No habiéndose podido notificar a D. Juan José Castilla García en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1470/02-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Juan José Castilla García la Propuesta de Resolución de fecha 10 de agosto de 2006, recaída en el expediente con referencia 1470/02-U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a D. Juan José Castilla García por realizar obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la construcción de una casa de madera de unos 45 m2 aproximados y un garaje de unos 35 m2 aproximados, sin contar con la preceptiva licencia urbanística ni la previa calificación territorial, en el lugar denominado "Hoya del Pino, Camino Portugués", en el término municipal de Arafo, en la isla de Tenerife.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "Hoya del Pino, Camino Portugués", en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Arafo, se realizaron obras consistentes en la construcción de una casa de madera de unos 45 m2 aproximados y un garaje de unos 35 m2 aproximados, promovidas por D. Juan José Castilla García, sin contar con los títulos legitimantes (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).
Segundo.- Con fecha 28 de noviembre de 2002, por Resolución nº 3034 se ordena la suspensión de la vivienda, constatándose posteriormente la continuación de las obras, en informe de nuestra Oficina Técnica de 16 de abril de 2004, en donde se reseña que se estaban ejecutando también otras obras, consistentes en una edificación de una planta de altura de unos 35 m2 de superficie.
Tercero.- Con fecha 3 de noviembre de 2003, en el Ayuntamiento de Arafo, se acuerda imponer a D. Juan José Castilla García una sanción de 12.875,18 euros por la ejecución de la vivienda de madera, sin resolver sobre su restablecimiento.
Cuarto.- Con fecha 15 de junio de 2006 se realiza informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora el garaje en ocho mil ciento noventa y cinco (8.195) euros.
Quinto.- El 28 de junio de 2006 se dictó la Resolución nº 1707 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Juan José Castilla García, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.
Sexto.- El día 22 de julio de 2006, contra la reseñada incoación, el interesado presentó escrito en el cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:
- Que ya, el 18 de diciembre de 2002, esta Agencia incoó en este mismo expediente, nº 1470/02-U, por la ejecución de una vivienda de madera.
- Que el Ayuntamiento de Arafo incoó expediente sancionador y sancionó por la construcción de una vivienda de madera existiendo por tanto duplicidad sancionadora.
- Que la infracción respecto a la construcción de la vivienda de madera ha prescrito.
- Que si se entiende que la infracción por la construcción de la vivienda ha prescrito se debería haber abierto un nuevo expediente para incoar la infracción por la construcción del garaje.
- Que se acoge a lo dispuesto en la Ley 4/2006, de 22 de mayo.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLoTENC).
II
En cuanto a las alegaciones aducidas por el interesado hay que señalar:
- Que por la Resolución 3034, de 28 de noviembre de 2002, supuestamente referida por el interesado, se ordenan suspender las obras consistentes en la realización de una vivienda de madera de unos 44 m2, y no se resuelve iniciar un procedimiento sancionador, pues se refiere únicamente a la medida cautelar del artículo 176 del TRLoTENC, esto es, la citada orden de suspensión. Es evidente por tanto que no se han tramitado en el presente expediente dos incoaciones.
- Que el Ayuntamiento de Arafo en su procedimiento sancionador únicamente resolvió imponer una sanción al interesado por la construcción de la vivienda. Es por ello por lo que se inicia el presente procedimiento sancionador tendente a reponer la realidad física alterada tanto de la vivienda como del garaje, así como para imponer una multa por la ejecución del garaje. Por tanto, y por lo dicho, no se existe duplicidad sancionadora pues estamos tramitando un procedimiento sancionador por infracciones sobre las que no han recaído resolución sancionadora alguna.
- Que en la denuncia realizada por Agentes adscritos a esta Agencia, de 29 de septiembre de 2002, se constata que la vivienda está en ejecución, comprobándose ello claramente de las fotografías anexas a dicha denuncia. A mayor abundamiento cabe citar que de la documentación obrante en el expediente se comprueba que las obras no habían continuado desde que se efectuara la diligencia de precinto (de 18 de febrero de 2003), comprobándose en el último seguimiento de precinto, de 3 de marzo de 2004, que las obras de la vivienda se mantenían en el mismo estado. Por tanto, y en virtud del artículo 180.1 del TRLTENC, y viendo que el presente procedimiento sancionador se iniciara con la Resolución nº 1707, de 28 de junio de 2006, es totalmente imposible que hayan podido transcurrir cuatro años desde la presunta total terminación de la vivienda (artº. 201.1, segundo párrafo del TRLoTENC), pudiendo así esta Agencia adoptar válidamente las medidas de protección de la legalidad y de restablecimiento del orden jurídico perturbado. Y ello únicamente, como se ha dicho, respecto a la vivienda, pues el garaje anexo se empezó a ejecutar posteriormente como continuación de la obra, y viendo que consta en el expediente informe de nuestra Oficina Técnica, de 16 de abril de 2004, en donde se constata que dicho garaje no había sido terminado, y comprobándose que el Ayuntamiento resolvió únicamente sobre la vivienda, se estima, al estar frente una infracción grave, en virtud del artículo 202.3.b) del TRLoTENC, que la prescripción de dicha infracción opera a los dos años de la total terminación de la obra (artículos 205.1 y 201.1 segundo párrafo del TRLoTENC). Entendiéndose, por todo lo señalado anteriormente, que tanto la sanción como la demolición están en plazo de ser dictadas válidamente por la Administración respecto de la ejecución del garaje.
- Que por lo señalado se entiende que se haya iniciado el presente procedimiento sancionador en el mismo expediente en el que consta una infracción por ejecutar, primeramente, una vivienda, y posteriormente un garaje anexo. Todo ello con independencia de que hubiese podido ejecutarse la obra del garaje previendo que el futuro P.G.O.U. permitiera dicha construcción, pues no hay que olvidar que toda obra debe ser ejecutada previa obtención de los títulos administrativos habilitantes, cometiéndose de lo contrario una infracción al TRLoTENC, como es el caso. Si bien, ello no significa que si en un futuro próximo se legalizaran las obras, la ejecución material de la orden de demolición, no se llevaría a cabo, toda vez que ello no es óbice para no dictar dicha orden de demolición pues la Administración está obligada a ello (artículos 188.2 y 177.2 del TRLoTENC).
- Que si se acreditara que se reúnen los requisitos referenciados en la Ley 4/2006, de 22 de mayo, se resolvería en aplicación de la misma.
III
Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del citado TRLoTENC, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido que concurran en el presente expediente, si bien la sanción se establece únicamente por la construcción del garaje por lo ya reseñado anteriormente, toda vez que, y en beneficio del interesado, se propone una multa equivalente al 100% del valor de la obra, al ser menos gravosa de la resultante de aplicar las atenuantes apreciadas de ausencia de intención de causar daño y ausencia de beneficio obtenido, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del mismo.
IV
En virtud del artículo 179.1 del TRLoTENC las Propuestas de Resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado, con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
V
En virtud del artículo 182 del TRLOTC, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
VI
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de ocho mil ciento noventa y cinco (8.195) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción, referida a la construcción de un garaje de unos 35 m2 aproximados, a D. Juan José Castilla García, en calidad de promotor de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del TRLoTENC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del TRLoTENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo Texto Legal.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de todas las obras referidas, esto es, una casa de madera de unos 45 m2 aproximados y un garaje de unos 35 m2 aproximados, y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado."
De todo lo cual se da traslado al interesado, concediéndole un plazo de quince días, contados a partir del día en que se le notifique la presente Resolución, para que pueda alegar cuanto considere conveniente en su defensa ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña, relación de los documentos obrantes en el procedimiento a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 1470/02-U
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 23 de enero de 2006, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006.
- Boletín de denuncia.
- Resolución y suspensión.
- Precinto.
- Oficio del Ayuntamiento de Arafo.
- Diligencia de seguimiento de precinto.
- Oficio del Ayuntamiento de Arafo.
- Diligencia de seguimiento de precinto.
- Informe Técnico.
- Diligencia de incumplimiento de precinto.
- Valoración.
- Resolución de incoación.
- Notificaciones.
- Alegaciones."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de octubre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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