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No habiéndose podido notificar a D. Ángel Óliver Delgado Hernández en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1544/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Ángel Óliver Delgado Hernández la Resolución de fecha 31 de julio de agosto de 2006, recaída en el expediente con referencia 1544/02-U, y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Ángel Oliver Delgado Hernández, por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en suelo rústico, en el término municipal de Güímar.
Vistos el informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el lugar conocido como "Camino del Lomo de la Pina", término municipal de Güímar, se están ejecutando obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, consistentes en la construcción de dos edificaciones, una de tres plantas de 120 m2 cada una y la otra de tres plantas de 119 m2 cada una, promovidas por D. Ángel Oliver Delgado Hernández careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística.
Segundo.- Con fecha 4 de febrero de 2005, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural dictó Resolución nº 348, por la que se acordó suspender las obras antes descritas, proceder al precinto de las mismas y requerir al afectado para que en el plazo de tres meses instara la legalización de las obras objeto de este expediente.
Tercero.- Con fecha 24 de febrero de 2006, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, mediante Resolución nº 547, acordó incoar el oportuno expediente sancionador contra D. Ángel Oliver Delgado Hernández.
Cuarto.- Por el Instructor del expediente se formuló como Propuesta de Resolución, la imposición de una multa de cincuenta y un mil quinientos (51.500,00) euros, a D. Ángel Oliver Delgado Hernández como responsable de una infracción urbanística tipificada y calificada como grave por el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, así como acordar la demolición de las obras ilegalmente construidas.
Quinto.- Notificada la Propuesta de Resolución al interesado, éste presenta escrito de fecha 21 de julio de 2006 con registro de entrada en este Organismo de fecha 17 de agosto de 2006, por el que sucintamente alega:
- Que en relación con los mismos hechos que se derivan del expediente de referencia, el interesado tiene interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de Santa Cruz de Tenerife, recurso contencioso-administrativo.
- Que el interesado no ha construido edificación alguna, puesto que las obras objeto del presente expediente ya existían en 1998 cuando adquirió la propiedad de la parcela donde éstas se ubican.
- Que a la obra objeto del expediente no le puede ser de aplicación el régimen instaurado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por cuanto no se ha realizado obra alguna con posterioridad a la entrada en vigor de dicha norma.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 199 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, que aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC), en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.
II
Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación territorial, de conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLOTC.
III
Las alegaciones realizadas por el interesado no vienen a desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, consistente en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.
En relación a la existencia de un procedimiento jurisdiccional seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº Tres de Santa Cruz de Tenerife a instancias del interesado, que versa sobre los mismos hechos que el expediente de referencia, debe reiterarse lo ya señalado en la Propuesta de Resolución, y es que, en contra de lo afirmado por el interesado, el procedimiento jurisdiccional y el procedimiento sancionador recaen sobre objetos diversos, el primero, la impugnación de un acto administrativo (resolución dictada por el Ayuntamiento de Güímar por la que se deniega la calificación territorial al interesado) y el segundo determinar y, en su caso sancionar, la presunta comisión de una infracción contra la ordenación del territorio prevista en el artículo 202.3 del TRLoTENC (consistente en la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante al realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la preceptiva calificación territorial), dejando así claro que el interesado carecía de los títulos legitimantes al iniciar las actuaciones por las que se sigue el presente expediente, quedando ratificada tal afirmación una vez examinado el testimonio del escrito de interposición del recurso jurisdiccional contencioso-administrativo, así como de la resolución recurrida y de la sentencia recaída en el proceso, remitido a este Organismo por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa Cruz de Tenerife en fecha 26 de mayo de 2006.
A mayor abundamiento, la sentencia nº 152/2006, de 11 de mayo de 2006, que resuelve dicha cuestión litigiosa, falla en el sentido de desestimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por D. Ángel Oliver Delgado Hernández, reputando la plena conformidad a Derecho de la resolución recurrida por la que se deniega la calificación territorial instada por el recurrente.
Con respecto a la existencia de la edificación con anterioridad a 1998, año en que el interesado adquiere la propiedad del terreno donde se ubican las edificaciones, debe tenerse en cuenta que el interesado se limita a mantener tal afirmación sin aportar prueba alguna que la sustente y sin que de la documentación incorporada al expediente, derivada tanto de las actuaciones practicadas de oficio, como aportada por el propio interesado, pueda comprobarse y admitirse tal alegación, antes al contrario, las contradice. Así, en la copia del contrato privado de compraventa, el objeto de la transmisión es el terreno o la parcela donde actualmente se sitúan las dos construcciones objeto del presente expediente, sin que en ella se haga mención alguna sobre la existencia de edificaciones o construcciones que avale la preexistencia de las mismas ahora sostenida por el interesado. En consecuencia, debe rechazarse la alegación del interesado de que "él no ha llevado a cabo construcción alguna", al no aportar prueba que lo avale y contradiga las que se derivan de la documentación incorporada al expediente.
En cuanto a la prescripción de la infracción alegada por el interesado, debe señalarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 201 "in fine" del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el plazo de la prescripción aún no ha comenzado a correr, pues éste empezará a correr a partir de la total terminación de las obras, cosa que ha fecha de la última inspección realizada por nuestro servicio técnico el 24 de octubre de 2005, aún no se había producido. Por lo tanto la infracción no sólo no ha prescrito, sino que aún no se ha iniciado el plazo de prescripción, pues no se han finalizado las obras.
Finalmente, en relación a la no aplicación del régimen instaurado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, debe tenerse en cuenta que esta norma jurídica, por la que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, refunde la Ley de Ordenación del Territorio de Canarias 9/1999, de 13 de mayo, entrando en vigor el 15 de mayo de 1999; por lo tanto dicha legislación le es de aplicación a toda obra que desde entonces esté en ejecución, ya que en las infracciones continuadas se aplica la legislación vigente en el momento en que se está ejecutando máxime cuando la misma al carecer de las autorizaciones necesarias se realiza en la clandestinidad.
IV
Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción administrativa tipificada y calificada grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, ello en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de la autorizaciones pertinentes, esto es, calificación territorial y licencia municipal de obras.
V
Conforme a lo dispuesto en el artículo 196 del TRLoTENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción.
Se aprecian en el presente caso, las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:
- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.c) del TRLoTENC al paralizarse las obras de modo voluntario, tras la inspección y la pertinente advertencia del agente de la autoridad.
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.a) del TRLoTENC, grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual, que en el presente caso actúa como atenuante.
- La circunstancia mixta prevista en el artículo 199.c) del TRLoTENC, en su consideración de agravante, dado que el valor de las obras asciende a una cantidad de ciento tres mil novecientos ochenta y un euros con setenta y nueve céntimos (103.981,79 euros).
En base a ello y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 196 del TRLoTENC referido anteriormente, resulta aplicable en el presente caso una multa de cincuenta y un mil quinientos (51.500,00) euros.
VI
De conformidad con el artículo 179 del TRLOTC, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido el efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VII
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de cincuenta y un mil quinientos (51.500,00) euros a D. Ángel Óliver Delgado Hernández en calidad de promotor de las obras objeto del presente expediente consistentes en la construcción de dos edificaciones, una de tres plantas de 120 m2 cada una y la otra de tres plantas de 119 m2 cada una, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de Güímar.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la presente resolución, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de septiembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
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