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BOC Nº 022. Martes 30 de Enero de 2007 - 309

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

309 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 22 de enero de 2007, que notifica la Resolución de 21 de diciembre de 2006, de la Viceconsejería de Turismo, por la que se resuelve recurso de alzada interpuesto por D. Juan Pedro Escobar Marrero, en representación de la entidad mercantil Hoteles Incabo, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Interpalace.

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Visto los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Hoteles Incabo, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Interpalace, la Resolución de 21 de diciembre de 2006 (libro nº 1, folio 1935, nº 528), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 142/06 (expediente nº 18/06), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 799, de fecha 9 de mayo de 2006.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 22 de enero de 2007.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.

A N E X O

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso de alzada nº 142/06 interpuesto por D. Juan Pedro Escobar Marrero, actuando en representación de la entidad mercantil "Hoteles Incabo, S.L.".

Visto el recurso de alzada nº 142/06, formulado por D. Juan Pedro Escobar Marrero, actuando en representación de la entidad mercantil "Hoteles Incabo, S.L.", titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Interpalace", sito en calle Aceviño, 21, Urbanización La Paz, término municipal de Puerto de la Cruz, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería de Turismo nº 799, de fecha 9 de mayo de 2006, recaída en el expediente sancionador nº 18/06, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de dos infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:

"Primero.- Deficiencias leves en las habitaciones nº 047, 316 y 124, consistentes en: los armarios empotrados y las puertas de los baños están deteriorados por el uso, presentando falta de barniz y golpes. En la habitación nº 047 la rejilla de toma de aire, del apartado de aire acondicionado presenta señales de óxido. Lo que se desprende de la referida acta de inspección.

Segundo.- No advertir o indicar en las habitaciones, que el establecimiento no responde del dinero, alhajas y objetos de valor que no sean depositados en las cajas fuertes existentes al efecto, lo que se desprende de la referida acta de inspección."

Hechos que determinaron la imposición de sanciones de multa en cuantías de novecientos (900) euros, por el primer hecho infractor, y trescientos cuarenta y cinco (345) euros, por el segundo hecho infractor.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando que se proceda a la sustitución de la sanción pecuniaria propuesta por el apercibimiento.

Del cuerpo del escrito presentado resulta que el recurso se fundamenta en un solo argumento, aducido ya en el escrito de descargo a la Propuesta de Resolución, relativo a que, a tenor de lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, habida cuenta que la parte recurrente no es reincidente, que las infracciones administrativas a la normativa turística son calificadas como leves y que la entidad tiene la voluntad de enmendar las pequeñas deficiencias que han dado lugar a la imposición de las sanciones de multa, procederá imponer la sanción de apercibimiento.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Asimismo, se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

En la Resolución de inicio, Propuesta de Resolución y Resolución sancionadora, se constatan como errores "... anexo del Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", "... ACEVIÑO ...", "... Deficiencias leves en las habitaciones nº 047 y nº 316 ...", debiendo figurar "... Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", "... C/ACEVIÑO ..." y "... Deficiencias leves en las habitaciones nº 047, 316 y 124...". Otro error en la Propuesta de Resolución es la omisión de la fecha y número de registro de las reclamaciones formuladas por Dña. María Eulalia García Suárez y por Dña. Laura Alonso Santamaría, debiendo consignarse respectivamente "... 12 de noviembre de 2004 ... 873626 ..." y "... 29 de octubre de 2004 ... 830656 ...". Igualmente, en la indicada Propuesta se comete el error de transcribir "... titular del establecimiento ...", error que se reproduce en la Resolución sancionadora, en lugar de "... titular de la explotación turística del establecimiento ...".

Cuarto.- Procede examinar si la Resolución sancionadora que se recurre, y que trae causa del expediente sancionador nº 18/06, se ajusta o no a Derecho.

Constituye prueba de cargo suficiente para acreditar los dos hechos constitutivos de las infracciones administrativas a la normativa turística y de las sanciones de multa impuestas, los hechos constatados por el Inspector actuante en el acta de inspección nº 9756, de fecha 4 de abril de 2005, tras su visita al establecimiento hotelero a los efectos de comprobar los hechos denunciados a través de las correspondientes Hojas de Reclamaciones por usuarios turísticos, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses hubiera podido aportar la entidad mercantil sancionada, pruebas que en ningún momento han sido aportadas, reconociéndose, tanto en el escrito de descargo a la Propuesta de Resolución, como en el de formulación del recurso de alzada, aunque no de forma expresa, pero sí tácitamente, toda vez que no se desvirtúan mediante alegaciones y pruebas que contradigan o pongan en entredicho las afirmaciones de la Administración, la existencia de deficiencias leves en la prestación del servicio y la falta de información, de exposición pública obligatoria, a los usuarios turísticos.

Atribuye valor probatorio al acta de inspección extendida por Inspector de turismo el apartado tercero del artículo 137 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como, el apartado segundo del artículo 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo. Actas que atribuyen un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los inspectores, salvo prueba en contrario. Principio de veracidad y fuerza probatoria reconocido por el Tribunal Supremo, entre otras, en su sentencia de 4 de marzo de 1998, al afirmar que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. La carga de la prueba la tiene el actor, quien debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad de la citada acta de inspección es "iuris tantum" y por lo tanto admite prueba en contrario, prueba que en momento alguno ha sido aportada por la entidad recurrente para desvirtuar la comisión de ambas infracciones administrativas a la disciplina turística.

En relación con el primero de los hechos infractores queda probado que en el momento de la visita de inspección al establecimiento hotelero, tres de sus unidades alojativas presentaban deficiencias, no conservándose por la entidad titular del inmueble, respecto de sus instalaciones, la calidad que fue tenida en cuenta para poder concederles las autorizaciones turísticas pertinentes. Calidad que en materia turística es objetivo primordial y de indudable valor para garantizar el destino y fidelización de los usuarios turísticos. Cuestión esta que ha hecho que la propia Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, disponga en su artículo 43 que "los establecimientos alojativos deberán conservar siempre las instalaciones y ofrecer los servicios, al menos con la calidad que fue tenida en cuenta para concederles las autorizaciones turísticas pertinentes", y que tipifique como de infracciones graves y leves, en sus artículos 76.3 y 77.4, las deficiencias en la prestación de los servicios, instalaciones y enseres.

También es prueba suficiente, no desvirtuada por la entidad mercantil, para imputar el segundo de los hechos infractores, el acta de inspección nº 9756, de fecha 4 de abril de 2005. En todas las habitaciones, apartamentos o "suites", a tenor del apartado tercero del artículo 18 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros, y en lugar que permita su lectura sin dificultad o mediante escrito figurará la indicación en los idiomas español, inglés, alemán y francés y cualquier otro que sea conveniente a juicio de la empresa, de que el establecimiento no responde del dinero, alhajas u objetos de valor que no sean depositados en la forma establecida en el número primero de este artículo, es decir, en el servicio de custodia que se prestará en todos los establecimientos, bajo recibo por los huéspedes. Y lo cierto es que la parte ahora recurrente no informó a los usuarios turísticos, en la forma reglamentariamente establecida, de lo indicado en el citado apartado tercero del artículo 18, siendo tal omisión constitutiva de infracción leve a la disciplina turística tipificada en el apartado primero del artículo 77 de la señalada Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, del siguiente tenor: "La carencia de anuncios, distintivos, señales o información de exposición pública obligatoria, la negativa a facilitarla o cualquier otra forma de ocultación de los mismos".

En razón de lo expuesto, existe una responsabilidad administrativa de la titular de la explotación turística del establecimiento consignado en el expediente sancionador nº 18/06, en base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.b) del citado texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

En cuanto a la pretensión de la entidad expedientada de sustituir las sanciones pecuniarias por la de apercibimiento al no ser reincidente, al constituir los hechos infracciones administrativas leves y a la voluntad de enmendar las pequeñas deficiencias, la misma no puede prosperar por cuanto se pasa exponer. De conformidad con la Resolución sancionadora, consideración jurídica quinta, "si bien es cierto que no existen antecedentes por los hechos infractores constatados, no es menos cierto que ya se han resuelto con anterioridad expedientes sancionadores al referido establecimiento, sobre deficiencias generalizadas, el día 18 de febrero del 2005, y el día 10 de septiembre del 2004 por deficiencias leves, todo ello se debe valorar en cuanto al tipo de sanción a imponer". Reincidencia que resulta acreditada de los antecedentes en materia sancionadora obrantes en la Consejería de Turismo, de tal forma que se tiene constancia de que la misma entidad mercantil, titular del establecimiento hotelero que ahora se consigna en el expediente sancionador nº 18/06, fue sancionada, por Resolución de la Viceconsejería de Turismo nº 311, de fecha 10 de septiembre de 2004, por deficiencias leves con una sanción de multa de 600 euros, y por Resolución del mismo órgano nº 40, de 18 de febrero de 2005, por deficiencias generalizadas siendo sancionada por ello con multa de 5.258 euros. Si bien es cierto que la reincidencia sólo se produce respecto del primer hecho infractor, no así en cuanto al segundo, la Administración optó por no sancionar con apercibimiento por cuanto es potestativo para la misma apercibir, no sólo cuando no exista reincidencia, sino también cuando no se estime conveniente la imposición de multa, conforme establece el apartado primero del artículo 79 de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Y en el presente caso, se estimó por la Administración la conveniencia de sancionar a la vista de los criterios valorados para la graduación de las sanciones, recogidos en el artículo 79, in fine, del mismo texto legal, entre ellos, los perjuicios causados a los reclamantes y la naturaleza de la infracción. Todo ello, permite afirmar además que a la hora de fijar las cuantías de las sanciones de multas no ha sido vulnerado el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Principio de indudable arraigo penal, en el seno del procedimiento sancionador, que debe presidir el derecho administrativo sancionador. Según viene manteniendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de octubre de 1990, y 3 de mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que se otorga a la Administración en la imposición de sanciones dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce al ámbito de sus potestades sancionadoras.

Cuando la norma establece para una infracción varias sanciones o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la sanción que se fija debe motivarse, constituyendo esta falta de motivación un defecto formal. La exigencia de motivación ha sido reconocida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2004.

En la Resolución sancionadora, ahora recurrida, se afirma que en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establece en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, siendo tales criterios los de la reincidencia y perjuicios causados a los reclamantes, en cuanto al primer hecho infractor, y la naturaleza de la infracción, respecto del segundo hecho infractor.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 132/06-C, emitido con fecha 15 de diciembre de 2006 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Desestimar el recurso de alzada nº 142/06 formulado por D. Juan Pedro Escobar Marrero, actuando en representación de la entidad mercantil "Hoteles Incabo, S.L.", titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Hotel Interpalace", sito en calle Aceviño, 21, Urbanización La Paz, término municipal de Puerto de la Cruz, y confirmar la Resolución del Director General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería de Turismo nº 799, de fecha 9 de mayo de 2006, recaída en el expediente sancionador nº 18/06, que determinó la imposición de sanciones de multa en cuantías de novecientos (900) euros, por el primer hecho infractor, y trescientos cuarenta y cinco (345) euros, por el segundo hecho infractor, manteniéndose, en consecuencia, todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Viceconsejera de Turismo, Pilar Parejo Bello.

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