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BOC Nº 212. Martes 31 de Octubre de 2006 - 3985

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3985 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19 de octubre de 2006, que notifica la Orden de 11 de septiembre de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Pilar Hernández Rodríguez en representación de Limpisec, S.L. (Tintorería Limpisec), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/179/2005.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Limpia y Seca, S.L. (Limpisec, S.L.), la Orden de 11 de septiembre de 2006 (libro 01, nº reg. 528/06) que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Dña. Pilar Hernández Rodríguez en representación de Limpisec, S.L. (Tintorería Limpisec), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/179/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de tres mil un (3.001) euros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 11 de septiembre de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Dña. Pilar Hernández Rodríguez en representación de Limpisec, S.L. (Tintorería Limpisec), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/179/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de tres mil un (3.001) euros.

Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria Comercio y Nuevas Tecnologías por Dña. Pilar Hernández Rodríguez en representación de Limpisec, S.L. (Tintorería Limpisec), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/179/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de tres mil un (3.001) euros, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El día 5 de mayo de 2005 Inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en la Tintorería Limpisec, propiedad de Limpisec, S.L. sito en la calle Presidente Alvear, 52, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria y mediante actas levantadas al efecto números 1264 y 1265, se le lee al compareciente la reclamación nº 476, de 15 de febrero de 2005, presentada por D. Haridian Figueroa García, y comprobaron que en el establecimiento hay expuesto un cartel cuyo contenido es el siguiente: "Las alfombras, pieles, mantas edredones se cobrarán por adelantado por motivos de almacenaje". Esta indicación constituye una cláusula abusiva respecto a las condiciones generales de contratación que la empresa establece, habida cuenta que estos términos operan como imposiciones unilaterales no negociadas de forma individual que por tanto restringe y limita derechos básicos legalmente reconocidos al usuario del servicio de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V, de la Ley 3/2003 del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artículos 40.3.g) de la LECUCAC, en relación con los artículos 2, 10.bis, 34.9 y Disposición Adicional Primera, apartado II, cláusula 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 6.3 del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285) por el que se apruebe el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de tres mil un (3.001) euros.

Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 20 de abril de 2006, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:

"Que la infracción señalada no se encuentra recogida en la Ley 3/2003, de 12 de febrero, con la consiguiente falta de cobertura legal para imponer la sanción que se pretende, añadiendo que los preceptos señalados como infringidos carecen de falta de predeterminación normativa de las sanciones, esto es graduación o escala, considerándola como cláusula residual, indicando además la caducidad del expediente, solicitando el archivo del expediente por haber operado el instituto de la caducidad y falta de predeterminación normativa."

Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.

Y siendo de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.2 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canaria.

Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b), c) y f), artº. 12, artículos 27 y 40, apartado 4, letras c) y g) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC y artículo 40.3.g) de la misma en relación con los artículos 2, 10.bis, 34.9 y Disposición Adicional Primera, apartado II, cláusula 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 6.3 del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285) por el que se apruebe el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos.

Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC y el artº. 21.2.q) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías aprobado mediante el Decreto 101/2006, de 11 de julio.

Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y la consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, y ello por lo siguiente:

- No hay falta de predeterminación normativa y por tanto no hay infracción del principio de legalidad que debe regir la tipificación de las infracciones en el procedimiento sancionador: el artº. 40.3.g) prevé que tendrá la consideración de infracción grave "la inclusión, en las condiciones generales de los contratos que suscriban los consumidores, de cláusulas que limiten o vulneren los derechos reconocidos en las disposiciones aplicables o que resulten abusivas (...)". Este artículo debe conectarse con la Disposición Adicional Primera, apartado II, cláusula 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que nos da una definición precisa de lo que debe considerarse "cláusulas abusivas" y finalmente acudimos a la norma específica en el caso, el Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285), por el que se aprueba el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos, en el que se establece expresamente en el artº. 6.3 que "sólo puede exigirse el pago anticipado total o parcial, si hay conformidad expresa por parte del cliente", lo cual nos lleva concluir que el cartel fijado por la tintorería es una cláusula contraria a la norma, al exigir el pago anticipado de forma obligatoria y unilateral y que es pues, una cláusula abusiva de acuerdo con la normativa general citada.

- En cuanto a la caducidad alegada, confunde el recurrente los siguientes conceptos claves del derecho administrativo:

- La prescripción se regula en el artº. 44.1 de la LECUCAC que establece que el plazo de prescripción de la infracciones leves será de 2 años, que se cuentan desde el día que "en que se comete la infracción y se interrumpe en el momento en que el interesado tenga conocimiento de la iniciación de un procedimiento sancionador". En el caso, este plazo se inició el 5 de mayo de 2005 cuando se giró la visita de los Inspectores al establecimiento, interrumpiéndose cuando se le notificó el inicio del procedimiento sancionador, el 6 de febrero de 2006. Así pues no hay prescripción de la infracción.

- La caducidad por su parte, opera en un plazo de seis meses contados desde el Acuerdo de iniciación del mismo, hasta la finalización del procedimiento con la notificación de la resolución sancionadora (en el caso, se incoó el día 31 de enero de 2006 y la notificación de la resolución final fue el 23 de marzo de 2006). No han transcurrido pues los 6 meses, no hay caducidad del procedimiento tramitado.

Téngase en cuenta que el artº. 20.6 del RDPS se ha visto afectado por el artº. 42.2 de la LRJPAC según nueva redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, donde se fijó que el plazo máximo para notificar la resolución de cualquier procedimiento administrativo, no podría exceder de seis meses, desde su iniciación, salvo que una norma con rango de Ley establezca una mayor o así venga previsto en la normativa comunitaria europea.

- En cuanto a la quiebra del principio de proporcionalidad, manifestar que se han seguido estrictamente los criterios establecidos para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidos en el artículo 43 de la LECUCAC, así como el artículo 131 de la LRJPAC, constando en los archivos de este Centro Directivo una sanción anterior a la citada empresa.

Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y la Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.

VISTOS

El Título V, de la Ley 3/2003, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, artículos 40.3.g) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en relación con los artículos 2, 10.bis, 34.9 y Disposición Adicional Primera, apartado II, cláusula 9 de la Ley 26/1984, de 19 de julio (B.O.E. nº 176), General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por la Disposición Adicional Primera de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E. nº 89), en relación con el artículo 6.3 del Real Decreto 1.453/1987, de 27 de noviembre (B.O.E. nº 285) por el que se apruebe el Reglamento regulador de los servicios de limpieza, conservación y teñido de productos textiles, cueros, pieles y sintéticos, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y demás disposiciones de general o particular aplicación.

La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Pilar Hernández Rodríguez en representación de Limpisec, S.L. (Tintorería Limpisec), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 14 de marzo de 2006, recaída en el expediente nº 35/179/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de tres mil un (3.001) euros.

Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.

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