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BOC Nº 139. Jueves 12 de Julio de 2007 - 2777

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2777 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de junio de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a la entidad Castilla Resort, S.L., de la Resolución recaída en el expediente de R.P. 899/07.

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No habiéndose podido practicar la notificación a la entidad Castilla Resort, S.L., de la Resolución nº 1718, de fecha 28 de mayo de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Castilla Resort, S.L., la Resolución nº 1718, de fecha 28 de mayo de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación territorial, con referencia R.P. 899/07, y cuyo texto es el siguiente:

"Vistas las actuaciones administrativas realizadas y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

I

Obran en el expediente de referencia sendas denuncias del Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) sobre hechos constatados con fechas 12 y 26 de mayo de 2006 referidas al vertido de todo tipo de residuos (papeles, palés, restos de bloques de cemento, bidones, latas de pintura, etc.) en el lugar conocido como Ladera Alta, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.

En la primera de las denuncias, los agentes del Seprona hacen constar que tras recibirse llamada telefónica de varios vecinos quejándose del continuo vertido por parte de un camión de tierras y piedras en el lugar reseñado, se realizan las gestiones oportunas en conjunto con la Policía Local (LPGC) dando como resultado la identificación de la empresa propietaria del camión (Castilla Resort, S.L., con C.I.F. B-35693084), el conductor del mismo (D.Irione Nauset Marcial Moreno, con D.N.I. 78.504.446), así como el lugar de procedencia del material vertido, figurando como denunciados D. Miguel Macías Moreno, con N.I.F. 9.174.512-L, constructor reincidente en los vertidos de la zona, según consta en la denuncia, así como la entidad Castilla Resort, S.L., titular del vehículo identificado como causante del vertido.

En relación con la segunda de las denuncias citadas, relativa a hechos constatados el 26 de mayo de 2006, se hace constar en la misma la realización de un vertido de todo tipo de residuos (papeles, palés, restos de bloques de cemento, bidones, latas de pintura, etc.), identificándose por parte de los agentes denunciantes al vehículo de matrícula GC-3459-AP (Transportes Martel) como responsable del transporte de los mismos.

II

Consta en el expediente informe de Agentes de Medio Ambiente adscritos a esta Agencia, relativo a inspección llevada a cabo con fecha 6 de julio de 2006 al lugar de los hechos, en el que se refleja, mediante el citado informe y documentación fotográfica anexa al mismo, la situación de los vertidos denunciados.

III

En respuesta a la solicitud cursada al Seprona, se recibe en esta Agencia, con fecha 23 de febrero de 2007, informe detallado en relación con la titularidad del referido vehículo de matrícula GC-3459-AP resultando ser propiedad de D. Eudaldo Martel Santiago, con N.I.F. 43.664.756.

IV

Obra en el expediente oficio de la Dirección General de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias del que se desprende que la empresa Castilla Resort, S.L. no cuenta con la preceptiva autorización como gestor de residuos no peligrosos, para la actividad de recogida y transporte. Adjunta al citado oficio se remite copia de la Resolución nº289, de fecha 12 de agosto de 2005, de la Ilma. Sra. Viceconsejera de Medio Ambiente por la que se autoriza a D.Eudaldo Martel Santiago como gestor de residuos no peligrosos en las actividades de recogida y transporte en la Comunidad Autónoma de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

De conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional Primera del Decreto 20/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, en relación con lo dispuesto en el artículo 229 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, resulta competente para incoar y resolver el presente procedimiento, el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

Los artículos 12 y 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias establecen, por una parte, la prohibición de abandonar, verter o eliminar de forma incontrolada los residuos y, por otra, la obligación de los productores y poseedores de residuos no urbanos de entregar los mismos en las condiciones legal y reglamentariamente exigidas a un gestor autorizado, o bien gestionarlos, individual o colectivamente, previa autorización.

III

Los hechos denunciados, consistente en el vertido incontrolado de residuos (papeles, palés, restos de bloques de cemento, bidones, latas de pintura, etc.) son presuntamente constitutivos de una infracción tipificada y clasificada de grave en el artículo 38.3.b) en relación con los artículos 12 y 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias y, de conformidad con el artículo 42.2 del mismo Texto Legal, procede la imposición de todas o algunas de las siguientes sanciones: multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos; siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000) euros.

IV

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.4 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y el artículo 130.3 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, son responsables solidarios de la presunta infracción D. Eudaldo Martel Santiago, con N.I.F. 43.664.756-S y la entidad Castilla Resort, S.L., con C.I.F. B35693084.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación, y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,

R E S U E L V O:

Primero.- Iniciar procedimiento sancionador contra D. Eudaldo Martel Santiago y la entidad Castilla Resort, S.L., como presuntos responsables solidarios de la comisión de una infracción tipificada y clasificada de grave en el artículo 38.3.b) en relación con los artículos 12 y 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el vertido incontrolado de residuos (papeles, palés, restos de bloques de cemento, bidones, latas de pintura, etc.) en el lugar conocido como Ladera Alta, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000) euros.

Segundo.- Requerir a los expedientados para que procedan a la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción mediante la retirada y entrega a gestor autorizado de los residuos vertidos (debiendo justificar dicha entrega ante esta Agencia mediante los correspondientes documentos acreditativos) en un plazo no superior a dos meses.

Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a las funcionarias afectas a esta Agencia, Dña. Sonia Gómez Castro y Dña. Nicéfora Sánchez Martínez, respectivamente.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución a al Instructora, Secretaria, expedientados y demás interesados, con las siguientes advertencias:

Las nombradas Instructora y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicárselo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. De conformidad con el artículo 29 del citado cuerpo legal los interesados pueden en cualquier momento de la tramitación del procedimiento promover la recusación de aquéllos en base a los citados motivos.

Tras la notificación de la presente Resolución, de acuerdo con el artículo 16 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, se abre un plazo de quince días para formular cuantas alegaciones, documentos o informaciones se estimen convenientes y, en su caso proponer prueba concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, la presente iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución.

No obstante, de conformidad con el artículo 3 del citado Reglamento, las mismas podrán presentarse en cualquier momento anterior al trámite de audiencia, aún cuando haya concluido el antedicho plazo.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

De conformidad con el artículo 8 del precitado Reglamento, iniciado el procedimiento sancionador, si el actor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver éste con imposición de las sanciones que procedan y en su caso, ordenando el restablecimiento de la realidad física alterada. El pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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