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BOC Nº 139. Miércoles 19 de Julio de 2006 - 2600

IV. ANUNCIOS - Otras Administraciones - Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Las Palmas de Gran Canaria

2600 - EDICTO de 26 de mayo de 2006, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de menor cuantía nº 0000042/2001.

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D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Las Palmas de Gran Canaria y su Partido:

HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá cuyo encabezamiento y parte dispositiva tienen el siguiente tenor literal:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a veintidós de julio del año dos mil cinco.

D. Miguel Palomino Cerro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 12 de los de esta ciudad, ha visto los presentes autos de menor cuantía identificados con el nº 42/2001, promovidos por Dña. Veena Atmaram Hathiramani, representada por la procuradora Dña. Mónica Padrón Franquiz y defendida por el letrado D. José Gerardo Ruiz Pasquau, contra Navesa, S.A. y contra herencia yacente de D. Juan Morán Pérez, declarados en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Que por la representación de la parte actora se presentó en fecha cinco de enero de 2001 demanda en la que suplicaba se dictase sentencia declarando justificado el dominio y por consiguiente la titularidad de la actora sobre el inmueble descrito en el hecho primero de su demanda, instando igualmente la declaración de que el mismo era de naturaleza privativa, de que la actora tenía derecho a que "se le otorgará escritura pública", que igualmente tenía derecho a inscribir dicha titularidad en el Registro de la Propiedad y de que debería cancelarse toda inscripción contradictoria, condenando a los demandados a pasar por todas las anteriores declaraciones y al pago de las costas.

Segundo.- Admitida la demanda en fecha 7 de febrero de 2001 se emplazó a la demandada Navesa, S.A. El codemandado D. Juan Morán Pérez no fue hallado, y habiéndose acreditado su fallecimiento, en fecha 26 de abril de 2001 se interesó ampliación de la demanda contra la Herencia Yacente de D. Juan Morán Pérez. Emplazada la misma, y al no haber comparecido las codemandadas, fueron declaradas en situación procesal de rebeldía en virtud de proveído de fecha 15 de octubre de 2001.

Tercero.- Abierta la fase probatoria, se propuso por la demandante la que estimó fundamentadora de sus pretensiones -documental, testifical y confesión-. Y una vez practicada la prueba y evacuado resumen de la misma por la única de las partes personadas, quedaron los autos pendientes de resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La demandante parte de la afirmación de que es titular de la finca que se describe como "Urbana.- Cuarenta y nueve.- Local comercial número dos sito en la planta primera del edificio ubicado donde llaman La Isleta, en el barrio del Puerto de la Luz de esta ciudad, con fachada a las calles Juan Rejón, Naval y Plaza Ingeniero Manuel Becerra. Tiene como acceso por la acera que existe en su frontis dando a la calle Juan Rejón. Superficie, setenta y siete metros cuadrados. Linda al Norte con el local número once y patio derecha; al Sur con el aparcamiento A y ascensores; al Este con el local número tres de igual planta y caja de ascensores; y al Oeste con los locales números uno y once de dicha planta. Cuota: tres enteros y ochenta centésimas por cien". Dicha finca se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad número Cuatro de los de esta ciudad con el número 1998, folio 117, del Libro 26.

Como quiera que ha extraviado el documento privado de venta, de fecha según afirma 23 de junio de 1979, ejercita acción declarativa de dominio frente a quienes fueron sus vendedores, pretendiendo asimismo que se declare que la actora "tiene derecho a que se le otorgue escritura pública de compraventa en relación con el inmueble objeto de la compraventa", así como que el mismo "tiene carácter privativo y debe constar en su inscripción registral", e igualmente que la demandante tiene derecho a inscribir dicha titularidad en el Registro de la Propiedad, debiendo cancelarse "cualquier inscripción contradictoria".

Segundo.- La declaración dominical no encuentra obstáculo a la luz de lo actuado, puesto que así se desprende de las siguientes evidencias probatorias: a) los documentos acreditativos de que la actora abona el IBI correspondiente al inmueble y de que el mismo se halla catastrado a su nombre; b) el reconocimiento de la realidad de la venta que ha realizado en prueba de confesión judicial el representante legal de la entidad demandada Navesa, S.A., Sr. Inchausti Carangacon; c) los testimonios de los Sres. Jiménez Santana y Chorda Moradillo, que han reconocido igualmente que el inmueble fue adquirido por la Sra. Atmaram Hathiramani; y, d) el testimonio de la arrendataria del inmueble, Sra. González Azpeitia, que admite que abona la renta a la demandante. Dichos elementos de prueba confirman la realidad del dominio, que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 348, 609, 1445 y 1463 del Código Civil se declarará en favor de la actora.

La anterior declaración comporta, sin necesidad de pronunciamiento, el derecho de la dueña a inscribir su dominio en el Registro de la Propiedad, siendo este documento, que valida el original contrato privado de compraventa hoy extraviado, bastante (sin perjuicio de exigencias de naturaleza registral) para acceder al Registro.

Tercero.- La pretensión de la demandante de que dicha declaración de dominio se realice con "cancelación de cualquier inscripción contradictoria" no puede ser atendida a la vista de que según la certificación emitida por el Registro de la Propiedad nº 4 de los de esta ciudad no consta ninguna anotación o asiento contrarios y distintos a la modificación de titularidad dominical que aquí se acuerda. No pudiéndose, en consecuencia, realizar una declaración que vaya más allá de lo acreditado, esto es, que ordene la cancelación de cualesquiera otra inscripción que con posterioridad a la emisión del referido certificado pueda haber accedido al Registro, ya que este juzgador no ha podido analizar, si existiera, el valor y, en su caso, prevalencia del derecho que hubiere accedido a la referida oficina tabular con posterioridad a dicha emisión.

Cuarto.- No alcanza a comprender quién sentencia la pretensión de la demandante de que se declare que la misma "tiene derecho a que se le otorgue escritura pública de compraventa". A lo que tendría derecho, en su caso, es a que se elevase a público el documento privado de venta mediante el otorgamiento de la pertinente escritura. Pero es que precisamente la ausencia de dicho documento es lo que ha llevado a la actora a formular su demanda en el sentido no de que se eleve a público dicho documento, puesto que, según afirma, se ha extraviado, sino de que, a falta de un título material sobre el que sustentar su pretendido dominio, se declare éste sobre el inmueble. Y la presente resolución declarativa del dominio adquiere en nuestro ordenamiento jurídico, y en el ámbito de la titularidad dominical, el mismo valor que el que la escritura pública de venta conferiría al negocio jurídico.

Quinto.- Igualmente pretende la demandante que se declare que el bien cuyo dominio se constata en esta resolución "tiene carácter privativo". Claro es que cuando se pretende tal pronunciamiento es porque la misma está o ha estado casada, puesto que de una persona soltera no se pretende la declaración de privativo o ganancial de la adquisición y tenencia de un bien puesto que dicha naturaleza, de uno u otro signo, de los bienes sólo se predica de personas unidas matrimonialmente. Y para ello quien sentencia debería haber contado con una mínima acreditación documental o testifical de la condición de casada de la demandante, de la ley aplicable a su matrimonio, puesto que por su nombre es posible que la misma no haya nacido en España, de la fecha en que el mismo se contrajo y de la existencia o no de capitulaciones matrimoniales, lo que habría bastado con el testimonio de su marido, por ejemplo. En consecuencia, dicho pedimento tampoco puede ser atendido.

Sexto.- La estimación parcial de la demanda y la admisión por parte de la codemandada Navesa, S.A. de la realidad del dominio de aquélla para con el bien, comporta no realizar una condena en costas.

Vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente y general aplicación

FALLO

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por Dña. Veena Atmaram Hathiramani, representada por la procuradora Dña. Mónica Padrón Franquiz, debo declarar y declaro justificado el dominio y que la actora es legítima propietaria del inmueble descrito en el fundamento jurídico primero de esta resolución por haberlo adquirido el 23 de junio de 1979 en virtud de documento privado de D. Juan Morán Pérez, hoy fallecido, y de Navesa, S.A., condenando a esta última y a la Herencia Yacente de D. Juan Morán Pérez a pasar por la anterior declaración, declarando asimismo que el bien se encontraba al tiempo de interponerse la demanda libre de cargas y gravámenes. No se formula expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Las Palmas, que deberá previamente anunciarse ante el presente órgano judicial en el plazo de cinco días a contar desde la fecha de su notificación.

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedirá testimonio para los autos, juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior Sentencia por el Sr. Magistrado-Juez que la dictó estando celebrando audiencia pública en el día de su fecha. Doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado, expido y libro el presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de mayo de 2006.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.

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