Estás en:
No habiéndose podido notificar como promotor a D. Pablo Trujillo Bello en la forma prevista en el artículo 59.1 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la Resolución dictada en el expediente tramitado por esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural con referencia 833/04-U, de conformidad con el apartado cuarto del antes mencionado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Pablo Trujillo Bello la Resolución dictada por el Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1544, de fecha 4 de mayo de 2005, recaída en el expediente con referencia 833/04-U, y que dice textualmente:
"Vistos los documentos obrantes en el expediente referenciado y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- En el lugar denominado "Las Rosas-Carretera Adeje-Guía 12" del término municipal de Adeje, se están realizando obras consistentes en la construcción de una edificación de unos 150 m2 y desmonte y roturación de terreno de aproximadamente 800 m2 para cultivo, promovidas por D. Pablo Trujillo Bello, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia municipal) exigidos por los artículos 27, 166 y 170 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (en adelante TRLoTENC).
Segundo.- Mediante Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2656, de fecha 19 de agosto de 2004, notificada a la persona interesada con fecha 23 de noviembre de 2004, se ordenó la suspensión de las referidas obras.
Tercero.- Contra la citada resolución la persona afectada interpone recurso de reposición, el día 21 de diciembre de 2004, en el que, sucintamente, expone:
La construcción se refiere a un cuarto de aperos de 85 m2 que se encuentra semienterrado y oculto, tratándose de una obra de escasa entidad.
El supuesto desmonte y roturación es una labor que se ha realizado desde hace muchísimo tiempo.
El Ayuntamiento está tramitando otro expediente sancionador por los mismos hechos.
Además el recurrente solicita información detallada de la documentación necesaria para legalizar la obra.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El indicado recurso ha sido interpuesto en tiempo y forma de acuerdo con lo establecido en los artículos 110 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
II
De conformidad con el artículo 248 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLoTENC) y con el artículo 20.2 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre, la referida resolución es susceptible de ser impugnada mediante recurso de reposición.
III
En cuanto a las alegaciones aducidas por el recurrente, no pueden modificar el acto administrativo recurrido, ya que el mismo ha sido dictado en estricta aplicación de la normativa urbanística en vigor, toda vez que:
Independientemente de la superficie exacta de la edificación, lo relevante para suspender las obras es que carecen de la preceptiva licencia municipal exigida por el artículo 166 del TRLoTENC y de la calificación territorial prevista en el artículo 27 del TRLoTENC, por lo que han de ser suspendidas, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 176 del TRLoTENC, según el cual, cuando un acto de construcción, edificación o uso del suelo se lleve a cabo sin licencia, calificación territorial y demás autorizaciones, se deberá ordenar la inmediata suspensión de las obras, teniéndose en cuenta, que la mera solicitud de las autorizaciones no ampara la ejecución de las obras, las cuales no pueden ejecutarse hasta que se disponga de ellas, como así establecen los artículos 166, 27, 171 y 170.1 del TRLoTENC.
IV
En cuanto a la solicitud de información de la documentación necesaria para legalizar las obras, pongo en su conocimiento que el otorgamiento de la calificación territorial requiere solicitud del interesado ante el Ayuntamiento del lugar donde se localicen las obras, formalizada mediante documentación bastante, acreditativa de la identidad del promotor, la titularidad de derecho subjetivo suficiente sobre el terreno correspondiente, la justificación de la viabilidad y características del acto de aprovechamiento del suelo pretendido y, en su caso, de su impacto en el entorno, así como de la evaluación ecológica o ambiental y la descripción técnica suficiente de las obras e instalaciones a realizar.
Si durante la fase inicial municipal, el Ayuntamiento no emite informe en el plazo máximo de un mes, usted debe reproducir la solicitud directamente ante el Cabildo Insular.
En todo caso, para cualquier aclaración de la documentación necesaria, debe dirigirse a su Ayuntamiento o Cabildo, a tal efecto, ya que son éstos las entidades autorizantes.
Vistos la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; el Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, y el Decreto 189/2001, de 15 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.
En su virtud,
R E S U E L V O:
Único.- Desestimar el recurso de reposición, interpuesto por D. Pablo Trujillo Bello, contra la Resolución del Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 2656, de fecha 19 de agosto de 2004, confirmando la misma por ser ajustada a derecho.
Notifíquese al interesado y al Ayuntamiento, a los que se les hace constar que contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones e Información del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 28 de junio de 2006.- El Director Ejecutivo, p.d., la Jefa de Servicio de Vigilancia Territorial y Ambiental y Actuaciones Previas (Resolución nº 681, de 1.3.05), Marta Martín Ballester.
© Gobierno de Canarias