BOC - 2007/100. Viernes 18 de Mayo de 2007 - 1960

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1960 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de mayo de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a la entidad Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias, S.L., de la Resolución nº 568, recaída en el expediente de I.M. 138/05.

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No habiéndose podido practicar la notificación a la entidad Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias, S.L., de la Resolución nº 568, de fecha 27 de febrero de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a la entidad Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias, S.L., la Resolución nº 568, de fecha 27 de febrero de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación territorial, con referencia I.M. 138/05, y cuyo texto es el siguiente:

"Vistas las actuaciones previas realizadas e informes emitidos y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado Barranco de Risco Negro, en el término municipal de Teguise, se está realizando una actividad de extracción de áridos, ubicadas en suelo clasificado y categorizado como rústico con valor natural dominante sin la preceptiva calificación territorial ni demás títulos habilitantes, exigibles conforme a lo dispuesto en el artículo 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, de la que resultan ser presunto responsable en calidad de promotora la entidad Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias, S.L.

Segundo.- La actuación se encuentra incluida en el IBA Jable de Lajares-Cotillo-Esquinzo.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c).2 y 229 del precitado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarios y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, codiciada por la Ley 4/2006, de 22 de mayo (en adelante TRLOTCENC), en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

Los hechos anteriormente relacionados son presuntamente constitutivos de una infracción administrativa, tipificada y clasificada como muy grave por el artículo 202.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sancionada en el artículo 218 del mismo texto legal con multa de 601,01 a 601.012,01 euros en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, siendo la sanción propuesta en el supuesto que nos ocupa la de trescientos mil doscientos cinco euros con cincuenta y cinco céntimos (300.205,55 euros), correspondiente a su grado medio. No obstante lo expuesto se entenderá sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del referido Texto Refundido, así como lo previsto en el artículo 218 al establecer que la multa se graduará teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, la extensión de suelo afectada y el volumen de la extracción.

III

Resulta responsable de la presunta infracción la entidad Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias, S.L. en atención a lo dispuesto en el artículo 189 del TRLOTCENC.

IV

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 del citado Texto Refundido se procederá a la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o se realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

Asimismo, conforme a lo previsto en el artículo 188.2 del mismo Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición.

V

El artículo 182.1 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto 1/2000, de 8 de mayo, modificado por la Ley 4/2006, dispone que si los responsables de la alteración de la realidad repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción de un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

El artículo 182.2 del citado Texto legal establece que si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a una reducción del sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a la entidad Transportes y Excavaciones Maxorata Canarias, S.L. en calidad de promotora, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave en el apartado a) del artículo 202.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada conforme preceptúa el artículo 218 del mismo cuerpo legal, con multa de 601,01 a 601.012,01 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de multa de trescientos mil doscientos cinco euros con cincuenta y cinco céntimos (300.205,55 euros), en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente y sin perjuicio de la modificación de la cuantía a que se refiere el artículo 195 del citado Texto Refundido, así como lo previsto en el artículo 218 al establecer que la multa se graduará teniendo en cuenta, entre otras consideraciones, la extensión de suelo afectada y el volumen de la extracción, manifestando lo siguiente:

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sito en la calle Venegas, 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

e) Según preceptúa el artículo 191 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

f) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

Segundo.- Requerir al interesado para que inste la legalización de las obras en el plazo de tres meses, prorrogable por una sola vez por otros tres meses en atención de la complejidad del proyecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.3 del citado Texto Refundido.

Tercero.- Nombrar Instructora y Secretaria a Dña. Sonia Gómez Castro y a Dña. Nicéfora Sánchez Martínez respectivamente, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, así como al denunciado, Ayuntamiento y demás interesados."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de 2007.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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