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BOC Nº 211. Lunes 30 de Octubre de 2006 - 3951

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3951 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 20 de octubre de 2006, que notifica Resolución de este Centro Directivo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 075/06 interpuesto por D. Juan Pedro Escobar Marrero, en representación de la entidad mercantil Hoteles Incabo, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura en el correspondiente expediente administrativo, sin que haya sido recibida por la entidad recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a la entidad mercantil Hoteles Incabo, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Canarife, la Resolución de 11 de septiembre de 2006 (Libro nº 1, Folio 1293, nº 682), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 075/06 (expediente nº 2/06), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 122, de fecha 11 de abril de 2006.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Puerto de la Cruz (Tenerife) la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 20 de octubre de 2006.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.

A N E X O

"Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 075/06 interpuesto por D. Juan Pedro Escobar Marrero, en representación de la entidad mercantil Hoteles Incabo, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 075/06 formulado por D. Juan Pedro Escobar Marrero, en representación de la entidad Hoteles Incabo, S.L. titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Canarife, sito en calle Aceviño, 8, Urbanización La Paz, término municipal de Puerto de la Cruz, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 122, de fecha 11 de abril de 2006, recaída en el expediente sancionador nº 02/06, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de las infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:

1º) "Sobrecontratación de plazas alojativas, habiendo desviado a los clientes D. Miguel Manzano Gamarra, D. José A. Oltra Rubio y D. Antonio Francisco Ricarte Ricarte al Hotel Bonanza, ocasionándoles las consiguientes molestias, como se desprende de la referida acta de inspección".

2º) "Incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre, y 39/1997, de 20 de marzo, lo que se desprende de la referida acta de inspección".

3º) "Incumplimiento del principio de unidad de explotación, al estar destinadas siete unidades alojativas a uso particular de sus propietarios, como se desprende en la referida acta de inspección".

Hechos que determinaron la imposición de sanción de multas en cuantías de: mil (1.000) euros por el primer hecho infractor, mil quinientos ocho (1.508) euros por el segundo hecho infractor y mil quinientos (1.500) euros por el tercer hecho infractor.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando:

1º) "Declare la inexistencia del primer hecho infractor y el sobreseimiento de la sanción propuesta o, subsidiariamente, su calificación como leve en función de los fundamentos expuestos, imponiendo la sanción prevista en su cuantía mínima".

2º) "Declare la inexistencia del tercer hecho infractor y el sobreseimiento de la sanción propuesta o, alternativamente, su calificación como leve, imponiendo la sanción prevista en su cuantía mínima".

A tal fin se exponen, en síntesis, los siguientes argumentos:

1. Inexistencia del primer hecho infractor, toda vez que no se han ocasionado molestias a los clientes puesto que la reserva ha sido atendida con el traslado a un hotel de su propiedad.

2. Inexistencia del tercer hecho infractor. Las habitaciones mencionadas en la Resolución de iniciación del presente expediente no son unidades alojativas de explotación turística.

3. Inapropiada calificación de los hechos infractores como graves.

4. Vulneración del principio de proporcionalidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Constatados varios errores materiales, el primero en la Resolución de iniciación de expediente sancionador, página nº 1, en el recuadro "Fecha de registro", al figurar "28/04/2005", debiendo decir "28/04/2004"; en segundo lugar, en la misma Resolución de inicio, página nº 2, en el apartado fecha de infracción, error que se repite en la Propuesta de Resolución, página nº 2, al haber transcrito como tales fechas las de "24/08/2004", "24/08/2004" y "29/04/2005", debiendo figurar "23/08/2004", "29/04/2005" y "29/04/2005", respectivamente; en la Propuesta de Resolución, página nº 1, se han omitido los datos correspondientes a los recuadros "Fecha de Registro" y "Nº de Registro" debiendo figurar en el primero "28/09/2004" y en el segundo "726239"; en la misma Propuesta de Resolución, página nº 3, en el apartado fundamentación, en el 2º párrafo, error que arrastra a la Resolución sancionadora, página nº 2, al transcribir "Artº. 17 del Decreto 231/195", cuando debería figurar "Artº. 17 del Decreto 231/1965"; finalmente, en la Resolución sancionadora, página nº 6, consideración jurídica quinta, 2º párrafo, línea nº 8, donde dice "apartado 3", debe decir "apartado 2", por tanto, en base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que preceptúa que "Las Administraciones Públicas podrán, rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos" se procede, en consecuencia, a subsanar los citados errores materiales.

Hay que hacer constar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias "La imposición de sanciones por infracciones graves y leves se hará por el órgano que determine el Reglamento Orgánico de la Consejería con competencias turísticas". En este sentido el Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo prevé, respectivamente, en los artículos 4.2.m) y 7.2.B).f), que a la Viceconsejería de Turismo corresponde "la imposición de sanciones por infracciones a la normativa turística calificadas como graves" y a la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística "la resolución de los procedimientos sancionadores por infracciones turísticas leves". En la Resolución sancionadora, ahora recurrida, los hechos imputados son calificados respectivamente, de leve y grave imponiéndose por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno la sanción de multa en cuantía de mil (1.000) euros, por el primer hecho infractor, y mil quinientos ocho (1.508) euros, por el segundo hecho infractor. Sanción la primera de ellas impuesta por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias al haber avocado para sí el conocimiento del asunto de conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. No obstante, de la documentación obrante en el expediente sancionador tramitado se constata la existencia de defecto formal al no figurar realizada la avocación para la imposición de la sanción de multa impuesta por la infracción calificada de leve en los términos exigidos en el apartado 2 del referenciado artículo 14 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Dicho defecto formal hay que considerarlo como una irregularidad no invalidante que no ha ocasionado, en momento alguno indefensión a la entidad expedientada no concurriendo, en consecuencia causa que puede conllevar nulidad de pleno derecho ni a la anulabilidad según lo dispuesto, respectivamente, en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente modifican en parte las consideraciones jurídicas obrantes en la Resolución sancionadora de fecha 11 de abril de 2006.

Son tres las infracciones administrativas las que se imputan a la entidad mercantil expedientada, en base a las actas de inspección nº 9958 y nº 9957, de 29 de abril de 2005, actas que gozan del valor probatorio que les otorga el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

El hecho infractor consignado como primero consiste en "la sobrecontratación de plazas alojativas, habiendo desviado a los clientes, D. Miguel Manzano Gamarra, D. José A. Oltra Rubio y D. Antonio Francisco Ricarte Ricarte, al Hotel Bonanza, ocasionándoles las consiguientes molestias".

Las alegaciones hechas por la entidad expedientada no desvirtúan el hecho infractor imputado, y ello si tenemos en consideración que el haber alojado a los clientes en otra plaza hotelera no es más que la consecuencia de la sobrecontratación de plazas, que es la conducta que viene a ser objeto de sanción administrativa. La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, artículo 38, establece la responsabilidad de estos establecimientos en una doble vertiente, en primer lugar, son responsables "frente a sus usuarios", de ahí la obligación de alojarlos en otro establecimiento de la misma categoría que les impone el apartado 2 del mismo artículo, e incluso de indemnizarlos según lo previsto en el apartado 3 del mismo artículo, y en segundo término, son responsables "ante la Administración Turística" quien, previa incoación de expediente sancionador, tramitado de conformidad con lo establecido en el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, por el que se regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, así como de conformidad a las garantías del procedimiento y derechos que al presunto responsable reconoce la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, impondrá, en su caso, una sanción.

El hecho que se imputa a la entidad mercantil expedientada es subsumible en el artículo 76.12 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que lo califica como una infracción grave a la normativa turística. No obstante la Resolución sancionadora, objeto del recurso de alzada, teniendo en consideración las circunstancias obrantes en el expediente sancionador, y en base a lo establecido en el artículo 77.7, del mismo texto legal, la califica finalmente como una infracción leve.

Entiende la entidad expedientada en su escrito de alegaciones que se ha vulnerado el principio de proporcionalidad a la hora de imponer la sanción de multa. El artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 131, de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, establece los criterios, que en aras al principio de proporcionalidad alegado, han de ser tenidos en consideración a la hora de calcular la cuantía de la sanción de multa a imponer. Los criterios allí relacionados tienen una doble lectura, es decir, haciendo una interpretación contrarius sensus de cada uno de ellos, éstos pueden constituir un atenuante a la hora de determinar la cuantía de la sanción, pero también un agravante, se puede valorar positivamente la ausencia de antecedentes por la comisión de un hecho infractor, como negativamente la constatación de la reincidencia en la comisión de los mismos. Teniendo en consideración que la naturaleza de la infracción sancionada es, genuinamente, según el artículo 76.12 la de una infracción grave; que la categoría del establecimiento es de cuatro estrellas; los perjuicios causados a los denunciantes, que quedan reflejados en la Hoja de Reclamaciones nº 32956 de la que trae causa este expediente sancionador y la posición en el mercado del hotel sancionado, situado en uno de los mejores y más tradicionales emplazamientos turísticos de Canarias, hacen que la sanción impuesta, es decir, mil euros, se ajusta al principio de proporcionalidad alegado.

En segundo lugar se le imputa a la entidad mercantil expedientada "el incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, establecidas en los Decretos 305/1996, de 23 de diciembre y 39/1997, de 20 de marzo".

No consta en el expediente sancionador tramitado, de conformidad a lo establecido en la Disposición Transitoria Primera del Decreto 20/2003, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en establecimientos turísticos alojativos, documento alguno por el que el establecimiento sancionado haya optado por acogerse al procedimiento establecido en el referido Decreto 20/2003, de 10 de febrero. De lo que resulta que la norma sustantiva infringida la constituye el Decreto 305/1996, de 23 de diciembre.

En el escrito de recurso de alzada no se hace alegación alguna en orden a desvirtuar la infracción consignada como segunda, de lo que se desprende que la entidad expedientada reconoce el incumplimiento de las medidas de seguridad y protección contra incendios, toda vez que, si bien ha obtenido el informe favorable al proyecto de medidas de seguridad y protección contra incendios, no ha culminado el procedimiento de acreditación de tales medidas con la obtención final del informe técnico de conformidad, que establece el artículo 7 del referido Decreto 305/1996, de 23 de diciembre.

En tercer lugar se imputa a la entidad mercantil expedientada "el incumplimiento del principio de unidad de explotación turística, al estar destinadas siete unidades alojativas a uso particular de sus propietarios".

De la propia acta de inspección nº 9957, de fecha 29 de abril de 2005, resulta desvirtuado el hecho infractor imputado. En la citada acta se constata por el Inspector actuante que el establecimiento sancionado "cuenta con 215 unidades alojativas explotándose por el titular 208 habitaciones, las 7 restantes son de propietarios privados que la destinan a su uso particular".

El principio de unidad de explotación turística trata de evitar, entre otras, que los establecimiento turísticos alojativos sean explotados por un número indeterminado de personas físicas o jurídicas, lo que en la práctica vino a demostrar un sinfín de problemas que, en la mayoría de los casos, repercutían en la calidad de los servicios que se ofrecían a los usuarios turísticos, por no hablar de la dificultad que ello suponía, desde el punto de vista de la Administración turística, a la hora de imponer obligaciones y de depurar responsabilidades en el ámbito de la normativa turística. Pero dicha obligación, que con carácter general establece el artículo 13.2.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, va siempre dirigida al ejercicio de una actividad determinada que es "la explotación turística alojativa", artículo 38 de la citada Ley 7/1995, de 6 de abril, y no, como así parece confundir la Resolución sancionadora objeto de recurso, al ejercicio de un derecho de naturaleza privada, como es el uso y disfrute de una unidad alojativa, que deriva un título jurídico de propietario, actividad exenta del ánimo de lucro que preside, con carácter general, toda explotación turística. Como decíamos, de la propia acta de inspección se desprende que las 7 unidades alojativas objeto de controversia son destinadas al uso particular de sus dueños, y no a la explotación turística por éstos o por cualquier otra entidad mercantil. Para más abundamiento, la Disposición Transitoria de la Ley 5/1999, de 15 de marzo, que deroga la Disposición Transitoria Tercera de la referida Ley 7/1995, de 6 de abril, dispone que "los establecimientos alojativos que a la entrada en vigor de esta Ley estuvieran autorizados para el ejercicio de la actividad turística, ..., estarán sujetos al principio de unidad de explotación, con las siguientes especialidades. a) deberán estar destinadas a la explotación turística más del 50% de las unidades alojativas del inmueble del que se trate". Si tenemos en consideración que el total de unidades alojativas con las que cuenta el Hotel Canarife es de 218, según consta en las actas de inspección ya referenciadas, de las que 208 son destinadas a la explotación turística por una misma entidad mercantil, esto es, Hoteles Incabo, S.L., mientras que las 7 restantes se destinan al uso particular de sus propietarios, debemos llegar a la conclusión de que se cumple sobradamente con el principio de unidad de explotación.

Por todo lo anteriormente expuesto procede, estimar en parte el recuro de alzada interpuesto, modificando la Resolución recurrida en el sentido de dejar sin efecto la sanción de multa impuesta por el tercer hecho infractor y manteniendo la sanción de multas impuestas por el primer y segundo hecho infractor, en los términos expuestos en el fundamento cuarto de esta Resolución.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 69/06-C emitido con fecha 4 de agosto de 2006 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Estimar en parte el recurso de alzada nº 075/06, promovido por D. Juan Pedro Escobar Marrero, en representación de la entidad mercantil Hoteles Incabo, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Canarife, sito en calle Aceviño, 8, Urbanización La Paz, término municipal de Puerto de la Cruz y modificar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 122, de fecha 11 de abril de 2006, recaída en el expediente sancionador nº 2/06, en los términos expuestos en el fundamento de derecho cuarto de la presente Resolución, esto es, en cuanto al tercer hecho infractor, dejando sin efecto la sanción de multa impuesta en cuantía de mil quinientos (1.500) euros, y en cuanto al primer y segundo hecho infractor manteniendo la sanción de multas impuestas en las cuantías de mil (1.000) euros por el primer hecho infractor y mil quinientos ocho (1.508) euros por el segundo hecho infractor.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Bruno Suárez Medina.

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