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El Decreto 112/2002, de 9 de agosto, de traspaso de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de explotación, uso y defensa y régimen sancionador de las carreteras de interés regional (B.O.C. nº 110, de 16 de agosto), tiene como objetivo determinar las funciones que comportan las competencias transferidas, que hasta el momento de entrada en vigor de la Ley Territorial 8/2001, de 3 de diciembre, de modificación parcial de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, figuraban como delegadas, por el Decreto 162/1997, de 11 de julio, teniendo en cuenta la legislación vigente aprobada con posterioridad al referido Decreto.
La Disposición Adicional Tercera del citado Decreto 112/2002, en su apartado 1, establece que la puesta en servicio de los nuevos tramos de vía de titularidad de la Comunidad Autónoma de Canarias, como resultado de una nueva construcción o del acondicionamiento de otra existente, implicará la simultánea asunción de los Cabildos Insulares respectivos de las tareas de conservación, mantenimiento y gestión del dominio público, y la asignación y transferencia por la Comunidad Autónoma de Canarias a aquéllos de la dotación económica correspondiente en la forma legalmente prevista, según los módulos que se establezcan con carácter general para la red viaria de cada isla.
Asimismo, la Disposición Adicional señalada en el párrafo anterior, en su apartado 3, establece que los módulos económicos indicados en su apartado 1 se determinarán o actualizarán, con vigencia anual o plurianual, por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, previo informe-propuesta de la Conferencia Sectorial correspondiente, y se elaborarán teniendo en cuenta los criterios en ella contemplados.
Finalmente, la Disposición Adicional Séptima de la Ley 9/2005, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2006 (B.O.C. nº 255, de 30 de diciembre), establece que la distribución entre los Cabildos Insulares del crédito consignado en la aplicación presupuestaria 11.90.513H.760.00, proyecto de inversión 03711101, denominado "Ajuste incremento longitud red regional y mantenimiento obras singulares", se realizará por el Gobierno de Canarias de acuerdo con la propuesta conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, previo dictamen de la Conferencia Sectorial correspondiente; lo que tuvo lugar en la sesión de la Conferencia Sectorial de competencias y funciones transferidas y delegadas a los Cabildos Insulares en materia de carreteras celebrada el día 28 de noviembre de 2006.
Respecto de la cantidad a distribuir (1.200.000 euros), dándose las mismas circunstancias que en el ejercicio 2005, la citada Conferencia Sectorial propone que se mantenga la misma distribución que la del citado ejercicio, esto es:
CABILDOS INSULARES IMPORTE TOTAL
El Hierro 27.758 euros
Fuerteventura 138.156 euros
Gran Canaria 324.582 euros
La Gomera 95.430 euros
Lanzarote 106.786 euros
La Palma 178.214 euros
Tenerife 329.074 euros
Total 1.200.000 euros
En su virtud, a propuesta conjunta de los Consejeros de Infraestructuras, Transportes y Vivienda y de Economía y Hacienda, previa deliberación del Gobierno de Canarias en su reunión celebrada el día 19 de diciembre de 2006,
D I S P O N G O:
Distribuir entre los Cabildos Insulares la partida de un millón doscientos mil (1.200.000) euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 11.90.513H.760.00, proyecto de inversión 03711101, denominado "Ajuste incremento longitud red regional y mantenimiento obras singulares", en los siguientes términos:
CABILDOS INSULARES IMPORTE TOTAL
El Hierro 27.758 euros
Fuerteventura 138.156 euros
Gran Canaria 324.582 euros
La Gomera 95.430 euros
Lanzarote 106.786 euros
La Palma 178.214 euros
Tenerife 329.074 euros
Total 1.200.000 euros
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 19 de diciembre de 2006.
EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Adán Martín Menis.
EL CONSEJERO DE INFRAESTRUCTURAS,
TRANSPORTES Y VIVIENDA,
Antonio Ángel Castro Cordobez.
EL CONSEJERO DE
ECONOMÍA Y HACIENDA,
p.s., LA CONSEJERA DE SANIDAD
(Decreto 330/2006,
de 19 de diciembre, del Presidente),
María del Mar Julios Reyes.
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