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BOC Nº 259. Lunes 31 de Diciembre de 2007 - 5095

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

5095 - Dirección General de la Función Pública.- Anuncio de 18 de diciembre de 2007, por el que se hace pública la Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad de 29 de noviembre de 2007, relativa a inicio de procedimiento de responsabilidad patrimonial de esta Administración y se determina el plazo para presentar alegaciones.

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Por el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, con fecha 29 de noviembre de 2007, se ha dictado la siguiente Orden nº 228:

"Orden relativa a inicio de procedimiento de responsabilidad patrimonial de esta Administración.

Examinado el expediente relativo al concurso de méritos convocado por Orden de la Consejería de Presidencia, de 22 de septiembre de 2000, por la que se aprueban las bases y se convoca concurso de méritos, para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales y de Administradores Financieros y Tributarios; Grupo B, Cuerpo de Gestión de la Administración, Escalas de Gestión General y de Gestión Financiera y Tributaria; Grupo C, Cuerpo Administrativo y Grupo D, Cuerpo Auxiliar de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de la Función Pública.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Orden de la Consejería de Presidencia de 22 de septiembre de 2000, se aprueban las bases y se convoca concurso de méritos, para la provisión de puestos de trabajo adscritos al Grupo A, Cuerpo Superior de Administradores, Escalas de Administradores Generales y de Administradores Financieros y Tributarios; Grupo B, Cuerpo de Gestión de la Administración, Escalas de Gestión General y de Gestión Financiera y Tributaria; Grupo C, Cuerpo Administrativo y Grupo D, Cuerpo Auxiliar de los Departamentos y Organismos Autónomos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Segundo.- La Orden de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, de 27 de julio de 2001, resolvió el citado concurso.

Tercero.- Impugnadas ambas Órdenes, el dictado de distintas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, ha obligado a realizar una nueva adjudicación de puestos de trabajo.

Cuarto.- Han sido sendas Órdenes de esta Consejería, de 24 de octubre de 2007 y las Resoluciones de la Dirección General de la Función Pública, de 24 y de 30 de octubre de 2007, las que, en ejecución de las mencionadas sentencias, han procedido a adjudicar destinos definitivos o provisionales a los participantes en el concurso de méritos (la última de las Resoluciones dictadas).

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- La adjudicación de puestos de trabajo resultante, respecto de los funcionarios que han obtenido un puesto de trabajo de retribuciones complementarias superiores a las asignadas a los que obtuvieron por la Orden de 27 de julio de 2001 y que se han visto obligados a renunciar para no perder un puesto adquirido con posterioridad con mejores complementos, va a significar que durante un determinado período de tiempo estuvieran percibiendo cantidades inferiores a las que debieran haberles correspondido.

Segunda.- El perjuicio que ello ha supuesto viene derivado de una actuación administrativa de la que puede presumirse que está incursa en indicios de una posible responsabilidad de la Administración pues, por una parte, a los funcionarios del Cuerpo Auxiliar se les ofertó un conjunto de puestos de trabajo (las Jefaturas de Negociado de nivel de complemento de destino 20), que no podían obtener, por lo que ha resultado determinante la singularidad del vicio del que adoleció la convocatoria y, por otra, respecto de los funcionarios afectados de cualquiera de los Cuerpos y Escalas, se ha producido una prolongada demora en la resolución definitiva del concurso, responsabilidad en su caso, que se depurará y concretará a lo largo del procedimiento que se inicia mediante esta Orden.

Tercera.- Esas circunstancias hacen que los funcionarios afectados deban ser indemnizados de la lesión económica que ha podido resultar de la finalización del procedimiento de provisión.

Cuarta.- El abono de la indemnización consistirá en un pago único, una vez se cuantifiquen en el correspondiente procedimiento las cantidades que deba percibir cada interesado.

Quinta.- Los procedimientos de responsabilidad patrimonial pueden ser iniciados de oficio, según lo previsto en los artículos 142.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el 69.1 que, con carácter general, se refiere a los procedimientos administrativos y 5 del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

Sexta.- De manera reiterada e invariable, el Consejo Consultivo de Canarias ha manifestado que si bien la Administración está, en su caso, obligada a resarcir las lesiones que sufran sus funcionarios, el fundamento jurídico de ese daño no se encuentra en los artículos 106.2 de la Constitución y 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sino en los artículos 23.4 de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública y 82.4 de la Ley 2/1987, de la Función Pública Canaria, por lo que hay que excluirlos entonces del régimen general de dicha responsabilidad patrimonial, aceptando, pues, que el procedimiento a seguir, no siendo el del Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, ni existiendo uno de responsabilidad por daños a funcionarios, genérico o específico, deberá ser el procedimiento administrativo común determinado en la Ley 30/1992 y concluyendo en que en estos supuestos no es preceptiva la solicitud de Dictamen al propio Consejo Consultivo.

En virtud de lo expuesto, en el ejercicio de las competencias atribuidas,

R E S U E L V O:

Primero.- Acordar la iniciación de procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Segundo.- Notificar la presente Orden a los interesados, concediéndoles un plazo de diez días para que puedan presentar las alegaciones, documentos y las justificaciones que estimen pertinentes."

Lo que se publica a efectos de conocimiento de los interesados, indicando que el plazo para presentar las alegaciones, documentos y justificaciones al que se refiere la citada Orden comenzará el día 8 de enero de 2008 y finalizará el día 18 del mismo mes y año.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 2007.- El Director General de la Función Pública, Juan Manuel Santana Pérez.

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