Estás en:
No habiéndose podido notificar a D. José Rigoberto Díaz Brito en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente nº 268/00-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. José Rigoberto Díaz Brito la Resolución dictada por el Ilmo. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 4 de septiembre de 2006 recaída en el expediente con referencia nº 268/00-U y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. José Rigoberto Díaz Brito, por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Puntagorda.
Vistos el informe emitido por el Servicio Técnico de este Centro Directivo, y demás documentos obrantes en el expediente, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1.- En el lugar conocido como "Estación Repsol", en Camino de Pintado, s/n, término municipal de Puntagorda, se han ejecutado obras en suelo rústico, consistentes en la construcción de una edificación de tres plantas y un semisótano adosada a la parte trasera de la estación de servicio Repsol, con una superficie ocupada de 72 m2 y una altura aproximada de 10 m, promovidas por D. José Rigoberto Díaz Brito, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística.
2.- Mediante Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 330, de fecha 6 de abril de 2000, se ordenó la suspensión de las referidas obras, requiriendo al afectado para que en el plazo de tres meses instara su legalización mediante la solicitud de la correspondiente calificación territorial previa a la licencia urbanística igualmente preceptiva.
3.- Con fecha 4 de julio de 2000, se efectúa el correspondiente precinto. Constatado el incumplimiento de éste mediante diligencia de seguimiento de precinto de fecha 22 de mayo de 2002 (las obras suspendidas y precintadas continuaron con la colocación de la carpintería y enfoscado exterior de la construcción), y al amparo de lo dispuesto en los artículos 99 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), y 176.4 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos (TRLOTENC), se impuso al interesado una multa coercitiva mediante Resolución nº 1532, de fecha 16 de agosto de 2002. Contra dicha Resolución, el interesado interpuso recurso de reposición, siendo éste desestimado mediante Resolución nº 2278, de fecha 21 de noviembre de 2002.
4.- Mediante diligencia de fecha 20 de marzo de 2003 se constata un nuevo incumplimiento de la orden de suspensión y del precinto de las obras, razón por la cual se impone al interesado una nueva multa coercitiva mediante Resolución nº 604, de fecha 11 de abril de 2003. Interpuesto en tiempo y forma Recurso de reposición contra la Resolución citada, éste fue desestimado por Resolución nº 1146, de 29 de julio de 2003.
5.- Una vez realizada la visita de inspección al lugar de los hechos el 9 de agosto de 2005, se emite el correspondiente informe técnico con fecha 23 de agosto de 2005, valorándose las obras realizadas en una cantidad que asciende a sesenta y seis mil ochocientos ochenta y dos (66.882,00) euros.
6.- Consta en el expediente Resolución del Cabildo Insular de La Palma de fecha 15 de mayo de 2002, por la que se deniega la calificación territorial a D. José Rigoberto Díaz Brito, para la legalización de almacén vinculado a estación de servicio, con una superficie construida de 165,07 m2, en Pintado, en el término municipal de Puntagorda.
7.- Mediante Resolución nº 653, de fecha 9 de marzo de 2006, se procede a la incoación de expediente sancionador contra D. José Rigoberto Díaz Brito como presunto responsable de una infracción contra la ordenación del territorio, en calidad de promotor de las obras objeto del presente expediente. Dicha Resolución fue notificada al interesado el 23 de marzo de 2006 con indicación expresa de su derecho a formular alegaciones en el plazo de quince días.
8.- Con referencia al citado expediente, el día 5 de abril de 2006, el interesado presenta, vía fax, escrito por el que solicita se acceda a la remisión a su domicilio de copia de los datos, antecedentes, informes técnicos y valoraciones que han servido de base a los actos dictados por esta Administración y a la incoación del presente expediente sancionador. Asimismo solicita, en tanto se remita dicha documentación, sea suspendido el plazo para formular alegaciones en el expediente sancionador incoado.
9.- En contestación a dicha solicitud, el 15 de mayo de 2006 se notifica al interesado escrito por el que se le hace constar que la remisión de copia de los documentos obrantes en el expediente, sólo podía tener lugar previo pago de las tasas correspondientes, siendo necesario para ello que el interesado contactara con la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural al objeto de identificar los documentos cuya copia requería que le fueran remitidos, procediera al pago de las tasas correspondientes y una vez tuviera este Organismo constancia de dicho abono, se procedería a la remisión solicitada. Asimismo, se le notifica el rechazo de la petición de suspensión del procedimiento al no encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Hasta la fecha no consta que el interesado haya realizado actuación alguna en el sentido indicado anteriormente, para que este Organismo pudiera remitir al interesado copia de la documentación solicitada.
10.- Con fecha 26 de junio de 2006, D. José Rigoberto Díaz Brito, presenta escrito por el que formula las siguientes alegaciones:
- Que la negativa de suspender el procedimiento va en contra de la tónica de trabajo implantada en supuestos similares en el sentido de paralizar la tramitación de expedientes en tanto se facilite la información solicitada por los ciudadanos de las islas menores.
- Que la resolución por la que se deniega la suspensión, que carece de pie de recurso, se dicta transcurridos 18 días desde su petición y no en un plazo que hubiera permitido realizar alegaciones en el plazo conferido en la Resolución de incoación.
- Que la supuesta infracción que se denuncia y que ha sido objeto de incoación del presente expediente sancionador, estaría prescrita al haber transcurrido el período de dos años previsto en el artículo 205.1, en relación con el artículo 201.1 del TRLOTENC, por lo que, de conformidad con lo establecido en los artículos 132 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre y 6.1 del Real Decreto 1.398/1993, se debe proceder a la conclusión del expediente sancionador.
- Que en el avance del Plan General del municipio de Puntagorda, se contempla que la zona donde se ubica la edificación, previa aprobación por la CUMAC, sea declarada como zona industrial.
Asimismo, se propone la práctica de prueba consistente en librar oficio al Ayuntamiento de Puntagorda sobre la declaración como zona industrial aquella donde se ubica la edificación objeto del presente expediente, en el avance del Plan General del referido municipio.
11.- Con fecha 1 de agosto de 2006, la Instructora del procedimiento eleva Propuesta de Resolución en la que propone imponer a D. José Rigoberto Díaz Brito la multa de treinta mil (30.000,00) euros, en calidad de promotor de las obras señaladas, de conformidad con el artículo 189 del TRLOTC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del texto normativo citado y sancionada en el artículo 203.1.b), así como ordenar el restablecimiento de la realidad física alterada.
12.- El 31 de agosto de 2006, tiene entrada en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, escrito del expedientado en el que presenta una serie de alegaciones a la citada Propuesta de Resolución, en las que básicamente se limita a manifestar nuevamente lo expuesto en su escrito de alegaciones.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 del TRLOTC, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.
II.- Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial, de conformidad con los artículos 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLOTC antes mencionado.
III.- Las alegaciones realizadas por el interesado no vienen a desvirtuar el hecho cierto y objetivo por el que se incoa el presente procedimiento, consistente en la inexistencia de los permisos necesarios para realizar las obras de las que trae causa este expediente, toda vez que es requisito imprescindible la obtención de las correspondientes autorizaciones con anterioridad a la ejecución de la referida obra.
A mayor abundamiento, se vuelve a señalar en este momento lo que se manifestó al elevar Propuesta de Resolución, en el sentido de que la remisión de copia de los documentos obrantes en el expediente, sólo puede tener lugar previo pago de las tasas correspondientes, siendo necesario para ello que el interesado contactara con esta Agencia al objeto de identificar los documentos cuya copia requería que le fueran remitidos, procediendo al pago de las tasas correspondientes y una vez tuviera este Organismo constancia de dicho abono, se procedería a la remisión solicitada. Asimismo, se le notifica el rechazo de la petición de suspensión del procedimiento al no encontrarse en ninguno de los supuestos recogidos en el artículo 42.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Hasta la fecha no consta que el interesado haya realizado actuación alguna en el sentido indicado anteriormente, para que este Organismo pudiera remitir al interesado copia de la documentación solicitada.
IV.- Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de una infracción contra la ordenación del territorio, tipificada y calificada como grave en el artículo 202.3 del TRLOTC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal con multa de 6.010,13 euros a 150.253,03 euros, ello en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, al carecer las obras objeto de este expediente de las autorizaciones pertinentes, esto es, calificación territorial y licencia municipal de obras.
Así, en el presente caso, se aprecian las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:
- La circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a) relativa a la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos afectados.
- La circunstancia mixta en su consideración de atenuante prevista en el artículo 199.a) relativa al grado de conocimiento de la normativa legal, así como
- La circunstancia mixta en su consideración de atenuante prevista en el artículo 199.b) relativa a la ausencia de beneficio económico obtenido de la infracción, dado que el valor de las obras ejecutadas asciende a sesenta y seis mil ochocientos ochenta y dos (66.882,00) euros.
V.- De conformidad con el artículo 179 del TRLOTC, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado inmediatamente anterior a la infracción, en los siguientes supuestos:
- Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
- Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
- Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI.- Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el Reglamento sobre procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer una multa de treinta mil (30.000,00) euros a D. José Rigoberto Díaz Brito, en calidad de promotor de las obras de edificación de una edificación de tres plantas y un semisótano adosada a la parte trasera de la estación de servicio Repsol, con una superficie ocupada de 72 m2 y una altura aproximada de 10 metros, de conformidad con el artículo 189 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir al interesado para que en el plazo de un (1) mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requemamiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de Puntagorda.
El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, cabe recurso potestativo de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el cual podrá presentarse en las dependencias sitas en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, o en los registros previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, antes señalada, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca la notificación de la presente Resolución, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 14 de septiembre de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
© Gobierno de Canarias