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Providencia de 25 de octubre de 2007, del Jefe de Servicio de Transportes de la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutoria de recurso extraordinario de revisión planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-40277-I-05.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 13 de julio de 2007, resolutoria del recurso extraordinario de revisión planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40277-I-05.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación de la presente Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Carlos Javier Ferrer Pérez, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Sr. Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes de fecha 13 de diciembre de 2005 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 14 de abril de 2005, 9,35, por agente de Inspección de Transportes se procedió a inspeccionar el vehículo matrícula TF-8435-BK, del que es titular D. Pedro Marcial Medina Cabrera, constatándose los siguientes hechos: el citado vehículo tipo camioneta con m.m.a. 2.550 kg, circula sin autorización para el transporte de mercancías privadas complementarias, transportando sacos de cal, desde Los Majuelos hasta El Sobradillo. El conductor Ramón M. Hernández Tecla de nacionalidad cubana, dice ser empleado del titular del vehículo.
Levantándose al efecto la oportuna Acta de Infracción.
Resultando: que el día 2 de noviembre de 2005 se publicó la Resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-40277-I-2005 en el Boletín Oficial de Canarias nº 214, de 2005.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Consejero del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 13 de diciembre de 2005 que venía a sancionar a D. Carlos Javier Ferrer Pérez con multa que ascendía a 400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 142.25 y 141.13, en relación con la LOTT, artículos 47 y 103 LOTT, artº. 2 Decreto 6/2002 y en base al artículo 143.1.c) LOTT.
Resultando: que el día 5 de enero de 2006 se publicó la resolución sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-40277-O-2005 en el Boletín Oficial de Canarias nº 4, de 2006.
Resultando: que con fecha 5 de marzo de 2007, D. Carlos Javier Ferrer Pérez interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: el vehículo inspeccionado fue traspasado el día 24 de septiembre de 2004, tal como se demuestra en el justificante profesional que adjunta, por tanto, el día 21 de abril de 2005 no era titular de dicho vehículo, en consecuencia, la multa que recae sobre su persona carece de justificación alguna.
Resultando: a la vista de lo argumentado por el interesado, fue requerido a efectos de que acreditara fehacientemente lo alegado, siendo aportado escrito con fecha de registro de entrada en el Cabildo Insular de Tenerife de 18 de junio de 2007, siendo cumplimentado por el mismo, aportando certificado de la Delegación de Santa Cruz de Tenerife de la Agencia Tributaria acerca del censo del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al interesado; de recibo nº 6267/00, emitido por la entidad mercantil Auto-Laca, S.A., de fecha 4 de octubre de 2004, acreditando la compra por el interesado de un vehículo para matricular, de informe de la vida laboral del interesado emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social el 12 de junio de 2007; de contrato de seguros del vehículo inspeccionado, emitido por la entidad mercantil Mutua Tinerfeña a favor de D. Pedro Manuel Medina Cabrera, hecho en San Sebastián de La Gomera el 24 de septiembre de 2004 y de contrato de venta del vehículo inspeccionado, celebrado el 24 de septiembre de 2004 entre D. Carlos Javier Ferrer Pérez (vendedor) y D. Pedro Marcial Medina Cabrera (comprador).
Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplías" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquella en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, 118.1.2ª "Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida".
Considerando: teniendo en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia". Y, concretamente, en referencia al régimen sancionador del transporte por carretera, el artículo 138.1.b) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres: "La responsabilidad administrativa por las infracciones de las normas reguladoras de los transportes terrestres y de sus actividades auxiliares y complementarias, corresponderá: ... b) En las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades auxiliares o complementarias de éstos llevados a cabo sin la cobertura del correspondiente título administrativo habilitante, o cuya realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietario o arrendataria del vehículo o titular de la actividad.
A los efectos previstos en este apartado, se considera titular del transporte o actividad clandestina de que se trate a la persona física o jurídica que materialmente la lleve a cabo en nombre propio, la organice, o asuma la correspondiente responsabilidad empresarial, así como a todo aquel que no siendo personal asalariado o dependiente colabore en la realización de dicho transporte o actividad".
Y en el supuesto que analizamos, independientemente de cuándo se hubiera realizado la transferencia del vehículo infractor en la Jefatura Provincial de Tráfico, resulta fehacientemente acreditado que el poseedor material del mismo, en la fecha de la inspección, era la el nuevo adquirente del vehículo inspeccionado, D. Pedro Marcial Medina Cabrera, resultando acreditado por los datos del contrato de venta del citado vehículo, aportado por el recurrente al expediente sancionador, que acreditan la transferencia del mismo al nuevo titular, en fecha anterior al control en carretera que originó la incoación de este expediente sancionador.
Considerando: sin embargo, como establece el artículo 244 del Código de la Circulación y reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo, vertida, entre otras, en la sentencia de fecha 5 de mayo de 1982, el Registro de la Jefatura Provincial de Tráfico tiene carácter meramente administrativo, sin que su contenido prejuzgue cuestiones relativas a la propiedad de los vehículos; puesto que el derecho de propiedad puede transferirse mediante cualquiera de las formas que admite el Ordenamiento Jurídico Privado, aunque sea verbalmente.
En el supuesto analizado, a la vista de la documentación aportada en anexo al recurso de alzada interpuesto, la presunción de propiedad que constituye la inscripción del vehículo, en el momento del control de inspección, a nombre del recurrente en la Jefatura Provincial de Tráfico, ha quedado desvirtuada mediante el contrato de venta del vehículo, aportado por la misma, a favor de D. Pedro Marcial Medina Cabrera, en fecha anterior a la inspección; y que por motivos que no procede entrar a conocer, no se hizo constar esa transferencia en el Registro de la Jefatura de Tráfico en ese momento, sino con posterioridad, concretamente, el 21 de abril de 2005. Transferencia reforzada por el resto de la documentación que aporta el recurrente en anexo al recurso extraordinario de revisión interpuesto: de contrato de seguros del vehículo inspeccionado, emitido por la entidad mercantil Mutua Tinerfeña a favor de D. Pedro Manuel Medina Cabrera, hecho en San Sebastián de La Gomera el 24 de septiembre de 2004, y justificante profesional de Gestoría Administrativa de fecha 24 de septiembre de 2004, que acredita el recibo de documentación del vehículo inspeccionado, entregada por D. Pedro Marcial Medina Cabrera, a efectos de transferir el mismo a su nombre en la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife.
Considerando: en consecuencia, teniendo en cuenta que el error sufrido no puede ser considerado error material, de hecho o aritmético, susceptible de rectificación al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, en base a lo dispuesto en los artículos 63.2 y 113.2 de la referida norma procedimental, resulta procedente revocar la resolución recaída, previa estimación de las argumentaciones del interesado en el recurso de revisión interpuesto; habida cuenta que, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos infractores, la retroacción del expediente sancionador al inicio, a los efectos de incoarlo al verdadero responsable, provocaría la prescripción de la infracción denunciada y la caducidad del mismo expediente sancionador.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en estimar el recurso de revisión interpuesto por D. Carlos Javier Ferrer Pérez dejando sin efecto la Resolución del Consejero Insular del Área de Carreteras, Vivienda y Transportes, de fecha 13 de diciembre de 2005.
Contra esta Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de octubre de 2007.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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