BOC - 2007/102. Martes 22 de Mayo de 2007 - 2010

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2010 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de mayo de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Francisco Calderín Navarro, de la Resolución recaída en el expediente de I.U. 1844/06.

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No habiéndose podido practicar la notificación a Francisco Calderín Navarro, de la Resolución nº 1290, de fecha 20 de abril de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Francisco Calderín Navarro, la Resolución nº 1290, de fecha 20 de abril de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación territorial, con referencia I.U. 1844/06, y cuyo texto es el siguiente:

"Examinado el expediente sancionador de referencia, tramitado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra D. Francisco Calderín Navarro y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

I

Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2876/06, de fecha 23 de octubre de 2006, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a D. Francisco Calderín Navarro, en calidad de promotor, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada, conforme preceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de setenta y dos mil (72.000) euros.

Dicha Resolución fue debidamente notificada mediante anuncio en el Boletín Oficial de Canarias nº 250, de fecha 28 de diciembre de 2006. Igualmente consta en el expediente acreditada la entrega al propio interesado de fotocopia de dicha Resolución de inicio del presente procedimiento sancionador, el 9 de enero de 2007.

II

Por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, se abrió expediente sancionador, bajo referencia I.U. 369/02, contra el citado promotor y por los mismos hechos denunciados por técnico inspector de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con fecha 30 de julio de 2002, que devino en caducidad, según Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2730, de 10 de octubre de 2006.

III

Con fecha de registro de entrada en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, 17 de enero de 2007, se presenta escrito de alegaciones por D. Francisco Calderín Navarro, en el que se hace constar, en síntesis, lo siguiente:

- Que la finca de su propiedad incluye una vivienda terrera -con 78 m2-, así como otras dependencias y anejos, estanques, cuartos de aperos, y almacenes construidos hace más de 50 años como edificaciones al servicio de plantación de olivos.

- Que sobre las antiguas construcciones preexistentes en la finca se han realizado obras de recuperación, adecentamiento, ornato y acabado para la habilitación de las mismas y su destino a vivienda propia, ocupando dicha vivienda desde 2001, en principio en condiciones precarias dada la condición de abandono que presentaba la construcción y que es posible comprobar en las fotografías que se incorporan al expediente.

- Que la edificación cuenta con la totalidad de los servicios e infraestructuras precisos para ser considerada como suelo urbano, en aplicación de los artículos 50 y 51 del TRLOTCENC, aunque por parte del Ayuntamiento de Ingenio no se admitió las alegaciones presentadas en la tramitación del Plan General.

- Que con respecto a las obras que motivan el expediente, manifiesta que: a) la ampliación de la vivienda consiste en una pequeña pieza adosada a la edificación preexistente, con una superficie de menos de 10 m2, con destino a cocina y baño de los cuales carecía la vivienda preexistente, y que la citada ampliación de pequeñas dimensiones, produce el relleno del vacío entre la edificación principal y una pequeña estancia preexistente situada al naciente de aquélla, lo que multiplica el efecto de la nueva construcción. b) De la construcción de muro perimetral, señala que la finca contaba tal como aprecia las fotografías que ilustran el expediente incoado, con un cerramiento compuesto por un muro de baja altura (50 cm) y una valla apoyada en aquel cañizo y postes de madera, el cual resultaba peligroso, razón por la cual el Ayuntamiento de Ingenio, de forma verbal, nos solicita la desviación del citado cerramiento para permitir el paso de dos vehículos por este punto, razón por la que realizó un muro en sustitución de aquél, desplazado dos metros respecto de la localización anterior. c) Que el muro de contención se corresponde a una pequeña protección de tierras que se apoya en un antiguo murete de piedra seca que se vio afectado por las lluvias, lo que le obligó a repararlo. d) De la excavación para piscina, señala que dicha excavación está destinada a fosa séptica para la recogida de las aguas negras procedentes de la vivienda, y que dado que el sustrato inicialmente encontrado correspondía a una capa impermeable, desaconsejada para este tipo de instalaciones, se abrió un segundo hoyo anejo al anterior con el mismo fin, razón que motiva las grandes dimensiones de la excavación. e) De la cimentación, se trata de antiguas estructuras que son posibles de apreciar en el fotograma oficial de enero de 1994, de GRAFCAN. f) De la construcción de pared adosada a vivienda, se trata del antiguo muro de cerramiento de la finca.

- Que la totalidad de las irregularidades e incumplimientos que motiva el expediente tiene una justificación de necesidad, y que le parece excesiva las tipificación de grave de la infracción cometida, de acuerdo con el artículo 202.3.b) del TRLOTCENC, entendiendo la infracción cometida como leve, dado que las obras realizadas pueden ser consideradas como menores.

- Que dentro del desconocimiento general, entendió que dichos actos podrían ser realizados sin más trámites que la ejecución de las pequeñas obras de acabado y habitabilidad de la edificación condiciones de seguridad laboral. Que las obras se realizan en días laborales, permitiéndose en todo momento el acceso de las labores de inspección.

- Que el Plan General de Ordenación de Ingenio vigente desde el año 2005, clasifica este suelo como rústico de protección agraria común, que permite este tipo de actuaciones. Además, en el documento de tramitación para la aprobación inicial del citado PGO a las Directrices, se propone este suelo como de Asentamiento Rural, lo que apoyaría la posibilidad de legalización.

IV

A la vista de las alegaciones presentadas, con fecha 23 de febrero de 2007, se solicita informe técnico a la Sección de Apoyo Técnico a la Instrucción.

Dicho informe técnico se emite, con fecha 28 de febrero de 2007, con el siguiente tenor literal:

Solicitado informe sobre las alegaciones presentadas en la tramitación del expediente IU.1844/06, en el que aparece como promotor D. Francisco Calderín Navarro, de las obras de ampliación de vivienda preexistente, construcción de muro perimetral, excavación para piscina, cimentación así como construcción de pared adosada a vivienda, situadas en Lomo Hospital, en el municipio de Ingenio, el técnico que suscribe tiene a bien informar:

Que de los datos que figuran en el Programa Mapa 2006 de GRAFCAN, se han impreso las vistas aéreas de los años 1997 y 2004, constando en la vista de 2004 que las obras objeto del expediente IU.1844/06 son las que se señalan; en la vista de 1997 se aprecia el estado primitivo de la finca. Se adjuntan dichas vistas aéreas.

Que de los anexos fotográficos obrantes en el expediente adjuntados al informe técnico de fecha 21 de agosto de 2002, a la diligencia de precinto de fecha 15 de julio de 2004 y al seguimiento de precinto de fecha 28 de septiembre de 2005, se comprueba que las obras denunciadas estaban en construcción en la fecha de la inspección con la que se inició el expediente IU.1844/06 y así se constata con la siguiente relación de imágenes:

a) Muro perimetral, fotos 1, 2 y 3 (folios 4 y 5), fotos 1 y 6 (folios 46 y 48) y fotos 2 y 8 (folios 54 y 57), en las primeras fotos se aprecia la uniformidad de la construcción sin acabar.

b) Muro de contención, fotos 4 y 5 (folios 5 y 6) de su construcción, apreciándose el aparcamiento en la foto 2 (folio 46) y en la foto 8 (folio 57).

c) Pared adosada a vivienda, fotos 1 y 5 (folios 4 y 6), fotos 2 y 7 (folios 46 y 49) y foto 3 (folio 55).

d) Excavación, fotos 6, 7 y 9 (folios 6, 7 y 8), en la foto 4 (folio 55) se aprecia sin rellenar.

e) Cimentación adosada, fotos 7 y 8 (folio 7), foto 7 (folio 49) y en la foto 4 (folio 55), en las dos últimas se aprecia la construcción de un murete de piedra al borde de la excavación.

f) Ampliación de vivienda, fotos 7 y 9 (folios 7 y 8), foto 7 (folio 49) y foto 4, 5 y 6 (folios 55 y 57), en las primeras se aprecia la ampliación denunciada y en las últimas la ampliación de la superficie cubierta mediante la realización de un porche.

En relación a lo manifestado por el Sr. Calderín en sus alegaciones se informa que en cada alegación sobre las obras se reconoce la nueva construcción de las obras relacionadas en el informe técnico emitido a raíz de la inspección efectuada por la inspectora Dña. Gonzala Gallego Góngora con fecha 30 de julio de 2002 y que fueron constatadas posteriormente en las inspecciones de precinto y de seguimiento, a excepción de la cimentación adosada al muro vecino que manifiesta su existencia antes de 1994, lo que contradice lo apreciado en la vista aérea de 1997 referida en el segundo párrafo de este informe y donde se ha señalado la ubicación de esta cimentación.

La adaptación del Planeamiento vigente a las Directrices de Ordenación General, está iniciando la tramitación en fase de Avance.

V

Con fecha 7 de marzo de 2007, el Instructor formula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La imposición al expedientado una sanción de treinta y siete mil quinientos (37.500) euros por la comisión de la referida infracción. 2.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las obras y reposición del terreno, requiriéndole para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia el correspondiente Proyecto, con las advertencias legales oportunas.

Dicha propuesta fue debidamente notificada mediante entrega al propio expedientado, con fecha 21 de marzo de 2007.

VI

Con fecha de registro de entrada en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, 11 de abril de 2007, se presenta escrito de alegaciones a la Propuesta de Resolución por D. Francisco Calderín Navarro, en el que se hace constar, en síntesis, lo siguiente:

- Que la APMUN continúa manteniendo la calificación de grave para la infracción denunciada. Que en la denuncia se contienen errores que manifiestamente ponderan en detrimento de sus intereses la infracción cometida.

- Que reitera el conjunto de alegaciones presentado y añade nuevas consideraciones al presente escrito.

- Que se acompaña plano de levantamiento de la totalidad de las edificaciones existentes.

- Reitera que la edificación viene existiendo desde las fechas antes mencionadas, y que cuenta con la totalidad de los servicios e infraestructuras precisos para ser considerada como suelo urbano, en aplicación de los artículos 50 y 51 del TRLOTCENC. Que se trata de la recuperación de unas edificaciones preexistentes, en un entorno donde es posible constatar, la existencia de gran cantidad de edificaciones, algunas afectando al medio de forma más perceptible que su vivienda.

- Reitera que el Plan General de Ordenación de Ingenio vigente desde el año 2005, clasifica este suelo como rústico de protección agraria común, contradiciendo el contenido de la denuncia que le asigna la categoría de Protección Paisajística. Que el PIO-GC que permite este tipo de actuaciones, según el anexo del Régimen de Usos que se acompaña.

- Que el expediente parte de unas dimensiones relativas a la ampliación de la vivienda que no son correctas, y pueden inducir a entender la infracción como más grave de la realmente ejecutada: a) así se refiere a una superficie total de la ampliación de 20 x 9 m, cuando la realidad que se puede comprobar es que la ampliación es una pequeña pieza de cocina anexa a la casa de 6 x 3,40 equivalentes a 19,80 m2 y a que se concreta en una pieza de adosada a la edificación existente, con una superficie de menos de veintitrés metros cuadrados, con destino a cocina y baño de los cuales carecía la vivienda preexistente, y que la citada ampliación de pequeñas dimensiones, produce el relleno del vacío entre la edificación principal y una pequeña estancia preexistente situada al naciente de aquélla, lo que minimiza el efecto de la nueva construcción. b) De la construcción de muro perimetral, señala que la finca contaba tal como aprecia las fotografías que ilustran el expediente incoado, con un cerramiento compuesto por un muro de baja altura (50 cm) y una valla apoyada en aquel cañizo y postes de madera, el cual resultaba peligroso, razón por la cual el Ayuntamiento de Ingenio, de forma verbal, nos solicita la desviación del citado cerramiento para permitir el paso de dos vehículos por este punto, razón por la que realizó un muro en sustitución de aquél, desplazado dos metros respecto de la localización anterior. c) Que el muro de contención se corresponde a una pequeña protección de tierras que se apoya en un antiguo murete de piedra seca que se vio afectado por las lluvias, lo que le obligó a repararlo. d) De la excavación para piscina, señala que dicha excavación está destinada a fosa séptica para la recogida de las aguas negras procedentes de la vivienda, y que dado que el sustrato inicialmente encontrado correspondía a una capa impermeable, desaconsejada para este tipo de instalaciones, se abrió un segundo hoyo anejo al anterior con el mismo fin, razón que motiva las grandes dimensiones de la excavación. Esta obra se propone su restitución al estado anterior por relleno de dicho vacío mediante materiales seleccionados de la propia finca. e) De la cimentación, se trata de antiguas estructuras que son posibles de apreciar en el fotograma oficial de enero de 1994, de GRAFCAN. f) De la construcción de pared adosada a vivienda, se trata del antiguo muro de cerramiento de la finca.

- Reitera que la totalidad de las irregularidades e incumplimientos que motiva el expediente tiene una justificación de necesidad, y que le parece excesiva la tipificación de grave de la infracción cometida, de acuerdo con el artículo 202.3.b) del TRLOTCENC, entendiendo la infracción cometida como leve, dado que las obras realizadas pueden ser consideradas como menores.

- Reitera que dentro del desconocimiento general, entendió que dichos actos podrían ser realizados sin más trámites que la ejecución de las pequeñas obras de acabado y habitabilidad de la edificación condiciones de seguridad laboral. Que las obras se realizan en días laborales, permitiéndose en todo momento el acceso de las labores de inspección.

- Que ha manifestado su interés de colaboración con la APMUN, teniendo reuniones para efectuar el seguimiento de precinto y acordar las fórmulas de legalización de las obras.

- Que las actuaciones de legalización se remitirán al objeto de que se proceda al cierre del expediente.

- Que aporta la siguiente documentación: a) Fotograma de Grafcan a escala 1:5.000 de la finca objeto del expediente de enero de 1990, en el cual es posible apreciar la realidad de las edificaciones existentes con carácter anterior a la inspección. b) Fotograma de Grafcan de marzo de 2004, en el cual es posible apreciar la realidad de las edificaciones al día de la fecha. c) Anexo de condiciones de uso relativas a la zona Bb 1.3.

Solicita que en base a las alegaciones formuladas se declare como falta leve el objeto del expediente recaído en su propiedad, y si lo tiene a bien, proceder a cerrar el expediente de común acuerdo.

VII

Con fecha 12 de abril de 2007, por este Órgano, a la vista de las alegaciones presentadas por D. Francisco Calderín Navarro, se interesa informe técnico a la Sección de Apoyo Técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

Dicho informe técnico se emite con fecha 19 de abril de 2007, con el siguiente tenor literal:

Solicitado informe sobre las alegaciones presentadas en la tramitación del expediente IU.1844/06, en el que aparece como promotor D. Francisco Calderín Navarro, de las obras de ampliación de vivienda preexistente, construcción de muro perimetral, excavación para piscina, cimentación así como construcción de pared adosada a vivienda, situadas en Lomo Hospital, en el municipio de Ingenio, el técnico que suscribe tiene a bien informar:

A la fecha de la inspección (30 de julio de 2002) el lugar de situación de la actuación, estaba clasificado y categorizado como Suelo Rústico de Protección Paisajística, en las Normas Subsidiarias del municipio de Ingenio aprobadas con fecha 3 de octubre de 1989 y el Texto Refundido Normas Subsidarias del municipio de Ingenio aprobado el 17 de enero de 1991.

Que de los datos que figuran en el Programa Mapa 2006 de GRAFCAN, se han impreso los mapas cartográficos de los años 1996 y 2002, constando en el mapa de 1996 la edificación existente cuya ampliación fue constatada en inspección de fecha 30 de julio de 2002 según consta en el expediente IU.1844/06; en el mapa de 2002 se han señalado las dimensiones de la ampliación obteniéndose una superficie cubierta de 128,23 m2. Se adjuntan ambos mapas.

En relación a la construcción de muro perimetral, muro de contención, excavación para piscina, cimentación y de la pared adosada a vivienda, me ratifico en lo manifestado en mi informe emitido el 28 de febrero pasado.

HECHOS PROBADOS

De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, así como de la revisión del precinto ordenado mediante la resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1618, de 6 de septiembre de 2002, se procedió en la Propuesta de Resolución elevada a la modificación de la determinación inicial de los hechos, quedando como probados los siguientes:

1.- Se han realizado obras consistentes en la ampliación de vivienda preexistente, construcción de muro perimetral, muro de contención, excavación para piscina, cimentación, construcción de pared adosada, así como construcción de porche, en el lugar denominado Lomo del Hospital, del término municipal de Ingenio, en suelo clasificado como Suelo Rústico de protección paisajística, en el momento de su ejecución, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2.- De la mencionada infracción se considera responsable directo, a título de promotor, a D. Francisco Calderín Navarro, en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.

3.- No consta que se haya instado la legalización, a pesar de haberse advertido al expedientado que debía solicitar la legalización de las mismas, según resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1618, de 6 de septiembre de 2002.

4.- Se ha incumplido la orden de suspensión de las obras referenciadas, dictada por la citada Resolución nº 1618, según queda probado en el expediente, con la visita de inspección efectuada por la Agencia, de fecha 27 de septiembre de 2005.

5.- Las obras denunciadas no se encontraban terminadas, en la fecha de precinto, 15 de julio de 2004.

6.- Se encuentra en trámite de Avance la adaptación del Plan General de Ingenio a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

Lo alegado por el expedientado no motiva en modo alguno el archivo del expediente sancionador, ni desvirtúa la acusación realizada ni el fundamento de imputación, toda vez que:

1º) La infracción cometida consiste en la ampliación de vivienda preexistente, construcción de muro perimetral, muro de contención, excavación para piscina, cimentación, construcción de pared adosada, así como construcción de porche, en el lugar denominado Lomo del Hospital, del término municipal de Ingenio, en suelo clasificado como Suelo Rústico de protección paisajística, sin que en el momento de su realización contase con los preceptivos títulos legitimantes exigidos para su ejecución en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y la apreciación de la presunta comisión de una infracción al citado Texto Refundido dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artº. 177.2 del citado Texto Refundido), con independencia, en su caso, de haber paralizado la ejecución de las obras en curso suspendidas.

2º) Con respecto a la reiterada alegación manifestada por el expedientado sobre la antigüedad de las actuaciones denunciadas, se dan por reproducidas las argumentaciones dadas en la Propuesta de Resolución, por lo que no procede su estimación, por cuanto que según el informe de la sección de apoyo técnico a la instrucción, de fecha 28 de febrero de 2007, el cual consta en el punto IV de los antecedentes de la presente Resolución, queda constatado que nos encontramos ante una actividad ilegal continuada donde las obras denunciadas "estaban aún en construcción" en la fecha de inspección (denuncia), el 30 de julio de 2002, y que las referidas obras son de "nueva construcción", por reconocimiento continuo del propio expedientado en el escrito de alegaciones presentado con fecha 17 de enero de 2007, estando dichos hechos igualmente constatados, según el citado informe de 28 de febrero pasado, con las inspecciones de precinto y de seguimiento, así como en el reportaje fotográfico que acompañan a los referidos informes y actuaciones en las fechas señaladas (21 de agosto de 2002; 15 de julio de 2004 y 28 de septiembre de 2005), a excepción de la cimentación adosada al muro vecino, que manifiesta el expedientado su existencia antes de 1994, y dicho hecho, según señala dicho informe técnico, ni siquiera se aprecia en la fotografía aérea de 1997, por lo que las obras eran nuevas y de hecho se estaban ejecutando en el momento en que las mismas fueron denunciadas, el 30 de julio de 2002.

3º) En cuanto a la reiterada manifestación sobre que la edificación cuente con distintos servicios e infraestructuras precisos para ser considerados como suelo urbano, no tiene relevancia en el presente expediente sancionador, por cuanto que ello no determina que el suelo donde se ubica la edificación denunciada sea de hecho urbano y que, por ello, pueda ser sometido a proceso edificatorio, sino que, por el contrario, el artículo 50 del citado Texto Legal (TRLOTC) establece como requisito para ser considerado como suelo urbano el que el Planeamiento General lo incluya expresamente, mediante su clasificación, y en todo caso, de hacerse valer sería ante el propio Órgano Planificador. De igual manera, el hecho que en el entorno exista gran cantidad de edificaciones, no reviste mayor importancia, en el sentido que el principio de igualdad solamente es posible invocarlo desde la legalidad.

4º) Respecto a la calificación y categorización del suelo, alegado por el expedientado sobre que el vigente Planeamiento municipal de Ingenio lo clasifica como suelo rústico en la categoría de protección agraria, se significa como cuestión previa, que la clasificación y calificación del suelo donde se han ejecutado las obras denunciadas, según el informe (denuncia) emitido por técnico inspector adscrito a esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 30 de julio de 2002, demuestra que el suelo sobre el que se ejecutaron las obras, conforme al Planeamiento vigente del municipio de Ingenio, en la fecha de realización de las obras denunciadas, estaba clasificado como "suelo rústico de protección paisajística", y dado que según reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo (STS 30/01/1992) se ha de atender a las urbanísticas en vigor cuando se realizaron las obras y no al futuro planeamiento, pues sus normas como las demás, sólo entran vigor cuando se publique en el Boletín Oficial correspondiente. Por consiguiente, la clasificación del suelo en el momento en que se realizan las obras era rústico, y por tanto, era preceptiva y previa a la concesión de licencia urbanística, la pertinente calificación territorial, exigible conforme el artículo 27 en relación con el 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y el carecer dicha obra realizada de los títulos habilitantes necesarios para su ejecución, supone la comisión de una infracción grave prevista en el artículo 202.3.b) del citado texto legal.

Por lo que habiéndose ratificado mediante informe técnico de fecha 19 de abril pasado, dicha categoría de suelo (suelo rústico de protección paisajística), queda ratificada la categorización del suelo dada en la fecha de la denuncia y, por ende, la veracidad de la misma.

5º) Con respecto a las dimensiones relativas a las obras de ampliación de la vivienda, y a la vista del citado informe técnico del pasado 19 de abril, procede a considerarse que la ampliación de la superficie cubierta asciende a 128,23 m2, según el mapa de 2002, sin que ello pueda minimizar el impacto realizado por dichas construcciones como alega el expedientado, teniendo en cuenta el carácter de protección paisajística que tiene el lugar.

En cuanto al resto de las obras denunciadas (muro perimetral, muro de contención, excavación de piscina, cimentación construcción de pared adosada a vivienda), se dan por reproducidas las argumentaciones dadas en el informe técnico de fecha 28 de febrero de 2007, a los efectos de acreditar su carácter de nueva construcción, sin perjuicio de señalar la intencionalidad del expedientado al realizar unas obras sin las preceptivas autorizaciones, lo cual no deja duda alguna sobre su responsabilidad, máxime cuando se sabe que para cualquier tipo de edificación es necesaria la obtención de los respectivos títulos o permisos, y que en todo caso sus dudas se solventaban, pidiendo información al Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria o al propio Ayuntamiento de Ingenio.

6º) Y por último, no procede considerar las obras y actuaciones denunciadas como infracción leve, por cuanto que las obras ejecutadas se enmarcan en la definición de obra mayor (edificaciones, muros, etc.) y por tanto la infracción cometida tiene el carácter de grave, conforme dispone el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

III

Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción tipificada como grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en cuanto que supone la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias y órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas.

El artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción será sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.

IV

Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:

- Como atenuante, y siguiendo un criterio flexible en su aplicación, se aprecia de oficio la circunstancia prevista en el artículo 198.a) del citado texto legal "la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados".

- Como circunstancias mixtas, por un lado, se aprecia como atenuante, la circunstancia prevista en el artículo 199.a) del mencionado Texto Refundido, en cuanto del expediente, no se aprecia que en el denunciado exista un grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual.

Por otro, concurre la agravante establecida en el artículo 197.d) del citado Texto Refundido por incumplimiento a la orden de suspensión dictada por el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, mediante Resolución nº 1618, de fecha 6 de septiembre de 2002, según queda probado en el expediente mediante acta de seguimiento de precinto, 1ª revisión, de fecha 28 de septiembre de 2005.

Ponderando la incidencia de dichas circunstancias y teniendo en cuenta la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio de proporcionalidad, es ajustado imponer a D. Francisco Calderín Navarro una sanción por cuantía de treinta y siete mil quinientos (37.500) euros.

V

Teniendo en cuenta que ha habido una modificación normativa introducida por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y que no procede acordar la imposición de multas coercitivas para que el expedientado inste la legalización de las obras y actuaciones denunciadas, procede adaptar el presente procedimiento a la nueva redacción dada al artículo 179, por la referida Ley 4/2006, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 188.2 en relación con el citado artículo 179, y considerando que en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, es por lo que, habiéndose constatado que por el expedientado no se ha instado aún la legalización de las obras denunciadas, procede ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presente infracción, mediante la demolición de las obras en cuestión y, a tal efecto, requerir al expedientado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

VI

Asimismo, y de conformidad con el apartado 1 del artículo 182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, modificado mediante la Ley 4/2006, de 22 de mayo, se advierte al interesado que si repone los terrenos por sí mismo al estado anterior a la alteración de la realidad física en los "términos dispuestos por la Administración", tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación.

Igualmente, se le advierte, que según el párrafo 2 del mismo artículo 182: que si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante "la legalización obtenida tras la imposición de la multa", los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Francisco Calderín Navarro una multa por importe de treinta y siete mil quinientos (37.500) euros, como responsable directo, en calidad de promotor, de una infracción administrativa consistente en la ampliación de vivienda preexistente, construcción de muro perimetral, muro de contención, excavación para piscina, cimentación, construcción de pared adosada, así como construcción de porche, en el lugar denominado Lomo del Hospital, del término municipal de Ingenio, en suelo clasificado como Suelo Rústico de protección paisajística, sin que en el momento de su realización contase con los preceptivos títulos habilitantes exigidos para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada, mediante la demolición de las obras y reposición del terreno, en el lugar denominado Lomo del Hospital, del término municipal de Ingenio, y a tal efecto requerir al expedientado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar a que la Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Tercero.- Notificar la presente Resolución al infractor y demás interesados.

Se le comunica que el cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de mayo de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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