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Habiéndose intentado infructuosamente la notificación de la Orden de referencia a la entidad Ramiterra, S.L. en la forma prevista en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, se procede, conforme al apartado 5 de dicho artículo, a la notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme al tenor literal que figura como anexo al presente anuncio.
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de junio de 2007.- La Secretaria General Técnica, Pilar Herrera Rodríguez.
A N E X O
ORDEN Nº 156, DEL CONSEJERO DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN TERRITORIAL POR LA QUE SE DESESTIMA EL RECURSO DE ALZADA INTERPUESTO CONTRA LA RESOLUCIÓN Nº 151, DE 5 DE JUNIO DE 2006, DEL VICECONSEJERO DE ORDENACIÓN TERRITORIAL, RECAÍDA EN EL EXPEDIENTE C-1683/05.
Examinado el expediente administrativo.
Vista la propuesta formulada por la Secretaria General Técnica.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Con fecha 25 de noviembre de 2005 la entidad Ramiterra, S.L. solicita a la Viceconsejería de Ordenación Territorial autorización para la instalación de una conducción subterránea de desagüe de salmuera en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.
2º) Mediante Resolución nº 151, de 5 de junio de 2006, del Viceconsejero de Ordenación Territorial, se suspende el procedimiento administrativo de autorización en zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, invocando el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Dicha Resolución fue debidamente notificada con fecha 24 de julio de 2006, interponiéndose por D. Óscar Ramírez González, en representación de la entidad Ramiterra, S.L., y con fecha 23 de agosto del mismo año, el presente recurso de alzada.
3º) El recurrente plantea, en síntesis, lo siguiente:
- Que la medida provisional de suspensión no está justificada, ya que no garantiza la eficacia de la resolución que pudiera recaer en el expediente administrativo, sino la de la resolución que pudiera recaer en el proceso judicial.
- Que no puede adoptarse la medida de suspensión puesto que no se da ninguno de los supuestos del numerus clausus recogido en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial es competente para resolver el presente recurso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 212/1991, de organización de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, y el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segunda.- En la interposición del recurso se han observado los requisitos de índole procedimental, legitimación, tiempo y forma, establecidos en los artículos 31, 32, 110, 114 y 115 de la citada Ley 30/1992.
Tercera.- La única alegación que formula la recurrente se dirige a cuestionar la medida provisional de suspensión, por no considerarla apta para garantizar la eficacia de la futura resolución del expediente C-1683/05. Señala que lo que se está asegurando, en cambio, es la resolución que pudiera recaer en el proceso judicial (RCA nº 1214/01), lo cual no justifica la medida adoptada.
Frente a ello hay que decir que lo que se ha tratado de asegurar con la suspensión provisional es la correcta Resolución definitiva a emitir en un procedimiento administrativo de autorización de construcción de una conducción de desagües de una EDAM y sus accesorios, tratándose ésta de una unidad de obra más de una urbanización que trae causa de un Plan Parcial anulado, en única instancia, por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el recurso antes citado.
Efectivamente, las medidas provisionales tienen por objeto prevenir la previsible aparición o mantenimiento de circunstancias de índole material o jurídica que puedan hacer inútil la resolución que recaiga con posterioridad en el procedimiento. En el presente caso, contamos con una circunstancia cierta, como es la anulación, mediante Sentencia aún no firme, del Acuerdo del Ayuntamiento de Antigua de 9 de mayo de 2001, y por otro lado, con una circunstancia probable, que era la ejecución provisional de dicha Sentencia, ya solicitada en aquel momento.
En este sentido, como bien se ha argumentado en la Resolución recurrida, la solicitud de ejecución provisional de la Sentencia de 18 de febrero de 2005 sí justificaba la medida provisional de suspensión del procedimiento sustanciado en el expediente C-1638/05. La razón es que, de llevarse a efecto, tal ejecución provisional afectaría a la eficacia de la futura autorización, puesto que implicaría que la ejecución de la actuación pretendida no se encuentra legitimada por el planeamiento vigente. En este sentido, se recuerda que el artículo 48.3 del Reglamento para desarrollo y ejecución de la Ley de Costas, aprobado por el Real Decreto 1.471/1989, de 1 de diciembre, modificado por Real Decreto 1.112/1992, de 18 de septiembre, establece que las autorizaciones que se otorguen en la zona de servidumbre de protección deberán respetar el planeamiento urbanístico en vigor.
Era obligado, por tanto, anticiparse a esa posible situación y dejar en suspenso el procedimiento mientras se resolvía sobre la ejecución provisional. Ello ha venido a confirmarse con el reciente Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de fecha 1 de marzo de 2007, en el que se accede a la solicitud de ejecución provisional de la Sentencia de 18 de febrero de 2005.
A mayor abundamiento, con fecha 20 de julio de 2006, y en el seno del proceso contencioso nº 998/03, en el que la recurrente consta como codemandada, ha recaído Auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (anterior, además, al recurso de alzada), que adopta la medida cautelar de suspensión del proyecto de urbanización del Plan Parcial Las Salinas de Antigua, justo donde se ubica la conducción de desagüe cuya autorización se solicita, la EDAM y la planta fotovoltaica, las cuales, como se expresó antes, son unidades de obra de un proyecto de urbanización; todas ellas están suspendidas cautelarmente por la Autoridad Judicial, y ello obliga a paralizar los procedimientos relacionados con la ejecución del Plan Parcial, mientras dicha medida no sea levantada, so pena de incurrir en desobediencia a la Autoridad.
Cuarta.- Por otra parte, es cierto que la medida de suspensión adoptada en vía administrativa no encuentra cobertura en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992. En este sentido, de una lectura aislada del precepto podría entenderse que la enumeración que aquél recoge es cerrada, lo cual implicaría la imposibilidad de suspender el procedimiento fuera de los casos expresamente contemplados en él. No obstante, si se hace una interpretación sistemática de los artículos 42.5 y 72.1 de dicho texto legal, la única conclusión a la que cabe llegar es que, aun no dándose ninguno de los supuestos del artículo 42.5, cabe la suspensión del procedimiento siempre que se base en el citado artículo 72, precepto que no precisa qué tipo de medidas provisionales pueden adoptarse.
Ello se debe a que cualquier medida provisional (incluida por supuesto la clásica suspensión cautelar) es procedente siempre que el órgano administrativo estime que es oportuna para garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, y ya se ha explicado antes cómo la suspensión estudiada en el presente caso era idónea para servir a tal fin.
En su virtud, y en ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Óscar Ramírez González, en representación de la entidad Ramiterra, S.L., contra la Resolución nº 151, de 5 de junio de 2006, del Viceconsejero de Ordenación Territorial y, consecuentemente, confirmar la misma en todos sus términos por encontrarla ajustada a Derecho.
Segundo.- Notificar la presente Orden al recurrente y demás interesados.
Tercero.- Dar traslado de la presente Orden a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, al Ayuntamiento de Antigua, a la Demarcación de Costas en Canarias y a la Viceconsejería de Medio Ambiente, a los efectos oportunos.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de que pueda interponerse, en su caso, cualquier otro que se estime procedente.- Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de abril de 2007.- El Consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel Martínez.
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