BOC - 2007/223. Miércoles 7 de Noviembre de 2007 - 4355

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

4355 - ANUNCIO de 25 de octubre de 2007, relativo a Resolución de recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42495-O-05.

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Providencia de 25 de octubre de 2007, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-42495-O-05.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 16 de enero de 2007, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42495-O-05.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Francisco José Albarracín Maza, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Director Insular de Transportes de fecha 22 de septiembre de 2006 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 4 de noviembre de 2005, 13,25, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-9953-BY, del que es titular D. Francisco José Albarracín Maza por circular transportando 16 básculas de precisión médicas, desde Santa Cruz de Tenerife a Los Majuelos, careciendo el vehículo de autorización administrativa de transportes (MDL). Carece el vehículo de todo tipo de distintivos de ámbito autorizado. Realiza un reparto a distintas farmacias y centros médicos, siendo cargadores las empresas Pgq, S.L. Tenerife, B38534780 (10 básculas) y Transportes Mario Ramos, S.L. (6 básculas).

Resultando: que el día 18 de agosto de 2006 se publicó la Resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-42495-O-2005 en el Boletín Oficial de Canarias nº 161, de 2006.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Director Insular de Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 22 de septiembre de 2006 que venía a sancionar a D. Francisco José Albarracín Maza con multa que ascendía a 1.501,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.31, en relación con el artº. 140.1.9 LOTT, artículos 47 y 90 LOTT, artículos 41 y 109 ROTT y en base al artículo 143.1.f) de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Notificándose la citada resolución en fecha 16 de octubre de 2006.

Resultando: que con fecha 25 de octubre de 2006, D. Francisco José Albarracín Maza interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: al no haber otorgado testamento la madre del recurrente, se le han retrasado enormemente los trámites de declaración de herederos que en la actualidad ya posee, aportando copia de parte de la Escritura Pública de la citada declaración. Que a la vista de la declaratoria de herederos, tuvo que parar el vehículo, en evitación de más sanciones, dedicándose a trabajar por cuenta ajena. Que actualmente desea legalizar su situación con respecto al transporte a fin de obtener la autorización definitiva y en el plazo de dos años obtener la capacitación profesional. Que posee unos recursos muy limitados, disponiendo únicamente de su trabajo para sufragar gastos y debiendo tomar en cuenta el esfuerzo que está realizando para poder trabajar legalmente en el ramo del transporte. Que en el momento de solicitar la autorización creía disponer de los requisitos exigidos para la misma. Aportando copia simple de solicitud de autorización de transporte público discrecional de mercancías para vehículo ligero para el vehículo denunciado con fecha de registro de entrada en el Cabildo Insular de Tenerife el 26 de diciembre de 2005.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 90 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 109.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, para el supuesto de los transportes públicos discrecionales de mercancías o viajeros; constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de un servicio de transporte público de mercancías realizado en vehículo ligero, una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 141.31, en relación con el 140.1.9 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, correspondiéndole una sanción que asciende a mil quinientos un (1.501) euros, de conformidad con lo establecido en el artículo 143.1.f) de la misma norma legal, que atribuye a dicha infracción la sanción de menor cuantía dentro de la franja que regula; con pleno acatamiento al principio de proporcionalidad, inherente al actuar administrativo (artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo matrícula TF-9953-BY realizaba en el momento de ser denunciado un servicio público de mercancías en vehículo ligero, careciendo de autorización administrativa de transportes (M.D.L.) y sin acreditar la reunión de los requisitos reglamentarios para el otorgamiento de la misma, habiendo incurrido el expedientado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.b) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la entidad recurrente haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones; habida cuenta, que, consultados los archivos de la base de datos del Área de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife, se constata que el interesado había solicitado autorización administrativa de transporte público de mercancías en vehículo ligero para el vehículo denunciado el 26 de diciembre de 2005, aportando documentación incompleta, por lo que fue requerido a efectos de su subsanación con fecha 11 de abril de 2006, sin que hasta el día de hoy hubiera aportado la documentación necesaria para completar el expediente de otorgamiento del referido título habilitante, motivo por el que no puede considerarse que en la fecha de la denuncia de este expediente sancionador el dicente reuniera los requisitos reglamentariamente exigidos para el otorgamiento del título habilitante interesado.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco José Albarracín Maza confirmando la Resolución del Director Insular de Transportes, de fecha 22 de septiembre de 2006, que determinó la imposición de una sanción de mil quinientos un (1.501,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2007.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.



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