No habiéndose podido notificar a Dña. María Reyes González Fernández en la forma prevista en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Propuesta de Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia en el expediente nº 102/01-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a Dña. María Reyes González Fernández la Propuesta de Resolución dictada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 5 de julio de 2006 recaída en el expediente con referencia nº 102/01-U y que dice textualmente:
"Examinado el expediente instruido por esta Agencia para la protección de la legalidad urbanística seguido frente a Dña. María Reyes González Fernández por la ejecución sin los preceptivos títulos legitimantes de obras en suelo rústico en el término municipal de Los Llanos de Aridane.
Vistos el informe técnico y demás documentos obrantes en el expediente y, teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Con fecha 2 de febrero de 2001 se denuncia por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural la construcción de una edificación de tres plantas de altura de 400 m2 de superficie aproximada, construida en el lugar denominado "Camino El Atajo", en el término municipal de Los Llanos de Aridane, de la que figura como responsable Dña. María Reyes González Fernández.
Segundo.- Mediante Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 578, de fecha 3 de marzo de 2006, notificada a la interesada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 8 de mayo de 2006, se acuerda incoar el oportuno expediente sancionador a Dña. María Reyes González Fernández, en calidad de promotora de las obras objeto del presente expediente y como presunta responsable de una infracción urbanística tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLoTCENC) y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo cuerpo legal con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros en función de las circunstancias que concurren en el presente expediente.
Tercero.- Con referencia al citado expediente, el día 29 de mayo de 2006, la interesada presenta escrito de alegaciones en el que sucintamente expone que:
- La resolución de incoación omite datos que considera imprescindibles para poder apreciar con exactitud la posible infracción urbanística, tales como que las obras se iniciaron en 1990 y se paralizaron en 1997, año en el que se solicita la incorporación de la edificación en el censo de edificaciones no amparadas por licencia siendo dicha solicitud aceptada por la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.
- La inscripción de la vivienda en el Censo de edificaciones no amparadas en licencia es jurídicamente relevante por el régimen al que se sujetan aquéllas.
- Solicita la declaración de nulidad de la Resolución de incoación por no considerar hechos de relevancia sustancial para la adecuada calificación jurídica de la infracción los señalados anteriormente y vulneración de los principios de legalidad, tipicidad y proporcionalidad.
- Que las obras y la edificación son susceptibles de legalización, puesto que el planeamiento urbanístico general del municipio clasificará el núcleo y el entorno como asentamiento rural al cumplir éstos las condiciones establecidas para ello en el artículo 55.c).1 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.
Asimismo alega la caducidad del expediente sancionador en aplicación de lo dispuesto en los artículos 190.5 y 191 del Decreto citado, del principio de seguridad jurídica y de la necesidad de evitar la incertidumbre de la pendencia indefinida de un procedimiento de esta clase, dado que éste se iniciaría con la adopción de la medida cautelar de suspensión en el año 2001.
De la documentación obrante en el presente expediente administrativo así como de las pruebas practicadas, en su caso, se derivan los siguientes
HECHOS PROBADOS
1.- Se han realizado obras consistentes en la construcción de una vivienda de dos plantas de aproximadamente 400 m2 de superficie con un garaje de unos 200 m2 (según el informe del Servicio Técnico de la Agencia de Protección de fecha 23 de agosto de 2005 incorporado en el expediente), sita en el lugar denominado "Camino El Atajo", del término municipal de Los Llanos de Aridane en suelo calificado como no urbanizable -rústico-, sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27, 166 y 170 del TRLoCENC.
2.- De la mencionada infracción se considera responsable directa, a título de promotora a Dña. María Reyes González Fernández en base a lo estipulado en el artículo 189 del citado Texto Refundido.
3.- Se ha procedido a instar la legalización de las obras objeto de este procedimiento sancionador mediante la solicitud de la correspondiente calificación territorial previa a la licencia urbanística, siendo aquélla denegada mediante Decreto del Sr. Consejero de Planificación y Sanidad del Cabildo Insular de La Palma de fecha 10 de junio de 2005.
4.- El valor de las obras realizadas asciende a la cantidad de ciento ochenta y cinco mil novecientos treinta y tres (185.933) euros según el informe del servicio técnico de esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural de fecha 23 de agosto de 2005 que consta en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
Es competente para la incoación, tramitación y resolución del presente expediente, la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c) y d) del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias (TRLOTC) y el 19.3 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
II
Las alegaciones planteadas por la interesada no desvirtúan la determinación de los hechos contenidos en la Resolución de iniciación del presente procedimiento sancionador, ni su calificación, toda vez que:
En relación a la omisión de datos imprescindibles y trascendentes jurídicamente en la Resolución de incoación, que impiden apreciar con exactitud la posible infracción, en base a lo cual la interesada solicita su declaración de nulidad, debe señalarse que la Resolución de incoación del procedimiento sancionador de fecha 3 de marzo de 2006 no omite ningún dato que le haga incurrir en causa de nulidad o anulabilidad conforme a lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC), antes al contrario, se ajusta a la estricta legalidad al contener todos los datos exigidos en el artículo 13 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las causas de nulidad de los actos administrativos deben ser objeto de una interpretación restrictiva limitándose a los supuestos estrictamente tasados, por lo que la omisión de los datos señalados por la interesada no serían en ningún caso causa de nulidad de la Resolución de incoación citada anteriormente. Asimismo debe señalarse que no se trata de datos que haya omitido este Organismo, sino que han sido puestos en su conocimiento y aportados por la interesada en fase de alegaciones con la finalidad de rebatir y cuestionar datos contenidos en la resolución, tales como la negación de los hechos, su calificación jurídica como infracción o las responsabilidades previstas, a la vista de las cuales y previas las pruebas y actuaciones pertinentes, el órgano instructor formulará la Propuesta de Resolución.
Con respecto a la inscripción de la vivienda en el Censo de edificaciones no amparadas por licencia regulado en el Decreto 11/1997, de 31 de enero, en primer lugar debe tenerse en cuenta que la interesada se limita a afirmar tal hecho sin aportar prueba alguna al respecto que permita a este Organismo corroborar dicho extremo. A mayor abundamiento, debe señalarse que el Censo referido anteriormente, constituye un instrumento de análisis necesario para estudiar con cierto rigor la problemática planteada, en cuanto al equilibrio entre la demanda social y la necesaria protección del territorio, pero que no convalida en el mundo jurídico la infracción cometida. De modo que la inscripción en él, tan sólo suspende la ejecutividad de las órdenes de demolición decretada, pero en nada afecta a la adopción del resto de las medidas de disciplina urbanística previstas en las Leyes, ni a la tramitación del expediente sancionador, en el que los interesados pueden solicitar la legalización de las obras ejecutadas.
La inscripción de la vivienda en dicho censo produce como efecto que quede en suspenso la demolición a la espera de la posible legalización de la vivienda, tal y como así viene establecido en los artículos 6, 7 y 8 del citado Decreto, pero en modo alguno comporta la legalización de la misma de forma automática.
En relación a la susceptibilidad de legalización de la vivienda, no se admite la misma por ser improcedente ya que la normativa urbanística y territorial que se ha de tener en cuenta en el procedimiento es la vigente en el momento en que se cometen los hechos objeto del expediente, sin que la posible modificación futura de un planeamiento pueda influir en el expediente sancionador.
Igualmente no es relevante puesto que la calificación que se tiene en cuenta es la vigente en el momento de la comisión de los hechos, sin que afecte a las futuras modificaciones de planeamiento. En todo caso, se reitera que independientemente de la calificación, se ha ejecutado la obra sin las autorizaciones administrativas, ya que la licencia urbanística es preceptiva tanto en el suelo rústico como en el urbano, por lo que la clasificación del suelo no excluye la tipificación de los hechos.
Por último se ha de hacer constar que es el actual planeamiento el que se infringe y el motivo por el que se incoa el presente procedimiento sancionador no pudiendo estimarse la alegación relativa a la viabilidad de legalización en un futuro de la edificación, puesto que dicho cambio en el planeamiento no se ha llevado a efecto en la actualidad y por lo tanto carece de efectos jurídicos.
En cuanto a la posibilidad de que el Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane cambie la clasificación o la calificación del suelo donde se ubica la edificación, se ha de señalar que aunque hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación cambiara la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica la edificación destinada a uso residencial, ello en modo alguno eliminaría la infracción presuntamente cometida, ni las consecuencias puramente sancionadoras que de ella se derivaran. Por otra parte, dado que lo ejecutado es incompatible con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables [al tratarse de una edificación destinada a vivienda, de nueva planta, situada en suelo rústico no calificado por el planeamiento vigente como asentamiento rural ni como asentamiento agrícola, por lo que se vulnera el artículo 66.7.a) del TRLoTENC], no existe fundamento legal alguno que impida actualmente a la Administración el proponer ordenar la reposición del terreno al estado anterior a la comisión de la infracción, mediante la demolición de la edificación. Y no es óbice para ello, como se ha señalado con anterioridad, el que hipotéticamente en un futuro el Plan General de Ordenación pudiera cambiar la clasificación o la calificación del suelo en el que se ubica ésta, ya que no cabe posponer indefinidamente el cumplimiento de la legalidad (en este caso, el atender al mandato establecido en el artículo 179 del TRLoTENC, según el cual, en ningún caso la Administración puede dejar de adoptar las medidas de reposición de la realidad física alterada), en espera de que eventualmente tuviese lugar un hecho (el cambio de clase o de categoría de suelo) que en la actualidad es futuro e incierto. Así, vemos como para que una licencia de legalización pueda ser otorgada válidamente es preciso que lo ejecutado se ajuste a la ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigente en el momento de su concesión) [artículo 166.5.a) del TRLoTENC por remisión del artículo 178.2 del TRLoTENC], no siendo posible, por tanto, concederla al amparo de una ordenación futura. De la misma forma, el artículo del 179.1 del TRLoTENC exige que la Propuesta de Resolución del expediente sancionador incluya la medida de reposición de la realidad física alterada si de la instrucción del procedimiento resulta la incompatibilidad de lo realizado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables (es decir, vigentes en el momento de emitir ésta), no siendo posible, por tanto, el posponer la propuesta de adopción de esta medida en espera de un futuro e hipotético cambio de clase o de categoría de suelo.
Respecto a la caducidad del expediente sancionador, cabe señalar que, conforme a lo dispuesto en los artículos 190.5 del TRLOTENC en relación con el 42.3.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el "dies a quo" o término inicial para el cómputo del plazo, es la fecha de dictado del Acuerdo de iniciación, no el de su notificación ni tampoco la de las actuaciones previas o las denuncias. Así el plazo de seis meses establecidos comenzará a correr desde la fecha de la incoación del procedimiento sancionador, es decir, desde la fecha en la que se dictó la Resolución nº 578 por la que se acordaba la incoación del expediente sancionador, el 3 de marzo de 2006, por lo que en modo alguno han transcurrido los plazos para entender caducado el presente procedimiento administrativo sancionador.
III
Los hechos anteriormente relacionados son constitutivos de una infracción contra la ordenación del territorio, tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3 del TRLOTC en cuanto supone la realización de actos y actividades de transformación del suelo mediante la realización de obras, construcciones, edificaciones o instalaciones sin la cobertura formal de la o las aprobaciones, calificaciones territoriales, autorizaciones, licencias y órdenes de ejecución preceptivas o contraviniendo las condiciones de las otorgadas.
El artículo 203.1.b) del citado Texto Refundido, dispone que la referida infracción sea sancionada con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros.
IV
Conforme al artículo 196 del TRLoTCENC, cuando en el procedimiento se aprecie alguna circunstancia agravante o atenuante, la multa deberá imponerse por una cuantía de la mitad superior o inferior de la correspondiente escala, respectivamente, fijándose la misma, en función de la ponderación de la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción.
En el presente caso se aprecian las siguientes circunstancias modificativas de la sanción:
- la circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.a) relativa a la ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos afectados,
- la circunstancia atenuante prevista en el artículo 198.c) relativa a la paralización voluntaria de las obras,
- la circunstancia mixta en su consideración de atenuante prevista en el artículo 199.a) relativa al grado de conocimiento de la normativa legal, así como
- la circunstancia mixta en su consideración de agravante prevista en el artículo 199.b) relativa al beneficio económico obtenido de la infracción.
V
En virtud del artículo 179.1 del TRLOTC, las Propuestas de Resolución que se formulen en todos los procedimientos sancionadores deberán incluir las medidas que se estimen precisas para la reposición de las cosas al estado inmediatamente anterior a la presunta infracción, incluida la demolición, la cual procederá en los siguientes supuestos:
a) Cuando se ubiquen o realicen en suelo urbanizable, cuya ordenación no se haya pormenorizado, o en suelo rústico, cuando siendo necesaria la calificación territorial, carezcan de la misma.
b) Cuando instada la legalización, ésta haya sido denegada.
c) Cuando no se haya instado la legalización en el plazo concedido al efecto y de la instrucción del procedimiento resulte la incompatibilidad de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.
VI
En virtud del artículo 182 del TRLOTC, si los responsables de la alteración de la realidad física repusieran ésta por sí mismos a su estado anterior en los términos dispuestos por la Administración, tendrán derecho a la reducción en un noventa por ciento (90%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
VII
Han sido observados y cumplimentados todos los trámites del procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
En virtud de lo expuesto se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Primero.- Imponer una multa de treinta y siete mil quinientos (37.500,00) euros a Dña. María Reyes González Fernández, en calidad de promotora de las obras descritas en los antecedentes de la presente Propuesta de Resolución, de conformidad con el artículo 189 del TRLOTC, por la comisión de la infracción tipificada en el artículo 202.3 del texto normativo citado y sancionada en el artículo 203.1.b).
Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y de la realidad física alterada mediante la demolición de las referidas obras y a tal efecto requerir a la interesada para que en el plazo de un mes presente en esta Agencia el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de la ejecución voluntaria, advirtiéndole de que de no cumplimentar el mencionado requerimiento se procederá a la ejecución forzosa de la demolición, conforme al artículo 96 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En los supuestos de ejecución subsidiaria de la reposición de la realidad física alterada a su estado anterior, si los responsables de la alteración ofreciesen su total colaboración en la ejecución, y así constase en acta levantada a tal efecto por la Administración actuante, el coste de la demolición será repercutido a los responsables obligados con una bonificación del cincuenta por ciento (50%).
Tercero.- Advertir a la interesada de que si repone los terrenos al estado anterior a la comisión de la infracción, tendrá derecho a la reducción de la multa en un noventa por ciento (90%) de la que se haya impuesto o deba imponerse siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación, mediante el correspondiente pago.
Si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento (60%) de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.
Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución a la interesada.
De todo lo cual se le da a usted traslado, concediéndole un plazo de quince (15) días, para que pueda alegar cuanto considere conveniente ante esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, Edificio Mónaco, semisótano), así como presentar los documentos e informaciones que estime pertinente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
Adjunto se acompaña relación de los documentos obrantes en el procedimiento, a los efectos establecidos en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
RELACIÓN DE DOCUMENTOS OBRANTES EN EL EXPEDIENTE Nº 102/01 U.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 19.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, a continuación se relacionan los documentos obrantes en el expediente de referencia, a fin de que los interesados puedan obtener las copias de lo que estimen conveniente, teniendo en cuenta lo previsto por la Dirección General de Tributos en su Resolución de 23 de enero de 2006, por la que se informa sobre el importe actualizado de las cuantías fijas de las tasas de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006.
- Boletín de denuncia de 14 de febrero de 2001.
- Resolución de 25 de abril de 2001 por la que se acuerda suspender obra, a.r.
- Oficio al Ilmo. Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de 2 de mayo de 2001 a.r.
- Oficio del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane de 4 de junio de 2001.
- Escrito de alegaciones de la interesada de 11 de julio de 2001.
- Diligencia de precinto e informe técnico de 25 de junio de 2001.
- Remisión de propuesta de Orden Departamental de 16 de diciembre de 2001 al Ilmo. Sr. Secretario General Técnico de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente.
- Oficio de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente de 8 de enero de 2002.
- Remisión de documentación de 23 de enero de 2002.
- Oficio al Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 8 de abril de 2002 a.r.
- Informe del Cabildo de La Palma de 10 de mayo de 2002.
- Diligencia de 2º seguimiento de precinto de 24 de mayo de 2004.
- Oficio al Excmo. Cabildo Insular de La Palma de 11 de agosto de 2004 a.r.
- Escrito del Cabildo de La Palma de 16 de junio de 2005.
- Informe Técnico de 23 de agosto de 2005.
- Resolución nº 578, de 3 de marzo de 2006 por la que se acuerda incoar expediente sancionador.
- Devolución por correo de la notificación de la resolución nº 578 a la interesada.
- Oficio al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane remitiendo comunicación de resolución nº 578, con el ruego de que se haga llegar a la interesada, a.r.
- Resolución nº 1062 por la que se acuerda publicar resolución de 24 de abril de 2006.
- Publicación en el Boletín Oficial de Canarias de 8 de mayo de 2006.
- Autorización de la interesada de 15 de mayo de 2006.
- Documento de ingreso de fotocopias.
- Escrito de alegaciones de la interesada de 29 de mayo de 2006."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de agosto de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.
© Gobierno de Canarias