BOC - 2006/162. Lunes 21 de Agosto de 2006 - 3035

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

3035 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de agosto de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Marcos Pérez Rodríguez, interesado en el expediente nº 1444/02-U.

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No habiéndose podido notificar a D. Marcos Pérez Rodríguez en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1444/02-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Marcos Pérez Rodríguez la Resolución de fecha 21 de julio de 2006, recaída en el expediente con referencia 1444/02-U, y que dice textualmente:

"Examinado el expediente sancionador instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a D. Marcos Pérez Rodríguez, por la ejecución de obras en suelo rústico no categorizado como asentamiento rural o agrícola, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC), obras consistentes en la construcción de salón-garaje y vivienda de unos 240 y 190 m2 de superficie construida respectivamente, en el lugar conocido por "Los Bailaderos-Buzanada", en el término municipal de Arona.

Vistos informes técnicos, y demás documentos obrantes en el expediente y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- En el lugar denominado "Los Bailaderos-Buzanada", en suelo clasificado como rústico, en el término municipal de Arona, se realizaron obras consistentes en la construcción de salón-garaje y vivienda de unos 240 y 190 m2 de superficie construida respectivamente, promovidas por D. Marcos Pérez Rodríguez, careciendo del preceptivo título legitimante para la transformación e implantación de usos en suelo rústico (calificación territorial o, en su caso, proyecto de actuación territorial) y sin la preceptiva licencia urbanística, tal y como establecen los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC).

Segundo.- Con fecha 21 de noviembre de 2002, por Resolución nº 2272 se ordena la suspensión de las obras.

Tercero.- Con fecha 8 de septiembre de 2005 se realiza informe por nuestra Oficina Técnica en donde se valora la obra en ciento treinta y ocho mil cuatrocientos sesenta y nueve (138.469,00) euros.

Cuarto.- El 22 de febrero de 2006 se dictó la Resolución nº 511 por el Director Ejecutivo de esta Agencia en la que se acordó la incoación del correspondiente expediente sancionador contra D. Marcos Pérez Rodríguez, promotor de las antes citadas obras por la presunta comisión de una infracción tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLoTENC y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 a 150.352,03 euros sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del correspondiente expediente.

Quinto.- El día 2 de mayo de 2006, y dentro del plazo de alegaciones contra la reseñada incoación, el interesado presentó escrito ante esta Agencia, en el cual expuso sucintamente los siguientes argumentos:

- Que las obras estaban terminadas antes del año 2000.

- Que con la revisión del PGOU la obra será legalizable.

- Que se propone la práctica de medios de prueba.

Sexto.- En relación con las citadas alegaciones por el Instructor del expediente se señaló:

- Que si bien se puede apreciar cómo en la denuncia efectuada por el Seprona, valoran el salón-garaje como obra terminada (no refiriéndose al grado de ejecución de la construcción de madera), es evidente que al efectuar dicha valoración se ha cometido un error, pues se aprecia en el reportaje fotográfico anexo a la citada denuncia, cómo la totalidad de la construcción expedientada está claramente inacabada, supuesto por el cual se acordó la suspensión de las obras y su precinto. Toda vez que en el informe de nuestra oficina técnica de 2 de julio de 2004, se confirma que las obras ejecutadas en la vivienda prefabricada se encontraban en ejecución en la fecha de la denuncia (3 de septiembre de 2002), estimación realizada en virtud de las fotografías anexas a dicha denuncia (pues una obra terminada es aquella que presenta incluso sus paramentos acabados). Señalándose de la misma manera, que efectivamente dicho informe técnico afirma que las obras inspeccionadas se encuentran terminadas y en uso (esto es, las obras que se pudieron visualizar desde el exterior de la finca, pues como se especifica en el propio informe, no se pudo acceder al interior de la finca), todo lo cual confirma que cuando se iniciara el presente procedimiento sancionador (22 de febrero de 2006), las obras pudieran estar terminadas, no demostrándose, por lo aportado, que estuvieran acabadas dos años antes del inicio del presente procedimiento para entender prescrita la infracción; a efectos de sanción [artículos 201.1 segundo párrafo, 202.3.b) y 205.1 del TRLoTENC]. Toda vez que, y en otro orden de cosas, hay que recordar que el Decreto 11/1997 no posibilita la legalización de la construcción al haber perdido su eficacia. Significando, de la misma manera, que el hecho de disfrutar de los servicios municipales no acredita ni mucho menos ni la terminación de la obra ni la legalización de la misma, indicando que aunque la construcción pueda estar dentro de una finca en explotación agrícola, no le da derecho a ejecutar una obra sin obtener previamente los pertinentes títulos habilitantes.

- Que hay que recordar que aunque la obra pudiera legalizarse en un futuro próximo, al poderlo permitir la revisión del PGOU una vez se apruebe definitivamente, la infracción ya ha sido cometida, y por tanto, la sanción desplegará sus efectos. Si bien, la orden de demolición, aunque se ordene (pues el artº. 179.3 obliga a la Administración a adoptar tal medida), no se ejecutaría materialmente si, como se ha dicho, se legalizara la obra en un futuro próximo.

- Que se rechazan los medios de prueba propuestos por innecesarios (artº. 80.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre), pues por la documentación obrante en el expediente, se determina, que con el planeamiento en vigor la obra se ubica en suelo rústico. Toda vez que, se rechaza igualmente la prueba de solicitar a Grafcan el vuelo de la zona de 2003, pues hay que recordar que los fotogramas obtenidos en los vuelos efectuados por Grafcan, no son determinantes, pues si bien pueden determinar si la obra no está terminada (cuando se observa con claridad que se está ejecutando), cuando se aprecia externamente acabada, no es concluyente, pues como se ha dicho, una obra terminada es aquella que presenta incluso sus paramentos acabados. Se entiende por tanto, que una obra ilegal debe estar terminada tanto externa como internamente para que empiecen a correr los plazos de prescripción, y como es lógico, una fotografía aérea difícilmente puede determinar si la obra internamente esté terminada.

Asimismo por el Instructor del expediente se formuló como Propuesta de Resolución la imposición de una multa de cuarenta y cuatro mil (44.000,00) euros a D. Marcos Pérez Rodríguez, como responsable de una infracción urbanística tipificada en el artículo 202.3 del TRLoTENC y sancionada en el 203.1.b) del mismo cuerpo legal, consistente en la construcción de salón-garaje y vivienda de unos 240 y 190 m2 de superficie construida respectivamente en el lugar conocido como "Los Bailaderos-Buzanada", en el término municipal de Arona.

Séptimo.- El interesado ha presenta escrito de alegaciones contra la Propuesta de Resolución en el que sucintamente, expone que:

· La obra del salón está acabada tanto exterior como interiormente con anterioridad al año 2000.

· Se acoge a la Ley 4/2006, de 22 de mayo.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

I

Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Decreto 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, en relación con el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la misma.

II

Las actuaciones a realizar en suelo rústico requieren, con carácter previo al otorgamiento de la licencia municipal de obras, de la preceptiva calificación territorial o proyecto de actuación territorial, de conformidad con los artículos 25, 27, 66, 166, 168 y 170 del TRLoTENC.

III

En cuanto a las alegaciones del interesado cabe señalar que:

· Ya fue reseñado en la Propuesta de Resolución que una obra terminada es aquella que presenta, incluso, sus paramentos interiores y exteriores, y en los distintos informes obrantes en el expediente se aprecia claramente que el citado salón dista mucho de estar perfectamente acabado, pues se mantienen sus paredes exteriores incluso sin enfoscar (véase el reportaje fotográfico adjunto a la Diligencia de Precinto realizada el 10 de febrero de 2003). Ahora bien el hecho de que se pueda disfrutar de los servicios municipales, abonar los distintos impuestos, así como estar dado de alta en el catastro, no significa que la obra haya obtenido todos los permisos necesarios para no contravenir la normativa de ordenación, como es el caso, supuesto por el cual se ha iniciado el presente procedimiento sancionador. Toda vez que no hay que olvidar que cualquier construcción debe empezarse a ejecutar previa obtención de los pertinentes títulos administrativos habilitantes. Por otro lado, y respecto a la suspensión de la ejecutoriedad de la demolición (que no hay que confundirla con la propia orden de demolición), en virtud de la aplicación de la Ley 4/2006, de 22 de mayo, hay que especificar que dicho supuesto opera si se acreditasen todos y cada uno de los requisitos establecidos en la referida Ley.

· La citada Ley de modificación del TRLoTENC, requiere cumplir con ciertos parámetros, que no se han acreditado, pues para poder reducir la multa en un 60%, en el momento en que nos encontramos, la vivienda, si bien no se ubica en Espacio Natural Protegido, no debería exceder de 150 m2 útiles, y ello siempre después de haberse dictado la orden de demolición (Disposición Transitoria Duodécima 1º.10 Ley 4/2006).

IV

Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de infracción, tipificada en el artículo 202 del citado TRLoTENC, calificada de grave en el mismo artículo y sancionada en el artículo 203 del mismo Texto Legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, en función de las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas establecidas, respectivamente, en los artículos 197, 198 y 199 de ese mismo Texto Refundido, que concurran en los hechos objeto del presente expediente, toda vez que existe ausencia de intención de causar daño y desconocimiento de la normativa legal, la multa se propone dentro de la mitad inferior del tipo, en ponderación de la incidencia de dichas atenuantes en la valoración de la infracción.

V

De conformidad con el artículo 179 de dicho Decreto Legislativo, se procederá a la demolición de las obras objeto de este expediente y a reponer los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, en los siguientes supuestos:

a) Cuando se ubique o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.

b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.

c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

VI

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

En su virtud,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer una multa de cuarenta y cuatro mil (44.000,00) euros, en función de la ponderación de las circunstancias concurrentes en la valoración global de la infracción, a D. Marcos Pérez Rodríguez en calidad de promotor de las obras objeto de este procedimiento, de conformidad con el artículo 189 del TRLoLENC, por la comisión de la infracción calificada de grave en el artículo 202.3.b) del citado TRLoTENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo cuerpo normativo.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir a los interesados para que en el plazo de un mes, presenten en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndoles de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en el acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).

Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a una reducción de la multa en un noventa por ciento (90%), de la que se haya impuesto o deba imponerse, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.

Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

Cuarto.- Notificar la presente Resolución al interesado y al Ayuntamiento de Arona.

El cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Hacienda a este fin, una vez sea firme la Resolución en vía administrativa, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Se hace constar que el presente acto pone fin a la vía administrativa y por lo tanto, contra el mismo cabe interponer recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente acto, o directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de agosto de 2006.-El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.



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