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BOC Nº 139. Jueves 12 de Julio de 2007 - 2780

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

2780 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de junio de 2007, que notifica Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 5 de marzo de 2007, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Mónica Marrero Penichet en representación de D. Mariano Cárceles Mejías (MCM Servicios y Averías Urgentes), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 3 de mayo de 2004, recaída en el expediente nº 35/347/2003.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

R E S U E L V O:

1º) Notificar a D. Mariano Cárceles Mejías, la Orden de 5 de marzo de 2007 (libro 01, número reg. 108/07), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Dña. Mónica Marrero Penichet en representación de D. Mariano Cárceles Mejías (MCM Servicios y Averías Urgentes), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 3 de mayo de 2004, recaída en el expediente nº 35/347/2003 y que determinó la imposición de una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de junio de 2007.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 5 de marzo de 2007, por la que se estima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Mónica Marrero Penichet en representación de D. Mariano Cárceles Mejías (MCM Servicios y Averías Urgentes), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 3 de mayo de 2004, recaída en el expediente nº 35/347/2003, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.

Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por Dña. Mónica Marrero Penichet en representación de D. Mariano Cárceles Mejías (MCM Servicios y Averías Urgentes), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 3 de mayo de 2004, recaída en el expediente nº 35/347/2003 y que determinó la imposición de una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 6 de mayo de 2003 se persona previa citación, en la sede de la Dirección General de Consumo, D. Mariano Cárceles Mejías propietario de MCM Servicios y Averías Urgentes con domicilio en la calle Sumaquer, 50, Tenoya, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, al objeto de comprobar las reclamaciones números 145/02, 113/02 y 396/02 que versan sobre discrepancias en la aplicación de las tarifas de precios y se levanta al efecto el acta nº 0448. En el acto de la comparecencia, se extiende el protocolo anexo a dicha acta, que forma parte de la misma, en el que se comprueba que carece de la preceptiva información de los precios de los servicios que prestan.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V, de la Ley 3/2003 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 12, apartado 5º y 40 de la LECUCAC, en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247) por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 10 de junio de 2004, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

"Que existe discrepancia entre lo reseñado en el Acta de la inspección y el protocolo anexo, al referirse aquélla a la existencia de documentos anteriores a la prestación del servicio y facturas emitidas, mientras que en éste se contesta negativamente a todo lo relativo a la existencia de presupuestos y órdenes de trabajo, sin que la firma del empresario en éste implique sea cierto lo en él reflejado, debiéndose, bien a que no lo leyó bien a que contestó erróneamente por no comprender las preguntas, dada su básica formación. Que no se hace constar en ninguna de las tres reclamaciones de clientes que dan origen a la actuación inspectora que requirieran a la empresa a que aportara listado de precios y servicios ofertados, y que, de haberlos requerido, se hubieran mostrado como siempre se hace. Que sí que se confeccionan presupuestos previos a los servicios, así como las correspondientes facturas, y tanto unos como otras se confeccionan con todos los datos exigibles. Además, se dispone de tarifas de precios de los servicios, mostrándolas a los clientes en el lugar de prestación del servicio. Aporta documentación relativa a los documentos indicados (presupuestos, facturas y tarifas de precios). Solicita se revoque la Resolución recurrida, declarando la no infracción por la empresa sancionada de los preceptos en aquélla referidos como infringidos."

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.1 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canaria.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b), c) y f), artº. 12, artículos 27 y 40, apartado 4, letras c) y g) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC y artículos 12, apartado 5º y 40 de la misma, en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247) por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC y el artº. 21, apartado q) del Decreto 101/2006, de 11 de julio (B.O.C. nº 137) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, del Gobierno de Canarias.

Cuarto.- Hay discrepancias entre los hechos constatados en el acta de inspección y la infracción que se le ha imputado al recurrente durante el desarrollo del procedimiento: en el acta se indica "que la empresa dispone de Hoja Informativa de Precios en la que constan: precios por tiempo de trabajo, gastos de desplazamiento, precios de otros servicios ofertados y recargos por trabajos urgentes fuera de la jornada usual", y sin embargo en el acuerdo de iniciación y en la resolución sancionadora se establece como infracción a imputar "que se ha comprobado que carece de la preceptiva información de los precios de los servicios que se prestan". Hay pues un error a la hora de subsumir los hechos que sí se le imputaban en el acta (en especial, quedó acreditado "que no se realizan presupuestos previos a la prestación del servicio"). Se ha vulnerado así el principio de tipicidad propio del procedimiento sancionador, desde una doble perspectiva: se le imputan unos hechos que no ha infringido (ya que en el acta consta precisamente que esta cuestión se cumplía) y además no se especificó la concreta infracción cometida, limitándose a fijar la Administración, como precepto imputado, el artº. 40 de la LECUCAC, sin especificar qué apartado, cuando en este artículo se recoge un listado largo de las infracciones leves, graves y muy graves; produciéndose así indefensión al interesado, impidiéndole conocer los hechos concretos que se le imputaban y en base a qué artículo. Por todo ello debe estimarse el recurso, anulando la sanción impuesta por incurrir ésta en causa de nulidad de pleno derecho del artº. 62.1.a) de la LRJPAC.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, viernes 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

El Título V, de la Ley 3/2003 del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, artículos 12, apartado 5º y 40 de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34) en concordancia con el artº. 6 del Decreto 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247) por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 101/2006, de 11 de julio (B.O.C. nº 137) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, del Gobierno de Canarias, y demás disposiciones de general o particular aplicación.

La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Estimar el recurso de alzada interpuesto por Mónica Marrero Penichet en representación de Mariano Cárceles Mejías (MCM Servicios y Averías Urgentes), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 3 de mayo de 2004, recaída en el expediente nº 35/347/2003, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros, anulando la sanción impuesta al recurrente.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.

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