BOC - 2006/238. Lunes 11 de Diciembre de 2006 - 4550

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4550 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 23 de noviembre de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Doris Grillo González interesada en el expediente nº 1088/05-U.

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No habiéndose podido notificar a Dña. Doris Grillo González en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1088/05-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a Dña. Doris Grillo González la Resolución de fecha 23 de octubre de 2006, recaída en el expediente con referencia 1088/05-U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. Doris Grillo González, por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la construcción de una vivienda de dos plantas de altura, y de 120 m2 aproximadamente, en el lugar denominado calle La Asomada, 26, en el término municipal de El Tanque.

Vistos los informes técnicos y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- En el lugar conocido como calle La Asomada, 26, en el término municipal de El Tanque, se están ejecutando obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la construcción de una vivienda de dos plantas de altura, y de 120 m2 aproximadamente, promovidas por Dña. Doris Grillo González, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística.

Segundo.- Como consecuencia de lo anterior, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dicta Resolución nº 3998, de fecha 30 de noviembre de 2005, notificada el día 7 de diciembre de 2005, por la que se acuerda suspender dichas obras y se le requiere a Dña. Doris Grillo González, para que en el plazo de tres meses inste la legalización de las obras.

Tercero.- Con fecha 22 de mayo de 2006, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 1362, notificada con fecha 9 de junio de 2006, por la que se acuerda incoar expediente sancionador por los hechos expuestos.

Cuarto.- Por el Instructor del expediente se formuló como Propuesta de Resolución, la imposición de una multa de treinta mil (30.000) euros, a Dña. Doris Grillo González, como responsable de una infracción urbanística tipificada y calificada como grave, por el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC), así como acordar la demolición de las obras ilegalmente construidas.

Quinto.- Notificada la Propuesta de Resolución a la interesada, ésta presenta escrito de fecha 10 de agosto de 2006, por el que formula alegaciones y sucintamente expone:

- Que se trata de un error inicial por parte de la Agencia, al entender que se lleva a cabo una construcción, cuando en realidad lo que se ejecutaba eran pequeños trabajos de albañilería consistentes en enfoscados de la fachada, es decir trabajos de carácter estético o de decoro, no afectando a su volumen. Se incorpora notificación expedida por la Secretaria del Ayuntamiento, donde se acreditan tales extremos, así como la antigüedad de la vivienda. En realidad la vivienda se construye en el año 1985, se une fotocopia de la licencia de obras que se solicita con fecha 20 de febrero de 1985. Cuenta con licencia para dotar el servicio domiciliado de agua potable, célula de habitabilidad, empadronamiento y además a efectos notariales en la que se han producido sucesivas compraventas siempre ha sido calificado solar, finca urbana.

- Que de acuerdo con la Ley 4/2006, de 22 de mayo, se solicita que sea suspendida la ejecutoriedad de las órdenes de demolición dictadas o que se pudieran dictar razones de necesidad socioeconómica y por reunir este dicente los requisitos establecidos en la presente disposición.

- Que el planeamiento del Ayuntamiento de El Tanque prevé la inclusión de la edificación en suelo urbano o en rústico con la categoría de asentamiento rural, documento que se aportará igualmente en el momento legal oportuno.

- Que reitero mi disconformidad con la calificación de los hechos imputados y la cuantía de la sanción, que resulta desproporcionada y que deben tenerse en cuenta otros principios fundamentales: principio de proporcionalidad y la ponderación de graduar la sanción.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (en adelante, TRLOTC), en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.

II.- Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación territorial, de conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLOTC.

III.- Las alegaciones realizadas por el interesado no vienen a desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, consistente en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.

El motivo de la incoación de este procedimiento administrativo, es la realización de obras sin los títulos legitimantes, claramente evidenciados en las fotografías adjuntas a la denuncia, el que existiera con anterioridad una vivienda, no fundamenta ni justifica la realización de dichas obras sin las autorizaciones necesarias, es más en dichas fotografías se comprueba que las obras no se encontraban finalizadas en esa fecha, por lo que entendemos que la certificación emitida por el propio Ayuntamiento, haciéndose constar la prescripción de las obras que nos ocupan, debe tratarse de un error, dado que en virtud del artículo 201 "in fine" del TRLoTENC, el plazo de la prescripción a fecha de la denuncia aún no había comenzado a correr, pues éste empezará a correr a partir de la total terminación de las obras.

El hecho de que la interesada esté empadronada en la vivienda objeto de este procedimiento, el que posea licencia para dotar a la vivienda de agua potable o que cuenta con la célula de habitabilidad, no contradice un hecho que es cierto, que es la realización de obras sin la correspondiente calificación territorial y sin la preceptiva licencia urbanística, hecho constatado en la propia denuncia, es más y a mayor abundamiento en la propia notificación de la Secretaria General del Ilmo. Ayuntamiento de El Tanque, de fecha 13 de enero de 2005, se hace constar que la vivienda no se encuentra acabada, debiéndose aportar para la tramitación de la célula de habitabilidad, los correspondientes certificados finales de obra, y de primera ocupación, resolviéndose de forma desfavorable, pero que es el órgano competente el que debe dictaminar, concediéndose finalmente ésta por razones de índole social.

En cuanto a la disconformidad con la calificación de los hechos imputados y la cuantía de la sanción, se debe tener en cuenta que se han realizado obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, cometiéndose una infracción contra la ordenación territorial y medioambiental, ya que la calificación territorial, según el artículo 14.3.c) y 27.1 del TRLoTENC, es un instrumento territorial que ultima y complementa la ordenación urbanística, territorial y medioambiental y por lo tanto dicha infracción se encuentra tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionado en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, y en virtud del artículo 196 del citado Texto Refundido, se han tenido en cuenta las circunstancias modificativas de la sanción, imponiéndose por una cuantía de la mitad superior o inferior (en este caso inferior), de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción.

Y en lo que respecta a la pretendida vulneración del principio de proporcionalidad con la multa propuesta se ha de decir que en modo alguno se ha infringido tal principio puesto que la cuantía que se propone se encuentra dentro de los baremos fijados para las infracciones graves en el artículo 203.1.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y siendo que precisamente para que exista una correspondencia entre la multa propuesta y la infracción urbanística cometida se ha tomado como adecuación de la misma la valoración que de la obra hace el Servicio Técnico de esta Agencia obrante en el expediente encontrándose perfectamente detallados los baremos utilizados para realizar la misma, por lo que se rechazan las alegaciones efectuadas de adverso a este respecto, por cuanto en el presente supuesto el ejercicio de la potestad sancionadora de la Administración ha respetado los requisitos intrínsicos de idoneidad (la medida sancionadora ha de mostrarse capaz de conseguir los fines perseguidos con su adopción) necesidad (la adopción de la medida ha de ser necesaria para alcanzar sus objetivos) y proporcionalidad (adecuación entre la entidad de la medida sancionadora y la magnitud o dañosidad del comportamiento infractor).

En relación a la aplicación de lo dispuesto en la Disposición Transitoria 12ª 6º del TRLoTENC -introducida por la Ley 4/2006, de 22 de mayo (artículo 3)-, debe tenerse en cuenta que, aun cuando la reforma operada por la Ley referida entró en vigor el día 31 de mayo de 2006, siendo desde entonces normativa de aplicación directa por parte de este Organismo, se trata de una medida prevista para órdenes de demolición ya dictadas, esto es, adoptadas en las resoluciones finales de los procedimientos sancionadores o de restablecimiento de la realidad física alterada, por lo que no es éste el momento procedimental oportuno para acordarla dado que no se puede suspender la ejecutoriedad de una orden de demolición que aún no se ha dictado.

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la suspensión de la ejecutoriedad de las órdenes de demolición, sólo se refiere a órdenes de demolición ya dictadas, por lo que, aun cuando el interesado hubiera acreditado la concurrencia de los requisitos exigidos por la Ley 4/2006 en su artículo 3 (Disposición Transitoria Duodécima del TRLoTENC), no sería ésta la fase procedimental en la que pudiera acordarse tal suspensión.

En cuanto a la posibilidad de que el Plan General de Ordenación de El Tanque cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica la edificación, se ha de señalar que aunque en un futuro el Plan General de Ordenación cambiara la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica la edificación destinada a uso residencial, ello en modo alguno eliminaría la infracción presuntamente cometida, ni las consecuencias puramente sancionadoras que de ella se derivaran. Por otra parte, dado que lo ejecutado es incompatible con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables [al tratarse de una edificación destinada a vivienda, situada en suelo rústico no calificado por el planeamiento vigente como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola, por lo que se vulnera el artículo 66.7.a) del TRLoTENC], no existe fundamento legal alguno que impida actualmente a la Administración el ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de la edificación. Y no es óbice para ello el que en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica ésta, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artículo 179 del TRLoTENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada), en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o de categoría de suelo) que en la actualidad es incierto. Así, vemos como para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigente en el momento de su concesión) [artº. 166.5.a) del TRLoTENC por remisión del artº. 178.2 del TRLoTENC], no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma, el artículo 179.1 del TRLoTENC exige que la Propuesta de Resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigentes en el momento de emitir ésta), no siendo posible, por tanto, el posponer la propuesta de adopción de esta medida en espera de un futuro cambio de clase o de categoría de suelo.

IV.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada como grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, ello en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, esto es, calificación territorial y licencia municipal de obras.

En función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas en los artículos 197, 198 y 199 del TRLOTC, que concurren en el presente expediente, toda vez que han podido ser apreciadas las atenuantes de ausencia de intención de causar daño tan grave a los interesados públicos afectados, la atención al grado de conocimiento de la normativa legal y de las técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio así como la valoración de las obras contenidas en el presente expediente, resulta aplicable una sanción por importe de treinta mil (30.000,00) euros.

V.- De conformidad con el artículo 179 del TRLOTC, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de treinta mil (30.000,00) euros a Dña. Doris Grillo González, en calidad de propietario/promotor del terreno en que se ha promovido la obra consistente en la construcción de una vivienda de dos plantas de altura, y de 120 m2 aproximadamente, en el lugar denominado calle La Asomada, 26, en el término municipal de El Tanque, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago (Ley 4/2006).

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago (Ley 4/2006).

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de El Tanque.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes señalada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la presente resolución, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 23 de noviembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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