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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Dirección General de Consumo sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
1º) Notificar a Iranolanzaroteña de Restauración, S.L., la Orden de 9 de junio de 2006 (libro 01, nº reg. 285/06), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Manojkumar Bhagwani en representación de Iranolanzaroteña de Restauración, S.L. (Bazar Photo Vision), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 4 de octubre de 2005, recaída en el expediente nº 35/106/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de novecientos (900) euros.
2º) Remitir al Ayuntamiento de Tías la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de junio de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.
A N E X O
Orden de la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías de 9 de junio de 2006, por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto por Manojkumar Bhagwani en representación de Iranolanzaroteña de Restauración, S.L. (Bazar Photo Vision), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de 4 de octubre de 2005, recaída en el expediente nº 35/106/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de novecientos (900) euros.
Visto el recurso de alzada interpuesto ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías por Manojkumar Bhagwani en representación de Iranolanzaroteña de Restauración, S.L. (Bazar Photo Vision), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 4 de octubre de 2005, recaída en el expediente nº 35/106/2005 y que determinó la imposición de una sanción de multa de novecientos (900) euros, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El día 26 de febrero de 2005, Inspectores de la Dirección General de Consumo realizaron visita de inspección en el Bazar Photo Vision, propiedad de Irano Lanzarote, S.L., sito en la Avenida Las Playas, 14, Puerto del Carmen, del término municipal de Tías, y mediante acta levantada al efecto nº 1007, se comprueba que tenía para su venta al público, en el escaparate exterior, diferentes artículos como cámaras digitales de diferentes marcas (Canon, Minolta, Sony ...), cámaras de vídeo de la marca JVC, teléfonos móviles de diferentes marcas, etc., careciendo del preceptivo marcado de precio de venta al público.
Segundo.- Que incoado el oportuno expediente sancionador de conformidad con el Título V, de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (en adelante LECUCAC), el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), se formuló Acuerdo de iniciación, en el que se imputaba al recurrente la infracción de lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 12, apartado 4 y 40.4.d) de la LECUCAC, en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto del Ministerio de Comercio 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Tercero.- Que la Dirección General de Consumo resuelve sancionar al recurrente tramitado el procedimiento a que se refiere el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (en adelante RDPS), en relación con el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (en adelante LRJPAC), con una sanción de multa de novecientos (900) euros.
Cuarto.- Que contra la precitada Resolución se interpone recurso de alzada ante la Excma. Sra. Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, que tiene entrada en este Departamento el día 15 de noviembre de 2005, exponiendo, en síntesis, el recurrente lo siguiente:
"Que es un importe demasiado alto porque la mercancía expuesta en su local no carece de precios, y si bien en ese momento no lo tenía, se debe a que se estaban reemplazando las etiquetas de las rebajas, siendo conocedor de que en ningún momento se deben quedar los artículos sin precios, solicitando se imponga la sanción en un importe inferior."
Quinto.- Que la Dirección General de Consumo informa sobre las actuaciones practicadas dando traslado de las mismas.
Y siendo de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- En relación a los requisitos de admisibilidad del presente recurso no cabe realizar objeción alguna por cuanto ha sido interpuesto en plazo y forma, esto es dentro del plazo del mes previsto en el artículo 115.1 de la LRJPAC, la parte recurrente tiene plena legitimación activa para promover el presente recurso, y el órgano competente para su resolución es la Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 12 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- Que la sanción impuesta al recurrente, en la condición que ostenta, tiene como norma habilitante lo dispuesto en el artº. 3, apartado 1, letras b), c) y f), artº. 12, artículos 27 y 40, apartado 4, letras c) y g) y Disposición Transitoria Segunda de la LECUCAC y artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 12, apartado 4 y 40.4.d) de la misma, en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto del Ministerio de Comercio 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor.
Tercero.- Que la determinación de la cuantía de la sanción impuesta, lo fue en el ejercicio por la Dirección General de Consumo de las atribuciones que le confiere el artículo 39, apartado 2, de la LECUCAC, y el artº. 9, apartados k) y m) del Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad y Consumo, aprobado por el Decreto 322/1995, de 10 de noviembre (B.O.C. nº 154), en concordancia con el artículo 2 y la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003 (B.O.C. nº 143), por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias.
Cuarto.- Que las alegaciones formuladas por el recurrente en su escrito de interposición del recurso, no pueden ser tomadas en consideración, pues no comportan justificación legal que permita modificar la calificación jurídica del hecho infractor comprobado y la consiguiente apreciación de responsabilidad, y que, por tanto, no puede estimarse la petición de que se revoque la resolución sancionadora del Director General de Consumo.
- El recurrente reconoce la comisión de la infracción en el escrito del recurso por lo que no se discute la comisión de la infracción.
- En cuanto a la falta de proporcionalidad en la valoración de la infracción, basta decir que se han seguido estrictamente los criterios establecidos para la graduación de la cuantía de las sanciones en el artículo 43 de la LECUCAC así como el artículo 131 de la LRJPAC.
Por todo ello, la sanción impuesta por carecer de los preceptivos datos de identificación, marcado de precios del producto en lugar visible, y no habiendo el actor desvirtuado los fundamentos fácticos y jurídicos de la actuación administrativa inspectora, habiéndose acreditado los hechos imputados, se impone la desestimación de las alegaciones.
Quinto.- Que en virtud de las competencias atribuidas al titular del Departamento por el artº. 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, modificada parcialmente por la Ley 4/1996, de 5 de noviembre y la Ley 8/2001, de 3 de diciembre (B.O.C. nº 161, de 14.12.01), le compete al mismo resolver en última instancia, dentro de la vía administrativa, cuando no corresponda a una autoridad inferior, los recursos promovidos contra las resoluciones de los organismos y autoridades de la Consejería.
VISTOS
El Título V de la Ley 3/2003, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Capítulo IX y Disposición Final Segunda de la Ley 26/1984, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E. nº 176), el Real Decreto 1.945/1983, de 22 de junio, que regula las infracciones y sanciones en materia de defensa del consumidor y de la producción agroalimentaria (B.O.E. nº 168), el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285), modificado por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12), y Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, artº. 3, apartado 1, letras b) y c), artículos 12, apartado 4 y 40.4.d) de la Ley 3/2003, de 12 de febrero, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 34), en concordancia con los artículos 1 y 3 del Decreto del Ministerio de Comercio 2.807/1972, de 15 de septiembre (B.O.E. nº 247), por el que se regula la publicidad y marcado de precios en la venta al público de artículos al por menor, el artículo 31.3 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Real Decreto 2.916/1983, de 19 de octubre, y Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias y demás disposiciones de general o particular aplicación.
La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, en ejercicio de sus competencias,
R E S U E L V E:
Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Manojkumar Bhagwani en representación de Iranolanzaroteña de Restauración, S.L. (Bazar Photo Vision), frente a la Resolución de la Dirección General de Consumo de fecha 4 de octubre de 2005, recaída en el expediente nº 35/106/2005, por la que se le impone al recurrente una sanción de multa de novecientos (900) euros.
Contra la presente Orden, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos (2) meses contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Las Palmas de Gran Canaria o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- La Consejera de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías, María Luisa Tejedor Salguero.
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