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BOC Nº 139. Jueves 12 de Julio de 2007 - 2784

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Gran Canaria

2784 - ANUNCIO de 26 de junio de 2007, relativo a notificación de Resolución recaída en el recurso interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Goeduan, S.L..- Expte. nº GC-101113-0-06.

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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio para la notificación de la Resolución recaída en el recurso interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Goeduan, S.L., con fecha 22 de diciembre de 2006.

Rfa. procedimiento sancionador nº: GC-101113-0-06.

Por medio del presente anuncio se le hace saber que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 5 de abril de 2007, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:

"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes

HECHOS

Primero.- El interesado ha interpuesto recurso de reposición, presentado a través de la Ventanilla Única de la Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 22 de diciembre de 2006, contra la Resolución recaída en el procedimiento sancionador antes referenciado, dictada por el Consejero de Turismo y Transportes con fecha 2 de noviembre de 2006, y notificada con fecha 28 de noviembre, por la cual se resolvió sancionarle por infracción muy grave en materia de transporte terrestre.

Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión anulatoria del acto recurrido manifestando, en síntesis, que observa dilogías en la denuncia, así como diversos defectos de formas objetivas y subjetivas por los que carece de validez jurídica, toda vez que le ocasionan indefensión. Que la infracción se encuentra prescrita de conformidad con la doctrina fijada por el Tribunal Supremo. Que la resolución carece de la motivación exigida en los artículos 54, 72 y 136 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.

Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.

Cuarto.- Sobre las cuestiones planteadas por el recurrente son procedentes las siguientes consideraciones:

1ª) Procede examinar la caducidad que excepciona el recurrente.

Es de señalar que este aspecto de la tramitación ha sido objeto de nueva regulación tras la reforma de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, operada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera (en adelante, LOTT); por lo que, teniendo en cuenta que la citada modificación legislativa es posterior a la Jurisprudencia invocada, ésta no se estima aplicable a este caso.

Por tanto, el régimen de la caducidad se regula en el artº. 146 de dicha Ley, en el que se establece que "el plazo máximo en que debe notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento" (artº. 146.2.3er pfo.); y, de conformidad con el pfo. 4º del artº. 146.2 de la LOTT "la iniciación del procedimiento se produce de oficio con el acuerdo del órgano competente".

Por lo cual, y en virtud del artº. 145 de la LOTT en relación con el artº. 132.2 de la Ley 30/1992 (LRJAP-PAC), el plazo que transcurre desde la fecha de la denuncia hasta que se notifica el inicio del procedimiento sancionador es de prescripción de la infracción; que resulta interrumpido en este último momento (notificación del acuerdo de incoación), entrando en juego el plazo de caducidad del procedimiento, cuyo cómputo comprende las fechas desde el acuerdo de incoación hasta la notificación de la resolución sancionadora [artº. 146 LOTT y artículos 42.2 y 42.3.a) LRJAP-PAC].

En consecuencia, habiéndose iniciado el procedimiento sancionador por acuerdo del órgano competente con fecha 26 de mayo de 2006, y notificada la resolución que finalizó el procedimiento el 28 de noviembre de 2006, no se produjo la caducidad del procedimiento.

2ª) Tras examinar las actuaciones del expediente, así como el contenido de la resolución recurrida a la luz de las manifestaciones del recurrente relativas a los defectos en la confección del boletín de denuncia, es de señalar que la consideración 3ª de la resolución da cumplida respuesta a las mismas, refiriéndose a las disposiciones aplicables al procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres. Estas son el artº. 146 y siguientes de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre (LOTT) y artº. 203 y siguientes del Reglamento que desarrolla la LOTT, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (ROTT), en particular, el artº. 207 del ROTT determina el contado del boletín de denuncia, siendo los datos que sostiene el recurrente que deben figurar en el boletín de denuncia, propios del contenido del Pliego de Cargos formulado por la Instructora del expediente y notificado al interesado, conforme establece el artº. 210 ROTT.

3ª) En relación a las consideraciones del recurrente en las que cuestiona las pruebas de cargo, cabe señalarle que atendiendo al carácter objetivo de la infracción por transportar exceso de peso, y a la determinación de éste mediante instrumentos, no cabe cuestionar en este sentido el boletín de denuncia ni la actuación del Agente denunciante, toda vez que el hecho imputado tiene su base en los datos del peso del vehículo en el momento del control, reflejados en el ticket, por lo que el boletín de denuncia en este caso se ha limitado a recoger el hecho de haber efectuado control de peso al vehículo, los datos de éste, los de identificación de la báscula utilizada, así como el resultado de la pesada obtenido del ticket y los resultantes de la operación aritmética para determinar el porcentaje del exceso de peso en función del peso máximo autorizado del vehículo, sin que por tanto contenga valoraciones de carácter subjetivo que quepa cuestionar.

Asimismo consta en el expediente la documentación que acredita que la báscula utilizada se encontraba debidamente verificada en la fecha del pesaje cuestionado.

4ª) Por último, sobre las consideraciones del recurrente en cuanto a la graduación de la sanción, cabe decir que se ha teniendo en cuenta que el exceso de peso imputado es del 51% y que el peso máximo autorizado (PMA) del vehículo es de 3.400 kg, datos que determinan la calificación del exceso de peso como infracción muy grave, a tenor del artº. 140.19 de la LOTT; sancionable con multa de 3.301 a 4.600 euros [artº. 143.1.h)] de dicha Ley, observándose en la resolución recurrida que la sanción impuesta se sitúa en la franja máxima de dicho intervalo en razón al elevado exceso de peso, lo que constituye un grave riesgo para la seguridad del transporte; siendo la cuantía impuesta la que corresponde aplicar por el exceso atribuido, según el baremo sancionador de la Dirección General de Transportes por Carretera del Ministerio de Fomento, de 23 de octubre de 2003, aplicable a las infracciones en materia de Transporte por Carretera cometidas a partir del 29 de octubre de 2003.

En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.l.l), en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.A) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.

ACUERDA:

Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Gonzalo Rodríguez Hernández, en representación de Goeduan, S.L., presentada a través de la Ventanilla Única de la Delegación del Gobierno en Canarias con fecha 22 de diciembre de 2006, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-101113-0-2006, confirmando y manteniendo la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes que impuso la sanción de 4.600,00 euros."

Contra dicha Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de junio de 2007.- El Titular del Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular, Sergio Ramírez Rivero.

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