Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal a D. Feliciano Medina Guerra y D. Cipriano Carballo González, de las correspondientes Resoluciones del Director de incoación de los expedientes administrativos de desahucio DD-207/07 y DD-208/07, y en virtud de lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
R E S U E L V O:
Publicar los acuerdos de incoación de los expedientes de desahucio a D. Feliciano Medina Guerra y D. Cipriano Carballo González, ambos de fecha 14 de noviembre de 2007 así como los correspondientes Pliegos de Cargos, por no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente conforme lo establecido en el artículo 68.1.c) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
PLIEGOS DE CARGOS
A D. Feliciano Medina Guerra, expediente DD-207/07, incoado con fecha 14 de noviembre de 2007, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial sita en el Grupo de Viviendas Jinámar II, calle Fernando Sagaseta, 7, bloque 32, piso 3, letra A, término municipal de Telde.
A D. Cipriano Carballo González, expediente DD-208/07, incoado con fecha 14 de noviembre de 2007, por no destinar a domicilio habitual y permanente la vivienda de protección oficial sita en el Grupo de Viviendas Jinámar II, calle Manuel Alemán Álamo, 2, bloque 17, piso 2, letra A, término municipal de Telde.
Contra los correspondientes Pliegos de Cargos podrán, los interesados, formular alegaciones en el plazo de quince días contados a partir de su publicación.
Una vez realizadas las actuaciones previstas en el artículo 69.3 de la Ley de Vivienda de Canarias y previa audiencia a los interesados, el Instructor elevará la correspondiente Propuesta de Resolución.
Asimismo y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se comunica a los interesados que el plazo máximo establecido para que se proceda a la notificación de la resolución expresa es de tres meses, contados a partir del día siguiente al de la incoación, transcurrido el cual se producirá la caducidad del expediente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de noviembre de 2007.- El Director, Jerónimo Fregel Pérez.
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