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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a D. Mingyu Zhang la Resolución de 11 de septiembre de 2006 (libro 01, nº reg. 538/06), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por D. Mingyu Zhang (Desde 1 Euro), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 5 de abril de 2006, recaída en el expediente nº 35/253/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 11 de septiembre de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Mingyu Zhang (Desde 1 Euro), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 5 de abril de 2006, recaída en el expediente nº 35/253/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.
Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por Mingyu Zhang (Desde 1 Euro), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 5 de abril de 2006, recaída en el expediente nº 35/253/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 29 de junio de 2005, Inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Desde Un Euro Huang Fa, propiedad de Mingyu Zhang, sito en la calle Ripoche, 10, del término municipal de Las Palmas de Gran Canaria; y mediante acta de inspección al efecto levantada nº 2145 y Protocolo que se incorpora a la misma, comprobaron que tenía expuesto para su venta al público en la sección de juguetes el denominado "crocodil" cuyo etiquetado tenía una única mención expresada en Castellano "no conviene a niños menores de 36 meses". Dicha leyenda no se complementaba con la explicación de los riesgos específicos que motivan dicha exclusión.
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en los artículos 12.1, 12.2 y 40.4º.a) de la LECUCAC; en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes y en relación con el artº. 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.
Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 25 de abril de 2006, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
"Que se reitera en lo manifestado anteriormente, realizándose trabajos para un perfeccionamiento del control de todos estos productos y el total etiquetado de los infantiles para evitar alteraciones inherentes al mismo para que no se produzca en un futuro, indicando la graduación del artº. 43 de la Ley 3/2003, solicitando anulen el acta de infracción, dejando sin efecto la sanción aplicada, solicitando en otro Si, que se suspenda la ejecución del acto por liquidación, indicando que se acompañan las pruebas que cree garantiza la paralización del acto impugnado."
Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.2 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b), c) y f), artº. 12, artículos 27 y 40, apartado 4, letras c) y g) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC y artículos 12.1, 12.2 y 40.4º.a) de la misma, en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes y en relación con el artº. 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2 de la LECUCAC y el artº. 21.2.q) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, aprobado mediante el Decreto 101/2006, de 11 de julio.
Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo.
En relación a las alegaciones del recurrente, debe matizarse que la normativa especial para la seguridad de los juguetes, dada la preocupación del legislador por la seguridad infantil, exige el cumplimiento de unas medidas más restrictivas para garantizar la seguridad de los mismos durante su manipulación, con el fin de evitar los riesgos a que pueden estar expuestos los mismos cuando los utilizan. Esta seguridad se consigue, en un Mercado Interior con libre circulación de mercancías, sujetando su venta a unas normas uniformes inspiradas en la protección de la seguridad y salud de los consumidores. En particular, en este caso, no se cumple con el requisito relativo a la explicación de los riesgos específicos que motivan la exclusión de los niños menores de 36 meses (artº. 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio, Boletín Oficial del Estado nº 166, por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes) en efecto, se establecen en el anexo IV las advertencias y las indicaciones de uso o manejo que deben figurar en las instrucciones de uso o empleo, por la que se explicarán los riesgos específicos que motivan la exclusión de los niños menores de esa edad. Figurando en el acta, que goza de presunción de veracidad, que no constaba nada de estas indicaciones.
En cuanto a la quiebra del principio de proporcionalidad, manifestar que se han seguido estrictamente los criterios establecidos para la graduación de la cuantía de las sanciones establecidas en el artículo 43 de la LECUCAC, así como el artículo 131 de la LRJPAC.
Las sanciones administrativas, a diferencia del principio general de ejecutividad que ampara al resto de actos administrativos "no son ejecutivas hasta que pongan fin a la vía administrativa", por lo que no podía acordarse la suspensión de un acto que no podía ejecutarse en ese momento, tal como solicitó en el recurso. Sin embargo ahora, al resolverse el presente recurso de alzada, nos encontramos ya ante un acto administrativo que pone fin a la vía administrativa [artº. 109.a) de la LRJPAC] y que despliega plenos efectos, todo ello de acuerdo con el artº. 138.3 de la LRJPAC.
Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
El Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, artículos 12.1, 12.2 y 40.4º.a) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 8 y 11 del Real Decreto 880/1990, de 29 de junio (B.O.E. nº 166), por el que se aprueban las normas de seguridad de los juguetes y en relación con el artº. 13 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y demás disposiciones de general o particular aplicación.
La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Mingyu Zhang (Desde 1 Euro), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 5 de abril de 2006, recaída en el expediente nº 35/253/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de mil ochocientos (1.800) euros.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.
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