BOC - 2007/060. Viernes 23 de Marzo de 2007 - 1094

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

1094 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de marzo de 2007, que notifica Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías de 17 de noviembre de 2006, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Lucendo Sancho, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 7 de diciembre de 2005, recaída en el expediente administrativo VBT 05/204, sobre disconformidad en facturación complementaria.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L., la Resolución de 17 de noviembre de 2006 (libro 01, nº reg. 188/09, folio 731-736), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Lucendo Sancho, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 7 de diciembre de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 05/204, sobre disconformidad en facturación complementaria.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de 2007.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías de 17 de noviembre de 2006, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Lucendo Sancho, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 7 de diciembre de 2005, recaída en el expediente administrativo VBT 05/204, sobre disconformidad en facturación complementaria.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Lucendo Sancho, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 7 de diciembre de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 05/204, sobre disconformidad en facturación complementaria, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 17 de junio de 2005, D. Jesús Martín Sosa presentó escrito de reclamación en el Ayuntamiento de La Orotava contra la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L., por medio del cual manifiesta su disconformidad con la facturación resultado de una acumulación de consumos desde septiembre del año 2001 hasta septiembre del año 2004, por no haber registrado el consumo de energía, mediante lecturas reales.

Segundo.- Con fecha 21 de julio de 2005, Endesa Distribución Eléctrica, S.L., informó sobre la referida denuncia en el sentido siguiente:

1.- Que por un error administrativo en la ubicación del suministro, corregida en diciembre de 2004, ocasionó incidencias en la toma de lecturas del contador durante el período de 17 de marzo de 2000-1 de diciembre de 2004.

2.- Dado que la facturación estimada entre esas dos fechas se elaboró tomando como base estimaciones de consumo que resultaron inferiores al efectuado en la instalación, la diferencia se incluyó en la factura de 11 de febrero de 2005, por importe de 1.878,86 euros. Dicha factura fue abonada el 18 de febrero de 2005.

Tercero.- El Jefe de Sección de Alta Tensión de la Dirección General de Industria y Energía, formula la siguiente propuesta:

"Estimar la reclamación de D. Jesús Martín Sosa y considerar improcedente las facturas giradas por Unelco-Endesa por no ajustarse a la reglamentación vigente (no se ha realizado las lecturas adecuadas al artº. 82.2), por lo que deberá realizarse una nueva factura por el período 11 de febrero de 2004 a 11 de febrero de 2005, en base a criterios objetivos y en nuestro caso como ya existen lecturas reales posteriores, deberá estimarse la media posterior al 11 de febrero de 2005 y, el pago podrá ser fraccionado durante 12 meses."

Cuarto.- El Jefe del Servicio de Instalaciones Energéticas, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dictó Resolución el 7 de diciembre de 2005 en el sentido de aceptar la citada propuesta del Instructor del expediente.

Quinto.- Con fecha 20 de enero de 2006, la empresa Endesa Distribución Eléctrica, S.L. presentó recurso de alzada, por medio del cual viene a decir lo siguiente:

1.- La parte recurrente reproduce los alegatos consignados en escrito de 13 de julio de 2005. Además, la entidad recurrente señala que no estamos ante un caso de incorrecto funcionamiento de equipos de medida, ni se apoya la refacturación en otro dato que no sean las lecturas reales del contador.

2.- La resolución impugnada pretende que la facturación del suministro se efectúe en base a criterios objetivos. Pero lo cierto es que no existe criterio más objetivo que el que aportan las lecturas tomadas de los equipos de medida.

3.- Una vez derogado el Decreto de 12 de marzo de 1954, por el que se aprueba el Reglamento de verificaciones eléctricas, por mor de la D. Dª Única de la Ley 4/1994, de 30 de diciembre, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional; reiterada dicha derogación por el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, que incluye la normativa que le sustituye, no existe, en la reglamentación especial del sector, tratamiento específico para la refacturación del suministro efectuado a clientes sometidos al régimen de tarifa.

En efecto, el citado Real Decreto 1.955/2000 se limita a autorizar la refacturación complementaria, para el caso de que exista un funcionamiento incorrecto de equipos de medida y control, o el error sea de carácter administrativo y, para el caso de consumidores cualificados, restringe la facturación, de tal manera que ni el aplazamiento ni el período a rectificar supere el año (artº. 96 del Real Decreto 1.955/2000).

Sobre la cuestión que se plantea habrá, por tanto, que acudirse a los principios generales del derecho y las normas contenidas en el Código Civil, de carácter informador del ordenamiento y subsidiario, los primeros (artº. 1.4 CC), y de aplicación supletoria las segundas (artº. 4.3 CC).

Entre los principios generales del derecho, cabe destacar el que prohíbe el enriquecimiento injusto, consagrado por unánime jurisprudencia, cuya cita pormenorizada se excusa por reiteradísima. De acuerdo con este principio, no cabe admitir que, en las relaciones entre particulares, una de las partes obtenga un beneficio de la otra, sin causa o con causa ilícita. El carácter sinalagmático del contrato de suministro eléctrico (que no es otra cosa que un arrendamiento de servicios, de los regulados en el artº. 1544 y siguientes CC) determina que la prestación efectuada por la distribuidora tiene por causa la contraprestación del abonado, consistente en el pago de su precio (artº. 1278 CC). Pretender que el suministro efectuado no obliga al abonado al pago de su precio, es pretender -palmariamente- un enriquecimiento sin causa.

4.- Cuando el citado artº. 96 del Real Decreto 1.955/2000 se refiere a consumidores cualificados, lo hace, a quienes, cumpliendo los requisitos para acogerse al régimen de adquisición de energía eléctrica previsto para dichos consumidores, ejercen, efectivamente la opción de adquirir su energía fuera del régimen general tarifario (artº. 17, Ley 54/1997). Para ello, estos consumidores deben inscribirse, en primer lugar, en el Registro Administrativo de Distribuidores, Comercializadores y Consumidores Cualificados, de conformidad con el artº. 181 del Real Decreto 1.955/2000. Una vez acogido a la condición de cualificado, el consumidor tiene, no obstante, la posibilidad de retornar al régimen de tarifa, en la forma reglamentaria prevista (artº. 17.2 de la Ley).

Mantenerse en el régimen tarifario supone, para el consumidor, acogerse, no sólo a unos precios establecidos administrativamente, sino también la tutela reforzada que dispensa al consumidor el Capítulo I del Título VI del Real Decreto 1.955/2000, excluyéndose de ella a quienes se introducen en el sistema liberalizado previsto por el Título V del Real Decreto 1.955/2000. Se trata de dos regímenes incompatibles. O se es consumidor cualificado, acogiéndose a las reglas que estructuran el mercado de la energía eléctrica, o se es consumidor a tarifa, exonerándose de las reglas del mercado, al abrigo de los precios administrativamente establecidos.

El reclamante es consumidora a tarifa; no ha ejercitado la opción de adquirir su energía fuera del régimen general de la tarifa, por lo que no puede acogerse, en forma alguna, a las reglas previstas para quienes lo abandonan, sometiéndose a las que rigen el libre mercado.

Es de señalar además que, por su carácter limitativo de los derechos legales, por su carácter excepcional y específico del régimen de los consumidores cualificados, no es posible formular una interpretación extensiva del comentado artº. 96 del Real Decreto 1.955/2000. La prescripción no es un instituto que encuentre justificación en fundamentos de estricta justicia material, por lo que su interpretación debe efectuarse siempre, de forma restrictiva, según tiene reiterado hasta la saciedad el Tribunal Supremo.

5.- Como se ha dicho, el artº. 96, Real Decreto 1.955/2000, para el caso de consumidores cualificados, restringe la posibilidad de refacturación, de tal manera que, ni el aplazamiento ni el período a rectificar puedan superar el año. Esta limitación temporal de los derechos de refacturación de las entidades distribuidoras no tiene cobertura legal alguna. No es que se trate de una previsión reglamentaria praeter legem; es que contradice, de forma abierta, las determinaciones del Código Civil en materia de prescripción de derechos y obligaciones. Como es sabido, son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior (artículos 51 y 62 de la Ley 30/1992).

Los artículos 9.3 y 103 de la Constitución Española declaran los principios de jerarquía normativa y del sometimiento de las Administraciones Públicas a la Ley. La aplicación de tales principios jurídicos básicos implica la invalidez de cualquier actuación de las Administraciones públicas que no encuentre cobertura en normas con rango de Ley. La disposición reglamentaria de que tratamos es, por tanto, nula, viciada de nulidad radical, ipso iure, de pleno derecho, por lo que su inaplicación procede, como imperativo procedimental.

Como nos enseña BALLBE, la conexión necesaria entre Administración y Derecho y la máxima que la cifra, quae non sunt permissae, prohibita intelligentur, por diferencia de aquella otra que rige las relaciones jurídicos privadas (permissum videtur in omne quod non prohibetur), implica que toda acción jurídica concreta, si quiere ser tenida como tal acción administrativa válida, ha de ser examinada desde el punto de vista de su relación con el orden jurídico, y sólo en la medida en que pueda ser referida a una norma jurídica o, partiendo del principio jurídico, se pueda derivar de él, podrá ser tenida como tal acción administrativa válida.

6.- Teniendo en cuenta que el artº. 96 del Real Decreto 1.955/2000 establece idéntico tratamiento para supuestos de errores técnicos y de errores administrativos, no existe, entonces, razón para escapar de la aplicación del artº. 13 del Reglamento de Puntos de Medida (Real Decreto 2.018/1997), según modificación operada por artículo único del Real Decreto 385/2002, preceptúa que, cuando -como es el caso- resulta posible determinar la fecha en que se produjo la avería, las correcciones se aplicarán desde esa fecha.

7.- La resolución impugnada trae su causa en la aplicación de una disposición radicalmente nula, sin cobertura legal y contraria a las normas de aplicación, con rango de Ley. Pero es que, además, la Administración recurrida ha efectuado una interpretación torcida de la mentada disposición reglamentaria, opuesta a los criterios que rigen la totalidad de nuestro sector eléctrico y, en virtud de dicha interpretación, el usuario adquiere facultades o derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición. La resolución combatida incurre, en definitiva, en causa de nulidad radical, ipso iure, de pleno derecho, con arreglo al artº. 62.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Subsidiariamente, habría de considerarse simplemente nula, con arreglo al artº. 63 de la misma Ley 30/1992.

8.- Por todo ello, la entidad recurrente solicita que se declare la nulidad de la resolución recurrida y que D. Jesús Martín Sosa abone a la recurrente las cantidades dejadas de facturar como consecuencia del error administrativo producido en la facturación, y desde la fecha en que se produjo el error.

Sexta.- Con fecha 12 de abril de 2006, se remitió una copia del recurso de alzada a D. Jesús Martín Sosa, a fin de que formulara las alegaciones que estime convenientes respecto a dicho escrito de impugnación en el plazo de diez días.

Séptimo.- D. Jesús Martín Sosa no ha presentado escrito de alegaciones respecto a dicho recurso de alzada.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto el recurso de alzada se ha interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el Decreto 101/2006, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El presente recurso de alzada puede prosperar parcialmente, y ello en base a los siguientes razonamientos:

1.- Respecto a la primera de las alegaciones realizadas por la recurrente, de reproducción de las alegaciones vertidas en escrito de fecha 13 de julio de 2005, ya fueron recogidas y debidamente contestadas en la Resolución que ahora se impugna.

2.- En cuanto al resto de las alegaciones esgrimidas, hay que hacer constar, en primer lugar, que la relación entre la empresa distribuidora de la energía eléctrica y los consumidores es una relación de servicio, a través de la cual, la primera suministra energía eléctrica en unas determinadas y reglamentarias condiciones a cambio de una contraprestación económica. Por tanto, son evidentes las alegaciones de la entidad suministradora en cuanto a que la prestación efectuada por la distribuidora tiene por causa la contraprestación del abonado, consistente en el pago de su precio; pero no es menos cierto que la cantidad a abonar ha de ser acorde con lo que estipule la normativa de aplicación para el supuesto que se ha planteado.

El caso que nos ocupa trata de un supuesto de "error administrativo", producido por un error en la ubicación del suministro, lo que ha conducido a emitir sólo lecturas estimadas desde el año 2001, las cuales reflejan cantidades inferiores a las lecturas reales. A este respecto, el artículo 96.2 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, establece que: "En el caso de comprobarse un funcionamiento incorrecto, se procederá a efectuar una refacturación complementaria. Para los consumidores cualificados u otros sujetos cualificados, si se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, la diferencia a efectos de pago podrá ser prorrateada en tantas facturas mensuales como meses transcurrieron en el error, sin que pueda exceder el aplazamiento ni el período a rectificar de un año. Sin perjuicio de lo establecido reglamentariamente para los consumidores cualificados u otros sujetos cualificados, si hubiesen abonado cantidades en exceso, la devolución se producirá en la primera facturación siguiente, sin que pueda producirse fraccionamiento de los importes a devolver, ni el período de rectificación supere un año. En este caso, se aplicará a las cantidades adelantadas el interés legal del dinero. En el caso de que el error sea de tipo administrativo, los cobros o devoluciones tendrán el mismo tratamiento que el señalado anteriormente".

La cuestión planteada por la recurrente, básicamente, consiste en no considerar a D. Jesús Martín Sosa como un consumidor cualificado, sino a tarifa, con lo cual, entiende que no podría acogerse a lo estipulado por la norma citada con anterioridad.

Sobre este particular, hay que subrayar que estamos en presencia de un caso de error administrativo que afecta principalmente a cantidades dejadas de percibir por la empresa distribuidora con anterioridad al 1 de enero de 2003, fecha a partir del cual todos los consumidores a tarifa son considerados consumidores cualificados (artículo 19 del Real Decreto Legislativo 6/2000 y Decreto Territorial 205/2000, de 30 de octubre), y por tanto, no es correcto aplicar al presente caso el citado artículo 96.2, puesto que el recurrente en el período de las facturaciones erróneas no tenía la condición de consumidor cualificado, además hay que tener en cuenta que el Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, no ha derogado el Real Decreto 1.725/1984, de 18 de julio, que modifica el anterior Reglamento de Verificaciones Eléctricas de 12 de marzo de 1954, por lo que procede aplicar al presente caso la condición general 30 del modelo de póliza de abono aprobado por el citado Real Decreto 1.725/1984, a cuyo tenor literal: "Corrección de errores: en los casos que por error administrativo se hubieran facturado cantidades inferiores a las debidas, se escalonará el pago de la diferencia en un plazo, que salvo acuerdo en contrario, será de igual duración que el período que se extiendan las facturaciones erróneas, con un tope máximo de dos años."

Este criterio fue aplicado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife en su sentencia de fecha 15 de diciembre de 2005 (recurso contencioso-administrativo 929/2003) sobre un caso de error administrativo en las facturaciones emitidas por la empresa distribuidora.

3.- En consecuencia, y por lo que se refiere al período de refacturación, es preciso señalar que la resolución recurrida establece el período de un año para la refacturación, si bien el artículo 96.2 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, no resulta procedente aplicarlo al presente caso por las razones expuestas en el apartado precedente, y por tanto, la empresa distribuidora tiene el derecho de cobrar las cantidades dejadas de percibir, como consecuencia del error administrativo producido con anterioridad al 1 de enero de 2003, según los términos previstos en la condición general 30 de la Póliza de Abono, pero con la limitación temporal del plazo de prescripción de los tres años, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1967 del Código Civil, y de forma escalonada, con un tope máximo de dos años, tal como establece la citada condición general 30.

4.- Por último, y en cuanto a la aplicación del artículo 13 del Reglamento de Puntos de Medidas aprobado por el Real Decreto 2.018/1997 invocado por la parte recurrente debe ser igualmente rechazada, y ello por los siguientes motivos:

a) En primer lugar, hay que señalar que el Título VI del Real Decreto 1.955/2000 regula todos los aspectos esenciales del contrato de suministro, tales como facturaciones, pago y suspensión del suministro, resolución de los contratos, medidas y control, por tanto, hay que entender que esta regulación reglamentaria resulta ser más específica para el caso que nos ocupa que el Real Decreto 385/2002 invocado por la entidad recurrente, el cual versa sobre los puntos de medida de los consumos, pero desde una vertiente exclusivamente técnica, y en consecuencia, ajena al contrato de suministro. En consecuencia, y mientras siga en vigor el Real Decreto 1.955/2000, las cuestiones que se susciten en materia de facturaciones de suministro eléctrico deben ser resueltas al amparo del Real Decreto 1.955/2000.

b) En segundo lugar, y a mayor abundamiento, estamos en presencia de un error administrativo, y no de un incorrecto funcionamiento del equipo de medida, y por tanto, el artículo 13 del Real Decreto 385/2002 sólo contempla el supuesto de error técnico del contador, lo que resulta inaplicable dicho precepto al caso que nos ocupa.

VISTOS

El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías; el Decreto 101/2006, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por D. José Antonio Lucendo Sancho, en representación de la entidad Endesa Distribución Eléctrica, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 7 de diciembre de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 05/204, sobre disconformidad en facturación complementaria en el sentido siguiente:

1.- Que la empresa distribuidora tiene derecho a cobrar las cantidades dejadas de percibir, en base a las lecturas reales, pero respetando la limitación temporal de los tres años establecido por el artículo 1967 del Código Civil para la prescripción de obligaciones.

2.- La forma de pago de las cantidades adeudadas a la empresa distribuidora será, de forma escalonada, dentro del período a que se extienden las facturaciones erróneas, con un tope máximo de dos años.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Jorge M. Rodríguez Díaz.



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