y pormenorizado en todos sus aspectos y perspectivas considerándose suficientemente motivados, conforme a reiterada doctrina jurisprudencial, aquellos actos apoyados en razones que permitan conocer los criterios esenciales fundamentadores de la toma de decisión, es decir, la "ratio decidendi" determinante del acto.
La resolución final del procedimiento sancionador está suficientemente motivada por cuanto ha quedado demostrada la construcción de una edificación en suelo rústico sin contar con los títulos legitimantes, y se ha impuesto la sanción de conformidad con lo previsto en el artículo 196 del TRLoTENC, dado que se ha impuesto en una cuantía de la mitad inferior de la correspondiente escala, teniéndose en cuenta todas las circunstancias concurrentes.
4. Finalmente indica la otra parte que el acuerdo de demolición de la obra es improcedente por cuanto la obra será legalizable al encontrarse dentro del nuevo planeamiento como suelo urbano, pero sin que aporte documento alguno que justifique su exposición.
La carga de la prueba no la soporta la Administración, como ha establecido numerosa jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 18.12.91, 27.5.98, 24.12.96, y 8.7.96), ya que es el administrado el que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad en la realización de las obras y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del "dies a quo". Y el principio de la buena fe, impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad.
Cuarto.- El acto recurrido es conforme a derecho, y no se da en el mismo ninguno de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, el TRLoTENC y en especial, en cuanto a la competencia para resolver el presente recurso, el artículo 190 del citado TRLoTENC, en relación con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el artículo 20.2 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la A.P.M.U.N.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Lorenzo Correa Morales, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3093, de fecha 19 de septiembre de 2007, debiéndose considerar la misma firme a todos los efectos.
Segundo.- Notificar al interesado, y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de abril de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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