BOC - 2006/111. Viernes 9 de Junio de 2006 - 778

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

778 - Dirección General de Urbanismo.- Resolución de 25 de mayo de 2006, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de 3 de abril de 2006, relativo al Plan de Actuación Territorial Ampliación Colegio Canterbury. Lomo Diviso, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria.- Expte. nº 107/02.

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En ejecución de la legislación aplicable, por la presente,

R E S U E L V O:

Ordenar la inserción en el Boletín Oficial de Canarias del Acuerdo de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias de fecha 3 de abril de 2006, relativo al Plan de Actuación Territorial Ampliación Colegio Canterbury. Lomo Diviso, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, expediente nº 107/2002, cuyo texto se adjunta como anexo.

Las Palmas de Gran Canaria, a 25 de mayo de 2006.- El Director General de Urbanismo, Rafael Castellano Brito.

A N E X O

La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, en sesión celebrada el 3 de abril de 2006, adoptó, entre otros, el siguiente Acuerdo:

Primero.- Aprobar definitivamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 43.2.b) y 26.1.d) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, el Proyecto de Actuación Territorial (P.A.T.) de ampliación del Colegio Canterbury, en Lomo Diviso, en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, con el siguiente contenido:

1. La actuación objeto del presente Proyecto ha sido declarada de interés general por acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2004, se ha reconocido la necesidad de su implantación en suelo rústico y ha sido tramitada con sujeción al procedimiento legalmente establecido, considerando que la ordenación establecida y las características de superficie, altura y localización de las edificaciones hacen prever un escaso impacto ambiental y visual, realizándose en un entorno calificado por el planeamiento como de escaso valor natural, paisajístico y productivo.

2. La licencia urbanística habrá de ser solicitada dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del Proyecto de Actuación Territorial, con su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, tal como establece el artº. 170.1 del Texto Refundido, pudiendo solicitar el interesado, ante la Consejería, una prórroga por igual plazo (artº. 170.2 del TR) pero, en cualquier caso, y conforme establece el artículo 26.3.a) del Texto Refundido, la eficacia del Proyecto de Actuación Territorial caducará por el transcurso de un año desde su entrada en vigor sin haberse solicitado dicha licencia urbanística.

3. De conformidad con lo establecido en el artículo 197.1.b).3 del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre (RGESPC), procede determinar como Sistema de Ejecución el Sistema de Concierto conforme a lo determinado en el artículo 107 y siguientes del referido Texto Refundido.

4. Conforme a lo establecido en el artículo 25.4.f), será preciso, con carácter previo a la publicación del presente acuerdo, para la eficacia de la aprobación definitiva acordada, la prestación de garantía ante el Tesoro de la Comunidad Autónoma por importe del diez por ciento del coste total de las obras a realizar, que el P.A.T. estima en 3.552.204,79 euros.

Segundo.- Estimar parcialmente la alegación presentada por Dña. María del Carmen Álvarez Hernández en base a los siguientes motivos:

a) Respecto del carácter de fuera de ordenación de la edificación existente, y la dispensa que podría suponer el Proyecto de Actuación Territorial en cuanto a la prohibición de ampliaciones, debe señalarse que la instalación docente que se pretende ampliar no se encuentra en situación de fuera de ordenación, puesto que el planeamiento general vigente, tanto el aprobado en el año 2000 como su adaptación básica aprobada en 2005, contempla las dotaciones y equipamientos docentes existentes en la categoría de suelo en que se encuentra la edificación existente y la mayor parte de su ampliación, y permite expresamente su ampliación, incluso en la categoría de suelo de protección agraria en que se encuentra la parte menor de la parcela, mediante el instrumento de ordenación establecido en el Texto Refundido para las actuaciones declaradas de interés general, como la presente, tal como se detalló en el anterior apartado 5.3.3.

b) En cuanto a la necesidad de su implantación en suelo rústico, es evidente que, de no concurrir los antecedentes señalados para el presente caso, se trata, efectivamente, de un uso que puede y debe implantarse en el suelo urbano o urbanizable en ejecución. En función de las circunstancias señaladas, la necesidad de implantación en suelo rústico de la presente actuación ha sido declarada específica y expresamente por el acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 29 de julio de 2004, y deriva directa y exclusivamente de la preexistencia del centro docente en dicha clase de suelo, y realizado con sujeción a la legislación aplicable, anterior a la entrada en vigor de la Ley 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias. Como se señaló anteriormente, la construcción del centro se autorizó de acuerdo con los procedimientos establecidos en el artº. 11.2 de la Ley 5/1987, de Ordenación Urbanística del Suelo Rústico. Esta realidad, y sólo ella, justifica la necesidad de situarse en suelo rústico, toda vez que resultaría absurdo dañar la funcionalidad del centro obligando a que la ampliación se realizase en un terreno diferente, clasificado como suelo urbano.

c) En lo que se refiere a la servidumbre de tránsito, ya se ha señalado anteriormente que en el nuevo plano aportado se grafía en forma detallada y clara el mantenimiento expreso de la servidumbre existente. Dicho plano pasa a formar parte del instrumento de ordenación territorial que legitima la actuación y, por tanto, dicha servidumbre queda incorporada a la ordenación pormenorizada que regirá dicho ámbito a partir de la eventual aprobación definitiva del Proyecto.

Tercero.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en el Boletín Oficial de Canarias incorporando como anexo la normativa urbanística aprobada, una vez acreditado el depósito de la indicada garantía.

Cuarto.- El presente Acuerdo se notificará a los promotores, administraciones consultadas e informantes, así como a cuantos interesados consten en el expediente administrativo.

Quinto.- De conformidad con el artículo 197.1.a) del Reglamento de Gestión y Ejecución del Sistema de Planeamiento de Canarias, aprobado por Decreto 183/2004, de 21 de diciembre, el presente Acuerdo será debidamente notificado al Registro de la Propiedad correspondiente para la anotación o inscripción que proceda.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, contado desde el siguiente día al de notificación del presente Acuerdo.

Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109, 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; en el artículo 248 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, sobre Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias y en el artículo 22 del Decreto 129/2001, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, modificado por Decreto 254/2003, de 2 de septiembre.

La presente notificación se expide a reserva de los términos exactos que resulten de la ratificación del acta correspondiente, a tenor de lo previsto en el artículo 18.2 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, aprobado por Decreto 129/2001, de 11 de junio.- El Secretario de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, Juan José Santana Rodríguez.



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