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BOC Nº 087. Miércoles 2 de Mayo de 2007 - 1684

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

1684 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 16 de abril de 2007, que notifica la Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 5 de marzo de 2007, por la que se le declara la inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto por D. Carlos Martín Barrera en representación de Carricaeri, S.L. (Supermercado Rita II), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 12 de julio de 2004, recaída en el expediente nº 35/402/2003.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Carricaeri, S.L., la Orden de 5 de marzo de 2007 (libro 01, nº reg. 119/07), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Carlos Martín Barrera en representación de Carricaeri, S.L. (Supermercado Rita II), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 12 de julio de 2004, recaída en el expediente nº 35/402/2003, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de seiscientos (600) euros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de La Oliva la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de abril de 2007.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 5 de marzo de 2007, por la que se le declara la inadmisibilidad del recurso de alzada interpuesto por D. Carlos Martín Barrera en representación de Carricaeri, S.L. (Supermercado Rita II), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 12 de julio de 2004, recaída en el expediente nº 35/402/2003, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de seiscientos (600) euros.

Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por Carlos Martín Barrera en representación de Carricaeri, S.L. (Supermercado Rita II), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 12 de julio de 2004, recaída en el expediente nº 35/402/2003 y que determinó la imposición de una sanción de multa de seiscientos (600) euros, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 15 de mayo de 2003 inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Supermercado Rita II, propiedad de Carricaeri, S.L., sito en calle Juan Carlos I, 59, del término municipal de Corralejo, y mediante acta levantada al efecto nº 3032 y anexo que se incorpora a la misma, se comprueba que el establecimiento tiene para su venta al público, en la sección de frutas y verduras, diferentes productos cuyo etiquetado carece de la mención de su origen. Asimismo se comprueba que la totalidad de los productos alimenticios y no alimenticios que tienen para su venta carecen del preceptivo marcado de precio por unidad de medida.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V, de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 12, apartado 4, y 40.4.a) y d) de la LECUCAC en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311), en concordancia con el artº. 7 del Real Decreto 22.192/1984, de 28 de noviembre (B.O.E. nº 300) que aprueba el Reglamento de aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el mercado interior.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de seiscientos (600) euros.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 21 de septiembre de 2004 constando entre los antecedentes de referencia la notificación de la Resolución impugnada con fecha 27 de julio de 2004, habiéndose superado, por tanto, el plazo procedimental de un (1) mes para la interposición del recurso alzada.

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- Que condición previa para entrar a conocer de los fundamentos del recurso presentado es el de determinar si se han observado los requisitos de actividad, en especial el único que ofrece especialidad en este tipo de recurso: el plazo en el cual debe interponerse el recurso alzada, que es, según el artº. 114.2 de la LRJPAC, de un (1) mes, transcurrido el cual sin que se haya presentado recurso, queda firme y consentida la Resolución impugnada.

Segundo.- Que presentado el recurso fuera del plazo de un (1) mes procede declarar la inadmisión del recurso (Sentencia de 3 de junio de 1992, en su Fundamento III indica: "Que el Principio de Seguridad se encuentra reñido con cualquier tipo de apreciación discrecional ante el ejercicio extemporáneo de recursos o acciones ... Razón por la que la extemporaneidad se produce automáticamente con la sola finalización del día final del plazo ...) sin que quepa dictar acto alguno que anule el que es objeto de recurso, en este caso la Resolución de la Dirección General de Consumo que se pretende extemporáneamente impugnar pues consta en los Fundamentos de hechos probados que la Resolución impugnada fue notificada el día 27 de julio de 2004 y el recurso se interpone por quien está legitimado para ello y ante el órgano competente el día 21 de septiembre de 2004, transcurrido el plazo procedimental de un (1) mes, según el cómputo efectuado conforme a las reglas generales de procedimiento del artº. 48 de la LRJPAC.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC y el artº. 21, apartado q) del Decreto 101/2006, de 11 de julio (B.O.C. nº 137) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, del Gobierno de Canarias.

Cuarto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al Titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, del viernes 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería

VISTOS

El Título V, de la Ley 3/2003, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 101/2006, de 11 de julio (B.O.C. nº 137) por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, del Gobierno de Canarias, y demás disposiciones de general o particular aplicación.

La Consejera de Industria Comercio y Nuevas Tecnologías en ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Declarar la inadmisibilidad del recurso de alzada, interpuesto por Carlos Martín Barrera en representación de Carricaeri, S.L. (Supermercado Rita II), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 12 de julio de 2004, recaída en el expediente nº 35/402/2003, por la que se impone al recurrente una sanción de multa de seiscientos (600) euros, por lo que, consecuentemente, debe confirmar y así confirma la mencionada Resolución recurrida.

El importe de la sanción podrá hacerlo efectivo el interesado en cualquiera de los siguientes:

a) En el Servicio de Caja de los Órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros en los que no se precisa tener cuanta abierta.

c) Por Internet a través del dominio https://www.gobiernodecanarias.org/tributoss

El plazo para efectuar el ingreso de la multa es el siguiente:

a) Si la notificación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación se realiza entre el día 16 y último de cada mes desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior, o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiese satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en las términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, de General Tributaria y, en su caso, de los gastos del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el servicio de recaudación de la Administración Tributaria.

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.

- Reclamación económico-administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria)."

Contra el acto de sanción, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.

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