No habiéndose podido notificar como promotor a D. Julián Rodríguez Hernández en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 1446/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Julián Rodríguez Hernández la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3624, de fecha 28 de octubre de 2005, recaída en el expediente con referencia 1446/04-U, y que dice textualmente:
"Vistos los documentos obrantes en el expediente referenciado y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el lugar denominado "Valle Colino-Finca España" del término municipal de La Laguna, se están realizando obras consistentes en la construcción de una perrera de 16 m2, cuarto de aperos y palomar en segunda planta de edificación antigua, promovidas por D. Juan Rodríguez Hernández, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia municipal) exigidos por los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC).
Segundo.- Mediante Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3607, de fecha 18 de noviembre de 2004, notificada a la persona interesada con fecha 9 de junio de 2005, se ordenó la suspensión de las referidas obras.
Tercero.- Contra la citada resolución D. Julián Rodríguez Hernández interpone recurso de reposición, el 6 de julio de 2005, en el que, sucintamente, expone: D. Juan Rodríguez Hernández ha fallecido acompañando certificado de defunción. La perrera está realizada hace más de 20 años, como la vivienda. No se ha realizado ningún cuarto de aperos ni palomar. D. Julián como heredero lo único que ha hecho son pequeñas obras de mantenimiento.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El indicado recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
II
De conformidad con el artículo 248 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC) y con el artículo 20.2 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre, la referida resolución es susceptible de ser impugnada mediante recurso de reposición.
III
El artículo 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, establece que el plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso de reposición es de un mes. De conformidad con lo previsto en el artículo 248.4 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, en relación con el artículo 43.2 de la citada Ley de Procedimiento Administrativo Común, transcurrido plazo de un mes sin que recaiga resolución se podrá entender desestimado el recurso. En el presente supuesto, a pesar de haber transcurrido en exceso el plazo que es otorgado a la Administración para resolver el recurso de reposición presentado, dada la obligación que tiene de dictar resolución expresa en todos los procedimientos (artº. 42 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999), se procede por este órgano a resolver fuera de plazo el recurso interpuesto, con sujeción al régimen establecido en el artículo 43.4, letra b), de la citada Ley procedimental.
IV
De las alegaciones aducidas por el recurrente, se desprende lo siguiente:
Figurando como responsable una persona fallecida, habrá que imputar las obras al efectivo promotor de las mismas. El heredero del inicial responsable ha manifestado que las obras tienen una antigüedad de 20 años. Si se observa las fotografías que se acompañan a la denuncia, tanto la edificación antigua, como las que se presume que están en ejecución presentan el mismo estado de inacabadas puesto que todas están sin revestir ni pintar. Cuando estamos ante unas obras sin terminar, se entienden que están en ejecución y si no disponen de las autorizaciones pertinentes procede suspender las mismas.
Por ello, en el procedimiento sancionador que pudiera incoarse, se discutirá la prescripción, grado de participación del heredero en las obras ejecutadas, y demás cuestiones, sin olvidar que como actual titular en última instancia deberá soportar la demolición de las obras que sean finalmente ilegales, ya que es una medida de carácter real, independientemente de quien las haya ejecutado.
Por lo dicho, procede mantener la orden de suspensión por encontrarse las obras en ejecución, corrigiendo la resolución recurrida en el sentido de dirigirla a D. Julián.
Esto no significa que se este prejuzgando al efectivo responsable de las obras. La paralización va dirigida realmente contra las obras, con el presumible razonamiento de que las personas que pueden resultar responsables de las mismas, son quienes deben cumplir la paralización de ellas, esto es, los promotores, los constructores de las obras o instalaciones, actividades y usos, los titulares, directores o explotadores de los establecimientos, actividades o usos, así como los técnicos titulados directores de las obras y de las instalaciones (artº. 189 TRLOTENCÕ00).
Por otra parte, el artículo 176 de dicho Texto, que habilita la presente medida de suspensión de obras, en su apartado 2º, es tajante cuando establece que la notificación de dicha orden puede realizarse indistintamente al promotor, al propietario de la urbanización, construcción, edificación o suelo, al responsable del acto de que se trate y, en su defecto, a cualquier persona que se encuentre en el lugar de ejecución o de desarrollo y esté relacionada con las obras, el inmueble, la actividad o el uso.
Por todo lo anterior, a los efectos de cumplir la orden de suspensión, y de dar validez a la resolución recurrida, es indiferente que el recurrente no haya sido el promotor efectivo de la totalidad de la obra.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Único.- Desestimar el recurso de reposición, interpuesto por D. Julián Rodríguez Hernández, contra Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 3607, de fecha 18 de noviembre de 2004, confirmando la misma por ser ajustada a derecho, y corregir dicha resolución en el sentido de dirigir dicha resolución al recurrente en su calidad de heredero.
Notifíquese al interesado y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2006.- El Director Ejecutivo, p.d., la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.
© Gobierno de Canarias