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BOC Nº 149. Miércoles 2 de Agosto de 2006 - 2790

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

2790 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 18 de julio de 2006, del Director Ejecutivo, sobre notificación a Dña. Cristina Vasallo Morillas, representante de D. Nemesio Manuel Díaz García, de la Resolución nº 1861, recaída en el expediente de I.M. 220/00.

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No habiéndose podido practicar la notificación a Dña. Cristina Vasallo Morillas, representante de D. Nemesio Manuel Díaz García, de la Resolución nº 1861, de fecha 14 de julio de 2006, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Notificar a Dña. Cristina Vasallo Morillas, representante de D. Nemesio Manuel Díaz García, la Resolución nº 1861, de fecha 14 de julio de 2006, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, con referencia I.M. 220/00, y cuyo texto es el siguiente:

"Examinado el expediente sancionador nº I.M. 220/00 tramitado por esta Agencia contra D. Nemesio Manuel Díaz García y atendiendo a los siguientes

ANTECEDENTES

I

Por Resolución del Ilmo. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 91, de fecha 18 de enero de 2006, se acordó el inicio de procedimiento sancionador contra D. Nemesio Manuel Díaz García, en calidad de promotor, por la presunta comisión de una infracción administrativa tipificada y sancionada en el artículo 213 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente, siendo la sanción propuesta en el caso que nos ocupa la de once mil doscientos sesenta y tres euros con cuarenta y nueve céntimos (11.263,49 euros). Dicha Resolución fue debidamente notificada el 3 de febrero de 2006.

II

Con fecha de registro de entrada en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, 23 de febrero de 2006, se presenta escrito de alegaciones por D. Nemesio Manuel Díaz García, en el que se hace constar, en síntesis, lo siguiente:

1.- Que en fecha 21 de febrero de 2006, se ha presentado ante el Ayuntamiento de Santa María de Guía, solicitud de calificación territorial para la legalización de cuevas con el fin de destinarlas a turismo rural (aporta copia como documento nº uno).

2.- Que según el contenido del nuevo PGOU del municipio de Santa María de Guía, en concreto las disposiciones que regulan la categoría de suelo donde se han efectuado las actuaciones objeto de este expediente "suelo rústico de protección natural especial", se permitirán como usos compatibles y autorizables "La restauración y mejoras de edificios de carácter tradicional existentes, incluso su rehabilitación para el uso de vivienda o de establecimiento de turismo rural cuando su permanencia sea compatible con los valores naturales a proteger" (aporta copia como documento nº dos).

3.- Que en el proyecto de legalización se plantea la ampliación y adecuación de dos cuevas preexistentes hace más de 100 años para uso turístico y la legalización de una cueva construida para almacén, que sirva de apoyo en el desarrollo de la actividad turística, ya sea como de almacén de los productos agrícolas derivados de las tierras en explotación anexas a las cuevas.

4.- Que los movimientos de tierras referidos se efectuaron para acondicionar la zona para el desarrollo agrícola, y también se contempla su legalización dentro de la solicitud de calificación para acondicionar la zona agrícola como fuente económica complementaria para el desarrollo turístico de la zona.

5.- Que se compromete a acondicionar la pista con los materiales autorizados por Política Territorial del Cabildo.

Solicita la suspensión del procedimiento sancionador, hasta que se resuelva el expediente de calificación territorial de legalización de las obras efectuadas para uso turístico rural y que se dé tiempo para solucionar la situación de ilegalidad de la citada edificación.

III

Mediante acto de comparecencia ante funcionario de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 10 de marzo de 2006, D. Nemesio Manuel Díaz García, otorgó facultades de poderes y representación a favor de Dña. Cristina Vasallo Morillas, titular del D.N.I. 42.840.261-R, con domicilio de despacho profesional en la calle Alonso Quintero, 37, izquierda, de Las Palmas de Gran Canaria, para el expediente que se tramita en dicha Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, bajo referencia I.U. 106/03, aceptando la misma la representación otorgada.

Dicha acta, levantada al efecto, queda incorporada a la documental del expediente (folio 72).

IV

A la vista de las alegaciones presentadas, por la instrucción se solicita informe técnico a la Sección de Apoyo Técnico a la Instrucción, con fecha 31 de marzo de 2006, sobre los siguientes extremos: "Si las actuaciones que se pretende legalizar se corresponden con las obras denunciadas, y en su caso, determinar las medidas precisas para la reposición de las cosas al estado anterior".

Con fecha 17 de mayo de 2006, se emite dicho informe, haciendo constar que:

El presente informe técnico se redacta para hacer constar que:

Recabada información en la Consejería de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, y en la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Santa María de Guía, se constata que D. Nemesio Manuel Díaz García presentó el 21 de febrero de 2006 en el registro del Ayuntamiento de Santa María de Guía solicitud de calificación territorial para legalización de cuevas para turismo rural, no aportando documentación alguna adjunta a dicha solicitud, requiriéndole el Ayuntamiento para que la aportara, y no recibiendo dicha documentación hasta la fecha.

Posteriormente, y a la vista de que quedaron pendientes de determinar las medidas precisas para la reposición de las cosas al estado anterior, se emite nuevo informe técnico de fecha 14 de junio de 2006, donde se hacer constar que:

En relación al expediente I.M. 220/00, en el que aparece como denunciado D. Nemesio Díaz García, situadas en Lomo Las Quemadas, en el municipio de Santa María de Guía, y como informe complementario al emitido el pasado día 17 que obra en el citado expediente, el técnico que suscribe manifiesta, sobre la determinación de las medidas precisas para la reposición de las cosas al estado anterior, lo siguiente:

Las actuaciones objeto del mencionado expediente I.M. 220/00, consisten en la ejecución de cueva-almacén, movimientos de tierra, la ampliación y adecuación de dos cuevas preexistentes, la realización de pista y explanada.

En este expediente I.M. 220/00 constan las denegaciones de la calificación territorial para la legalización de movimientos de tierra en el expediente CT. 6.716/00 y para la legalización de cueva-almacén en el expediente CT. 4.181/01, en los citados expedientes figuran ambos informes del Servicio de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria donde se considera que estas actividades son incompatibles con la finalidad de protección del Espacio Natural Protegido, Parque Rural de Doramas, donde se ubican.

Igualmente consta la solicitud de calificación territorial para la legalización de cuevas preexistentes para turismo rural, presentada por el Sr. Díaz García en el Ayuntamiento de Santa María de Guía.

A la vista de las características de las actuaciones denegadas y ejecutadas se propone que las medidas precisas para la reposición de las cosas al estado anterior serían las siguientes: demolición de la solera de hormigón, relleno de la referida cueva-almacén con el material depositado en el exterior, restitución del perfil natural del terreno afectado por los movimientos de tierra y la pista, retirada de los escombros y de tierra sobrante a vertedero y repoblar las zonas afectadas por los movimientos de tierras y por la pista con especies arbóreas y arbustivas propias del lugar, para adecuar la zona afectada al entorno y así queden integradas en el paisaje del lugar.

V

Con fecha 10 de abril de 2006, Dña. Cristina Vasallo Morillas, ha tenido acceso al expediente I.M. 220/00, y ha solicitado copias de los folios 19, 35 y 36, las cuales le fueron personalmente entregadas, el 24 de abril del mismo año.

VI

Con fecha 16 de junio de 2006, el Instructor formula Propuesta de Resolución proponiendo: 1.- La imposición al expedientado de una sanción de diez mil quinientos doce euros con cincuenta y nueve céntimos (10.512,59 euros), por la comisión de la referida infracción; 2.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada para las obras y actuaciones consistentes en cueva-almacén, movimientos de tierra, pista y explanada, conforme a las medidas de reposición del terreno al estado anterior al de cometerse la infracción. 3.- Ordenar, igualmente, el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada de las cuevas preexistentes, dejando en suspenso las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico infringido de las obras hasta que recaiga resolución en el expediente de legalización. Dicha Propuesta de Resolución consta debidamente notificada en el despacho profesional de Dña. Cristina Vasallo Morillas, mediante entrega a su compañero de trabajo, D. Rafael Trujillo Calvo, titular del D.N.I. 43.645.762-L.

VII

Dentro de los plazos otorgados al efecto, por la representación del expedientado no se ha presentado contra la referida Propuesta de Resolución, escrito de descargo, ni de alegaciones, a pesar de habérsele concedido, para que pudiera alegar lo que conviniera en defensa del mismo, por lo que procede dictar la presente resolución, valorando únicamente los documentos obrantes en el expediente.

VIII

Posteriormente, y después de elevada la correspondiente Propuesta de Resolución, se ha aprobado la Ley 4/2006, de 22 de mayo, de modificación del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, por lo que procede introducir las modificaciones legales oportunas cuando concurran algunas de las circunstancias de las señaladas en la citada Ley 4/2006.

HECHOS PROBADOS

De la documentación obrante en el presente expediente administrativo así como de las pruebas practicadas, en su caso, se derivan los siguientes hechos probados:

1.- Se han realizado obras consistentes en construcción de cueva-almacén, ampliación y adecuación de dos cuevas preexistentes, movimientos de tierra, pista y explanada, sitas en el lugar denominado Lomo de Las Quemadas, del término municipal de Santa María de Guía, en suelo clasificado como suelo rústico de protección paisajística, afectado por Espacio Natural Protegido denominado Parque Rural de Doramas (C-12), sin los preceptivos títulos habilitantes para su ejecución (calificación territorial y licencia urbanística), exigibles conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo.

2.- De la mencionada infracción se considera responsable directo, a título de promotor, a D. Nemesio Manuel Díaz García, en base a lo estipulado en el artículo 189 del mentado Texto Refundido.

3.- Se ha denegado calificación territorial para la legalización de una cueva-almacén destinada a almacén de productos hortícolas, según Decreto del Sr. Consejero de Área del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 24 de julio de 2001 (CT 4.181/01). Igualmente consta denegada calificación territorial para la legalización de movimientos de tierra para mejorar zonas de cultivo, según Decreto del Sr. Consejero de Área del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 28 de diciembre de 2000 (CT 6.716/00).

4.- Las obras en cuestión se localizan en Espacio Natural Protegido denominado "Parque Rural de Doramas" (C-12). Y según informe emitido por Técnico adscrito a esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, la valoración económica de las citadas obras asciende a la cantidad de siete mil quinientos ocho euros con noventa y nueve céntimos (7.508,99 euros).

5.- El suelo afectado en la actualidad, se encuentra categorizado y clasificado como suelo rústico de protección natural especial (SRPNe), según el Plan General de Ordenación de Santa María de Guía, aprobado el 28 de julio de 2005.

6.- Se ha instado nuevamente expediente de legalización de cuevas con el fin de destinarlas a turismo rural, con fecha 21 de febrero de 2001, según se acredita con copia del escrito de solicitud de calificación territorial presentado en el registro de entrada del Ayuntamiento de Santa María de Guía, sin embargo dicha solicitud no se acompañó de documentación alguna.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

El Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190.c) y 229 del precitado Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 19 del Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.

II

De la documentación obrante en el expediente, y de los informes técnicos emitidos al respecto, no motivan el archivo del expediente sancionador, ni desvirtúan la acusación realizada ni fundamento de imputación, conforme a la Propuesta de Resolución elevada, toda vez, que:

1.- Ha resultado probada la infracción consistente en la construcción de cueva-almacén, ampliación y adecuación de dos cuevas preexistentes, movimientos de tierra, pista y explanada, sitas en el lugar denominado Lomo de Las Quemadas, del término municipal de Santa María de Guía, en suelo clasificado en el momento de ejecución como Suelo no Urbanizable de Protección Paisajística, hoy suelo rústico de protección paisajística, afectado por Espacio Natural Protegido denominado Parque Rural de Doramas (C-12), sin la preceptiva calificación territorial y licencia urbanística para su ejecución, conforme a lo dispuesto en los artículos 27 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo. Y la apreciación de la presunta comisión de una infracción a este Texto Refundido dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objeto de éste (artº. 177.2 del citado Texto Refundido), con independencia en su caso, de haber paralizado la ejecución de las obras en curso suspendidas, y con independencia, en su caso, de haberse instado la legalización.

2.- Con respecto al nuevo proceso de legalización instado por el propio expedientado, tal como propone la propuesta del Instructor, y que queda acreditado en el expediente con la solicitud de calificación territorial para la legalización de cuevas, presentada por el mismo ante el registro de entrada del Ayuntamiento de Santa María de Guía, en la que se manifiesta que el uso pretendido sería para destino a "turismo rural", y sin perjuicio de que según informe técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 17 de mayo, basado en la información recabada de la Consejería de Política Territorial del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria y de la Oficina Técnica del propio Ayuntamiento de Santa María de Guía, dicha solicitud no viene acompañada de documentación alguna, a pesar de que le fue requerida por el Ayuntamiento, con fecha 21 de febrero de 2001, y que no consta hasta el día de la fecha que el señalado requerimiento haya sido atendido, ni que se haya declarado la caducidad del procedimiento o desistimiento o renuncia al derecho en que se funde la solicitud por parte de D. Nemesio Manuel Díaz García, en los términos exigidos por el artículo 87.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, para estimar como finalizado el citado expediente de legalización, procede considerarse que el referido proceso de legalización se encuentra en trámites, todo ello sin perjuicio de que la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural adopte las medidas precisas para la reposición de las cosas al estado anterior a la presunta comisión, entre otros, si resultara "evidente la incompatibilidad" de lo realizado y proyectado con las determinaciones de la ordenación ambiental, territorial y urbanística aplicables.

Con respecto al resto de las obras denunciadas (cueva-almacén y movimientos de tierra, pista y explanada), que son también objeto del procedimiento sancionador que nos ocupa, se encuentran denegadas las respectivas calificaciones territoriales para la legalización de la cueva destinada a almacenes agrícolas o similares, y para los movimientos de tierra en un volumen de 350 m3, según consta en los respectivos Decretos dictados por el Sr. Consejero de Área del Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, de fecha 24 de julio de 2001 (CT 4.181/01), y de fecha 28 de diciembre de 2000 (CT 6.716/00), por lo que se entiende que el nuevo uso que se pretende legalizar para la cueva-almacén que sirva de apoyo en el desarrollo de la actividad turística estaría prohibido dado que en la propia denegación de calificación territorial solicitada en su día para cueva-almacén destinada a productos hortícolas de temporada se expresa que "no se permite en la clase de suelo que se ubica los almacenes agrícolas o similares, así como contar la actuación, que se desarrolla en Espacio Natural Protegido, con un informe de incompatibilidad", de igual manera, en la denegación de calificación territorial para la legalización de movimientos de tierra se reitera que dicha actuación es incompatible con la finalidad de protección del Parque Rural, y para los movimientos de tierra en un volumen de 350 m3, por lo que se concluye la procedencia de ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción, incluidas las actuaciones efectuadas por la pista y explanada, a la vista del informe técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 14 de junio de 2006, mediante la demolición de la solera de hormigón, relleno de la referida cueva-almacén con el material depositado en el exterior, restitución del perfil natural del terreno afectado por los movimientos de tierra y la pista, retirada de los escombros y de tierra sobrante a vertedero y repoblar las zonas afectadas por los movimientos de tierras y por la pista con especies arbóreas y arbustivas propias del lugar, para adecuar la zona afectada al entorno y así queden integradas en el paisaje del lugar, dejando en suspenso aquellas otras cuevas preexistentes que se pretenden nuevamente legalizar para uso de turismo rural, hasta que se resuelva el correspondiente expediente de legalización.

III

Los hechos declarados probados son constitutivos de una infracción administrativa calificada de muy grave en el artículo 202.4.a) del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y tipificada y sancionada en el artículo 213 del mismo cuerpo legal, con multa del 100 al 200 por ciento del valor del suelo afectado o de las obras ejecutadas, si fuera mayor, en función de las circunstancias que concurran en el presente expediente.

IV

Se aprecia en el presente caso la siguiente circunstancia modificativa de la responsabilidad:

Como circunstancia mixta, se aprecia de oficio como atenuante, prevista en el apartado a) del artículo 199 del mencionado Texto Refundido, por cuanto del expediente no se aprecia que exista un grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón del oficio, profesión o actividad habitual.

Ponderando la incidencia de dichas circunstancias y teniendo en cuenta la entidad global de la infracción, de conformidad con el artículo 196 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, y en virtud del principio de proporcionalidad, es ajustado imponer a D. Nemesio Manuel Díaz García una sanción por cuantía de diez mil quinientos doce euros con cincuenta y nueve céntimos (10.512,59 euros).

V

De conformidad con lo previsto en el artículo 188.2, en relación con el artículo 179 del citado Texto Legal, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción, incluida la demolición. Es por ello que, habiéndose procedido a solicitar la legalización de las cuevas preexistentes para uso de turismo rural en cuestión y no habiendo recaído resolución en el respectivo expediente de legalización, procede dejar pendientes las medidas de restablecimiento de la realidad física alterada en lo referente a tales actuaciones hasta que se resuelva el respectivo expediente de legalización.

Con respecto a las restantes obras denunciadas (cueva-almacén, movimientos de tierra, pista y explanada, y conforme con lo expuesto en los párrafos anteriores, procede ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado de las cosas al estado anterior a la comisión de la infracción, considerándose como medidas precisas para la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de la presunta infracción, conforme al informe técnico de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 14 de junio de 2006, las siguientes: la demolición de la solera de hormigón, relleno de la referida cueva-almacén con el material depositado en el exterior, restitución del perfil natural del terreno afectado por los movimientos de tierra y la pista, retirada de los escombros y de tierra sobrante a vertedero y repoblar las zonas afectadas por los movimientos de tierras y por la pista con especies arbóreas y arbustivas propias del lugar, para adecuar la zona afectada al entorno y así queden integradas en el paisaje del lugar, y, a tal efecto, requerir al expedientado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar a que la Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

VI

Asimismo, y de conformidad con el apartado 1 del artículo 182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, modificado mediante la Ley 4/2006, de 22 de mayo, se advierte al interesado de que si repone los terrenos por sí mismo al estado anterior a la alteración de la realidad física alterada en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación.

Igualmente, se le advierte, según el párrafo 2 del mismo artículo 182: de que si el restablecimiento del orden jurídico perturbado tuviera lugar mediante la legalización obtenida tras la imposición de la multa, los responsables de la perturbación que hubiesen instado la legalización dentro del plazo habilitado al efecto, tendrán derecho a la reducción en un sesenta por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del procedimiento de recaudación mediante el correspondiente pago.

Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.

Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,

R E S U E L V O:

Primero.- Imponer a D. Nemesio Manuel Díaz García, una multa de diez mil quinientos doce euros con cincuenta y nueve céntimos (10.512,59 euros), como responsable directo, en calidad de promotor, de una infracción administrativa consistente en la construcción de cueva-almacén, ampliación y adecuación de cuevas preexistentes, movimientos de tierra, pista y explanada, sitas en el lugar denominado Lomo de Las Quemadas, del término municipal de Santa María de Guía, en suelo clasificado en el momento de ejecución como Suelo no Urbanizable de Protección Paisajística, hoy suelo rústico de protección paisajística, afectado por Espacio Natural Protegido denominado Parque Rural de Doramas (C-12), sin la preceptiva calificación territorial y licencia urbanística para su ejecución, tipificada y sancionada en el artículo 213 del mencionado Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.

Segundo.- Ordenar el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada de las obras y actuaciones realizadas consistentes en cueva-almacén, movimientos de tierra, pista y explanada, y conforme con lo expuesto en los párrafos anteriores, adoptando como medidas precisas para la reposición de las cosas al estado anterior a la presunta infracción, las siguientes: la demolición de la solera de hormigón, relleno de la referida cueva-almacén con el material depositado en el exterior, restitución del perfil natural del terreno afectado por los movimientos de tierra y la pista, retirada de los escombros y de tierra sobrante a vertedero y repoblar las zonas afectadas por los movimientos de tierras y por la pista con especies arbóreas y arbustivas propias del lugar, para adecuar la zona afectada al entorno y así queden integradas en el paisaje del lugar, y, a tal efecto, requerir al expedientado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto, como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndole de que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar a que la Administración ejecutará subsidiariamente la orden de reposición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999.

Tercero.- Ordenar igualmente el restablecimiento del orden jurídico infringido y la realidad física alterada y transformada de las cuevas preexistentes, dejando en suspenso las medidas procedentes para el pleno restablecimiento del orden jurídico infringido de las obras, hasta que recaiga resolución en el expediente de legalización.

Cuarto.- Notificar la presente resolución al infractor y demás interesados.

Se le comunica que el cumplimiento de las obligaciones económicas se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación del servicio de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva.

Contra el presente acto, que agota la vía administrativa, cabrá interponer recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que estime procedente en Derecho o, directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1, ambos de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."

Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2006.- El Director Ejecutivo, Pedro Gómez Jiménez.

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