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Habiendo sido intentada la notificación en repetidas ocasiones de las citadas Órdenes de inicio de reintegro en los domicilios que figuran en los expedientes que se custodian en este Centro Directivo, sin que hayan sido recibidas por los interesados, es por lo que conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1.- Notificar mediante la publicación del presente anuncio a la Asociación de Usuarios y Consumidores Independientes de La Palma -"Asuci-La Palma", la Orden nº 291/2005, de 21 de julio, referida, cuyo tenor literal es el siguiente:
Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por la que se dispone declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la Asociación de Usuarios y Consumidores Independientes de La Palma "Asuci-La Palma", destinada a sufragar gastos corrientes en el ejercicio de 1999.
Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo a efectos de declarar la caducidad del procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la Asociación de Usuarios y Consumidores Independientes de La Palma -"Asuci-La Palma" por importe de 2.808,53 euros destinada a sufragar gastos corrientes en el ejercicio de 1999.
Vista la propuesta formulada por la Dirección General de Consumo.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
I.- En virtud de Orden del titular de la Consejería de Sanidad y Consumo de fecha 30 de septiembre de 1999, se concedió a la Asociación de Usuarios y Consumidores Independientes de La Palma "-Asuci-La Palma", una subvención por importe de quinientas mil (500.000) pesetas (3.005,06 euros), destinada a financiar gastos corrientes de la asociación en el ejercicio 1999.
II.- Por la Intervención General se realizó, a través de la empresa Mundiaudit, S.L., un Control Financiero (Especial de Comprobación) a la citada Asociación, con fecha 24 de septiembre de 2002, se realizó el informe de control Financiero, en el que se detectan los siguientes incumplimientos:
a) Del total de gastos justificados por la entidad, el recibo por importe de 311.00 pesetas (1.869,15 euros) tiene fecha 28 de diciembre de 1999, que si bien corresponde a gastos realizados en 1999 de acuerdo con la base 3ª de dicha Orden, el justificante del mismo tiene fecha posterior a la del plazo máximo de justificación, incumpliendo lo estipulado en la base 14ª de la Orden de convocatoria.
b) De la totalidad de los gastos justificados, hay gastos por importe de 311.000 pesetas (1.896,15 euros) que la entidad abonó a la Presidenta de la Asociación en concepto de kilometrajes y mediaciones para hacer las funciones de la Asociación y que se documentan con un simple recibo, sin que se pueda distinguir el importe parcial de los conceptos citados y, por el concepto de mediaciones, la correspondiente retención de I.R.P.F., incumpliéndose lo establecido en las bases 14ª.4 y 14ª.6 de la convocatoria.
Por otra parte, los justificantes aportados por la Asociación no reflejan expresamente que se ha efectuado su pago, ni contienen el Vº.Bº. del Presidente de la Asociación, incumpliendo con la base 14ª.1 de la convocatoria.
c) La entidad no lleva ningún tipo de contabilidad, incumpliendo lo estipulado en la base 15.1.g) de las bases de la convocatoria y el Decreto 1.440/65 m, de 20 de mayo, por el que se dictan las normas complementarias a la Ley 191/1964, de 24 de diciembre, de Asociaciones.
La subvención concedida a la entidad supone el 93,46% de la actividad subvencionada y la entidad no ha facilitado los extractos bancarios de su cuenta corriente en el BBVA, S.A. no obstante, del estado de rendición de cuentas firmado por la entidad, no existen otros ingresos o subvenciones a efectos de la actividad subvencionada.
d) Del estado de rendición de cuentas se deriva que el importe de la totalidad de ingresos no supera el coste de la actividad subvencionada. No obstante como consecuencia de los resultados de control realizado, se ha puesto de manifiesto que no se ha obtenido evidencia adecuada y suficiente del coste total de la actividad conforme se establece en la base 15ª.1.d) de la convocatoria.
e) La Asociación no ha acreditado la presentación ante el Órgano Gestor de la memoria explicativa de la actividad, exigida en la base 17ª de la Orden de 21 de mayo de 1999.
f) Tal y como se describe en el apartado 5.12 del informe, se ha estimado un déficit de aplicación de la subvención por importe de 534.988 pesetas (3.215,34 euros), que genera una cantidad a reintegrar de 467.300 pesetas (2.8087,52 euros).
III.- Examinadas las alegaciones realizadas por la empresa auditada al informe provisional de comprobación, por la empresa Mundiaudit, S.L. contesta a las mismas, no realizando modificaciones al contenido de su informe provisional.
IV.- Con fecha 16 de abril de 2003, registro de salida 2413/2003, la intervención formula propuesta de inicio de expediente de reintegro respecto de la subvención mencionada.
V.- Por Orden del Consejero de Sanidad y Consumo de 2 de junio de 2003, se resuelve iniciar, a Propuesta de la Intervención General, el expediente de reintegro por importe de 2.808,53 euros, al considerarse un déficit de aplicación por importe de 3.215,34 euros conforme al apartado V.5 12 del informe de control financiero de fecha 24 de septiembre de 2002 que se transcribe a continuación:
I.- Mediante Orden de 4 de mayo de 2004 del Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Se declara la caducidad del procedimiento de reintegro iniciado mediante Orden del Consejero de Sanidad y Consumo de fecha 2 de junio de 2003, de la subvención concedida y abonada a la Asociación de Usuarios y Consumidores Independientes de La Palma -Asuci La Palma-, por haber transcurrido seis meses sin dictarse resolución expresa, en virtud de lo estipulado en el artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, donde se establece que el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y en tal sentido, el artículo 8.2 del Real Decreto 2.225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones públicas establece en relación al procedimiento de control de las subvenciones que si no hubiera recaído resolución expresa transcurridos seis meses desde la iniciación del procedimiento, se iniciará el cómputo de caducidad establecido en el artículo 43.4 (actualmente 44.2) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.VII.- Mediante Orden nº 267/2004, de 16 de junio, del Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías se inicia procedimiento de reintegro de la subvención concedida a la Asociación de Usuarios y Consumidores Independientes de La Palma-Asuci La Palma- y se notifica al interesado con fecha 30 de junio de 2004. Ante el intento fallido de notificación y dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se publica anuncio de la Dirección General de Consumo en el Boletín Oficial de Canarias nº 91, de 11 de mayo de 2005, sin que por parte de la entidad beneficiaria se presentara alegación alguna una vez transcurrido el plazo establecido.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- El artículo 35.1 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias dispone que procederá la devolución íntegra de las cantidades percibidas cuando concurra alguno de los siguientes supuestos: "c) El incumplimiento de las condiciones impuestas en la resolución de concesión de la subvención".
Segunda.- El artículo 36 del citado Decreto 337/1997, establece asimismo que el procedimiento se iniciará a propuesta de la Intervención General con audiencia del interesado por un plazo no inferior a diez días.
Tercera.- El artículo 42.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que el plazo máximo en que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento, y en tal sentido el artículo 42.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece que el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento de reintegro será de doce (12) meses a partir del Acuerdo de iniciación.
Cuarta.- El artículo 44.2 de la mencionada Ley establece que la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio, en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92.
Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en su virtud y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto de 123/2003, de 17 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de las Consejerías del Gobierno de Canarias y demás disposiciones vigentes, el titular de este Departamento de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la caducidad del procedimiento de reintegro, iniciado mediante Orden del Consejero de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de fecha 16 de junio de 2004, de la subvención concedida y abonada a la Asociación de Usuarios y Consumidores Independientes de La Palma-Asuci La Palma, destinada a sufragar gastos corrientes de la asociación en el ejercicio de 1999, por haber transcurrido un año sin haberse dictado y notificado resolución del procedimiento.
Segundo.- Ordenar el archivo de las actuaciones con los efectos previstos en el artículo 92 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del día siguiente a su notificación, significándole que en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de septiembre de 2006.- El Director General de Consumo, Pedro Manuel Rodríguez Pérez.
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