Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Comercio sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º)Notificar a la entidad Molinera de Schamann, la Orden de 27 de julio de 2006 (libro 01, nº reg. 427/06), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Guillermo Ramos Pérez, en representación de la entidad Molinera de Schamann.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 27 de julio de 2006, por la que inadmite el recurso de alzada presentado por D. Guillermo Ramos Pérez, en representación de la entidad Molinera de Schamann.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Guillermo Ramos Pérez, como apoderado de la entidad Molinera de Schamann, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Mediante Orden de 29 de junio, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, declaró abierto el proceso electoral para la renovación de los plenos de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España y de su Consejo Superior. La Orden de 23 de febrero de 2006 convocó elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas (en adelante orden de convocatoria) disponiendo en su artículo cuarto "que las candidaturas relativas a las vacantes de cada grupo o lista deberán presentarse en la Secretaría o Comisión Paritaria de la Cámara correspondiente, dentro del horario de apertura de sus dependencias (...) dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias".
Segundo.- El recurrente se presenta como candidato por la entidad mercantil Molinera de Schamann, el 20 de marzo de 2006 a miembro del Pleno por el Grupo 18. La Junta Electoral inadmite su candidatura "por incumplimiento de lo previsto en el punto 2 del apartado cuarto de la Orden de convocatoria, en el que se exige que las candidaturas sean avaladas por la firma, como mínimo del 5% de los electores del Grupo, o bien, si el número de electores es superior a 200, será suficiente con la firma de 10 electores", en concreto, 2 de los escritos de avales, los de las empresas, Invespesca Fish, S.L. y Aceica Refinería, S.L. se adjuntaron sin legitimar, y posteriormente, ya fuera de plazo, se presentaron otros dos distintos a los presentados inicialmente. Todo ello supone que no podía darse por correcta la candidatura presentada, al no ser presentada completa en el plazo fijado.
Tercero.- Frente al acuerdo de la Junta Electoral presenta recurso de alzada el 31 de marzo de 2006 alegando en síntesis lo siguiente:
- Que la documentación y los avales se presentaron con la supervisión de la Secretaría General de la Cámara, la cual no puso ninguna objeción, ni se hizo ninguna salvedad ni incidencia. Una vez presentada la documentación y tras consulta a la Secretaría General, habida cuenta que dos de los avales presentados, si bien contaban con la legitimación de firma por Notario, no eran originales sino fotocopias, se presentaron los mismos antes de que se llevara a cabo la proclamación de los candidatos, sin haber sido requerido para ello por la Junta Electoral, por lo que debe considerarse que sí aportó todos los documentos exigidos para la presentación de la candidatura.
- Si se entiende que la aportación de avales fotocopiados es un defecto, éste debe entenderse como subsanable, ya que la firma ya está legitimada y por tanto, su legitimación no fue posterior. La aportación del documento original fue hecha sin que existiera requerimiento alguno por la Junta Electoral, quien directamente resolvió inadmitir la presentación de la candidatura, en lugar de otorgar un plazo para subsanar el supuesto defecto, y ya que la Orden de la convocatoria de las elecciones a la Cámara no establece nada, a los efectos de incidencias y reclamaciones, así como de la subsanación, y por aplicación analógica del derecho, creemos que debería aplicarse la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General en donde se recogen plazos de subsanación, o al menos la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común donde el artº. 71 establece el principio general de subsanación.
Cuarto.- Con fecha 12 de abril de 2006 fue requerido para que acreditase la representación que pretendía ostentar so pena de archivar el recurso, sin que conste en el expediente que lo hiciera en el plazo otorgado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no cabe formular pronunciamiento en contrario respecto al plazo, puesto que se ha interpuesto dentro del mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC). El órgano competente para resolver es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de acuerdo con el artículo 3º.4 de la Orden que convoca las elecciones, que prevé la alzada frente a los acuerdos adoptados por la Junta Electoral, sin embargo, respecto a la legitimación activa del recurrente consta en el expediente el requerimiento al mismo a fin de que aportara la escritura de apoderamiento, sin que lo hiciera en el plazo conferido, y por tanto incumpliendo la previsión del artº. 32.3 de la LRJPAC que exige "la acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho cuando se trate de entablar recursos (...)" por lo que no puede admitirse el presente recurso, no procediendo en consecuencia, pronunciamiento en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas
VISTOS
La Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (COCIN), el Real Decreto 816/1990, de 22 de junio, por el que se modifica el capítulo III del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación que regula el sistema electoral de estas corporaciones, la Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias, la Orden de 8 de septiembre de 2005 por la que se dictan instrucciones sobre la apertura del proceso electoral, para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V O:
Inadmitir el recurso de alzada presentado por D. Guillermo Ramos Pérez, en representación de la entidad Molinera de Schamann.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.
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