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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Augusto García Betancort, de la Resolución nº 2431, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 18 de septiembre de 2006, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Augusto García Betancort, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2431, de fecha 18 de septiembre de 2006, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción de la legalidad urbanística, con referencia I.U. 402/99-B, y cuyo texto es el siguiente:
Examinado el expediente sancionador de referencia, tramitado por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural contra D. Augusto García Betancort y atendiendo a los siguientes
ANTECEDENTES
I
Por Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 422, de fecha 16 de febrero de 2006, se acordó el inicio de procedimiento sancionador a D. Augusto García Betancort, en calidad de promotor, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y sancionada, conforme preceptúa el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,0 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente; siendo la sanción propuesta en el caso que ocupa la de setenta y dos mil (72.000) euros. Dicha resolución fue debidamente notificada, el 23 de febrero de 2006, mediante entrega a su esposa, Dña. Trinidad Armas, titular del D.N.I. 78.540.015.
II
Con fecha 29 de marzo de 2006, por el Instructor del procedimiento se interesa informe técnico a la Sección de Apoyo Técnico a la Instrucción, sobre si las obras denunciadas afectan a Espacio Natural Protegido.
Dicho informe es emitido, con fecha 30 de marzo de 2006, confirmando que las citadas obras quedan fuera de los límites de la red de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, incluida en el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
III
Con fecha 6 de abril de 2006, y al amparo del artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el Instructor del procedimiento acordó la apertura de período de prueba, y a tal efecto solicitó de:
"Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, Destacamento de Lanzarote, que se compruebe y se informe a este Instructor si D. Augusto García Betancort, ostentaba o no, la condición de constructor de las obras consistentes en construcción de una edificación, en el lugar denominado Temacen-Tao, del término municipal de Teguise, en suelo clasificado como rústico, sin los títulos habilitantes para la ejecución de las mismas (calificación territorial y licencia urbanística), y que son objeto del presente procedimiento (se adjunta copia de las denuncias formuladas, así como fotografías más expresivas de las obras y plano de situación)."
En el propio acuerdo de apertura de período de prueba, el Instructor acuerda suspender el transcurso del plazo máximo legal, establecido para la resolución del presente procedimiento, desde la petición de los citados informes, hasta la recepción de los mismos, de conformidad con los artículos 42.5.c) y 83.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Este plazo de suspensión no podrá exceder en ningún caso de tres meses.
De igual manera, dicho acuerdo de apertura de pruebas consta debidamente notificado al propio expedientado, mediante entrega a su esposa, Dña. Trinidad Armas, el 2 de mayo de 2006.
Por el Cabo Jefe del Destacamento del Seprona en Lanzarote, se emite informe, que tiene entrada en este Centro Gestor el 24 de mayo de 2006, en el que indica, que "los agentes denunciantes, debido al tiempo transcurrido desde la fecha de la denuncia, julio de 1999, y a la fecha actual, año 2006, no recuerdan con exactitud la identificación del constructor, aunque se hace constar que si venía recogido en la denuncia como constructor, se debe a que fue identificado como tal en el momento de hacer la denuncia, así como que los datos son los aportados por dicho señor".
IV
Dentro de los plazos otorgados al efecto, el expedientado no ha presentado alegaciones, ni ha solicitado apertura de período de prueba.
V
Con fecha 19 de julio de 2006, el Instructor formula Propuesta de Resolución proponiendo la imposición al expedientado de una sanción de cuarenta mil quinientos (40.500) euros por la comisión de la referida infracción, en calidad de constructor. Dicha propuesta fue igualmente notificada mediante entrega, a su esposa, a Dña. Trinidad Armas Betancort, la cual se niega a firmar.
VI
No consta que se haya presentado por D. Augusto García Betancort, en el registro de entrada en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural hasta la fecha de hoy, escrito de alegaciones a la citada Propuesta de Resolución, por lo que procede dictar la presente Resolución, con la documentación obrante en el expediente.
HECHOS PROBADOS
De la señalada documentación obrante en el presente expediente administrativo, así como de las pruebas practicadas, en su caso, se derivan los siguientes hechos probados:
1.- Se han realizado obras consistente en la construcción de una edificación, sita en el lugar denominado Temacen-Tao, del término municipal de Teguise, en suelo clasificado como suelo rústico, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
2.- De la mencionada infracción se consideran responsables directos, a título de promotor, a D. Marcos Adolfo Morales Ferrer, y a título de constructor, a D. Augusto García Betancort, en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.
3.- Consta denegada la calificación territorial, expediente administrativo nº 123/99, mediante Decreto del Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, de fecha 20 de marzo de 2000.
4.- Que en el "Censo de edificaciones no amparadas por licencia" previsto por el Decreto 11/1997, de 31 de enero, modificado por el Decreto 94/1997, de 9 de junio, con el nº 19571, figura inscrita una vivienda aislada de 1 planta en construcción, a nombre de D. Adolfo Morales Ferrer.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para iniciar, instruir y resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c) y 229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
De la documentación obrante en el expediente, y de las pruebas practicadas al efecto, no motivan el archivo del procedimiento sancionador, toda vez que:
1.- Se ha cometido una infracción consistente en la construcción de una edificación, sita en el lugar denominado Temacen-Tao, del término municipal de Teguise, en suelo clasificado como suelo rústico, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLOTCENC). Y la apreciación de la presunta comisión de una infracción a este Texto Refundido, dará lugar siempre, a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artº. 177.2 del citado Texto Refundido), con independencia en su caso, de haber paralizado la ejecución de las obras en curso suspendidas.
2.- En cuanto a la imputación de la responsabilidad del expedientado, en calidad de constructor, que motiva el presente procedimiento sancionador, e independiente de la del promotor, y considerando la exposición hecha en la elevada Propuesta de Resolución, en el sentido que ante un ilícito urbanístico que consista en la ejecución de obras, sin la obtención de las previas y preceptivas autorizaciones y, concretamente en suelo rústico (calificación territorial y licencia urbanística municipal) o, en contra de sus condicionamientos, son sujetos responsables, artículo 189 del citado TRLOTCENC: "1.- Las personas físicas o jurídicas que infrinjan lo prevenido en esta Ley y, en especial, el promotor, el constructor de las obras y el Director Técnico de las mismas ...".
Señalando, asimismo, el artículo 193 del citado cuerpo legal, que las multas que se impongan a los distintos responsables de una misma infracción, tienen entre sí carácter independiente. Esta independencia se refiere a cada uno de los grupos subjetivos responsables, esto es, promotor, empresario de las obras, y el director técnico de las mismas. Así, de una misma infracción, pueden ser responsables diversas personas, que deben ser sancionadas separadamente, de modo que las sanciones impuestas a cada uno de ellos son independientes entre sí (STSJ Baleares 23-12-1997; STSJ La Rioja 12-1-1996; STS 14-4-1992; entre otras).
En el caso que nos ocupa, en la denuncia formulada por los agentes del Seprona de la Guardia Civil, destacamento de Lanzarote, de fecha 5 de julio de 1999, se expresa como responsable de las obras, en calidad de constructor, a D. Augusto García Betancort, con domicilio en la calle Teniche, 13, de Arrecife (Las Palmas), posteriormente, y conforme a los medios de prueba practicados, dicha imputación se ratifica, mediante nuevo informe del Seprona, de fecha 14 de abril de 2006, que tuvo entrada en la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el 24 de mayo del mismo año. Y estos hechos constatados por funcionarios, a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formaliza en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, y que al día de la fecha no han sido desvirtuados, tienen valor probatorio, sin perjuicio que en defensa de los respectivos derechos o intereses pudiera señalar o aportar el/los propio/os administrado/os (artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).
III
Los indicados hechos probados son constitutivos de una infracción tipificada como grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en cuanto que supone "la realización de actos y actividades de transformación del suelo, mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias y órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas."
El artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción será sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
IV
Se aprecian en el presente caso las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad:
- Como atenuantes, y siguiendo un criterio flexible en su aplicación, se aprecia de oficio las circunstancias previstas en: 1.- el artículo 198.a) del citado texto legal "la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados"; y en 2.- el artículo 198.c) del mismo cuerpo legal "La paralización de las obras o el cese en la actividad o uso, de modo voluntario, tras la inspección y la pertinente advertencia del agente la autoridad".
- Como circunstancias mixtas, por un lado, se aprecia como agravante, la circunstancia prevista en el artículo 199.a) del mencionado Texto Refundido, en cuanto del expediente, se constata que existe un grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual, al ostentar la condición de constructor, y por consiguiente, ser conocedor de las normas que regulan la actividad de la construcción y edificación como profesional que se dedica a estos menesteres (STS 13-2-1995).
Ponderando la incidencia de dichas circunstancias en la valoración económica de las obras denunciadas, y de la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio de proporcionalidad, es ajustado imponer a D. Augusto García Betancort, una sanción por cuantía de cuarenta mil quinientos (40.500) euros.
V
De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición. Es por ello que, habiéndose denegado calificación territorial para la legalización de las obras de construcción de edificación destinada a vivienda, mediante Resolución del Ilmo. Sr. Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, de 20 de marzo de 2000, procede ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de las obras en cuestión, salvo que se acredite que en el instrumento de planeamiento municipal, que se encuentra en fase de avance, el suelo afectado por las obras denunciadas, se encuentra incluido en suelo urbano o en rústico, con la categoría de asentamiento rural o agrícola. No obstante, respecto de la primera planta de la vivienda, inscrita en el Censo de edificaciones no amparadas por licencia, bajo el nº 19571, conforme lo previsto en el Decreto 11/1997, de 31 de enero, se ha de suspender cautelarmente la ejecutoriedad de la orden de demolición, hasta que se cumplan las previsiones establecidas en la Disposición Adicional Primera del mencionado TRLOTCENC.
Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a D. Augusto García Betancort, una multa por cuantía de cuarenta mil quinientos (40.500) euros, como responsable, en calidad de constructor, de una infracción administrativa consistente en la construcción de una edificación, ubicada en suelo clasificado como rústico, en el lugar denominado Temacen-Tao, del término municipal de Teguise, sin los títulos habilitantes necesarios para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente.
Segundo.- Notificar la presente Resolución al infractor y demás interesados.
Se le comunica que el cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 27 de septiembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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