No habiéndose podido notificar a Dña. Ana Hernández Navarro en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 29/04-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. Ana Hernández Navarro la Resolución de fecha 2 de octubre de 2006, recaída en el expediente de referencia 29/04-U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra Dña. Ana Hernández Navarro por la construcción de una edificación de unos 140,00 m2 y la apertura de una pista de aproximadamente 40 metros de longitud, sin contar con las previas autorizaciones (calificación territorial y licencia municipal de obras), en "Degollada de Peraza", dentro del Monumento Natural G-9 de Barranco del Cabrito", término municipal de San Sebastián de La Gomera, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC).
Vistos, informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- En el lugar denominado "Degollada de Peraza", término municipal de San Sebastián de La Gomera, dentro del Espacio Natural Protegido, Monumento Natural G-9, "Barranco del Cabrito", se están ejecutando obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la apertura de pista y en la construcción de una edificación de una planta de unos 140,00 m2, aproximadamente, promovidas por Dña. Ana Hernández Navarro, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística.
2.- Mediante Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1434, de fecha 29 de mayo de 2006, se acuerda incoar el oportuno expediente sancionador Dña. Ana Hernández Navarro, en calidad de promotor de las obras objeto del presente expediente, como presunta responsable de una infracción administrativa tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTCENC) y sancionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal con multa del 100 al 200 por ciento del valor de las obras ejecutadas.
3.- Dentro del plazo conferido al efecto, por parte de la denunciada no se presenta alegación alguna contra la referida resolución.
4.- El valor de las obras realizadas asciende a la cantidad de veinticinco mil trescientos cincuenta y cinco (25.355,00) euros, según el informe del servicio técnico de esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 9 de agosto de 2005 que consta en el expediente.
5.- Con fecha 8 de agosto de 2006 se eleva Propuesta de Resolución, que es notificada al interesado el 22 de agosto de 2006, en la que el instructor del procedimiento propone la imposición de una multa de veinticinco mil trescientos cincuenta y cinco (25.355,00) euros a Dña. Ana Hernández Navarro como responsable de una infracción contra la ordenación del territorio tipificada en el artículo 202.4 del TRLOTC, consistente en la construcción de una edificación de unos 140,00 m2 y la apertura de una pista de aproximadamente 40 metros de longitud, dentro del Espacio Natural Protegido, Monumento Natural G-9, "Barranco del Cabrito", término municipal de San Sebastián de La Gomera, así como el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras.
6.- Contra la referida Propuesta de Resolución, el interesado no ha presentado alegación alguna.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC) y el 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de una infracción contra la ordenación del territorio, tipificada y calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del TRLOTC en cuanto supone la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante al realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias y órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas (...), afectando a terrenos declarados como Espacio Natural Protegido.
El artículo 213 del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción sea sancionada con multa del 100 al 200 por ciento del valor de las obras ejecutadas.
III.- Conforme al artículo 196 del TRLOTC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción.
IV.- De conformidad con el artículo 179 del TRLOTC, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V.- En virtud del artículo 182 del TRLOTC, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de veinticinco mil trescientos cincuenta y cinco (25.355,00) euros a Dña. Ana Hernández Navarro, en calidad de promotora de las obras descritas en los antecedentes de la presente propuesta de resolución, de conformidad con el artículo 189 del TRLOTC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.4 y sancionada en el artículo 213, ambos del texto normativo citado.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un (1) mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes señalada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la presente resolución, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de noviembre de 2006.-El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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