No habiéndose podido notificar a Dña. María Teresa Rodríguez Pérez en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente nº 127/01-U de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. María Teresa Rodríguez Pérez la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 22 de agosto de 2006 recaída en el expediente con referencia nº 127/01-U y que dice textualmente:
El Instructor del procedimiento sancionador seguido frente a usted, ha adoptado, con fecha 22 de agosto de 2006, el siguiente acuerdo:
"Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia seguido frente a Dña. María Teresa Rodríguez Pérez por realizar obras consistentes en "tres edificaciones aisladas con una superficie aproximada de 64, 65, y 30 m2 cada una, ampliación de edificación existente en tres módulos con una superficie de unos 147 m2 (posible uso como perrera y garaje) y muro de cerramiento, asimismo se ha procedido a la instalación permanente de contenedor y a la roturación de terreno", careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en el lugar denominado "Cuesta La Juliana, 7", en el término municipal de El Paso, en la isla de La Palma.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Organismo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
Primero.- En el lugar denominado "Cuesta La Juliana, 7", en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, en el término municipal de El Paso, se realizaron obras consistentes en "tres edificaciones aisladas con una superficie aproximada de 64, 65, y 30 m2 cada una, ampliación de edificación existente en tres módulos con una superficie de unos 147 m2 (posible uso como perrera y garaje) y muro de cerramiento, asimismo se ha procedido a la instalación permanente de contenedor y a la roturación de terreno", promovidas por Dña. María Teresa Rodríguez Pérez, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en ese tipo de suelo (calificación territorial y licencia municipal de obras), tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Segundo.- Con fecha 8 de marzo de 2001, por Resolución nº 346 del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de esta Agencia, se resuelve suspender las obras, requiriendo a la interesada para que instara su legalización.
Tercero.- Con fecha 27 de abril de 2006, se dictó la Resolución nº 1087 por el Director Ejecutivo de esta Agencia, en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra Dña. María Teresa Rodríguez Pérez, promotora de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción al Texto Refundido, calificada de grave en el artículo 202.3.b), y sancionada en el artículo 203.1.b), con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros.
Cuarto.- No habiéndose podido notificar la citada resolución en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, con fecha 4 de julio de 2006 se procede a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
Quinto.- Con referencia al citado expediente, contra la citada Resolución, no se ha presentado escrito de alegaciones dentro de los plazos legales.
FUNDAMENTOS JURÍDICOS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, modificado por Ley 4/2006, de 22 de mayo, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las actuaciones en suelo rústico requieren calificación territorial con carácter previo al otorgamiento de la igualmente preceptiva licencia municipal de obras, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del Texto Refundido.
Los hechos denunciados, que no han sido desvirtuados por prueba alguna en contrario, son constitutivos de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Texto Refundido, y sancionada en el artículo 203.1.b) con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de los preceptivos títulos legitimantes, calificación territorial y licencia municipal de obras.
En el presente caso se observa que concurren las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a) del Texto Refundido, en su consideración de atenuante, al no quedar acreditado de forma expresa en el expediente un conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia.
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.b) del Texto Refundido, en su consideración de atenuante, en función de la valoración de las obras. En base al informe técnico de fecha 9 de febrero de 2006, las obras ascienden a la cantidad de 59.570,00 euros.
Examinada la valoración de las obras, las circunstancias concurrentes y todo ello en relación con el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, se propone la imposición de una multa de 44.000 euros.
III
En virtud del artículo 179.1 las propuestas de resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando, instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y, de la instrucción del procedimiento, resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado, con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
IV
En virtud del artículo 182 del Texto Refundido, si el responsable o los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un 90% de la multa que deba imponerse o se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
V
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.389/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de cuarenta y cuatro mil (44.000,00) euros, a Dña. María Teresa Rodríguez Pérez, en calidad de promotora de las obras descritas en los antecedentes de la presente Resolución, de conformidad con el artículo 189 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por la comisión de la infracción al Texto Refundido.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada y a tal efecto requerir para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la restauración será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%) conforme al artículo 183 del Texto Refundido, modificado por Ley 4/2006, de 22 de mayo.
Tercero.- Advertir a la interesada que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago de conformidad con el artículo 182 del Texto Refundido, modificado por la Ley 4/2006, de 22 de mayo.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago tal y como establece el referido artículo 182.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución a la interesada."
De todo lo cual se le da traslado y se le concede, en cumplimiento del artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, un plazo de quince días para que pueda formular las alegaciones que estime convenientes en su defensa, así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinentes.
Se acompaña la relación de los documentos que constan en el expediente, a los efectos establecidos en el artículo 19.1, del citado Decreto.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 127/01-U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 23 de enero de 2006, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006.
- Denuncia.
- Resolución de Suspensión.
- Oficio al Ayuntamiento.
- Oficio del Ayuntamiento.
- Diligencia de Precinto.
- Decreto del Ayuntamiento nº 503/2001.
- Diligencia de 1º seguimiento de precinto.
- Valoración.
- Informe Técnico.
- Denuncia AMA.
- Denuncia SEPRONA.
- Valoración.
- Informe Técnico.
- Resolución de Incoación.
- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
- Resolución corrección error material y publicación.
- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias.
- Oficio del Ayuntamiento."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 15 de septiembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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