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Por el Ilmo. Sr. Presidente del Cabildo de Fuerteventura, D. Mario Cabrera González, ha sido adoptada en fecha 21 de julio de 2006, la Resolución cuyo tenor literal es el siguiente:
RESOLUCIÓN DEL PRESIDENTE.
RECURSO DE REPOSICIÓN
Intentada la notificación, sin que la misma se haya podido practicar, al titular del vehículo que se relaciona y siendo preciso notificarle la resolución del recurso presentado en el expediente sancionador incoado con motivo de la infracción a la normativa de transporte por carretera, y conforme al artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde a la Presidencia la resolución de los expedientes relativos a transportes terrestres, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes y Comunicaciones en funciones de fecha 21 de julio de 2006, es por lo que se resuelve:
1.- Notificar al titular del vehículo que se cita la resolución del recurso presentado en el expediente sancionador que le ha sido instruido por este Cabildo por infracción a la legislación de transporte por carretera y que literalmente dice:
"RESOLUCIÓN DEL RECURSO DE REPOSICIÓN.
Visto el recurso de reposición formulado por D. José Juan González Santana, 42726062C, de fecha 20 de junio de 2005, contra la Resolución de la Consejera Delegada de fecha 22 de abril de 2005, recaída en el expediente sancionador nº GC/200389/O/2004.
Vista la Propuesta de Resolución de la Jefa de Sección de Transportes y Comunicaciones en funciones, Dña. Ermelinda Velázquez Linares, de fecha 10 de abril de 2006, y teniendo a la vista los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 22 de abril de 2005 fue dictada resolución de la Consejera Delegada recaída en el expediente sancionador nº GC/200389/O/2004, que vino a sancionar a la entidad mercantil José Juan González Santana, como titular del vehículo matrícula GC-5508-BN, por "realizar transporte privado en vehículo ligero careciendo de autorización por no haber realizado su visado reglamentario", dando lugar a la sanción de 400,00 euros.
Segundo.- El recurso de reposición interpuesto alega, en resumen, que la publicación mediante la cual se efectuó la notificación de la resolución del expediente no contiene todos los datos necesarios y obligatorios.
Que según lo dispuesto en el artículo 13.1 del Real Decreto 1.398/1993, Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, se establece el contenido mínimo con el que debe contar la iniciación de los procedimientos sancionadores.
Que se le remita notificación de los hechos que se le imputan, conteniendo todos los datos necesarios y obligatorios para las denuncias por hechos a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y se le expida y remita copia del testimonio literal de todo lo actuado en el expediente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Presidente es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y artículo 34.1.o) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Segundo.- El recurso de reposición previsto en el artículo 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, según redacción dada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, establece que "contra los actos sobre aplicación y efectividad de los tributos locales, y de los restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, tales como prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, precios públicos y multas y sanciones pecuniarias, se formulará el recurso de reposición específicamente previsto al efecto en la Ley reguladora de las haciendas locales".
En efecto a la vista del recurso de reposición presentado por el interesado, los hechos no han sido desvirtuados.
Que la incoación y posterior resolución del expediente fue practicada de acuerdo a la normativa vigente, procediéndose finalmente a su publicación, de acuerdo a lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En la resolución notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias, el día 1 de junio de 2005, se respetó lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Tratándose de la publicación de un acto administrativo, que contiene elementos comunes respecto al resto de actos publicados, se han señalado los aspectos coincidentes de todos ellos, especificándose solamente los aspectos individuales de cada acto.
En relación al contenido de la denuncia que propició la incoación del expediente, le participo que la misma cuenta con el contenido exigido para toda denuncia formulada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autonómicas y Locales, así como las actas o informes suscritos por los servicios de inspección. La misma cuenta con una sucinta exposición de los hechos, matrícula del vehículo interviniente en los mismos, identificación del agente denunciante y otros datos que contribuyen a determinar tipo de infracción, lugar, fecha y hora de la misma.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria o aquel en cuya circunscripción tenga el demandante su domicilio, a interponer en el plazo de dos meses desde su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Segundo.- De la presente Resolución se dará traslado al interesado y a la tesorería de la Corporación, a los efectos oportunos.
2.- Remitir al Ayuntamiento de la población citada la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Puerto del Rosario, a 21 de julio de 2006.- El Secretario General, Miguel Ángel Rodríguez Martínez.- Vº.Bº.: el Presidente, Mario Cabrera González.
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