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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a la entidad Producciones Hevitel, S.L. la Resolución de 11 de julio de 2006 (libro 01, nº reg. 359/06), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. Víctor Manuel Rodríguez Romero, en representación de Producciones Hevitel, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 24 de enero de 2006, recaída en el expediente nº 35/167/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de trescientos (300) euros.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 11 de julio de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por D. Víctor Manuel Rodríguez Romero, en representación de Producciones Hevitel, S.L., frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 24 de enero de 2006, recaída en el expediente nº 35/167/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de trescientos (300) euros.
Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por D. Víctor Manuel Rodríguez Romero, en representación de Producciones Hevitel, S.L. (Vodafone), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 24 de enero de 2006, recaída en el expediente nº 35/167/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de trescientos (300) euros, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 13 de abril de 2005, Inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en Hevitel Telde (Vodafone), propiedad de Producciones Hevitel, S.L., sito en la calle Rivero Bethencourt, 9, del término municipal de Telde; y mediante acta de inspección al efecto levantada nº 625, procedieron a leer al compareciente la reclamación con nº 95, de fecha 14 de enero de 2005 y comprobaron que tenían expuestos para su venta al público en unas vitrinas diversos accesorios de telefonía tales como carcasas, fundas de móviles, etc. que carecían del preceptivo marcado de precios.
Asimismo comprobaron que no tenían expuesto en lugar visible el cartel anunciador de la existencia de las Hojas de Reclamaciones.
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V, de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 12, apartado 4, 27 y 40.4.a) y d) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311) y en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente previo el trámite de Propuesta de Resolución a que se refiere el artículo 18 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de trescientos (300) euros.
Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 25 de febrero de 2006, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
"Que todos los accesorios de telefonía que tienen a la venta en el establecimiento están guardados en armarios bajo llave, debido a que son de fácil sustracción, estando todos referenciados, para facilitar a través de dicha referencia el precio al cliente, teniendo la lista expuesta en todos los armarios, añadiendo en cuanto a lo manifestado sobre el cartel anunciador de la existencia de Hojas de Reclamación, que dichos carteles de vodafone, donde se contempla la existencia de Hojas de Reclamación, han estado expuestos en el mismo lugar desde la apertura del establecimiento, no incumpliendo la ley, desconociendo la obligación de tener expuesto el cartel publicado por la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías-Dirección General de Consumo, solicitando se proceda a la anulación de la sanción impuesta."
Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.2 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b), c) y f), artículos 12, 27 y 40, apartado 4, letras c) y g) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC y artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 12, apartados 4, 27 y 40.4.a) y d) y Disposición Transitoria Segunda de la misma, en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148).
Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC y el artº. 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con el artículo 2 y la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003 (B.O.C. nº 143), por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.
Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y la consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo, y en cuanto a sus alegaciones:
- El propio recurrente reconoce que no figura el precio de los objetos sino que "tienen impreso una referencia para facilitar al cliente la información sobre el precio de los mismos (..) en la parte inferior izquierda de cada uno de ellos", cuando de acuerdo con la legislación vigente en la materia "los bienes y servicios puestos a disposición de los consumidores y usuarios deben ofrecer información fácilmente identificable y legible sobre el precio total que están obligados a satisfacer" y "los bienes expuestos en vitrinas y escaparates deberán incorporar de forma visible el precio del tal manera que el consumidor no necesite aclaración del vendedor para conocerlo" (artº.12.4 de la LECUCAC).
- Por otro lado, el cartel por el que se anuncia la existencia de las Hojas de Reclamaciones debe ser el aprobado por la Dirección General de Consumo, así se deduce de la exposición de motivos del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria al decir "que el objetivo del Decreto es desarrollar el artículo 10º de la Ley 4/1994, de 25 de abril, de Ordenación de la Actividad Comercial de Canarias y tiene como objetivo unificar en un solo modelo los impresos de reclamaciones así como carteles anunciadores de su existencia" previendo el artº. 1 además "que todas las personas físicas o jurídicas que realicen actividades comerciales (...) tendrán los carteles anunciadores de Hojas de Reclamaciones redactados en los idiomas castellano e inglés, conforme a los modelos oficiales que se insertan como anexos I y II, respectivamente del presente Decreto". El propio recurrente reconoce no tener el modelo citado sino unos carteles de la empresa, por lo que debe mantenerse la sanción en todos sus términos.
Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y la Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
El Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 12, apartado 4, 27 y 40.4.a) y d) y Disposición Transitoria Segunda de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 1, 3 y 4 del Real Decreto 3.423/2000, de 15 de diciembre, por el que se regula la indicación de precios de los productos ofrecidos a los consumidores y usuarios (B.O.E. nº 311), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto 225/1994, de 11 de noviembre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma Canaria (B.O.C. nº 148), el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y demás disposiciones de general o particular aplicación.
La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Víctor Manuel Rodríguez Romero, en representación de Producciones Hevitel, S.L. (Vodafone), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 24 de enero de 2006, recaída en el expediente nº 35/167/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de trescientos (300) euros.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.
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