BOC - 2007/145. Jueves 19 de Julio de 2007 - 2882

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2882 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 6 de julio de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Laura Abreut Bermúdez de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 285/02.

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No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Laura Abreut Bermúdez, de la Resolución nº 2027, de fecha 19 de junio de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Laura Abreut Bermúdez, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2027, de fecha 19 de junio de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación territorial, con referencia I.U. 285/02, y cuyo texto es el siguiente:

"Examinado el expediente sancionador de referencia, tramitado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra Dña. Laura Abreut Bermúdez y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

I

Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3515, de fecha 22 de diciembre de 2006, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a Dña. Laura Abreut Bermúdez en calidad de promotora, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLOTCENC), y sancionada, conforme preceptúa el artículo 203.1.c) del mismo cuerpo legal, con multa de 150.253,03 a 601.012,10 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de trescientos setenta y cinco mil seiscientos treinta y tres (375.633) euros. Dicha resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias el 19 de febrero de 2007.

II

Con fecha 25 de abril de 2007, el Instructor formula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La imposición a la expedientada de una sanción de ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y tres (195.253) euros, por la comisión de la referida infracción, 2.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido, mediante la adopción de las medidas de reposición de la realidad física alterada. Dicha propuesta se notificó el 24 de mayo de 2007.

III

Con fecha 13 de junio de 2007, de registro de entrada en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se formulan por Dña. Laura Abreut Bermúdez, en síntesis, las siguientes alegaciones:

- La edificación tiene una antigüedad superior a los ochenta años. Se reitera la existencia de un certificado municipal que señala que las obras están terminadas desde el año 1989.

- Se infringe el principio de tipicidad, por cuanto los hechos realizados no están caracterizados expresamente por las normas jurídicas, de modo que se ha hecho una interpretación extensiva por parte del órgano sancionador.

- Se ha vulnerado el derecho a la presunción de inocencia, al no aportarse elementos de prueba adecuados para la completa determinación de los hechos.

- Se ha producido la prescripción tanto del expediente, como de la infracción.

- Se señala de forma no correcta la jurisprudencia.

- Se solicita se tengan por presentadas las alegaciones y se proceda a dejar sin efecto la resolución impugnada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.1.c).2 y 229 del precitado Texto Refundido, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

El procedimiento sancionador se ha iniciado como consecuencia de una denuncia de oficio formulada por los Inspectores de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 14 de mayo de 2002, donde se constata:

a) Edificación destinada a vivienda de dos plantas, con una superficie en planta baja de 105 metros cuadrados y la segunda de 63 metros cuadrados.

b) Amurallamiento de muro de bloques delimitando la parcela, con una altura media de 1,5 metros y 96 metros de longitud.

c) Rampa de acceso con base de hormigón de unos 14 metros de longitud y unos 2 metros de altura.

d) Muro de contención fabricado con bloques en la parte delantera de la vivienda, de 10 metros de longitud y 0,75 metros de altura.

e) Construcción de aljibe enterrado.

En la denuncia se señala que las obras no estaban concluidas.

Como consecuencia de lo anterior, se procedió a dictar orden de suspensión y precinto.

Mediante informe técnico de fecha 14 de diciembre de 2006, se detecta que junto a la edificación se ha construido un porche con estructura metálica, que ocupa una superficie construida de 70 metros cuadrados.

III

Se afirma en el escrito de alegaciones, que queda demostrado que la antigüedad de la edificación es de más de 80 años. A tal efecto, se aporta certificado de antigüedad expedido por el Secretario del Ayuntamiento de Arrecife, que determina la terminación de las obras con anterioridad al año 1989. Sin embargo, se reitera que tal afirmación no se corresponde con lo constatado por el Inspector con fecha 14 de mayo de 2002, que expresamente señala que las obras se encuentran en ejecución y además, se constata la continuación mediante informe de 14 de diciembre de 2006.

IV

No puede estimarse la vulneración del principio de tipicidad, por cuanto el artículo 202.4.a) del TRLOTCENC tipifica como muy grave, la realización de actos y actividades de transformación del suelo rústico protegido por razones ambientales, en consecuencia, se prevé una multa de 150.253,03 a 601.012,10 euros por el artículo 203.1.c). En el caso que nos ocupa, el suelo se encuentra clasificado y categorizado como rústico de protección natural, jable-1, de conformidad con el Plan General de Ordenación de Arrecife, de 5 de noviembre de 2003 y tal como ha sido indicada mediante informe técnico de 26 de junio de 2005. Tal circunstancia no ha sido desvirtuada por medio de prueba alguno.

V

No puede accederse tampoco a la pretendida vulneración del principio de presunción de inocencia, porque la denuncia fue formulada por los Inspectores de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, que de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del TRLOTCENC, tienen la condición de autoridad. Por tanto, gozan los hechos denunciados de la presunción de veracidad reconocida por el artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado mediante Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, que no ha sido desvirtuada por la alegante por medio de prueba alguno.

VI

Se alega la prescripción de la infracción por el transcurso del plazo para poder sancionar. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en materia de prescripción, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 205, en relación con el artículo 201, ambos del TRLOTCENC, en el sentido de que el inicio del cómputo del mismo, no comenzará a contar hasta la total terminación de las obras. El citado requisito de terminación de las obras no ha sido acreditado por la denunciada, sin que pueda ser tenido en cuenta el certificado de terminación de las obras, atendiendo a la documentación e informes fotográficos que obran en el expediente administrativo. Por otro lado, se reitera la unánime jurisprudencia que señala que, es a quien invoca el plazo de prescripción a quien corresponde probar el transcurso del mismo, dado que en estos supuestos la carga de la prueba la soporta no la Administración, sino quien se ha colocado voluntariamente en una situación de clandestinidad en la realización de unas obras y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del dies a quo a partir del cual ha de contarse el plazo (SSTS de 14 de mayo de 1990, de 16 de marzo de 1991, de 6 de abril de 1993, de 8 de julio de 1996 y de 27 de mayo de 1998), lo que no es sino una consecuencia de la aplicación del principio de buena fe en el ámbito procesal, que impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad (SSTS de 24 de noviembre de 1994 y de 23 de julio y 24 de diciembre de 1996). De esta forma, los tribunales han argumentado esta posición en base a la aplicación del principio de presunción de legalidad y veracidad del acto administrativo, el principio de buena fe que impide que el que crea una situación de ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad y la no aplicación del principio in dubio pro reo por cuanto lo que se pretende es corregir la inadecuación de la construcción denunciada a las directrices de la planificación imperante. En el caso que nos ocupa, consta que se ha producido una actuación constructiva continuada en el tiempo, cuya terminación no ha quedado probada por quien tiene la obligación de hacerlo.

VII

Respecto de la caducidad del procedimiento sancionador, el mismo fue iniciado mediante Resolución nº 3515, de 22 de diciembre de 2006, de modo que no ha transcurrido el plazo legalmente establecido de 6 meses para entender que haya caducado.

VIII

Las obras se encuentran localizadas en suelo rústico fuera de asentamiento rural o agrícola, lo que hace preceptiva la obtención de la previa y preceptiva calificación territorial -instrumento de ordenación territorial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 del TRLOTCENC-, cuya omisión supone una infracción a la ordenación territorial, siendo directamente competente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, sin necesidad de previo requerimiento, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 190.c).2 del TRLOTCENC.

Se significa además, que el artículo 164 del TRLOTCENC establece la legitimidad de los actos de transformación del suelo en base a la vigencia de la ordenación idónea conforme al Texto Refundido para legitimar la actividad de ejecución. Asimismo, el artículo 166, en relación con el artículo 170 del TRLOTCENC establece que cualquier alteración o transformación del suelo rústico exige la previa obtención de la preceptiva calificación territorial y licencia urbanística de obras, suponiendo la carencia de ambos títulos la comisión de una infracción al citado texto legal.

IX

De la documentación obrante en el presente expediente administrativo así como de las pruebas practicadas, en su caso, se derivan los siguientes hechos probados:

1.- Se ha cometido una infracción a la ordenación territorial consistente en construcción de edificación, porche, amurallamiento de parcela, rampa de acceso y aljibe, sita en el lugar denominado Argana Alta, del término municipal de Arrecife, en suelo clasificado y categorizado como suelo rústico de protección natural jable-1, sin los preceptivos títulos legitimantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2.- De la mencionada infracción se considera responsable directa, a título de promotora, a Dña. Laura Abreut Bermúdez, en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.

3.- Las obras carecen de la preceptiva calificación territorial.

4.- Las obras han sido valoradas en ciento cuarenta mil cuatrocientos sesenta y cinco euros con cincuenta y cinco céntimos (140.465,55 euros).

X

Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción a la ordenación territorial, tipificada como muy grave en el artículo 202.4.a) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en cuanto que supone la realización de actos y actividades de transformación del suelo, mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones, sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias y órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas en suelo rústico categorizado como de protección natural jable-1.

El artículo 203.1.c) del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción será sancionada con multa de 150.253,03 a 601.012,10 euros.

Asimismo, la determinación de la cuantía de la sanción se ha realizado de acuerdo con lo previsto expresamente en el artículo 196 del TRLOTCEN, que establece la misma en su mitad superior o inferior de la escala, en función de la concurrencia de atenuantes y agravantes. También es de aplicación el principio de proporcionalidad que efectivamente constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras, pues al ámbito jurisdiccional corresponde no tan sólo la calificación para subsumir la conducta en el tipo legal, sino también, por paralela razón, el adecuar la sanción al hecho cometido, ya que en uno y otro caso el tema es de aplicación de criterios valorativos en la norma escrita o inferibles de principios integradores del ordenamiento jurídico, como son, en este campo sancionador, los de congruencia y proporcionalidad entre la infracción y la sanción y que en el caso que nos ocupa, no se entiende vulnerado, por cuanto es tenido en cuenta para la determinación de la cuantía de la sanción.

XI

Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:

- Como circunstancia atenuante, y siguiendo un criterio flexible en su aplicación, se aprecia de oficio la circunstancia prevista en el artículo 198.a) del citado texto legal "la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados" en cuanto del expediente no se aprecia la concurrencia del citado daño.

- Como circunstancia mixta, en su vertiente atenuante, se aprecia la circunstancia prevista en el artículo 199.a) del citado texto legal, consistente en el grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligada observancia, por cuanto no ha quedado acreditado en el expediente que se cometiera la infracción a sabiendas de la normativa de aplicación, así como la prevista en el apartado b) del citado artículo, por cuanto se ha realizado sin tener en cuenta el beneficio económico.

Ponderando la incidencia de las circunstancias citadas y de la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio proporcionalidad, es ajustado imponer a Dña. Laura Abreut Bermúdez una sanción por cuantía de ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y tres (195.253) euros.

XII

De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición.

De acuerdo con lo preceptuado en el artículo 179 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, que se aprueba por Decreto 1/2000, de 8 de mayo, procede el restablecimiento del orden físico perturbado, mediante la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, por cuanto se trata de una actuación en suelo rústico potencialmente productivo y carece de la preceptiva calificación territorial.

De conformidad con lo establecido en el artículo 182.1 en redacción dada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí misma a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción del noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

XIII

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a Dña. Laura Abreut Bermúdez la sanción con multa de ciento noventa y cinco mil doscientos cincuenta y tres (195.253) euros, como responsable de una infracción administrativa muy grave, consistente en la construcción de edificación, porche, amurallamiento de parcela, rampa de acceso y aljibe, ubicada en suelo clasificado y categorizado como rústico de protección natural jable 1, en el lugar denominado Argana Alta, del término municipal de Arrecife, sin los títulos legitimantes necesarios para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), sancionada en el artículo 203.1.c) del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, con multa de 150.253,03 a 601.012,10 euros, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente.

Segundo.- Ordenar el pleno restablecimiento del orden jurídico infringido mediante la adopción de las medidas de reposición (incluida la demolición) de la realidad física alterada de las obras de referencia, en el lugar denominado Argana Alta, del término municipal de Arrecife.

A tal efecto, se requiere a Dña. Laura Abreut Bermúdez para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado. Asimismo se advierte de que, en todo caso, transcurrido el plazo de cumplimiento voluntario sin que se cumplimentase el antedicho requerimiento, esta Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la presente Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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