BOC - 2007/077. Miércoles 18 de Abril de 2007 - 1475

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

1475 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 3 de abril de 2007, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Petr y Dña. Tatiana Rotar, de la Resolución recaída en el expediente de I.M. 294/02.

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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Petr y Dña. Tatiana Rotar de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 871, de fecha 19 de marzo de 2007, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a D. Petr y Dña. Tatiana Rotar, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 871, de fecha 19 de marzo de 2007, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la Ordenación Territorial, con referencia I.M. 294/02, y cuyo texto es el siguiente:

"Examinados los datos obrantes en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, las actuaciones administrativas realizadas, los informes emitidos y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En suelo clasificado como rústico, en el lugar conocido como Cuevas del Monte, del término municipal de Santa María de Guía se han ejecutado la realización de unas obras consistentes, en la instalación de dos contenedores metálicos sobre una base de hormigón, así como el acondicionamiento y hormigonado de una pista por D. Petr Rotar, sin contar con la preceptiva calificación territorial ni licencia urbanística, exigidas en los artículos 27 y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

Segundo.- Mediante Resolución nº 3.533, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 26 de diciembre de 2006, notificada el día 3 de enero siguiente, se inició el procedimiento administrativo en orden a restaurar el orden jurídico infringido y a reponer la realidad física alterada por la realización de unas obras descritas en el fundamento primero de la presente.

Tercero.- Con fecha 11 de enero de 2007, se presentó por D. Petr en el Registro de entrada del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria un escrito de alegaciones, teniendo posterior entrada en el Registro de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural el 24 del mencionado mes, argumentando en síntesis, lo siguiente:

1. Que la instalación estaba totalmente acaba y que la Resolución nº 1603, de 3 de septiembre, le fue notificada hace más de cuatro años donde se le instaba para que, en un plazo de tres meses legalizara las obras, la cual fue llevada a cabo en cortos plazos.

2. Que el acondicionamiento de la pista existente se pretendía acabar con empedrado, para darle una imagen más acorde con el medio rural en que se encuentra, sin embargo, no se pudo llevar a cabo por haber sido denegada la calificación territorial. Además dada la pendiente de la pista y la humedad existente en la zona, ésta no era accesible con otros materiales de acabado menos adherentes, como era la tierra apisonada que anteriormente poseía.

3. Que los contenedores metálicos se instalaron provisionalmente, para servir de cuarto de aperos, almacenaje de cosechas en una plantación de más de 150 frutales y refugio durante las labores agrícolas, mientras se obtenían las autorizaciones para la construcción de un cuarto de aperos. Posteriormente al intentar las autorizaciones para la construcción del cuarto, se le informó por la Oficina técnica municipal que no existía suficiente superficie de parcela para justificar la existencia del cuarto, por eso no fue solicitada. Además alegó que la parcela se encuentra en Suelo Rústico de Protección Agraria y que los instrumentos de planeamiento no permiten las infraestructuras necesarias para desarrollar la actividad. Sin embargo, en todo momento ha sido mostrada la voluntad de legalización de las actuaciones ejecutadas así como la predisposición a la reposición de las cosas a su estado anterior.

Tercero.- Además constan en el expediente los siguientes documentos:

- Resolución nº 1.603, de 3 de septiembre de 2002, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural en la que se ordena la suspensión de las obras y se requiere al afectado para que en el plazo de tres meses instara la legalización de las obras.

- Escrito presentado en el Registro de Entrada de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural el 18 de marzo de 2003 por D. Petr Rotar donde manifestaba que había entregado al Excelentísimo Ayuntamiento de Guía (con número de entrada 1.106) el 19 de febrero de 2003, todos los papeles necesarios para la legalización de dichas obras. Sin embargo dicha solicitud estaba hecha a nombre de mi hija, Dña. Tatiana Rotar, la cual nunca tuvo conocimiento de las citadas obras, pero era la propietaria de los terrenos en cuestión.

- El 26 de marzo de 2003, mediante Diligencia de Precinto, se hace constar que las obras se encontraban terminadas.

- El 30 de diciembre de 2003 el Excmo. Cabildo de Gran Canaria mediante Decreto denegó la calificación territorial solicitada por Dña. Tatiana Rotar para la legalización de la instalación de unos contenedores en el lugar conocido como Cuevas del Monte, ubicado en el término municipal de Santa María de Guía.

- Informe técnico emitido por un personal adscrito a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural el 7 de diciembre de 2006 donde manifestaba lo siguiente:

· Que las obras no se encuentran en un Espacio Natural Protegido.

· Que según la Adaptación Plena del P.G.O. del municipio de Santa María de Guía con fecha de aprobación 2 de noviembre de 2005, las obras se sitúan en suelo rústico de Protección Agraria de Medianías.

· Que las actuaciones no cuentan con los Títulos Habilitantes preceptivos que les otorguen cobertura legal, siendo denegada la calificación territorial denegada para la instalación de contenedores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente de conformidad con lo establecido en los artículos 190 y 229 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

En relación con las alegaciones manifestadas por el afectado, se debe considerar lo siguiente:

1. No procede estimar la mera alegación de que la instalación estaba totalmente acabada, puesto que la denuncia fue cursada por Agentes de la Autoridad del Medio Ambiente del Excmo. Cabildo de Gran Canaria, el 2 de agosto de 2002, donde se constató en dicho documento público que las obras se encontraban en estado de ejecución y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los hechos constatados por funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad tendrán valor probatorio. Además conforme a lo establecido en el artículo 180.1 del TRLOTC aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, la Administración sólo puede adoptar válidamente las medidas cautelares y definitivas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado mientras los actos y usos estén en curso de ejecución y dentro de los cuatros siguiente a la completa y total terminación de las obras o el cese en el uso. Por lo que debemos matizar que la prescripción es una institución que implica la pérdida por parte de la Administración de la potestad para seguir un hecho constitutivo de infracción administrativa con fundamento en evidentes razones de seguridad jurídica, la Doctrina Jurisprudencial viene advirtiendo que la carga de la prueba la soporta no la Administración sino quien voluntariamente se queda en una situación de clandestinidad en la realización de las obras. De todo lo dicho, se desprende que como el particular no ha probado la fecha de terminación de la obra, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural está dentro del plazo para ejercitar la acción de restablecimiento porque si bien es cierto que está prescrita la infracción no ha caducado la potestad de la Administración para ejercitarla.

2. No tiene consecuencias prácticas el material con que se pretendía llevar el acondicionamiento de la pista puesto que realmente lo importante es que la misma fue llevada a cabo sin los títulos habilitantes (calificación territorial y licencia urbanística) exigidos en los artículos 27 y 166 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

3. Respecto a la instalación de los contenedores metálicos, los mismos debieron ser solicitados con antelación a los hechos denunciados, aunque se instalaran con carácter provisional para servir de cuarto de aperos tal y como exige el artículo 166 del TRLOTC, pese que el particular alega su buena voluntad de legalizar las actuaciones, con fecha 30 de diciembre de 2003, mediante el Decreto de Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria se deniega la calificación territorial solicitada por Dña. Tatiana Rotar, para la legalización de la instalación de unos contenedores, teniendo en cuenta que las actuaciones solicitadas carecen de proporción y vinculación a una explotación agrícola y que las obras proyectadas incumplen con lo establecido en la Normativa Municipal y en el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias.

Vista la legislación citada, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero y demás legislación concordante. En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado por la realización de unas obras consistentes en la instalación de dos contenedores metálicos sobre una base de hormigón, así como el acondicionamiento y hormigonado de una pista, en el lugar conocido como Cuevas del Monte, en el término municipal de Santa María de Guía, en suelo clasificado como rústico, sin la cobertura formal de las preceptivas autorizaciones administrativas (calificación territorial y licencia urbanística), mediante la reposición de la realidad física alterada a su estado originario anterior a la comisión de la infracción, a través de su retirada, con cargo a D. Petr y Dña. Tatiana Rotar, a tal efecto requerir a la interesada para que en el plazo de un mes, presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de restablecimiento como primer trámite de ejecución voluntaria, advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Segundo.- Requerir a D. Petr y a Dña. Tatiana Rotar para que en el plazo de un mes presente ante la APMUN el correspondiente proyecto de demolición y reposición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de lo acordado, conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Tercero.- Notificar la presente Resolución a D. Petr y a Dña. Tatiana Rotar y a cuantos interesados aparezcan en el expediente.

Contra el presente acto que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que ha dictado el mismo, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, o directamente, recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de abril de 2007.-El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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