BOC - 2006/211. Lunes 30 de Octubre de 2006 - 3954

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

3954 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 11 de octubre de 2006, que notifica la Orden de 27 de julio de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada presentado por D. Francisco Álvarez Hernández, en representación de la entidad Inerza, S.A., contra la Resolución de la Secretaría de la Cámara de Comercio de Las Palmas dictada el 29 de marzo de 2006, que deniega las solicitudes de voto por correo, en las que la firma no estaba legitimada, en las elecciones para la renovación de los órganos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Comercio sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a la entidad Inerza, S.A. la Orden de 27 de julio de 2006 (libro 01, nº reg. 425/06), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Álvarez Hernández, en representación de la entidad Inerza, S.A., contra la Resolución de la Secretaría de la Cámara de Comercio de Las Palmas dictada el 29 de marzo de 2006, por la que se deniegan las solicitudes de voto por correo, en las que la firma no estaba legitimada, en las elecciones para la renovación de los Órganos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnológica de 27 de julio de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada presentado por D. Francisco Álvarez Hernández, en representación de la entidad Inerza, S.A., contra la Resolución de la Secretaría de la Cámara de Comercio de Las Palmas dictada el 29 de marzo de 2006, por la que se deniegan las solicitudes de voto por correo, en las que la firma no estaba legitimada, en las elecciones para la renovación de los órganos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas.

Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Álvarez Hernández, actuando en nombre y representación de Inerza, S.A., y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- La Orden de 23 de febrero de 2006 convocó elecciones para la renovación de los órganos de Gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, y para la constitución de los órganos de Gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Lanzarote y Fuerteventura. Las votaciones se fijaron para el día 26 de abril de 2006, previéndose en el artº. 6 la posibilidad de voto por correo, previa solicitud personal, "formalizada con arreglo al modelo que se incorpora a esta Orden como anexo II, dirigida a las Cámaras y cumplimentada con sujeción a los requisitos señalados en el artº. 19 del Reglamento General de las Cámaras". Además "la firma de la solicitud personal debe ser legitimada notarialmente o por el Secretario de la Cámara o persona a quien éste habilite".

Segundo.- El 29 de marzo de 2006 la Secretaría de la Cámara dictó resolución denegando las solicitudes de voto por correo presentadas por el recurrente por no estar las firmas legitimadas conforme al artº. 6.1 párrafo 2º de la Orden antes mencionada.

Tercero.- Con fecha 12 de abril de 2006 Francisco Álvarez Hernández interpone recurso de alzada, cuyo contenido literal es el siguiente:

- Entiende que la exigencia establecida en la Orden de la Consejería, de 23 de febrero de 2006, y concretamente en su artículo 6º.1, párrafo 2º y conforme a la cual se ha denegado el voto por correo, en la que se dice "que la firma de la solicitud de voto por correo deberá ser legitimada notarialmente o por el Secretario de la Cámara, o persona a quien éste habilite" no se recoge en la normativa reguladora de las Cámaras de Comercio y su proceso electoral, y tampoco en el Reglamento General de las Cámaras. De manera que la Orden de 23 de febrero de 2006 es más exigente que el Reglamento General de Cámaras, al establecer un requisito adicional para poder solicitar el voto por correo vulnerando el principio de jerarquía normativa, por establecer unas medidas más restrictivas que las establecidas por el Reglamento General de Cámaras para la solicitud del voto por correo. Por tanto, su aplicación debe entenderse nula por ser contraria de derecho.

- Además alega que debería habérsele otorgado al solicitante un plazo de 10 días para subsanar el defecto apreciado previo requerimiento, conforme a lo dispuesto por el artº. 71 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJPAC), norma que entiende que es de aplicación, al prever el artículo 2.3 de la Ley 18/2003, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias que, para supuestos en que se ejerzan competencias propias que impliquen el uso de potestades públicas, será aplicable supletoriamente a las cámaras la legislación sobre procedimientos y régimen jurídico de las Administraciones Públicas. Lo cual entiende que se deduce también de los artículos 1 y 2 de la LRJPAC, en los que se establece que la ley se aplicará a las entidades de derecho público, las cuales quedan sujetas a la presente ley cuando ejerzan potestades administrativas.

- Solicita finalmente que se deje sin efecto lo establecido por el artículo 6º, nº 1, párrafo 2º, de la Orden de esta Consejería de 23 de febrero de 2006 y por ende todos los actos en aplicación de la misma; y en consecuencia, se tengan por presentadas en tiempo y forma las solicitudes de voto por correo sin que se exija la legitimación de firma, y con carácter subsidiario, para el caso de que la Consejería entienda que la norma referida y su aplicación es conforme a derecho, pide se le conceda un plazo de diez días para subsanar el defecto que se invoca.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso, no cabe formular pronunciamiento en contrario respecto al plazo, puesto que se ha interpuesto dentro del mes previsto en el artículo 115 de la LRJPAC, respecto a la legitimación activa del recurrente, es parte interesada en las elecciones por su condición de representar a un elector inscrito en el censo electoral, siendo además requerido para acreditar la representación de la empresa, aportando poder suficiente de conformidad con el artº. 32 de la LRJPAC. El órgano competente para resolver es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de acuerdo con el artº. 3º.4 de la Orden que convoca las elecciones, que prevé la alzada frente a los acuerdos adoptados por la Junta Electoral.

Segundo.- Las manifestaciones realizadas en el recurso no pueden prosperar, y ello en base a los siguientes razonamientos:

1. La Ley 3/1993, de 23 de marzo, Básica de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación ostenta esta condición en base a lo previsto en el artº. 149.1.18ª de la Constitución Española, salvo para una serie de artículos previstos en la Disposición Final 1ª de la misma, igual condición tiene el Reglamento 816/1990, de 22 de junio, de desarrollo de esta norma. Así ha quedado establecido por el legislador estatal un común denominador normativo unitario de aplicación a todo el territorio nacional para asegurar los intereses generales y dotar de estabilidad, en definitiva, se han fijado unas orientaciones generales para todo el Estado y unos límites dentro de los cuales han de moverse los órganos de las Comunidades Autónomas.

- Por otro lado, el artículo 32, apartado 13, de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, que aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, tras la modificación operada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, establece que "corresponde a la Comunidad Autónoma de Canarias el desarrollo legislativo y la ejecución en materia de Corporaciones de Derecho Público representativas de interés económico y profesionales y ejercicio de profesiones tituladas en el marco de lo dispuesto en los artículos 36 y 139 de la Constitución". Esto es, la Comunidad Autónoma de Canarias, por su parte, tiene la potestad de desarrollo de esa normativa básica que no puede contradecir en ningún caso, so pena de inconstitucionalidad, pero sobre la que sí puede añadir las peculiaridades que considere necesarias.

Por todo lo expuesto, resulta que en ejercicio de las competencias previstas estatutariamente "de (...) ejecución en materia de Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y profesionales (...)" (artº. 32.13 del Estatuto), la Administración Autonómica completó la regulación del proceso electoral de las Cámaras de Comercio de Canarias con un requisito añadido que no contradice la normativa básica sino que la complementa y le da efectividad práctica, el de "la legitimación notarial o por el Secretario de la Cámara de la firma de solicitud personal citada en el párrafo anterior (la del voto por correo)".

Así pues, no se vulneran los principios sobre los que se asienta el ordenamiento jurídico español: ni el de jerarquía ni el de competencia, ya que la norma controvertida no contradice la normativa básica estatal y se dicta en base a la habilitación del estatuto propio, que es la norma que perfila el bloque competencial de cada Comunidad Autónoma dentro del marco constitucional. Consecuentemente, la resolución de la Secretaría de la Cámara de Comercio de Las Palmas debe considerarse ajustada a derecho pues se limita a aplicar la orden aprobada, orden además que constituye "derecho propio" de la Comunidad Autónoma y que debe aplicarse con carácter preferente al Reglamento 816/1990, al ajustarse al mismo.

En la misma línea se manifestó la Cámara de Comercio de Las Palmas a solicitud de la Consejería en su informe de 7 de abril de 2006.

2.- En cuanto a la posibilidad de aplicación de la LRJPAC al proceso electoral, en concreto el artº. 71 de la misma, a los efectos de poder haber subsanado la falta de firma "acreditada notarialmente o por el Secretario de la Cámara", debemos tener en cuenta que:

- Los artículos 1 y 2 de la LRJPAC no se refieren a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación como pretende el recurrente; "las entidades de derecho público" que regula el artº. 2.2 constituyen un tipo de entes instrumentales muy próximos al derecho público: los organismos autónomos y las entidades públicas empresariales regulados en la Ley de Organización y Funcionamiento del Estado 6/1997, de 14 de abril, distintos de la Administración corporativa, y los que en efecto "cuando ejerzan potestades administrativas se sujetan a la LRJPAC" sin condiciones.

Sin embargo, "las Corporaciones de Derecho Público representativas de intereses económicos y sociales ajustarán su actuación a su normativa específica" de acuerdo con la Disposición Transitoria Primera de la propia LRJPAC y "sólo cuando no esté completa esta legislación, se les aplicará la presente ley en lo que proceda".

En esta línea el artº. 1.3 de la propia ley básica estatal de Cámaras de Comercio establece "que las Cámaras se ajustarán a los dispuesto en esta ley y a las normas de desarrollo que se dicten por la Administración Central o por las CC.AA. con competencia en la materia. Les será de aplicación, con carácter supletorio, la legislación referente a la estructura y funcionamiento de las AAPP en cuanto sea conforme a su naturaleza y finalidades".

Entendemos pues, que en efecto, a las Cámaras debe aplicárseles con carácter preferente la legislación específica a nivel estatal (básica) y autonómica (desarrollo y ejecución) en vigor, pero puede aplicarse la LRJPAC si es acorde con "la naturaleza y finalidades" (supóngase por ejemplo la regulación de los recursos, plazos, la exigencia de representación ... a todo ello le es de aplicación la LRJPAC).

Sin embargo, no es acorde con "la naturaleza y finalidades" de la convocatoria de elecciones la posibilidad de aplicar la subsanación del artº. 71 a los plazos fijados para la solicitud del voto por correo, dado el carácter preclusivo de los plazos en el proceso electoral. En efecto, el Reglamento estatal en su artº. 19.1.1 prevé que "la solicitud de voto por correo debe hacerse dentro de los 20 días siguientes al de la publicación de la convocatoria de elecciones", en la misma línea, el artº. 6º.2 de la orden de convocatoria de elecciones prevé "que la solicitud deberá hacerse dentro de los 20 días hábiles siguientes al de la publicación de la presente orden (...)". En consecuencia, a efectos de poder cumplir con los plazos fijados en la normativa básica estatal, reproducidos en la orden autonómica no sería posible aplicar el artº. 71 de la LRJPAC otorgando días extra para subsanar pues se afectaría a los siguientes trámites del proceso electoral, en especial al siguiente, a la remisión de la documentación para la emisión del voto por correo antes de 10 días hábiles a la fecha de la celebración de las elecciones (el 26 de abril).

VISTOS

La Ley 3/1993, de 22 de marzo, básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación (COCIN), el Real Decreto 816/1990, de 22 de junio, por el que se modifica el Capítulo III del Reglamento General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación que regula el sistema electoral de estas corporaciones, la Ley 18/2003, de 11 de abril, de Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de Canarias, la Orden de 8 de septiembre de 2005, por la que se dictan instrucciones sobre la apertura del proceso electoral, para la renovación de los plenos de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, vigente de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías; la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Francisco Álvarez Hernández, en nombre y representación de la mercantil Inerza, S.A., contra la Resolución de la Secretaría de la Cámara de Comercio de Las Palmas dictada el 29 de marzo de 2006, por la que se deniegan las solicitudes de voto por correo en las que la firma no estaba legitimada, en las elecciones para la renovación de los órganos de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde su notificación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.



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