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Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación de Resolución citada en el domicilio señalado a tales efectos por el interesado y mediante inserción en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio, se procede, conforme a lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 enero, y mediante la publicación del presente anuncio, a la notificación de resolución por la que se declara parcialmente justificada, finalizado procedimiento de reintegro y de liquidación de intereses de demora de la subvención para asistencia técnica concedida a la entidad Cybercorner, S.L.L, de fecha 3 de agosto de 2006, nº 06-38/1799, cuyo tenor literal es el siguiente:
"Propuesta de Resolución por la que se declara parcialmente justificada la subvención concedida a la entidad Cybercorner, S.L.L., se declara finalizado el procedimiento de reintegro iniciado y de liquidación de intereses de demora.
Visto el expediente 32/02 I+E, en aplicación de la normativa vigente, resultan los siguientes antecedentes y fundamentos jurídicos,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Resolución del Director del Instituto Canario de Formación y Empleo nº 7.743, de fecha 19 de diciembre de 2002, se concedió a Cybercorner, S.L.L. C.I.F. B38643979, una subvención por asistencia técnica por importe de nueve mil doscientos sesenta euros con diecinueve céntimos (9.260,19 euros), para la contratación del experto técnico de alta cualificación D. Carlos Matías Prat Cavagna, N.I.F. 09.400.396, en los términos que se señalan en la Resolución de concesión y en cumplimiento de lo dispuesto en la Sección 2ª del Título III (artículos 21 a 25) de la Orden de 15 de julio de 1999, por la que se establecen las bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso de los proyectos y empresas calificados como I+E (B.O.E. de 31.7.99), y la corrección de errores de la citada Orden (B.O.E. nº 239, de 6.10.99).
Segundo.- El artículo 21, apartado c) de la Orden de 15 de julio de 1999, dice textualmente: "Subvención por asistencia técnica para la contratación de expertos técnicos de alta cualificación. Podrá concederse, a las empresas calificadas como I+E, una subvención equivalente al 50 por 100 de los costes laborales totales, incluida, las cotizaciones a la Seguridad Social por todos los conceptos correspondiente a un año, como máximo, como límite de tres millones de pesetas ...". Asimismo, tanto el artículo 25 de la Orden mencionada, y la corrección de errores de dicha Orden (B.O.E. nº 239, de 6.10.99), como la propia Resolución de concesión, establecen la obligación del beneficiario de la subvención de:
- Cumplir la resolución administrativa en sus propios términos.
- Recibos de salarios y boletines de cotización a la Seguridad Social (TC1 y TC2) correspondientes desde el momento de la contratación hasta el cumplimiento del citado período de tiempo subvencionado, de los expertos técnicos de alta cualificación contratados.
- Comunicar a la Dirección del Servicio Canario de Empleo la percepción, en su caso, de las ayudas concedidas para la misma finalidad por otras Administraciones públicas o Entes públicos o privados.
Tercero.- En cumplimiento de lo establecido en la normativa vigente, se procedió, mediante Acuerdo del Director del Servicio Canario de Empleo, de fecha 28 de marzo de 2005, notificado el día 21 de abril de 2005, a iniciar procedimiento de reintegro parcial de la subvención concedida, por no cumplirse con los requisitos de justificación establecidos en la normativa aplicable en los términos consignados en el propio Acuerdo, concediéndose al interesado un plazo de quince días para comparecer en el expediente, tomar audiencia y vista del mismo, proponer pruebas y realizar las alegaciones que tenga por convenientes.
Cuarto.- Con fecha 6 de mayo de 2005 y registro de entrada en el Servicio Canario de Empleo nº 362.210, el beneficiario ha presentado la documentación justificativa preceptiva además de la memoria de las actividades realizadas firmada debidamente por el experto técnico de alta cualificación, D. Carlos Matías Prat Cavagna, alegando que se tenga presentada en tiempo y forma. A la vista de la documentación obrante en el expediente y de las alegaciones realizadas por la empresa beneficiaria, resulta probado que la misma ha incurrido en causa determinante de reintegro parcial de la subvención concedida, por cuanto con fecha de entrada 5 de julio de 2002, registrado al nº 317.135, la entidad mencionada aportó el coste laboral total previsto, incluida las cotizaciones a la Seguridad Social por todos los conceptos, que le suponía la contratación del experto D. Carlos Matías Prat Cavagna (alta Seguridad Social: 18.4.02), cifrándose el mismo en 16.836,71 euros anuales. No obstante, de la documentación justificativa se desprende que el coste total de dicho experto que le ha supuesto realmente a la empresa ha sido inferior al previsto, cifrándose en 8.219,19 euros anuales. Todo lo expuesto supone un incumplimiento del artículo 21 apartado c) así como de la obligación establecida en el artículo 25.b) de la Orden de 15 de julio de 1999, reguladora de este tipo de subvenciones, siendo procedente la exigencia de reintegro en los términos que se señalan en la tabla siguiente:
uinto.- Visto el informe favorable de fiscalización previa limitada de la Intervención Delegada de la Consejería de Economía y Hacienda en el Servicio Canario de Empleo de fecha 12 de julio de 2006.A los citados hechos le son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Es competente para conocer el presente procedimiento de reintegro parcial la Directora del Servicio Canario de Empleo, según recoge el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. nº 80, de 28.4.03), en relación con el artículo 41.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (B.O.E. de 18.11.03).
Segundo.- Resulta de aplicación al presente procedimiento lo previsto en la Orden de 15 de julio de 1999, cuya gestión fue transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias mediante el Real Decreto 150/1999, de 29 de enero (B.O.E. de 17 de febrero), modificado por el Real Decreto 939/1999, de 4 de junio (B.O.E. de 25 de junio), gestión atribuida al Servicio Canario de Empleo por la Ley 12/2003, de 4 de abril (B.O.C. de 28 de abril), en relación con los Decretos 150/2001, de 23 de julio (B.O.C. de 3 de agosto) y 155/2002, de 24 de octubre (B.O.C. de 15 de noviembre).
Tercero.- Asimismo, resulta de aplicación al presente procedimiento de reintegro lo regulado en el Título II (artículos 36 al 43) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, todo ello, sin perjuicio de lo prevenido en el Título IV de la propia Ley General de Subvenciones, regulador de las infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones y de lo prevenido en el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, así como el artículo 26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999, que dice textualmente: "el incumplimiento de lo establecido en la presente Orden podrá originar, a la vista de la naturaleza y causas del incumplimiento, en su caso, el reintegro total o parcial, de las cantidades que se hubieran recibido, en su caso, con los intereses correspondientes, de acuerdo con lo previsto en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria", procediendo en este caso el reintegro parcial por cuanto con fecha de entrada 5 de julio de 2002, registrado al nº 317.135, la entidad mencionada aportó el coste laboral total previsto, incluida las cotizaciones a la Seguridad Social por todos los conceptos, que le suponía la contratación del experto D. Carlos Matías Prat Cavagna (alta Seguridad Social: 18.4.02), cifrándose el mismo en 16.836,71 euros anuales. No obstante, de la documentación justificativa se desprende que el coste total de dicho experto que le ha supuesto realmente a la empresa ha sido inferior al previsto, cifrándose en 8.219,19 euros anuales.
Cuarto.- También resulta de aplicación la Orden de 10 de junio de 2004 de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre liquidación de intereses de demora en el reintegro de subvenciones.
Quinto.- Resulta de aplicación, asimismo, lo establecido en el artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, relativo a la acumulación del procedimientos que guarden identidad sustancial o íntima conexión, siendo asimismo deseable que, en aras al cumplimiento del principio de eficacia consignada en el artículo 3 de la mencionada Ley 30/1992, se proceda, mediante la presente, a la acumulación de resolución de justificación parcial, con la de reintegro parcial, pues ambas ponen fin a un mismo procedimiento, siendo la una consecuencia y efecto directo de la otra.
Por cuanto antecede,
PROPONGO:
Primero.- Declarar parcialmente justificada la subvención concedida a la entidad Cybercorner, S.L.L. C.I.F. B38643979, mediante Resolución nº 7.743, de fecha 19 de diciembre de 2002, por importe de cuatro mil quinientos veinte euros con cincuenta y seis céntimos (4.520,56 euros).
Segundo.- Declarar la obligación de reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad Cybercorner, S.L.L. C.I.F. B38643979, mediante Resolución nº 7.743, de fecha 19 de diciembre de 2002, al haber incurrido el beneficiario en causa determinada de reintegro de la referida subvención, en los términos y por los motivos que han resultado probados en los antecedentes y fundamentos de derecho de la presente Resolución.
Tercero.- En aplicación de lo dispuesto en el artículo 26.2 de la Orden de 15 de julio de 1999, así como en el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, la cantidad total a reintegrar asciende a cinco mil quinientos veintitrés euros con ocho céntimos (5.523,08 euros), de los cuales cuatro mil setecientos treinta y nueve euros con sesenta y tres céntimos (4.739,63 euros) corresponden al principal, y setecientos ochenta y tres euros con cuarenta y cinco céntimos (783,45 euros), en concepto de intereses legales de demora devengados desde la fecha de pago de la subvención (23.1.03) hasta la fecha de la presente Resolución (4.8.06), calculados aplicando el tipo de interés a que se refiere el artículo 38.2 de la citada Ley General de Subvenciones de acuerdo con datos señalados en la tabla siguiente:
uarto.- El reintegro, que deberá ser notificado al Servicio Canario de Empleo, deberá efectuarse en el plazo máximo de quince días, y realizarse en la cuenta corriente que a continuación se indica: Caja General de Ahorros de Canarias. C.C.C. 2065 0118 81 1114001822.La no satisfacción de la deuda en período voluntario implicará la apertura de la vía ejecutiva, incrementándose las cantidades con el correspondiente recargo de apremio y, en su caso, los correspondientes intereses de demora.
Quinto.- La obligación de reintegro establecida en esta Resolución no exime al interesado de las demás responsabilidades en que haya podido incurrir como consecuencia del incumplimiento denunciado, y que se exigirán, en su caso, por los procedimientos que legalmente correspondan.
Sexto.- Notificar esta Resolución al interesado en el expediente respectivo con la indicación de que contra la misma, al no poner fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, conforme a lo previsto en los artículos 114 y 115, en relación con el artº. 48.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), sin perjuicio de que el interesado pueda ejercitar, en su caso, cualquier otro que estime procedente.
Esta es la propuesta que tengo a bien emitir, sin perjuicio de cualquier otra mejor fundada en derecho.- La Sudirectora de Empleo, p.a., la Jefe de Servicio de Empleo II (Acuerdo de 30.11.04), María Carmen Armada Estévez.
Vista la normativa aplicable y en uso de las facultades que me confiere el artículo 9.1.c) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Canario de Empleo, conforme se propone, resuelvo, la Directora, Soledad Monzón Cabrera."
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de marzo de 2007.- La Directora, Soledad Monzón Cabrera.
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