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BOC Nº 091. Viernes 12 de Mayo de 2006 - 1600

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías

1600 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 28 de abril de 2006, que notifica la Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, de 22 de febrero de 2006, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de septiembre de 2005, recaída en el expediente administrativo VBT 05/019, sobre corte del suministro de energía, y resolución del contrato por impago del servicio.

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Habiendo sido intentada la notificación de la presente Resolución en el domicilio que figuraba en el expediente tramitado por la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías sin que haya sido recibida por el recurrente interesado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

1º) Notificar a Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo, la Resolución de 22 de febrero de 2006 (libro 01, nº reg. 26/06, folio 74-77), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de septiembre de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 05/019, sobre corte del suministro de energía y resolución del contrato por impago del servicio.

2º) Remitir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de abril de 2006.- El Secretario General Técnico, Juan González Fontes.

A N E X O

Resolución del Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías de 22 de febrero de 2006, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de septiembre de 2005, recaída en el expediente administrativo VBT 05/019, sobre corte del suministro de energía, y resolución del contrato por impago del servicio.

Visto el recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de septiembre de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 05/019, sobre corte del suministro de energía y resolución del contrato por impago del servicio, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Con fecha 17 de enero de 2005, Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo presentó escrito de reclamación ante la O.M.I.C. del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por medio del cual manifiesta su disconformidad con la resolución del contrato de suministro de energía acordada por la compañía distribuidora, por impago del servicio.

Segundo.- Una vez tramitado el expediente administrativo, el Ingeniero Industrial D. Antonio Carlier Millán adscrito al Servicio de Instalaciones Energéticas formuló la siguiente propuesta: "La improcedencia de la reclamación de Dña. Carmen Gutiérrez al considerar procedente el corte de suministro efectuado por Unelco-Endesa el día 8 de enero de 2004".

Tercero.- El Jefe de Servicio de Instalaciones Energéticas, por delegación de firma del Director General de Industria y Energía, dictó resolución el día 14 de septiembre de 2005, por medio del cual viene a aceptar la citada propuesta.

Cuarto.- Con fecha 11 de octubre de 2005, Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo presentó recurso de alzada, por medio del cual viene a decir lo siguiente:

1. Por motivos ajenos a mi persona, uno de los recibos comprensivos del período 21 de mayo de 2003 al 21 de julio de 2003, no fue recepcionado a través de correo ordinario, sino que la compañía eléctrica me remite la deuda a través de burofax con acuse de recibo, de corte de suministro de energía eléctrica, que es abonado el 3 de octubre de 2003.

2. Con posterioridad a esta fecha, la compañía suministradora de electricidad, me remite facturas comprensivas de los períodos 22 de septiembre de 2003 al 17 de noviembre de 2003, 17 de noviembre de 2003 al 8 de enero de 2004, 8 de enero de 2004 al 15 de marzo de 2004, que fueron pagados a través de la entidad bancaria La Caixa.

3. Que la notificación del corte de suministro en ningún momento fue recibida por nadie, como así lo hace constar el Sr. Cartero en el anverso de la misma.

4. La recurrente alega que se ha vulnerado el propio artículo 59 de la Ley 30/1992, de LRJPAC, esto es, que el interesado debe hallarse presente en el momento de entregarse la notificación, también puede hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad; si nadie pudiera hacerse cargo de la notificación, se hará constar en el expediente, junto con el día y hora en que se intentó la notificación, intento que se repetirá una sola vez y en hora distinta dentro de los tres días siguientes.

Tampoco se procedió a dejar en mi buzón ningún aviso acreditativo de tener una notificación pendiente en las oficinas de Correos, como así lo impone el Real Decreto de 2 de abril de 1954, la Orden Ministerial de 20 de octubre de 1958 y el propio Reglamento del Servicio de Correos.

5. De esta forma se está vulnerando un derecho básico en nuestro Ordenamiento Jurídico que es el recogido en nuestra Carta Magna, en su artículo 24.2, el derecho a la defensa que tiene cada ciudadano y el derecho de ser informado de la acusación que se formula contra ellos, es decir, el derecho a saber cuál es la deuda, sanción que se me imputa, y al derecho que me garantiza a articular los medios de defensa necesarios, causándome indefensión.

Esta indefensión se ve aumentada por la propia vulneración del artículo 90 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, que establece la posibilidad de interrupción del suministro eléctrico, por impago o por alguna de las causas establecidas en la presente sección durante más de dos horas desde la fecha de suspensión, determinará la resolución del contrato o de acceso, en ningún caso se cumple el requisito temporal de transcurso de más de dos meses, ya que los recibos posteriores a esa fecha, siempre se han abonado en el plazo previsto, como así se refleja en los documentos aportados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- En relación con los requisitos de admisibilidad del presente recurso, hay que señalar que el recurso fue presentado dentro del plazo de un mes que prevé el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, la interesada tiene legitimación activa para presentar el recurso de alzada, y el órgano competente para resolver el recurso es la Viceconsejería de Industria y Nuevas Tecnologías, de acuerdo con el vigente Reglamento Orgánico y el artículo 20 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.

Segundo.- La resolución recurrida fue dictada en base a los siguientes preceptos reglamentarios:

1. El artículo 85.1 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dispone literalmente lo siguiente: "La empresa distribuidora podrá suspender el suministro a consumidores privados a tarifa cuando hayan transcurrido al menos dos meses desde que les hubiera sido requerido fehacientemente el pago, sin que el mismo se hubiera hecho efectivo. A estos efectos, el requerimiento se practicará mediante remisión, a la dirección que a efectos de comunicación figure en el contrato de suministro a tarifa, por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, así como de la fecha, identidad y contenido del mismo, quedando la empresa distribuidora obligada a conservar en su poder la acreditación de la notificación efectuada. En el supuesto de rechazo de la notificación, se especificarán las circunstancias del intento de notificación y se tendrá por efectuado el trámite. Dicha comunicación deberá incluir el trámite de interrupción del suministro por impago, precisando la fecha a partir de la que se interrumpirá, de no abonarse en fecha anterior las cantidades adecuadas".

2. El artículo 90.1 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, dice textualmente lo siguiente: "La interrupción del suministro por impago o por alguna de las causas establecidas en la presente sección durante más de dos meses desde la fecha de suspensión, determinará la resolución del contrato de suministro o de acceso."

Tercero.- El presente recurso de alzada no puede prosperar, y ello es así por los siguientes motivos:

1. Que del examen de la documentación obrante en el expediente se puede inferir que la empresa distribuidora ha actuado conforme a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, pues transcurridos más de dos meses desde la fecha de suspensión del suministro fue cuando se produjo la resolución del contrato.

2. El alegato de la parte recurrente de que no ha recibido en ningún momento la notificación de corte, y por tanto, la suspensión de la electricidad como la resolución del contrato son medidas que le han colocado en una situación de indefensión, no puede ser estimado, por cuanto obra en el expediente administrativo un acuse de recibo firmado por la Sra. Gutiérrez Crisóstomo donde se acredita que dicha notificación de corte fue recepcionada por la recurrente el día 3 de octubre de 2003, mientras que la suspensión tuvo lugar el día 8 de enero de 2004.

VISTOS

El Real Decreto 1.955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. nº 310, de 27.12.00); la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. nº 285, de 28.11.97); el Decreto 26/1996, de 9 de febrero, por el que se simplifican los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas (B.O.C. nº 28, de 4.3.96); el Decreto 116/2001, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia e Innovación Tecnológica (B.O.C. nº 64, de 25.5.01), vigente, de conformidad con lo previsto en la Disposición Transitoria Única del Decreto 178/2003, de 23 de julio, por el que se determina la estructura central y periférica de las Consejerías de Presidencia y Justicia, y de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias; el Decreto 241/2003, de 11 de julio, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías (B.O.C. nº 134, de 14.7.03); el Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias; el Decreto 19/1992, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, modificado parcialmente por el Decreto 232/1998, de 18 de diciembre (B.O.C. nº 5, de 11.1.99); la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero; la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y demás normativa de aplicación general.

Por todo ello, el Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, en el ejercicio de sus competencias,

R E S U E L V E:

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Dña. Carmen Gutiérrez Crisóstomo, frente a la Resolución de la Dirección General de Industria y Energía de 14 de septiembre de 2005, recaída en el expediente de referencia VBT 05/019, sobre corte del suministro de energía y resolución del contrato por impago del servicio, manteniendo la misma en todos sus términos.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a interponer en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente de su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.- El Viceconsejero de Industria y Nuevas Tecnologías, Jorge M. Rodríguez Díaz.

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