Intentada, sin que se haya podido practicar, la notificación del acta de infracción nº 633/2006, de 4 de abril, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se declara el inicio del procedimiento sancionador incoado a la empresa Tasca Rico Rico, S.L.L., en el domicilio que figura en el expediente, se procede, conforme a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), a publicar el texto del mismo:
La Inspectora de Trabajo y Seguridad Social que suscribe, en uso de las facultades que le otorga el artículo 7.4 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (B.O.E. del día 15), y Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (B.O.E. de 8.8.00), hace constar:
1. El día 20 de enero de 2006 se remitió citación, a través del servicio de Correos, a la empresa Tasca Rico Rico, S.L.L., en orden a la comparecencia de la representación de la misma ante las oficinas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas (sitas en la calle Luis Doreste Silva, 64, Las Palmas de Gran Canaria) el día 2 de febrero de 2006, a las 11,00 horas, en relación con la oferta de empleo nº 05/2005/11190, presentada en la Oficina de Empleo de Rafael Cabrera, para el desempeño de un puesto de trabajo de "Pinche de Cocina".
2. El día 7 de febrero de 2006 compareció D. Juan Francisco Hernández Rodríguez, en representación de la empresa titular de la presente acta, ante las oficinas de la Inspección Provincial, constatándose que el candidato D. José Déniz Cedrés (D.N.I. 42777068N) no fue admitido tras el proceso selectivo, consignado por el referido representante de la empresa, como causa de no admisión, que "en la oferta de empleo se especifica que buscamos una mujer como Pinche".
En el caso que nos ocupa, se considera que las funciones de "Pinche" pueden ser realizadas tanto por personas de sexo femenino como de sexo masculino, dependiendo de las cualidades individuales de la persona y de su formación el que dicho trabajo pueda ser mejor o peor desempeñado, y siendo irrelevante el sexo de la persona.
La oferta de empleo se dirige abiertamente a uno de los sexos, produciendo un perjuicio para un número indeterminado de demandantes de empleo (perjuicio que, no por desconocido el número de afectados, deja de existir) que por no reunir el requisito de ser "mujer" no pueden acceder al empleo ofertado.
La referida oferta de empleo supone una discriminación en el acceso al empleo por razón de sexo, expresamente prohibida por el Ordenamiento Jurídico Español, por suponer un ataque directo al principio de igualdad en el acceso al empleo (en este caso, por razón de sexo) en el plano de las relaciones laborales, derivado del amplio o genérico principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de la Constitución Española de 1978, y concretado en el artículo 4.2.c) del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. de 29 de marzo), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que dispone el derecho de los trabajadores "A no ser discriminados para el empleo ... por razones de sexo ...".
En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 22 de marzo de 1999, al dictaminar que "por lo que atañe a la prohibición de discriminación por razón de sexo, hemos establecido que tal prohibición constituye un límite al ejercicio de la libertad empresarial de contratación también aplicable en la fase de acceso al empleo (STC 173/94, fundamento jurídico 3º) lo que obliga al empleador a utilizar un criterio neutro predicable por igual para el hombre y la mujer ...".
El hecho anteriormente descrito es constitutivo de infracción a los artículos 4.2.c) y 17.1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (B.O.E. de 29 de marzo), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 14 de la Constitución Española, aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, ratificada el 6 de diciembre de 1978 y sancionada el 27 de diciembre de 1978 (B.O.E. de 29.12.78).
Se tipifica como infracción muy grave en el artículo 16.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (B.O.E. de 8 de agosto), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social: "Son infracciones muy graves: 2. Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o adversas para el acceso al empleo por motivos de raza, sexo, edad, estado civil, religión, opinión política, afiliación sindical, origen, condición social y lengua dentro del Estado". Se aprecia la sanción en su grado mínimo de conformidad con el artículo 39.1 del referido Texto Refundido, por no considerarse la concurrencia de circunstancias de agravación.
Por lo que se propone la imposición de la sanción por un importe total de tres mil cinco euros con siete céntimos (3.005,07 euros).
De conformidad con lo establecido en el artículo 40.1 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto antes citado.
Se pone en conocimiento de la empresa interesada que de conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 del Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo (B.O.E. del día 3 de junio), podrá formular escrito de alegaciones, en el plazo de 15 días hábiles contados desde el siguiente al de su notificación, acompañado de la prueba que estime pertinente, ante el organismo competente para resolver el expediente, que es el Servicio Canario de Empleo de Las Palmas, de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias (calle Crucita Arbelo Cruz, s/n, Lomo Apolinario, 35014-Las Palmas de Gran Canaria), conforme al artículo 3.7 y artº. 9.1.i) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, del Servicio Canario de Empleo (B.O.C. de 28). La resolución que ponga fin al procedimiento deberá dictarse en el plazo máximo de seis meses a contar desde la fecha del acta. Transcurrido dicho plazo sin que se hubiese procedido a dar curso a la resolución dictada, se producirá la caducidad del expediente, que deberá ser declarada expresamente, ordenando el archivo del mismo, sin perjuicio de que se inicie otro procedimiento sancionador mediante la extensión de nueva acta de infracción cuando el ilícito administrativo denunciado no haya prescrito.
Si no se formaliza escrito de alegaciones la tramitación del procedimiento continuará hasta dictar la resolución que corresponda, sin perjuicio del trámite de audiencia, que se entenderá cumplimentado en todo caso cuando en la resolución no sean tenidos en cuenta hechos distintos de los reseñados en el acta.- La Directora del Servicio Canario de Empleo, Soledad Monzón Cabrera, p.s., el Secretario General del Servicio Canario de Empleo (Resolución nº 03-35/0007, de 28.11.03, de la Presidenta del SCE), Emiliano Santana Ruiz.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de septiembre de 2006.- La Directora, p.s., el Secretario General (Resolución nº 03-35/0007, de 28.11.03, de la Presidenta del S.C.E.), Emiliano Santana Ruiz.
© Gobierno de Canarias