Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de la Resolución nº 07-35/0850, de 6 de marzo de 2007, de la Directora del Servicio Canario de Empleo, por la que se pone fin al procedimiento sancionador en el orden social incoado a la entidad Juan Bolaños Suárez mediante Acta de Infracción nº 1346/2006, de fecha 25 de septiembre de 2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el domicilio que figura en el expediente, se procede, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:
Visto el procedimiento sancionador incoado a la entidad Juan Bolaños Suárez, con motivo del Acta de Infracción nº 1346/2006, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas, resultan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos:
ANTECEDENTES
Primero.- En la citada Acta de Infracción, que motivó la incoación del presente procedimiento, se recogió, en síntesis, lo siguiente:
La Inspector/a de Trabajo y Seguridad Social, en uso de las facultades que le otorga el artº. 7.4 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. del día 15), y Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. de 8.8.00), hace constar:
1. El artº. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (B.O.E. de 30) establece que las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50 o más trabajadores, deben ocupar en sus plantillas, al menos un 2% de trabajadores minusválidos (Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, B.O.E. de 4 de junio; Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, B.O.E. de 20; Orden Ministerial de 24.7.00; B.O.E. de 9 de agosto).
En desarrollo de la Ley 13/1982, el artículo 5 del Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo (B.O.E. de 4 de junio) establece para las empresas que empleen a más de 50 trabajadores fijos, a que en el primer trimestre de cada año remitan y envíen al Servicio Público de Empleo de la provincia en que tengan su sede social, así como a las de las provincias en que tengan centros de trabajo, relación detallada de los puestos de trabajo ocupados por trabajadores minusválidos y de aquellos que por sus características queden reservados a los mismos.
Asimismo, el Real Decreto 27/2000, de 14 de enero (B.O.E. de 26) dispone para las empresas que pretendan aplicar medidas alternativas a la contratación de minusválidos (artículos 1 y 2) a que lo comuniquen al Servicio Público de Empleo para que éste resuelva sobre la excepcionalidad (artículo 3).
2. Esta actuación inspectora se practica en virtud de la modalidad prevista en el artículo 14.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. de 15): "expediente administrativo"en base a la información facilitada por el Servicio Canario de Empleo y la Tesorería General de la Seguridad Social.
3. A través de los datos obrantes en la Tesorería General de la Seguridad Social (facilitados por la Gerencia Informática de la Seguridad Social) y en el Servicio Canario de Empleo, se comprueba que su empresa no ha cumplido la normativa mencionada.
4. Ello supone infracción a lo dispuesto en el artº. 38 de la Ley 13/1982, de 7 de abril (B.O.E. de 30), de Integración de Minusválidos.
La infracción se califica como grave por el artº. 15.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. de 8), y se aprecia en su grado mínimo conforme a los artículos 39.2 y 40.1.b) de la misma disposición.
Por lo que se propone la imposición de la sanción por un importe total de trescientos euros con cincuenta y dos céntimos (300,52 euros).
De conformidad con lo establecido en el artº. 40.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, antes citado.
Segundo.- Del examen del expediente administrativo se constata, que el Acta de Infracción nº 1346/2006 fue notificada el día 27 de septiembre de 2006 a la entidad Juan Bolaños Suárez.
Tercero.- Con fecha 27 de octubre de 2006 y nº 1205457, tuvo entrada en el Registro de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, escrito de alegaciones de la entidad Juan Bolaños Suárez, siendo remitido éste a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, mediante oficio de fecha 29 de noviembre de 2006, registro de salida nº 737339.
Cuarto.- En el escrito de alegaciones y en defensa de su derecho solicita "... se tenga por presentado este escrito de alegaciones y la documentación que se adjunta y se proceda a estimar el mismo, ya que la empresa ha cumplido con lo establecido en la normativa referida a efectos de contratación de al menos un 2% de trabajadores minusválidos en empresas de 50 trabajadores", en base a las siguientes manifestaciones:
"... Que en fecha 27 de enero del año 2003 esta empresa contrató a D. Miguel Ángel García González, provisto del D.N.I. 037384282J y número de afiliación a la Seguridad Social 080513738904, en la cuenta de cotización 08029826209 que esta empresa tiene abierta para el centro de trabajo sito en Barcelona.
Que el Sr. García González cuenta con un grado de minusvalía de un 33%, como consta en el certificado emitido por el Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya, y que se adjunta a este escrito.
Que por error en el momento de comunicar el código de contrato a la Seguridad Social, en el que debía constar el propio de minusválido, se hizo constar la clave de contrato 402 y posteriormente el código 100. Que por el número de trabajadores contratados en esta empresa, el 2% supone un trabajador minusválido."
Quinto.- Con fecha 18 de enero de 2007 y registro nº 59521, tuvo entrada en la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, informe ampliatorio emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Santa Cruz de Tenerife, en el que dice lo siguiente:
"... Analizado el contenido del citado escrito de alegaciones, el contenido del mismo no desvirtúa los hechos y fundamentos de derecho contenidos en la presente acta objeto de recurso.
Por lo que la Inspectora actuante considera debe confirmarse el acta en todos sus términos."
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para resolver el presente procedimiento el Servicio Canario de Empleo (SCE), de conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.B).7 de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del SCE (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), donde se dispone que al SCE le corresponden las funciones de ejecución relativas al cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores y, en su caso, la potestad sancionadora, en las materias relativas al empleo y desempleo, en los términos que establece la legislación del Estado.
Dentro del SCE, le compete a la Dirección la tramitación de expedientes sancionadores, en aplicación de lo establecido en el artículo 9.1.i) de la citada Ley 12/2003, de 4 de abril.
Segundo.- Que el procedimiento se ha seguido conforme a lo establecido en el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, que aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones del orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social (B.O.C. nº 132, de 3.6.98).
Tercero.- El artículo 53.2 del Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y el 15 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, precitado, establecen que las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se extiendan con arreglo a los requisitos establecidos en ambos preceptos estarán dotadas de presunción de certeza respecto de los hechos reflejados en las mismas, salvo prueba en contrario, requisitos éstos que aparecen observados en el presente expediente.
Cuarto.- Una vez expuesto en los antecedentes de hecho el contenido del Acta de Infracción nº 1346/2006, analizadas las alegaciones realizadas por Juan Bolaños Suárez, y el informe ampliatorio emitido por el Inspector actuante, se desprende lo siguiente:
1. Se ha infringido lo establecido en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (B.O.E. nº 103, de 30.4.82).
2. Se ha vulnerado lo dispuesto en el artículo 2 (medidas alternativas) del Real Decreto 27/2000, de 14 de enero, por el que se establecen las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores (B.O.E. nº 22, de 26.1.00), actualmente derogado por el vigente Real Decreto 364/2005, de 8 de abril (B.O.E. nº 94, de 20.4.05).
3. Se ha quebrantado lo establecido en el artículo 4 del Real Decreto 1.451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del empleo de trabajadores minusválidos (B.O.E. nº 133, de 4.6.83).
4. Se ha infringido lo establecido en los artículos 4, 5 y 6 de la Orden de 24 de julio de 2000, por la que se regula el procedimiento administrativo referente a las medidas alternativas de carácter excepcional al cumplimiento de la cuota de reserva del 2 por 100 a favor de trabajadores discapacitados en empresas de 50 o más trabajadores (B.O.E. nº 190, de 9.8.00).
5. La infracción está tipificada como grave en el artículo 15.3 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. nº 189, de 8.8.00).
6. La sanción se aprecia en su grado mínimo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39.1 y 2 del mismo texto legal.
Quinto.- Procede la imposición de una sanción de trescientos euros con cincuenta y dos céntimos (300,52 euros), de conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del ya citado Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, teniendo en cuenta lo recogido en la Resolución de 16 de octubre de 2001, de la Subsecretaría del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la que se convierten a euros las cuantías de las sanciones previstas en el Real Decreto Legislativo 5/2000 (B.O.E. nº 260, de 30.10.01).
En virtud de lo expuesto,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a la entidad Juan Bolaños Suárez, una sanción por importe de trescientos euros con cincuenta y dos céntimos (300,52 euros) por infracción de la normativa en materia de empleo, en los términos recogidos en la presente Resolución.
Segundo.- El importe de la sanción que figura en esta Resolución deberá hacerse efectivo en el plazo de treinta días desde la fecha de notificación de la misma, conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1.b) del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, en la entidad Caja Insular de Ahorros de Canarias indicando C.I.F. y número de acta. Los números de entidad, oficina, dígito de control y cuenta corriente son los que a continuación detallamos:
ENTIDAD: Caja Insular de Ahorros de Canarias. 2052.
OFICINA: 8130.
D.C.: 24.
C/C: 3510002204.
Tercero.- En el caso de transcurso del período de ingreso voluntario sin efectuarse el mismo y de no haberse interpuesto, el correspondiente recurso de alzada, se devengará inmediatamente el recargo de apremio e intereses de demora y se procederá al cobro y/o ejecución, por el procedimiento administrativo de apremio.
Cuarto.- Notificar esta Resolución al interesado en el expediente respectivo con la indicación de que contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.- La Directora del Servicio Canario de Empleo, Soledad Monzón Cabrera, p.s., el Secretario General del Servicio Canario de Empleo [artículo 8, punto 3.a) del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del SCE], Emiliano Santana Ruiz.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de abril de 2007.- La Directora, p.s., el Secretario General [artículo 8, punto 3.a) del Decreto 118/2004, de 29 de julio, por el que se aprueba la estructura orgánica y de funcionamiento del SCE], Emiliano Santana Ruiz.
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