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BOC Nº 135. Jueves 13 de Julio de 2006 - 2510

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Presidencia y Justicia

2510 - Dirección General de la Función Pública.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 12 de julio de 2006, relativa a la notificación de la Orden de 11 de julio de 2006, de declaración de oficio de la nulidad del acto presunto positivo, mediante el cual D. José María Vázquez González adquirió derecho de percepción económica.

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Habiendo sido intentada la notificación de la Orden número 282 del Consejero de Presidencia y Justicia de fecha 11 de julio de 2006, en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por esta Dirección General de la Función Pública sin que haya podido practicarse, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero

R E S U E L V O:

1º) Notificar a D. José María Vázquez González, la Orden nº 282 de fecha 11 de julio de 2006, que figura como anexo de esta Resolución, por la que se declaró la nulidad del acto presunto positivo, mediante el cual D. José María Vázquez González adquirió derecho de percepción económica.

2º) Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

Santa Cruz de Tenerife, a 12 de julio de 2006.- El Director General de la Función Pública, Juan Manuel Santana Pérez.

A N E X O

ORDEN DEL CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA DE DECLARACIÓN DE OFICIO DE LA NULIDAD DEL ACTO PRESUNTO POSITIVO, MEDIANTE EL CUAL D. JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ GONZÁLEZ ADQUIRIÓ DERECHO DE PERCEPCIÓN ECONÓMICA.

Iniciado el procedimiento de revisión de oficio del acto presunto positivo mediante el cual D. José María Vázquez González adquirió derecho de percepción económica, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Mediante sentencia nº 302, de 31 de octubre de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ordenó a la Administración demandada que llevara a puro y debido efecto la ejecución del acto administrativo presunto positivo, procediendo al abono en nómina a D. José María Vázquez González del complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al complemento de destino que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias fije anualmente para los Directores Generales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las cantidades devengadas y no pagadas con sus intereses legales, sin perjuicio de sus facultades de revisión."

Segundo.- Por Resolución número 75 del Director General de la Función Pública de fecha 6 de febrero de 2006, se ejecutó la referida sentencia nº 302 de 31 de octubre de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Tercero.- Mediante Orden del Consejero de Presidencia y Justicia de fecha 12 de abril de 2006 se inició el procedimiento de revisión de oficio del acto presunto positivo por el que D. José María Vázquez González, adquirió el derecho"a percibir en nómina el complemento de destino correspondiente a su grado personal, incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al complemento de destino que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias fije anualmente para los Directores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como las cantidades devengadas y no pagadas con sus intereses legales, sin perjuicio de las facultades de revisión de esta Administración, por tratarse de un acto viciado de nulidad, por no darse las condiciones esenciales para la correspondiente adquisición del derecho."

Cuarto.- Con fecha 24 de abril de 2006 se notificó a D. José María Vázquez González la mencionada Orden y se le concedió un plazo de diez días hábiles para efectuar las alegaciones que estimara convenientes.

Quinto.- Con fecha 8 de mayo de 2006, el interesado presentó escrito en el que formuló las alegaciones correspondientes, que se resumen en anunciar la presentación de incidente de ejecución de sentencia contra la Orden de revisión, por entender que lo que en realidad ésta revisa es la propia ejecución de la Sentencia que se halla en el origen de estas actuaciones; denunciando por otra parte la ausencia de informe de la Dirección General del Servicio Jurídico y sosteniendo finalmente, que no concurre causa de nulidad por cuanto no se dan las circunstancias previstas en los apartados b) y f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, relativas a incompetencia manifiesta del órgano administrativo y a la adquisición de derechos mediante actos contrarios al ordenamiento jurídico careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición.

Sexto.- Con fecha 9 de junio de 2006 la Dirección General del Servicio Jurídico emite informe que concluye de la siguiente forma:

1) El objeto de la revisión de oficio debe ser el acto presunto estimatorio de la petición de reconocimiento de derecho efectuada el 29 de julio de 2003 y reconocido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 31 de octubre de 2005.

2) Dado que la Dirección de la Función Pública es un órgano con importantes competencias en materia de personal no cabe hablar de nulidad de pleno derecho por falta de competencia ya que se exige que la incompetencia sea manifiesta por razón de la materia o del territorio.

3) Confirma que el acto presunto incurre en nulidad de pleno derecho por ser contrario al ordenamiento jurídico, por adquirir facultades o derechos cuando se carece de los requisitos esenciales para su adquisición.

4) Señala la posibilidad de suspender el plazo, para conceder un nuevo trámite de audiencia al interesado.

Séptimo.- Mediante Orden del Consejero de Presidencia y Justicia de fecha 15 de junio de 2006, se procedió a suspender el plazo del procedimiento de revisión de oficio y conceder a D. José María Vázquez González un nuevo plazo de diez días hábiles para efectuar las alegaciones que estimara convenientes.

Octavo.- Con fecha 19 de junio de 2006, se notificó al interesado la mencionada Orden de suspensión del procedimiento, quedando suspendido el plazo del procedimiento hasta el día 30 de junio de 2006, fecha en la que el destinatario, formuló las siguientes alegaciones:

1) Reproduce las manifestaciones referidas al incidente de ejecución de sentencia.

2) Considera que el informe del Servicio Jurídico no es el preceptivo.

3) Muestra su disconformidad con el segundo trámite de audiencia, así como la suspensión del procedimiento.

4) Reitera prácticamente el fondo de lo ya argumentado con fecha 8 de mayo de 2006.

Noveno.- Con fecha 10 de julio de 2006, el Consejo Consultivo de Canarias emitió Dictamen favorable (214/2006), a la declaración de nulidad del acto administrativo presunto sometido a revisión de oficio, manifestando asimismo que en el procedimiento revisor tramitado caduca el 12 de julio de 2006.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El Consejero de Presidencia y Justicia es el Órgano competente para resolver sobre la revisión de oficio, conforme a lo determinado en los artículos 29.g) de la Ley Territorial canaria 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y 6 del Decreto 40/2004, de 30 de marzo, que aprobó el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia y Justicia.

Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiera, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1" El sometimiento pleno de la Administración Pública a la Ley y al derecho impuesto por el artículo 103.1 de la Constitución, exige ante la presencia de actos nulos una reacción enérgica para depurar el Ordenamiento. Se trata de una acción imprescriptible, ejercitable en cualquier momento, que constituye un deber de la Administración (y no una mera facultad) de carácter reglado que obliga, sin alternativa, a declarar necesariamente la nulidad del acto viciado.

En relación con la primera alegación que manifiesta D. José María Vázquez la presente Revisión de oficio se inició por Orden del Consejero de Presidencia y Justicia de fecha 12 de abril de 2006, a propuesta de la Dirección General de la Función Pública. Mediante instrucciones de la Secretaría General Técnica de fecha 23 de marzo de 2006, que constan en documentación previa a la mencionada Orden, se modificó el contenido de la propuesta de Orden en el sentido de que la revisión de oficio va dirigida contra el acto presunto positivo reconocido en la sentencia nº 302, de 31 de octubre de 2005, y no contra la Resolución que ordena la ejecución de la citada sentencia, en la cual no se aprecia ninguna causa de nulidad.

En consecuencia, en ningún momento se pretende revisar la ejecución de la sentencia, ya que ésta (en cumplimiento de los artículos 118 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978, 17 y 18 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y 103 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa) se resolvió ejecutar mediante Resolución número 75, del Director General de la Función Pública de 6 de febrero de 2006.

Tal es así que, en cumplimiento de la antedicha Resolución la Dirección General de la Función Pública, se dictó con posterioridad por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía y Hacienda la Resolución nº P-231, de 21 de marzo de 2006, por la que se dispuso el abono en la nómina del interesado de los atrasos correspondiente a la ejecución del pronunciamiento judicial, así como la actualización de la referida nómina a partir del mes de marzo de 2006, de manera que la Sentencia se ha ejecutado en su integridad. (Folios números 27, 28, 86, 87 y 88).

Como se ha indicado, y sin perjuicio del estricto cumplimiento de la Sentencia judicial, lo que constituye objeto de revisión es el acto presunto que da origen a la misma, facultad que la propia Sentencia reconoce a esta Administración en su fundamento jurídico cuarto, cuando expresa: "Si en consecuencia se produjo un acto presunto positivo, que es la situación que contemplamos, se ha originado un acto administrativo a todos los efectos que no puede ser desconocido por la Administración, ni aún pretextando que está viciado de nulidad por no darse las condiciones esenciales para la correspondiente adquisición del derecho, al margen del procedimiento de revisión que, en su caso, puede iniciar, situación que nos conduce, en esencia, a la estimación del recurso y revocación de la sentencia que en esta cuestión siguió el criterio que patrocinaba la Comunidad Autónoma, rechazado por la Sala."

Tercera.- Establece el artículo 19.5 del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, que los informes de carácter preceptivo [como en el presente caso sucede, a la vista de lo dispuesto en el artículo 20.e) de la misma norma] habrán de solicitarse una vez instruidos los expedientes y cumplido en su caso, el trámite de audiencia a los interesados, si éste fuera exigible, por lo que la alegación del interesado respecto a este extremo carece de fundamento en el momento en que se realiza.

Principalmente, cuando se concedió un segundo trámite de audiencia, según se hace constar en el séptimo de los antecedentes de hecho. (Folios números 109, 110 y 111), trámite, por cierto, con el que tampoco está de acuerdo D. José María Vázquez González, pero que sin duda se puede afirmar que la audiencia ha sido completa, eficaz, imprescindible para la propia validez del procedimiento y evitando en todo caso la indefensión del interesado.

Cuarta.- La Orden del Consejero de Presidencia y Justicia de fecha 12 de abril de 2005, pone de manifiesto la nulidad radical o de pleno derecho del acto presunto positivo:

El acto presunto, objeto de esta revisión de oficio incurre en causa de nulidad conforme a lo señalado en el apartado f) del artículo 62.1 de la referida Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

· por adquirir D. José María Vázquez González un derecho económico careciendo del requisito esencial de ser funcionario de la Administración del Estado ni haber desempeñado puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre.

Del examen de los antecedentes administrativos de D. José María Vázquez González, contrastados con los requisitos para obtener el derecho económico que pretende se concluye lo siguiente:

· El precepto que pretende que se le aplique -artº. 33.2 de la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado-, se refiere al ámbito de la Administración del Estado.

· La Comunidad Autónoma de Canarias en uso de la facultad otorgada en el artº. 32.6 del Estatuto de Autonomía, ha dictado la Ley 10/1992, de 23 de diciembre, de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 1993 y el Decreto 196/1994, de 30 de septiembre, sobre adquisición y reconocimiento del grado personal.

· D. José María Vázquez González es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias, Escala de Administradores Financieros y Tributarios (Grupo A), por lo que le es de aplicación la normativa autonómica antes citada y en cumplimiento de la misma se le reconoció, mediante Resolución de fecha 18 de junio de 2002, el grado 30, grado personal equivalente al máximo del intervalo que corresponde al Grupo A, de titulación en que el funcionario está encuadrado

· La propia sentencia nº 302, de 31 de octubre de 2005, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias contempla la posibilidad proceder a la revisión de oficio, por tratarse de un acto viciado de nulidad, por no darse las condiciones esenciales para la correspondiente adquisición del derecho."

Todo ello, en referencia al fondo de la revisión de oficio, manifestado en la tercera alegación formulada por D. José María Vázquez González con fecha 8 de mayo de 2006.

A mayor abundamiento, y si se repasan detenida y minuciosamente las Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de septiembre de 1994 y de 24 de noviembre de 1997, se llega a la conclusión de que las prescripciones del artículo 33.2 de la Ley de Presupuestos del Estado para 1991 son únicamente de aplicación a los funcionarios del Estado (que hayan sido altos cargos durante el tiempo necesario, claro es, en cualquier Administración). Esta última extensión del ámbito administrativo es lo que consideró el Alto Tribunal, no la extensión del ámbito subjetivo a los funcionarios de cualquier Administración, extensión que rechaza.

Y además, desde una lectura no interesada, también ha de concluirse en que ese precepto no es básico, las Sentencias citadas rechazan ese carácter. (Por ello precisamente, el legislador canario procedió a recoger otro derecho bien diferente como es el grado correspondiente al nivel máximo del grupo, no el relativo a ese complemento de destino).

Los términos para la Administración del Estado no pueden vincular en esos extremos subjetivos y retributivos a la autonomía de las restantes Administraciones (autonómicas o locales).

Recientemente, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en Sentencia de 21 de marzo de 2006, confirmatoria de la del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3, de Santa Cruz de Tenerife, de 31 de octubre de 2003, ha dejado diáfana esa cuestión al referirse a un supuesto en que a una funcionaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se denegó su pretensión, porque ni la ley estatal (que reconoce el complemento de destino de Director General) ni la autonómica (que reconoce el grado máximo), son de aplicación al personal de la función pública local -es decir, de otra Administración distinta de la propia para la que en cada caso se dicta la Ley de Presupuestos-, porque en caso contrario se invadiría el ámbito presupuestario de la autonomía de las restantes Administraciones (aquéllas a las que pertenezcan los funcionarios que quieran que se les apliquen esas leyes de otras Administraciones).

Pero es que, además, en ese mismo proceso, planteada cuestión de inconstitucionalidad -inadmitida por el Tribunal Constitucional-, por Auto de 15 de febrero de 2006, se viene a indicar que cualquiera de esas normas tiene como únicos destinatarios a los funcionarios de la propia Administración, puesto que si no fuera así, ello supondría que una determinada Administración podría imponer a otra un determinado derecho, con su correspondiente reflejo retributivo, a la vez que señala que al consistir en norma excepcional, ha de ser de aplicación estricta.

Es claro, pues, que los funcionarios de carrera de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias no tienen derecho a percibir ese complemento de destino.

Efectivamente la Comunidad Autónoma Canaria no tiene regulado ese derecho -no lo quiso hacer-, sino hacerlo en otros términos -en el de reconocer el grado-. Por eso no es aplicable ese derecho que no tiene regulado y que no cabe solicitar.

Quinta.- Respecto a la citada alegación tercera A) IV, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias recoge en el segundo fundamento jurídico de la citada sentencia de 31 de octubre de 2005 que "el actor aportó una resolución de la Dirección General de la Función Pública, Consejería de Presidencia y Justicia, de 18 de julio de 2003, reconociendo a un funcionario de carrera de la Administración de la Seguridad Social traspasado a la Comunidad Autónoma a percibir el complemento de destino correspondiente al grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos Generales de Canarias fije anualmente para los Directores Generales de la Administración de Comunidad Autónoma."

La Dirección General de la Función Pública ha iniciado la revisión de oficio de la mencionada resolución de fecha 18 de julio de 2003, actualmente en trámite de informe preceptivo de la Dirección General del Servicio Jurídico (Folios números 144-149).

Pero, además, ha iniciado también la tramitación del procedimiento para revisar de oficio los supuestos en que bien expresamente, bien por aplicación del silencio administrativo -concedido por los órganos jurisdiccionales-, algún funcionario de esta Administración ha visto reconocido el complemento de destino de Director General, por entenderse que nunca debería de haberse reconocido.

Sexta.- En relación con las nuevas alegaciones formuladas por D. José María Vázquez González con fecha 30 de junio de 2006:

· Respecto a la segunda en la que manifiesta sus dudas acerca del informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, hay que señalar que de los documentos que constan en el expediente (Folios 90-96) se desprende su legitimidad y se trata del informe preceptivo que fue solicitado a las oficinas de la Dirección General del Servicio Jurídico que incluso se encuentran físicamente ubicadas en sedes diferentes a las de la Función Pública.

Igualmente, los recelos expuestos por el alegante concernientes a la Letrada tienen su explicación en el Decreto 143/2001, de 9 de julio, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica, que creó el puesto de Asesor Jurídico Departamental con las funciones de "asistencia y asesoramiento jurídico a los órganos del Departamento, especialmente en materia de personal" y que se encuentra localizado en la mencionada Dirección General del Servicio Jurídico.

Por otro lado en la notificación realizada a D. José María Vázquez González (Folio 111), por la Jefe de Servicio de Régimen y Registro de la Dirección General de la Función Pública, se cometió un evidente error, ya que se utilizaron a la vez los términos contrarios (preceptivo, facultativo), error, por el que no puede atribuírsele al citado informe, naturaleza facultativa.

De lo actuado, es indudable que el informe emitido por la Dirección General del Servicio Jurídico que consta en este expediente, es el preceptivo en un procedimiento de revisión de oficio, y establecido en el artículo 20.e) del Decreto 19/1992, de 7 de febrero, que aprobó el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico del Gobierno de Canarias, en la redacción dada por el artículo tercero del Decreto 232/1998, de 18 de diciembre.

· Respecto a la cuarta alegación, la suspensión es una posibilidad prevista en el artículo 42.5.c) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. En este caso para que el interesado aportara otros elementos de juicio una vez emitido el informe preceptivo del Servicio Jurídico y que la Dirección General de la Función Pública consideró necesarios para emitir la Propuesta de Resolución, pero además la Letrada en su informe, también consideró oportuno como forma de conciliar las garantías del interesado con el cumplimiento de los plazos.

No se trata, de responsabilizar al alegante de paralizar el expediente ni de aplicar la suspensión al Dictamen del Consejo Consultivo sino a las actuaciones instructoras, según doctrina constante y reiterada del mencionado Organismo (Dictamen 150/2003).

· Por otro lado, insiste D. José María Vázquez González en su alegación quinta B), en distinguir entre condición y requisito, distinción que no coincide con las definiciones recogidas en el Diccionario de la Real Academia Española sobre las distintas acepciones de ambos términos.

Así a manera de ejemplo, de condición da entre otras acepciones, las siguientes:

"Circunstancias indispensables para la existencia de otras".

"Aptitud o disposición".

(Imposible de derecho): "la que se opone a la honestidad o a la Ley."

"Situación o circunstancia indispensable para la existencia de otra".

De igual modo, en cualquier diccionario de sinónimos se puede comprobar que condición y requisito son tratados como tales.

En este caso concreto se está ante la ausencia de requisitos esenciales, porque lo que se ha reconocido excede de lo contemplado (material y expresamente competencial) en el ámbito de la Administración Pública Canaria y de sus funcionarios, es decir, del ordenamiento jurídico vigente de aplicación a estos últimos. No existe norma jurídica que lo ampare. No hay norma de aplicación a la que pueda acogerse.

Séptima.- Del contenido del informe de la Dirección General de los Servicios Jurídicos de fecha 9 de junio de 2006 se concluye lo siguiente:

1) La cuestión del "objeto de la presente revisión" se trata del acto presunto estimatorio de la petición de reconocimiento de derecho efectuada el 29 de julio de 2003 y reconocido por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 31 de octubre de 2005.

2) La Dirección de la Función Pública es un órgano con importantes competencias en materia de personal, y no cabe hablar de nulidad de pleno derecho por falta de competencia, ya que el artículo 62.1.b) exige que la incompetencia sea manifiesta por razón de la materia o del territorio.

3) El acto presunto incurre en nulidad de pleno derecho por ser contrario al ordenamiento jurídico mediante el cual D. José María Vázquez González adquiere derechos cuando carece de los requisitos esenciales para su adquisición.

Octava.- El Consejo Consultivo de Canarias, emitió el Dictamen 214/2006, preceptivo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11.1.D), apartado b), 12.3 y 20.1 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo. Dictamen favorable a la declaración de nulidad del acto administrativo presunto sometido a revisión.

En su virtud, de conformidad con lo expuesto, los preceptos legales citados y demás de pertinente y concordante aplicación y teniendo en cuenta que:

· Se suprime la causa de nulidad del apartado b) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por no ser manifiesta la incompetencia de la Dirección General de la Función Pública sin que la Propuesta de Resolución difiera sustancialmente de la Orden de inicio revisión de oficio del presente acto.

· Se confirma que la revisión de oficio va dirigida contra el acto presunto positivo reconocido en la sentencia nº 302, de 31 de octubre de 2005 y no contra la Resolución que ordena la ejecución de la citada sentencia, en la cual no se aprecia ninguna causa de nulidad.

· Se acredita la concurrencia de la causa de nulidad prevista en el apartado f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, por los motivos que han quedado expuestos en las consideraciones anteriores.

Procede por tanto, de acuerdo con el Dictamen del Consejo Consultivo de Canarias la declaración de nulidad del acto presunto objeto de revisión.

R E S U E L V O:

Uno.- Declarar de oficio la nulidad de pleno Derecho del acto presunto positivo mediante el cual de D. José María Vázquez González adquirió el derecho "a percibir en nómina el complemento de destino correspondiente a su grado personal, incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al complemento de destino que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias fije anualmente para los Directores Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias"

Dos.- Notificar la presente Orden al interesado.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien interponer el recurso potestativo de reposición ante el titular de la Consejería de Presidencia y Justicia , en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a que tenga lugar la notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.- El Consejero de Presidencia y Justicia, José Miguel Ruano León.

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