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BOC Nº 059. Viernes 24 de Marzo de 2006 - 392

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda

392 - Dirección General de Transportes.- Resolución de 6 de marzo de 2006, por la que se da publicidad al Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera en las Islas Canarias período 2005-2007.

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El día 26 de diciembre de 2005 se suscribió en Madrid el "Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera en las Islas Canarias período 2005-2007".

Considerando que los convenios de colaboración entre la Administración General del Estado y las Administraciones Públicas de las Comunidades Autónomas deberán publicarse en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma respectiva, conforme a lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En su virtud, procede la publicación en el Boletín Oficial de Canarias del "Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera en las Islas Canarias período 2005-2007", que figura como anexo a esta Resolución.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Santa Cruz de Tenerife, a 6 de marzo de 2006.- La Directora General de Transportes, Rosa Dávila Mamely.

A N E X O

Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del transporte regular de viajeros por carretera en las Islas Canarias período 2005-2007.

En Madrid, a 26 de diciembre de 2005.

REUNIDOS

Por parte de la Administración General del Estado, la Sra. Juana María Lázaro Ruiz, Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda en uso de las competencias que les otorga el artículo 6.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como su Disposición Adicional Decimotercera, y el punto octavo del Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, según la redacción dada por el Acuerdo de 3 de julio de 1998, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2005. La Sra. Juana María Lázaro Ruiz, Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda, actúa en virtud de lo dispuesto en la Orden EHA/3057/2004, de 21 de septiembre.

Por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el Excmo. Sr. D. Antonio A. Castro Cordobez, Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.2.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 29.1.k) de la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, y 3 del Decreto 159/1994, de 21 de julio, de Transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de Transportes Terrestres y por Cable.

Las partes se reconocen capacidad jurídica suficiente para la suscripción del presente Convenio y actúan en ejercicio de las competencias que se derivan para cada una de ellas de lo establecido en el artículo 149.1.13ª de la Constitución en materia de planificación y coordinación económica general, en el artículo 4 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno; el Real Decreto 562/2004, de 19 de abril, por el que se aprueba la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales; el Real Decreto 1.552/2004, de 25 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Economía y Hacienda, modificado por el Real Decreto 756/2005, de 24 de junio; y el artículo 30.18 del Estatuto de Autonomía de las Islas Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto (redactado de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.20 de la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre).

MANIFIESTAN

La voluntad de colaboración entre la Administración General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, de llevar a cumplimiento lo estipulado en el artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, donde se reconoce al transporte público terrestre regular de viajeros el carácter de servicio público esencial, para lo cual accederá a la financiación prevista en los Presupuestos Generales del Estado, y de ejecutar las competencias atribuidas de acuerdo con el artículo 30.18 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto (redactado de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.20 de la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre).

Al objeto de garantizar el apoyo al transporte terrestre regular de viajeros en Canarias se suscribieron para el período 1996-1999, los primeros Contratos Programas entre la Administración General del Estado, la Comunidad Autónoma de Canarias y los respectivos Cabildos Insulares, incluyéndose en el caso de las islas de Gran Canaria y Tenerife los Ayuntamientos capitalinos, instrumentándose a través de siete Convenios (Contratos-Programa), uno por cada isla. Finalizada la vigencia de los mismos se volvieron a suscribir para el período 2000-2003 otros Contratos-Programa que revestían la misma forma que los del período anterior.

Dada la experiencia adquirida con los anteriores Contratos-Programa, y ante la necesidad de articular una adecuada financiación que tenga como finalidad el transporte terrestre en Canarias tal y como se recoge en el artículo 8 de la Ley 19/1994, con independencia de la isla a la que se refiera, ha hecho necesario un nuevo planteamiento que garantice el adecuado y eficaz reparto de la misma al transporte público terrestre regular de viajeros en Canarias, para lo cual se ha considerado más adecuado la fórmula de un Convenio de colaboración, en materia de transporte terrestre regular de pasajeros, entre las Administraciones General del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias.

A estos efectos, las partes pactan las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.- Naturaleza y finalidad.

El presente Convenio tiene por objeto establecer el régimen de colaboración entre la Administración General de Estado y la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias para la financiación del transporte terrestre regular de viajeros en las Islas Canarias. Todo ello en el marco de la legislación general y específica vigente durante el período de aplicación del mismo y, en concreto, el artículo 8 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias.

Este Convenio tiene naturaleza administrativa, rigiendo en su desarrollo e interpretación el ordenamiento jurídico administrativo. De los litigios que se puedan presentar en su interpretación y ejecución conocerá la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segunda.- Período de vigencia.

El presente Convenio tendrá vigencia desde el 1 de enero de 2005 al 31 de diciembre de 2007, regularizándose sobre las bases previstas en este Convenio el ejercicio 2004. Las funciones de la Comisión de Seguimiento se extienden hasta el 31 de diciembre de 2008 con el objeto de proceder a la liquidación prevista en la cláusula undécima.

Tercera.- Objeto.

El presente Convenio se concibe como un instrumento financiero de apoyo al transporte terrestre regular de viajeros por carretera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el fin de garantizar un nivel de servicio público esencial en cada una de las islas.

Cuarta.- Compromisos recíprocos.

1. Por parte de la Administración General del Estado:

Realizar las aportaciones financieras, a través de los Presupuestos Generales del Estado, a la Comunidad Autónoma de Canarias de conformidad con lo establecido en las cláusulas sexta y novena.

2. Por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias:

a) Recibir los fondos de la Administración General del Estado y distribuirlos entre las distintas islas en función de lo estipulado en los Convenios que se suscriban entre la Comunidad Autónoma de Canarias y los Cabildos Insulares o entes que ejerzan las competencias en materia de transporte terrestre, u otro instrumento jurídico que se habilite, teniendo en cuenta lo estipulado en el presente Convenio.

La suma de los compromisos adquiridos en dichos convenios insulares correspondientes a fondos de procedencia de la AGE no podrá, en ningún caso, superar el importe total establecido en el presente Convenio.

b) Suscribir los Convenios de Colaboración en materia de transporte terrestre insular con los Cabildos o entes que ejerzan las competencias en materia de transporte terrestre, u otro instrumento jurídico que se habilite.

c) Remitir dichos Convenios a la Comisión de Seguimiento de este Convenio tras su formalización.

d) Efectuar las aportaciones a los Cabildos o entes que ejerzan las competencias en materia de transporte terrestre de conformidad con lo estipulado en los Convenios o instrumentos jurídicos a los que se refiere el presente Convenio.

e) Justificar que el destino de las aportaciones realizadas se ajustan a la finalidad para la que se otorga la financiación.

f) Elaborar, antes de la finalización del presente Convenio, los estudios que permitan definir la oferta óptima de servicio público que cubra la demanda de movilidad en cada una de las islas del Archipiélago en el horizonte de los próximos años, que serán entregados a la Comisión de Seguimiento.

g) Elaborar un informe anual sobre el desarrollo del Convenio, a entregar a la Comisión de Seguimiento, que evalúe los aspectos económicos-financieros y el comportamiento de la oferta y la demanda de transporte en cada una de las islas.

Quinta.- Oferta básica del sistema de transporte en Canarias.

Se entiende como oferta básica del servicio público esencial el establecimiento de los servicios necesarios de transporte terrestre de viajeros, que garanticen la movilidad de la ciudadanía en cada territorio insular.

Hasta tanto se disponga de los estudios a que se hace referencia en la cláusula anterior se establece, de conformidad con los datos con los que se cuentan en la actualidad, que la oferta básica de servicio público que garantiza un nivel de movilidad aceptable es la siguiente para Canarias:


2004 2005 2006 2007 TOTAL

Oferta anual 85.089,97 85.089,97 85.089,97 85.089,97 340.359,88

en miles de kilómetros


Sexta.- Aportaciones financieras de la Administración General del Estado.

Las cantidades a aportar por la Administración General del Estado se destinarán a financiar los gastos de explotación derivados de la oferta básica del servicio público esencial así como las inversiones necesarias para el mismo, tanto en flota como en tecnología de información y comunicación e inversiones en infraestructura básica.

La aportación con que contribuye la Administración General del Estado a la financiación de la oferta básica recogida en la cláusula quinta para los ejercicios 2004 a 2007 será de 90.000 euros, conforme a la siguiente distribución anual:


2004 2005 2006 2007 TOTAL

Importe 22.500 22.500 22.500 22.500 90.000

en miles de euros


Las aportaciones de la AGE tienen carácter de máximas y el abono se efectuará conforme a lo dispuesto en la cláusula novena tras tener en cuenta lo señalado en las cláusulas séptima y octava.

Séptima.- Liquidación de los Contratos-Programa 2000-2003.

Tras los informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de fechas 28 de abril, 13 y 17 de mayo de 2005 y tras tener en cuenta los pagos efectuados con cargo a los PGE-2004 y los certificados de pagos, por inversiones correspondientes a los Contratos-Programa 00-03, realizados por los Cabildos de Lanzarote y Fuerteventura en 2004 que se adjuntan en anexo a este Convenio, resultan las siguientes cantidades, distribuidas por islas, a favor o en contra de la Administración General del Estado:

Ver anexos - página 5680

ctava.- Asunción por la AGE de las insuficiencias de consignación de los ejercicios 2004 y 2005.

De acuerdo con los compromisos financieros de la AGE asumidos en la cláusula sexta y teniendo en cuenta las consignaciones incorporadas en los PGE de 2004 y 2005 y las liquidaciones de los anteriores C-P 00-03, corresponde a la AGE asumir una insuficiencia por importe de 5.671,36 de euros.

Esta insuficiencia será cancelada en un plazo de dos años, durante los ejercicios 2006 y 2007.

Las aportaciones anteriores se abonarán con cargo a la aplicación 32.12.441M.450 o al crédito presupuestario que la sustituya.

Novena.- Abono de las consignaciones presupuestarias de los ejercicios 2005 a 2007.

Año 2005.

La consignación de la Administración General del Estado para 2005, que asciende a 18.400 de euros, se abonará a la firma de este convenio y con carácter de a cuenta con cargo a la sección 32, servicio 12, programa 441 M y concepto 450 "A la Comunidad Autónoma de Canarias para apoyo y fomento del transporte colectivo en las distintas islas, según Convenio suscrito con el Estado" de los Presupuestos Generales del Estado para 2005.

Si a la fecha de recepción de los fondos no hubiese sido posible la formalización de los Convenios a que hace referencia el apartado 2 de la cláusula cuarta, la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias distribuirá los fondos entre islas con idéntico importe al del ejercicio 2004, que fue el siguiente:

Ver anexos - página 5681

as aportaciones de la Administración General del Estado se abonarán por doceavas partes y con carácter a cuenta, con cargo a la sección 32, servicio 12, programa 441 M y concepto 450 "A la Comunidad Autónoma de Canarias para apoyo y fomento del transporte colectivo en las distintas islas, según Convenio suscrito con el Estado" de los Presupuestos Generales del Estado o al crédito que los sustituya, en su caso.

La distribución de dichos fondos por parte de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma se realizará de forma que a la aportación global establecida para cada una de las islas, mediante convenio suscrito al efecto entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma y cada uno de los Cabildos o entes que ejerzan las competencias en materia de transporte terrestre, se le restará la ya recibida por cada corporación insular o entes en los años 2004 y 2005, distribuyéndose además en las dos anualidades la cantidad resultante.

Décima.- Justificación.

1. En el primer trimestre del año siguiente a cada ejercicio, la Consejería competente en materia de Transportes, remitirá a la Administración General del Estado un informe en el que se hará constar lo siguiente:

- El número total de kilómetros recorridos.

- El número total de plazas ofertadas y plazas-km ofertadas.

- El número total de viajeros y viajeros-km transportados.

- Certificación de los pagos realizados con cargo a la aportación de la Administración General del Estado.

2. Asimismo, la Consejería competente en materia de Transportes remitirá, en el último trimestre del ejercicio siguiente al que corresponda, un informe especial de cierre anual que consolidará, a modo de cierre provisional anual, los informes de auditoría elaborados por los órganos de control externo de los respectivos Cabildos Insulares.

Los informes de auditoría, y el consolidado anual, se pronunciarán sobre el cumplimiento de las obligaciones adquiridas en este convenio, y sobre la realización de las actividades, la aplicación de los fondos, el coste de la actividad.

A dicho informe se acompañarán las cuentas anuales de los operadores que prestan el servicio en las distintas islas y el informe de auditoría, caso de disponer de él.

Undécima.- Liquidación de las aportaciones de la Administración General del Estado.

Las aportaciones anuales de la Administración General del Estado recogidas en la cláusula sexta tienen la condición de a cuenta, y son objeto de liquidación al final del período.

La liquidación será la resultante de multiplicar el importe total señalado en la cláusula sexta por el factor obtenido al dividir la oferta real, medida en kilómetros, para el período 2004-2007 entre la oferta prevista en la cláusula quinta y siempre que este coeficiente sea menor o igual a uno.

Si como consecuencia de la liquidación anterior resultase un saldo favorable a la AGE, éste será objeto de compensación con cargo a las aportaciones del nuevo Convenio previsto en la cláusula decimoquinta. Si transcurridos tres ejercicios desde la finalización del presente Convenio no hubiese sido posible la suscripción de uno nuevo que dé continuidad al mismo la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias procederá a su reintegro.

Duodécima.- Control económico-financiero de la ejecución del Convenio.

1. Sin perjuicio de las facultades de control de la IGAE, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias y de los órganos de control externo, corresponde a los órganos de control interno de los respectivos Cabildos Insulares la facultad de verificar: el cumplimiento de los compromisos asumidos por parte de las Administraciones que reciben los fondos y por parte de los receptores finales de los mismos, la comprobación de la correcta justificación de las aportaciones recibidas y la realidad de las actividades financiadas con cargo a estos fondos.

2. Anualmente por parte de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de Transportes se emitirá un informe de cierre que consolide los informes de auditoría de los órganos de control de los Cabildos Insulares, remitiendo el informe tanto a la Presidencia de la Comisión de Seguimiento como a la Intervención General de la Administración del Estado.

3. La Intervención General de la Administración del Estado tendrá la facultad de llevar a cabo los controles a que se refiere esta cláusula, a cuyo fin lo pondrá en conocimiento de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias. En el ejercicio de este control, la Intervención General de la Administración del Estado podrá requerir de las Administraciones que suscriben el convenio cuanta documentación e información sea relevante para el adecuado ejercicio del control, así como disponer de las prerrogativas que le atribuye el ordenamiento jurídico en orden a hacer efectivo el deber de colaboración de las entidades o sociedades, públicas o privadas, que gestionen el transporte regular de viajeros de las Islas Canarias y sean receptores finales de los fondos transferidos por la Administración General del Estado.

Decimotercera.- Comisión de Seguimiento.

13.1. Constitución y composición.

Dentro de los dos meses siguientes a la firma del presente Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, compuesta de forma paritaria por ocho vocales, cuatro en representación de la Administración General del Estado y cuatro en representación de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por parte de la AGE estarán representadas las siguientes instituciones: Ministerio de Fomento, Ministerio de Economía y Hacienda y Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, estará representada la Consejería competente en materia de Hacienda y la Consejería competente en materia de Transportes.

Los vocales de los Ministerios de Fomento y de Economía y Hacienda serán nombrados por el titular de cada uno de los siguientes centros directivos al cual representarán:

· Dirección General de Planificación y Coordinación Territorial.

· Dirección General de Presupuestos, que ostentará la Presidencia.

· Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas.

Los vocales de las Consejerías competentes en materia de Hacienda y la Consejería competente en materia de Transportes son:

· El Director General de Planificación y Presupuestos.

· El Director General de Transportes.

· El Secretario General de la Consejería competente en materia de Transportes.

· Un técnico de la Consejería competente en materia de Transportes designado por el titular de dicho Departamento.

La Comisión de Seguimiento podrá invitar a sus reuniones a expertos o técnicos que considere conveniente, de conformidad con la naturaleza de los asuntos a tratar.

La Secretaría de la Comisión de Seguimiento la ejercerá un funcionario de la Dirección General de Presupuestos, que tendrá voz pero no voto.

13.2. Funciones.

Las funciones de la Comisión serán:

· El control, seguimiento y supervisión del presente Convenio.

· Recibir y analizar los informes anuales de la Consejería de la Comunidad Autónoma de Canarias competente en materia de Transportes.

· Recibir y analizar los Estudios que realizará la Comunidad Autónoma de Canarias sobre el transporte regular de pasajeros en cada isla y el establecimiento de la oferta básica de servicio público.

· Proceder a la liquidación prevista en la cláusula undécima.

· Interpretar el Convenio cuando ello fuera necesario.

· Y aquellas otras que se deriven del presente Convenio y las que no siendo así sean acordadas por unanimidad de los miembros de la Comisión de Seguimiento.

13.3. Convocatoria y periodicidad de las reuniones.

La Comisión de Seguimiento se reunirá cuando la convoque su Presidente, bien por propia iniciativa, o bien a petición de cualquiera de los vocales, siendo obligatorio celebrar sesión ordinaria, por lo menos, una vez al año y no más tarde del 30 de junio de cada año.

Las reuniones se convocarán con al menos 15 días de antelación y debiendo acompañar a la citación el orden del día.

En caso de que un vocal no pudiera asistir a la reunión designará a un sustituto para que le represente o delegará su voto en otro miembro de la Comisión. Esta designación o delegación será comunicada al Secretario de la Comisión por cualquier medio que deje constancia de su recepción.

13.4. Adopción de acuerdos.

Los acuerdos de la Comisión de Seguimiento se adoptarán por mayoría de los miembros presentes, y para que aquéllos sean válidos, será necesario que concurra más de la mitad de sus miembros con derecho a voto. El Presidente tendrá voto de calidad cuando haya paridad.

Decimocuarta.- Causas de resolución.

Serán causas de resolución del presente Convenio el mutuo acuerdo de las Administraciones intervinientes, el incumplimiento de alguna de las cláusulas, siendo en este caso preceptiva la denuncia; así como cualquier otra causa prevista en la legislación vigente. En caso de denuncia, el Convenio seguirá vigente durante un período de seis meses a contar desde el día siguiente al de la misma.

Decimoquinta.- Continuidad del presente Convenio.

Siendo intención de las partes firmantes dar continuidad a este convenio en ejercicios siguientes a 2007, si transcurrido éste sin que existiese un nuevo convenio que regulara los ejercicios posteriores a dicho año, las Administraciones firmantes realizarán las gestiones pertinentes para que los Presupuestos Generales del Estado de 2008 incluyan una partida cuya liquidación definitiva se supeditará a lo que establezca el siguiente Convenio.

En prueba de conformidad firman el presente Convenio en Madrid, a 26 de diciembre de 2005.- La Subsecretaria del Ministerio de Economía y Hacienda (p.d. Orden EHA/3057/2004, de 21 de septiembre), Juana María Lázaro Ruiz.- El Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, Antonio A. Castro Cordobez.

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