ANTECEDENTES
La puesta en marcha del Sistema Arbitral de Consumo en el ámbito turístico, como sistema rápido, eficaz, voluntario, gratuito y ejecutivo, por el cual los consumidores-turistas y empresarios puedan resolver su posibles conflictos en materia de consumo, supone por un lado el fortalecimiento de la imagen de calidad de un sector que es el principal motor de la economía canaria, y por otro cumple el compromiso de velar por la defensa y protección de los derechos de quienes nos visitan siendo un valor añadido que repercutirá en definitiva en la elección del destino vacacional.
Para el desarrollo de este proyecto resulta imprescindible nombrar los miembros que han de formar los colegios arbitrales encargados de conocer y resolver adoptando el correspondiente Laudo arbitral, las reclamaciones que puedan plantearse entre consumidores y usuarios turistas con los empresarios.
Mediante escrito de fecha 26 de julio de 2006, con registro de entrada nº 862735, se presenta en la Junta Arbitral de Consumo de Canarias escrito de la Ilma. Sra. Alcaldesa del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, proponiendo el nombramiento de Presidente y Secretario para la formación de colegios arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
I.- El artículo 3 del Decreto 37/1997, de 18 de marzo, de Ordenación de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias, establece en sus apartados d) y e), entre las funciones del Presidente de la Junta Arbitral de Consumo, la de designar a los Presidentes de los Colegios Arbitrales de entre el personal al Servicio de las Administraciones Públicas, Licenciados en Derecho, previa propuesta de la Dirección General de Consumo, así como la de designar cuando fuese necesario a los Secretarios adjuntos de los colegios arbitrales.
II.- El Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias establece que, la Dirección General de Consumo pasa a depender de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, así como el Decreto 241/2003, de 11 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías, del que resulta la asunción de competencia en materia de consumo por el citado Departamento.
Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en su virtud, a propuesta de la Dirección General de Consumo y en uso de las facultades que me son conferidas en el artº. 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, el artículo 5 del Decreto 101/2006, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, y demás disposiciones vigentes,
R E S U E L V O:
Primero.- Nombrar Presidenta de colegios arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias a Dña. Benita López Peñate, licenciada en derecho y personal al servicio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Segundo.- Nombrar Secretario de colegios arbitrales de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias a D. Sebastián Torres Sánchez, personal al servicio del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Tercero.- Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición, ante la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en el plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente a su notificación; o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente al de la notificación; significándole que en el caso de presentar recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución expresa del recurso de reposición o hasta que se produzca la desestimación presunta del mismo. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de agosto de 2006.
LA CONSEJERA DE INDUSTRIA,
COMERCIO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS,
María Luisa Tejedor Salguero.
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