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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar al Colectivo Ecologista y Cultural Agonane, la Resolución de 12 de julio de 2006 (libro 01, nº reg. 108/06, folios 414-422), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Medina Aguiar, en representación de la entidad Compañía Artesanal de Canterías de Arucas, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-1488, de fecha 7 de julio de 2005, por la que se deniega la solicitud del Permiso de Investigación "Aguas Verdes", tramitada bajo el expediente nº 133.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Puerto del Rosario la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías de fecha 12 de julio de 2006, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Medina Aguiar, en representación de la entidad Compañía Artesanal de Canterías de Arucas, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-1488, de 7 de julio de 2005, por la que se deniega la solicitud del permiso de investigación "Aguas Verdes", tramitada bajo el expediente nº 133.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Juan Medina Aguiar, en representación de la entidad Compañía Artesanal de Canterías de Arucas, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-1488, de fecha 7 de julio de 2005, por la que se deniega la solicitud del Permiso de Investigación "Aguas Verdes", tramitada bajo el expediente nº 133, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 21 de febrero de 2003, D. Juan Ventura Medina Aguiar, en representación de la entidad Compañía Artesanal de Canterías de Arucas, S.L., presentó, en virtud de lo previsto en el artículo 66.1 del Real Decreto 2.857/1978, de 25 de agosto, solicitud de autorización del permiso de investigación de recursos de la sección C, denominado Aguas Verdes P.I. 133, sobre dos cuadrículas mineras ubicadas en el término municipal de Betancuria, en la isla de Fuerteventura, definido por las siguientes coordenadas:
Pp -14û 06«00" oeste 28û 25«20" norte
1 -14û 05«20" oeste 28û 25«20" norte
2 -14û 05«20" oeste 28û 25 00" norte
3 -14û 06«00" oeste 28û 25«00" norte
Segundo.- Cumplida la notificación de trámites, de acuerdo con el artículo 42.4 de la Ley 4/1999, el día 20 de marzo de 2003 el interesado ingresa en la Caja General el importe de las tasas que señala el artículo 101 del Reglamento de Minas, notificando dicha consignación al día siguiente de haberse efectuado.
Tercero.- Con fecha 11 de abril de 2003, el interesado presenta tres proyectos de investigación redactados por el geólogo D. Ismael Solaz Alpera, de acuerdo con el artículo 143, apartado segundo del Reglamento de Minas, junto con garantías de financiación.
Cuarto.- Subsanado el error apreciado en la designación del municipio, mediante Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-4177, de 30 de junio de 2003, se declara la admisión definitiva de la solicitud de autorización del permiso de investigación P.I. 133, a la vez que se pone de manifiesto el proyecto en cuestión para que fuese examinado por quienes apareciesen como interesados o afectados por el mismo y al objeto de presentar las alegaciones pertinentes, en orden a continuar con la tramitación del procedimiento debido.
Quinto.- Sometido a información pública el proyecto en cuestión, de conformidad con lo previsto en el artículo 70 del Real Decreto 2.857/1978, mediante la publicación de la mentada Resolución DGIE-4177, en el Boletín Oficial del Estado nº 183, de 1 de agosto y en el Boletín Oficial de Canarias nº 151, de 6 de agosto, así como por su exposición en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Betancuria, fueron presentadas alegaciones por parte de la referida Corporación Local, de la Asamblea Insular en Fuerteventura de los Verdes de Canarias, del Colectivo Ecologista, Cultural Agonane y por la Viceconsejería de Medio Ambiente.
En definitiva, el escrito de alegaciones del Ayuntamiento de Betancuria, de fecha 4 de septiembre de 2003, viene a señalar que los terrenos afectados por la solicitud en cuestión se encontraban en el lugar conocido por Valle de la Fuente, integrados en el Mancomún de vecinos de Betancuria y que el PIOT de Fuerteventura no contempla la explotación industrial de la cantera.
En el caso de la Asamblea Insular de los Verdes de Canarias, en su escrito de fecha 2 de septiembre de 2003, también muestran su oposición al proyecto, fundamentalmente por el emplazamiento de la cantera pretendida por un lado, en el Parque Rural de Betancuria (F-4), espacio natural protegido, incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, además de ser enclave de una ZEPA, e incompatible con el PIOT de Fuerteventura que califica el lugar como suelo rústico de protección natural, el cual se vería afectado por los trabajos realizados dada la existencia de pozos y captaciones de agua, donde el trasiego de maquinaria generaría fuertes impactos sobre la flora y fauna, además de afectar al conjunto histórico de la Villa de Betancuria.
El Colectivo Ecologista y Cultural Agonane, mediante escrito de fecha 5 de septiembre de 2003, viene a coincidir en lo esencial con los alegatos de los Verdes, en referencia al espacio natural protegido y a las características del suelo afectado, de tipo rústico de valor estructural, de dominio público al ser el cauce natural de evacuación de aguas fluviales.
La Viceconsejería de Medio Ambiente, una vez recabada la información solicitada mediante escrito de 26 de septiembre de 2003, sobre la localización exacta del permiso solicitado y de las actividades a realizar, viene a concluir lo siguiente, en su informe de fecha 27 de octubre de 2003: 1º) Que el proyecto en cuestión no debe someterse al procedimiento de Evaluación del Impacto Ecológico, salvo que estuviera financiado total o parcialmente por alguna de las Administraciones Públicas Canarias, en cuyo caso debía someterse a Evaluación Básica de Impacto Ecológico; 2º)Deberá tenerse en cuenta lo establecido en el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Rural de Betancuria, así como pedir informe al Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de Fuerteventura.
Sexto.- Convocados los interesados al Acto de demarcación el día 13 de noviembre de 2003, resultó fallida dicha convocatoria por no coincidir los resultados de la demarcación con lo señalado en el plano del proyecto.
Séptimo.- Mediante Resolución DGIE-5961, de fecha 23 de diciembre de 2003, se ordena la retroacción del expediente al inicio de su tramitación con motivo de la nueva designación del perímetro sustancialmente distinta a la anterior, reflejada en el nuevo escrito de solicitud presentado por el peticionario con fecha 12 de diciembre de 2003, cuyo perímetro quedaría definido por las siguientes coordenadas:
Pp -14û 06«20" oeste 28û 25«20" norte
1 -14û 05«40" oeste 28û 25«20" norte
2 -14û 05«40" oeste 28û 25«00" norte
3 -14û 06«20" oeste 28û 25«00" norte
Octavo.- Con fecha 19 de febrero de 2004 la Dirección General de Industria y Energía declara, por Resolución de referencia DGIE-6689, la admisión definitiva del nuevo proyecto, sometiéndose nuevamente a información pública mediante inserción de dicha resolución en el Boletín Oficial del Estado nº 71, de 23 de marzo, y Boletín Oficial de Canarias nº 60, de 26 de marzo de 2004.
Noveno.- Con ocasión del trámite de información pública, presentan de nuevo alegaciones, sobre el proyecto en cuestión que tuvo entrada en este Departamento con fecha 20 de enero de 2004, el Ayuntamiento de Betancuria, la Asociación Ecologista y Cultural Agonane, Los Verdes de Canarias, y por primera vez, D. Maximino Robayna Torres.
Por su parte, el Alcalde del Ayuntamiento de Betancuria, viene a ratificarse mediante escrito, suscrito a fecha de 6 de abril de 2004, en los términos ya informados con anterioridad en septiembre de 2003, instando la denegación del permiso de investigación por encontrarse en terrenos comunales.
La Asamblea Insular de Fuerteventura, en su escrito de fecha 17 de abril de 2004, solicita de la Dirección General de Industria y Energía que se deniegue y archive la petición del permiso de investigación objeto de estudio, en base a los argumentos ya expuestos con anterioridad en su escrito precedente.
Al igual que el colectivo precedente y el Ayuntamiento de Betancuria, Agonane, mediante escrito de fecha 26 de abril de 2004, solicita la denegación del permiso de investigación, básicamente, amparada en la prohibición de este tipo de actividades en el área afectada por la directriz 34.2 de la Ley 19/2003, de Ordenación General y Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, declarada por un lado zona ZEPA y Lugar de Interés Comunitario (código ES7010062), además de carecer del informe preceptivo del órgano gestor del Parque Rural de Betancuria, conforme lo dispone el artículo 63.5 del Texto Refundido de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales Protegidos de Canarias, y del preceptivo informe de calificación territorial.
Por último, D. Maximino Robayna Torres, presenta escrito de alegaciones de fecha 14 de abril de 2004, en el que declara que el permiso solicitado afecta a terrenos de su propiedad y solicita su denegación, atendiendo al PIOT de Fuerteventura que no permite la explotación industrial de la cantera sino que limita su uso a pequeñas extracciones para uso tradicional.
Décimo.- Finalizado el trámite de información pública, mediante escritos del Servicio de Minas de fechas 4 de mayo de 2004, se les concede a las partes personadas en el expediente, además del peticionario, un trámite de audiencia de quince días para que presenten cuantas alegaciones y documentación estimen convenientes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 71.1 del Reglamento General para el Régimen de la Minería. Asimismo se les convoca a un nuevo acto de demarcación del perímetro solicitado que tendría lugar el día 9 de junio de 2004.
Undécimo.- Mediante escrito del Jefe de Servicio de Minas, de fecha 5 de mayo de 2004 y a los efectos previstos en el artículo 230, apartado 2.e) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación Territorial de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias fue solicitado informe del Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos, siendo recabado con fecha 9 de junio de 2004, en sentido desfavorable a las labores pretendidas. En el informe, tras realizar una descripción detallada de las actividades a desarrollar en el proyecto de permiso de investigación, traslada sus fundamentos de oposición a actividades extractivas referidas a recursos y lugares distintos geológicamente y morfológicamente a los que son objeto de investigación. Y en definitiva las razones de desfavorabilidad vienen referidas en el informe, en el apartado cuarto de conclusiones, del siguiente tenor literal: "Considerando la Disposición Transitoria Segunda del mismo cuerpo normativo (PIOT de Fuerteventura) que no permite realizar en los espacios protegidos usos o actividades que impliquen transformación de su naturaleza, destino o valor específico que se pretende proteger. Considerando la prohibición expresa de actividad extractiva en suelo perteneciente a la subzona Ba, zonas con valor natural dominante del PIOF/PORN. Considerando la Directriz 34.2 (NAD) de la Ley 19/2003, de 14 de abril, que no permite la actividad extractiva en los espacios protegidos salvo que expresamente lo admita el planeamiento, puede concluirse que la Actuación es INCOMPATIBLE."
Duodécimo.- En contestación al traslado de las alegaciones formuladas en fase de información pública, D. Juan Ventura Medina Aguiar, presenta escrito en el que expone en suma los siguientes argumentos de oposición a dichas alegaciones contrarias a su petición:
1º) Con respecto a las alegaciones del Ayuntamiento de Betancuria, señala lo siguiente:
- Que no existe prohibición legal o reglamentaria al otorgamiento de un permiso de investigación en terrenos comunales, ni procede para este supuesto en el que no se emplean técnicas destructivas del suelo el sistema de indemnización y compensación invocado, el cual viene referido al futuro aprovechamiento.
- El PIOF no puede oponerse a la investigación geológica con técnicas no destructivas. En cuanto a la fase siguiente de explotación es importante destacar que el uso tradicional del yacimiento ha sido de naturaleza ornamental, nunca se ha pensado en una explotación industrial entendiendo como tal grandes producciones, arranque por voladuras y trituración, y por otro lado entiende que la virtualidad del PIOF debe ser interpretada en consonancia con las sentencias STC 13/98 y STC 64/82 que declaran inconstitucional la prohibición extractiva de recursos de las secciones C y D en amplias zonas del territorio cuando se declaran prioritarias, como es el caso del basalto ornamental que se entiende sustancia prioritaria (en base al Real Decreto 647/2002) frente al medioambiente, sentencias que en definitiva considera congruentes con el aprovechamiento racional de los recursos naturales y con la naturaleza del dominio público.
2º) En cuanto a las alegaciones de D. Maximino Robayna Torres, considera que contienen diversos elementos de apoyo al otorgamiento del permiso de investigación, dada la explotación del yacimiento por el Cabildo de Fuerteventura, durante años, que el recurso a investigar es de la sección C y que a priori no es incompatible con cualquier otro proyecto de cualquier otro titular de recursos de la sección A, además de exceder el ámbito del P.I. la superficie de su propiedad. De los términos empleados se deduce que la oposición al P.I. no tendría otro fundamento que el interés económico derivado del hipotético aprovechamiento personal del recurso, cuando lo que se pretende ahora es sólo investigar la potencialidad del recurso minero.
3º) Ante las alegaciones de los Verdes de Canarias manifiesta lo siguiente:
El objeto del expediente es la investigación, no la instalación de una industria, y de obtener la concesión derivada proceder con las técnicas más blandas posibles.
Si la cantera en cuestión ya ha sido objeto de explotación y continúan allí las especies mencionadas es que no existe incompatibilidad entre la protección de dichas especies y las aves, máxime si se tiene en cuenta que el avance de la tecnología permite mejor elección de la técnica a emplear.
La afección a los pozos no existe a efectos prácticos y tampoco a los cauces de los barrancos en la investigación salvo por la maquinaria que durante algunos días pudiera permanecer en los cauces.
Coincide en lo dificultoso del acceso que será el existente ya, y el tráfico consistirá en un viaje de ida y otro de retorno días más tarde para la maquinaria, que no tiene porqué afectar al pueblo de Betancuria dado que la explotación pretendida está ubicada en zona montañosa a varios kilómetros de la Villa de Betancuria.
4º) En relación a las alegaciones de Agonane, opone los siguientes argumentos:
Que las directrices de ordenación no prohíben el permiso de investigación ni pueden interferir en las bases del régimen minero, competencia del Estado, a tal efecto se remite a las sentencias anteriormente citadas.
Que el informe preceptivo dispuesto por el artículo 63.5 del Decreto Legislativo 1/2000 procede en el caso de autorizaciones, licencias o concesiones pero nada dice en el caso de los permisos de investigación que es otra figura que no implica transformación del suelo. Por consiguiente considera que dicho informe sería preceptivo en el estadio de explotación y no en la fase de investigación.
Niega la incompatibilidad de la cantera con la conservación de la especie Neophron Pernocterus, que en su caso se valorará en el trámite de evaluación de la concesión. En cualquier caso, prosigue el peticionario, si la cantera objeto de investigación ha estado tradicionalmente en explotación, por sentido común, entiende que muy poca o ninguna afección tiene en relación a esta especie una labor de investigación minera.
Por último concluye que deben ponderarse los intereses en juego, entendiendo que sólo se contempla la vertiente proteccionista medioambiental de espaldas a la realidad económica y al desarrollo sostenible, destacando las cualidades ornamentales y propiedades fisicoquímicas del basalto que hacen que su demanda sea elevada, eligiendo el área restringida como menos perjudicial en relación al ámbito geográfico donde se enclava dicho recurso.
Decimotercero.- Con fecha 9 de junio de 2004 se procede a la demarcación del terreno objeto de la solicitud del permiso de investigación, en presencia de los interesados convocados que asistieron al acto, levantándose Acta al efecto en el que se da constancia de la ratificación de los presentes en sus anteriores manifestaciones de oposición al otorgamiento de dicho derecho minero.
Decimocuarto.- Con fecha 27 de agosto de 2004, el Jefe de Servicio de Minas eleva informe al Director General de Industria y Energía, en el que en definitiva, tras una breve exposición de los antecedentes fácticos del expediente de solicitud del permiso de investigación nº 133, propone realizar consulta jurídica en base a lo dispuesto en el artículo 52.2 de la Ley de Minas, sobre la pertinencia de solicitar informe jurídico del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, que en concreto fue planteada en los siguientes términos: "Si como determina el citado artículo 52.2 de la Ley de Minas, al existir oposición, independientemente de su naturaleza, debemos solicitar informe preceptivo a los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias o considerando la naturaleza de las alegaciones, al referirse a actividades distintas de las planteadas en la solicitud, procede su desestimación motivada."
Decimoquinto.- El informe de la letrada de los Servicios Jurídico es claro al respecto: "La dicción literal del artículo 52.2 no ofrece dudas. El informe es preceptivo en toda tramitación de un permiso de investigación de recursos de la sección C) siempre que se hubiera formulado oposición".
Destaca además que "la finalidad del legislador es disponer de un examen jurídico detenido de las alegaciones formuladas por los interesados, a los efectos, en su caso, de resolver sobre su procedencia o pertinencia en el concreto expediente que se tramita".
Sin embargo, no se realiza en este informe parecer jurídico alguno en relación con el concreto expediente, sino que se limita a fijar el carácter preceptivo del informe de los Servicios Jurídicos para este supuesto.
De manera que es necesario recabar un nuevo informe acerca de la oposición planteada por los interesados contra la concesión del PI antes de dictar resolución, ya que no se contestó en la consulta realizada.
Decimosexto.- En base al informe-propuesta del Servicio de Minas, la Dirección General de Industria y Energía acuerda mediante Resolución DGIE-1488, de fecha 7 de julio de 2005, denegar la solicitud del permiso de investigación Aguas Verdes P.I. 133, tramitado a instancia de la Compañía Artesanal de Cantería de Arucas, S.L., sobre 2 cuadrículas mineras en el término municipal de Betancuria, en base al informe desfavorable emitido por el Patronato Insular de Espacios Naturales de Fuerteventura, a tenor de lo previsto en el artículo 230.2.e) del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por los motivos señalados en el antecedente fáctico (apartado Visto) número seis del texto resolutorio.
Decimoséptimo.- Frente al acto resolutorio precedente, D. Juan Ventura Aguiar, en representación de la entidad Compañía Artesanal de Canterías de Arucas, S.L., interpone recurso de alzada, solicitando una vez más el otorgamiento del permiso de investigación en base a las siguientes alegaciones:
1ª) En base a lo previsto en el artículo 54.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, alega desconocer la norma exacta, con referencia de su articulado, en la que se fundamenta la denegación, lo que le ha generado una evidente indefensión al solicitante, al no saber que debe contrargumentarse en defensa de sus legítimos intereses.
2ª) La denegación del P.I. Aguas verdes es contraria a derecho, toda vez que no tiene fundamento en la legislación estatal que le es de aplicación, contenidos en la Ley 22/1973, de Minas y capítulo III del Real Decreto 2.857/1978, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería, ni en la jurisprudencia del TC, establecida por las SS TC 64/1982 y 13/1988, que exige para la prohibición de la actividad extractiva que sea el propio Estado el que declare de modo expreso otra prioridad sobre la minería lo cual no ha sucedido hasta el presente en el área que nos ocupa.
3ª) El artículo 66 del Decreto 8 de mayo de 2000 establece con carácter general que en suelo rústico se podrán realizar actividades extractivas, entre otros. Y sin embargo en los planes insulares de ordenación aprobados el suelo habilitado para la actividad extractiva es una ínfima proporción del total del suelo rústico. De otra parte, en relación al artículo 2 de este texto la actividad de los recursos naturales queda condicionada, lógicamente, a las competencias de la Comunidad Autónoma que en el caso de la minería son sólo de ejecución material y desarrollo legislativo de la legislación estatal en la que no existe ninguna prohibición.
4ª) La prohibición de una actividad de investigación minera supone prohibir una actividad del interés general que además es inocua frente al territorio, medioambiente y terceros.
5ª) Si la denegación se fundamentase en el PIOF, en tal caso tendría que argumentar que la categorización de la zona ZBaSRP-1-Nivel 1, contempla en el apartado a) la actividad extractiva como "actividad sometida a limitaciones específicas", y por consiguiente no existe una prohibición expresa en el mismo sino unas limitaciones al ejercicio de la actividad extractiva que no afectarían al permiso de investigación, al no ser una actividad sometida a impacto ecológico, de las contempladas en la Ley Territorial nº 11/1990, de Prevención de Impacto Ecológico.
6ª) Por último alega discriminación con respecto a otras autorizaciones de proyectos en parques naturales como Jandía y Tindaya que considera de mayor envergadura y consideración que la actividad extractiva pretendida.
Decimoctavo.- Examinados los alegatos del recurso de alzada precedente el Jefe de Servicio de Minas remite copia del expediente interesado acompañada del correspondiente informe, en sentido desfavorable al otorgamiento solicitado, fundamentado en el informe desfavorable y vinculante emitido por el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de Fuerteventura, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63, apartado nº 5, del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias y de la Ley de Espacios Naturales de Canarias, la cual establece que si el informe fuera negativo tendría carácter vinculante.
No obstante cabe destacar del informe del Servicio de Minas su discrepancia con los alegatos de oposición formulados por el Ayuntamiento de Betancuria, Agonane y Los Verdes de Canarias en los siguientes términos:
"Respecto a lo alegado por el Ayuntamiento: no es obligatorio identificar el nombre del P.I. con el paraje. Está previsto en la Ley de Minas la compensación, en su caso, por la ocupación del terreno. La propiedad comunal no impide el P.I., el PIOT no prohíbe el P.I.
Respecto a Agonane: debemos rechazar la alusión al PIOT o a la Directriz 34.2 que no prohíben el P.I. Carece de fundamento el requerimiento de calificación territorial en el otorgamiento del P.I., requisito que, en su caso, debería trasladarse al momento procedimental de otorgamiento de la licencia municipal de los trabajos.
Respecto a los Verdes de Canarias: rechazamos la afección a pozos y captaciones por situarse los trabajos de una posible explotación por encima del nivel freático, así como a la necesidad de abrir una nueva vía de acceso, a la afección a la carretera, por circulación intensiva de vehículos, y a la Villa de Betancuria como Conjunto Histórico por encontrarse a varios kilómetros de ésta. La naturaleza de los trabajos de P.I. se limitará a dos transportes diferidos entre sí unos quince días. La fase de explotación requerirá como máximo un transporte diario. No habrá plantas ni voladuras que afecten al entorno.
En relación a la zona ZEPA y el PIOT, realiza las siguientes reflexiones:
"PIOT- Su prohibición se extiende a actividades extractivas que excedan del uso tradicional. Queda de manifiesto en el expediente la existencia de una antigua cantera de la que el Ayuntamiento extrae piedra (adoquines) para obras del municipio y que lo justifica como uso tradicional. El concepto de tradicional permitido sobreentendido como extracciones de pequeña dimensión podría aplicarse a la posible, en su caso, explotación como roca ornamental cuya extracción se realizaría manualmente con cuñas o hilo de diamante. De cualquier modo el objeto del expediente es un P.I. que no tiene carácter extractivo.
La consideración de ZEPA o LIC no prohíbe expresamente un P.I., ni siquiera actividades extractivas, se limita a señalar una zona donde dichas actividades no supongan peligro para las aves. La actividad extractiva en una pequeña zona (entre mil y dos mil metros cuadrados no debiera afectar a una zona de 16.209 Ha. representando el 0,00123 por ciento).
El informe de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial de 26 de septiembre de 2003 incluía la posibilidad de que el perímetro del P.I. solicitado se encontrara dentro de la ZEPA es 0000097 "Betancuria", confirmado posteriormente por el Servicio de Biodiversidad. No asegura la afección al LIC 7010024 "Vega del Río Palmas", con denominaciones no coincidentes."
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del recurso de alzada objeto de la presente resolución, no hay que formular ningún pronunciamiento en contrario por cuanto ha sido interpuesto dentro del plazo de un mes previsto en el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover dicho recurso y el órgano competente para su resolución es el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- Sin entrar a conocer las cuestiones de fondo planteadas en el procedimiento iniciado a instancia del recurrente y en definitiva en el recurso de alzada aquí deducido, debemos hacer hincapié en el trámite previsto en los artículos 52, apartado segundo de la Ley 22/1973, de Minas, y su concordante artículo 71, apartado segundo, del Reglamento General para el Régimen de la Minería, ya expresados en el fundamento de derecho segundo del acto resolutorio impugnado, los cuales vienen a disponer en definitiva, de que en caso de haberse formulado oposición a la solicitud de otorgamiento del permiso de investigación, la Delegación Provincial, en este caso de la Dirección General de Industria y Energía, tiene la obligación de dictar resolución motivada, previa audiencia del Abogado del Estado de la provincia, que en este supuesto viene referida a la necesidad de recabar el correspondiente informe de los letrados de la Dirección General del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias.
Pues bien, vistos los términos en que fue emitido el informe de la letrada del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, que tuvo entrada en este Departamento con fecha 3 de marzo de 2005, no podemos considerar cumplimentado el trámite referido al limitarse dicho informe a la consulta formulada por esta Consejería, en relación al carácter preceptivo o no de recabar dicho informe, sin haberse pronunciado sobre la procedencia de los alegatos de oposición formulados contra el otorgamiento del permiso de investigación, a los efectos previstos en el artículo 52.2 "in fine", de la Ley de Minas, que prevé que "En el caso de que no se hubiera formulado o hubiese sido desestimada dispondrá el otorgamiento del permiso de investigación." Por consiguiente, y en este supuesto podemos afirmar que se ha producido un vicio procedimental determinante de la anulabilidad del acto resolutorio impugnado, al amparo de lo dispuesto en el artículo 63, de la LRJPAC que ha podido suponer una disminución efectiva real y trascendente de garantías en la tramitación del procedimiento en cuestión, máxime cuando la denegación de la solicitud del permiso de investigación viene fundamentada por los argumentos de oposición formulados por el Patronato Insular de Espacios Naturales Protegidos de Fuerteventura, por razones de índole medioambiental ajenas al cumplimiento de la normativa en materia de minas, argumentos sobre los cuales debió pronunciarse el letrado del Servicio Jurídico de Presidencia del Gobierno antes de dictarse la resolución denegatoria del permiso de investigación que aquí se recurre.
Tercero.- La Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías es el órgano administrativo competente para resolver el presente recurso de alzada, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias, en consonancia con lo previsto en el Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias en relación con el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica.
VISTOS
El Real Decreto 2.578/1982, de 24 de julio, de transferencia a la Junta de Canarias de competencias, funciones y servicios en materia de industria, energía y minas; el Real Decreto 2.091/1984, de 26 de septiembre, sobre adaptación de los servicios transferidos en fase preautonómica a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de industria, energía y minas; el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.
Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Anular la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía DGIE-1488, de fecha 7 de julio de 2005, por la que se deniega la solicitud del permiso de investigación "Aguas Verdes", tramitada bajo el expediente nº 133, con la consiguiente retroacción de las actuaciones al trámite previsto en el artículo 52, apartado segundo, de la Ley de Minas, al objeto de recabar de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias el informe preceptivo sobre la procedencia de los alegatos de oposición formulados contra el otorgamiento del permiso de investigación solicitado por Compañía Artesanal de Canterías de Arucas, S.L.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Jorge M. Rodríguez Díaz.
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