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BOC Nº 212. Martes 31 de Octubre de 2006 - 3983

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3983 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 19 de octubre de 2006, que notifica la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se inadmite el recurso de alzada presentado por D. Julio Santiago Angulo, en representación de la entidad Francisco Costa Costa, S.L. y otros.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Comercio sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Francisco Costa Costa, S.L. y otros, la Resolución de 27 de julio de 2006 (libro 01, nº reg. 426/06), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Julio Santiago Angulo, en representación de la entidad Francisco Costa Costa, S.L. y otros.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden de la Excma. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 27 de julio de 2006, por la que se inadmite el recurso de alzada presentado por D. Julio Santiago Angulo, en representación de la entidad Francisco Costa Costa, S.L. y otros.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Julio Santiago Angulo, actuando en nombre y representación de Francisco Costa Costa, S.L. y otros, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 23 de febrero de 2006 convocó elecciones para la renovación de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y para la constitución de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote y Fuerteventura. Las votaciones se fijaron para el día 26 de abril de 2006, previéndose en el artº. 6 la posibilidad de voto por correo, previa solicitud personal, "formalizada con arreglo al modelo que se incorpora a esta Orden como anexo II, dirigida a las Cámaras y cumplimentada con sujeción a los requisitos señalados en el artº. 19 del Reglamento General de las Cámaras". Además "la firma de la solicitud personal debe ser legitimada notarialmente o por el Secretario de la Cámara o persona a quien éste habilite".

Segundo.- La solicitud de voto por correo debía presentarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a la publicación de la Orden de 26 de febrero, esto es, el 25 de marzo. En este día se inadmitió el voto remitido por correo certificado a la Cámara sin legalización de firma, por parte de los recurrentes.

Tercero.- Con fecha 10 de abril de 2006 se interpone recurso de alzada, siendo las principales cuestiones planteadas las siguientes:

- Basándose en el principio de jerarquía y como la Ley Canaria hace remisión expresa a la Legislación Básica de Cámaras para la regulación del proceso electoral, consideran que la no admisión del voto remitido por correo certificado a la Cámara sin legalización de firma, constituye una infracción al proceso electoral así como a la normativa por la cual se deben de regir (la Ley 3/1993 estatal de carácter básico y su reglamento, que no prevén este requisito de la legalización de firma). Se están restringiendo derechos reconocidos en normas de rango superior que son de aplicación directa en el presente proceso electoral, por lo que se están limitando sus derechos en contra de lo establecido en la normativa básica que es de aplicación.

- Que por lo tanto considera que el voto remitido a la Junta Electoral el pasado día 25 de marzo debe ser aceptado en base a lo dispuesto en la normativa de general aplicación y para el caso de no ser así, debe acordarse la suspensión del proceso electoral en base a la conculcación de derechos fundamentales electorales, así como tomarse medidas disciplinarias y correctoras necesarias y suspenderse todo el proceso electoral por afectar dicho voto a los 26 grupos que se presentan a la elección.

Cuarto.- Con fecha 20 de abril de 2006 fue requerido para que acreditase la representación que pretendía ostentar so pena de archivar el recurso, sin que conste en el expediente que lo hiciera en el plazo otorgado.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no cabe formular pronunciamiento en contrario respecto al plazo, puesto que se ha interpuesto dentro del mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC). El órgano competente para resolver es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de acuerdo con el artículo 3º.4 de la Orden que convoca las elecciones, que prevé la alzada frente a los acuerdos adoptados por la Junta Electoral, sin embargo, respecto a la legitimación activa del recurrente consta en el expediente el requerimiento al mismo a fin de que aportara los poderes de apoderamiento de sus representados sin que los aportara en el plazo conferido, y por tanto incumpliendo la previsión del artº. 32.3 de la LRJPAC que exige "la acreditación de la representación por cualquier medio válido en derecho cuando se trate de entablar recursos (...)" por lo que no puede admitirse el presente recurso, no procediendo en consecuencia, pronunciamiento en cuanto al fondo de las cuestiones planteadas.

VISTOS

La Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (COCIN), el Real Decreto 816/1990, de 22 de junio, por el que se modifica el capítulo III del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación que regula el sistema electoral de estas corporaciones, la Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias, la Orden de 8 de septiembre de 2005, por la que se dictan instrucciones sobre la apertura del proceso electoral, para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Inadmitir el recurso de alzada interpuesto por D. Julio Santiago Angulo, en nombre y representación de la mercantil Francisco Costa Costa, S.L. y otros.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.

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