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Intentada la notificación personal al interesado y no habiéndose podido practicar, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción modificada por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, procede insertar anuncio relativo a notificación de la Resolución recaída en el recurso de reposición interpuesto en el procedimiento sancionador en materia de transportes terrestres por la entidad Lujonor, S.L. con fecha 7 de julio de 2005.
Rfa. procedimiento sancionador nº GC-101475-O-04.
Por medio del presente anuncio se le hace saber que el Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación, en sesión de fecha 15 de diciembre de 2005, ha resuelto el recurso interpuesto en el expediente sancionador antes referenciado, con el siguiente tenor literal:
"Examinados el procedimiento y el recurso de reposición, se han apreciado los siguientes
HECHOS
Primero.- El interesado ha interpuesto recurso, presentado a través del Registro General de los Servicios Centrales de la A.E.A.T. con fecha 7 de julio de 2005, contra la Resolución recaída en el procedimiento sancionador antes referenciado, dictada por el Consejero de Turismo y Transportes con fecha 2 de marzo de 2005, y notificada mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias con fecha 7 de junio de 2005, por la cual se resolvió sancionarle por infracción grave en materia de transporte terrestre.
Segundo.- El recurrente fundamenta su pretensión anulatoria del acto recurrido manifestando, en síntesis, que el procedimiento está caducado, según reiterada Jurisprudencia que ha determinado el comienzo del cómputo del plazo de caducidad el día en el que supuestamente se cometió la infracción. Que en la instrucción del procedimiento se han omitido trámites esenciales, ocasionándole indefensión. Que interesa se le remita testimonio literal de todo lo actuado, así como que el Órgano instructor efectúe consulta al Registro General de Transportistas y que se le otorgue nuevo plazo para formular alegaciones. Que la resolución carece de la motivación suficiente. Finalmente, que la infracción está calificada erróneamente, y que la sanción no ha sido debidamente graduada según los criterios que rigen el principio de proporcionalidad.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La materia objeto de recurso es competencia de este Cabildo Insular, de conformidad con lo establecido en la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias y el Decreto 159/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de transportes terrestres y por cable.
Segundo.- Artículos 54.1.b) y 113 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tercero.- Examinados los requisitos de admisibilidad del recurso, relativos a la legitimación, forma y plazo para su interposición, se aprecia su cumplimiento.
No obstante, procede recalificar el recurso interpuesto, denominado por el recurrente "recurso de alzada", por cuanto la resolución sancionadora notificada pone fin a la vía administrativa de conformidad con el artº. 109 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (LRJAP-PAC) en relación con el artº. 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en su redacción modificada por la Ley 11/1999, de 21 de abril. Por lo cual, a tenor de lo dispuesto a sensu contrario en los artículos 114.1 y 116.1 de la citada LRJAP y PAC, contra dicha resolución cabe la interposición del recurso potestativo de reposición.
Cuarto.- Sobre las cuestiones planteadas por el recurrente son procedentes las siguientes consideraciones:
1ª) Procede examinar la caducidad que excepciona el recurrente, que fundamenta en numerosa Jurisprudencia que recoge el criterio sentado por el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 23 de mayo de 2001 y de 4 de junio de 2004.
Al efecto cabe decir que la Jurisprudencia que invoca analiza la caducidad en su anterior regulación contenida en norma de rango reglamentario (el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre), la cual no cabe ser examinada en el presente caso, por ser de aplicación el régimen jurídico que establece la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, que modificó parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).
Por tanto, el régimen de la caducidad se regula en el artº. 146 de dicha Ley, y en dicho artículo expresamente se establece que "el plazo máximo en que debe notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento" (artº. 146.2.3er párrafo); y, de conformidad con el párrafo 4º del artº. 146.2 de la LOTT, "la iniciación del procedimiento se produce de oficio con el acuerdo del órgano competente".
Por lo cual, y en virtud del artº. 145 de la LOTT en relación con el artº. 132.2 de la Ley 30/1992 (LRJAP-PAC), el plazo que transcurre desde la fecha de la denuncia hasta que se notifica el inicio del procedimiento sancionador es de prescripción de la infracción; que resulta interrumpido en este último momento (notificación del acuerdo de incoación), entrando en juego el plazo de caducidad del procedimiento, cuyo cómputo comprende las fechas desde el acuerdo de incoación hasta la notificación de la resolución sancionadora [artº. 146 LOTT y artículos 42.2 y 42.3.a) LRJAP-PAC].
En consecuencia, habiéndose iniciado el procedimiento sancionador por acuerdo del órgano competente con fecha 13 de enero de 2005, y notificada la resolución que finalizó el procedimiento mediante publicación de anuncio en el Boletín Oficial de Canarias de fecha 7 de junio del mismo año (tras intentarse y no haberse podido practicar la notificación por correo, por encontrarse ausente el destinatario en dos ocasiones), se concluye que no se produjo la caducidad del procedimiento.
2ª) Sobre la falta de motivación de la resolución sancionadora que aduce el recurrente, cabe decir que la resolución contiene la fundamentación precisa, tanto sobre las pruebas que la sustentan, como sobre la graduación de la sanción. En cuanto a este último aspecto, cabe significar que ha de considerarse que de acuerdo con el artº. 141.4 de la LOTT, el exceso superior al 15% y hasta el 25% en vehículos de hasta 10 tm es constitutivo de infracción grave, sancionable con multa de 1.501 a 2.000 euros [artº. 143.1.f) LOTT], justificándose la imposición de la sanción en cuantía próxima a la máxima, en razón al elevado exceso de peso transportado el 24,28% sobre su peso máximo autorizado.
En su virtud, el Consejo de Gobierno Insular, de acuerdo con la atribución conferida por el artº. 127.1.l) en relación con la Disposición Adicional Decimocuarta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local, y con el artº. 73.a) del Reglamento Orgánico del Cabildo de Gran Canaria (B.O.P. de 24.2.92), en su redacción modificada en Acuerdo Plenario de fecha 31 de enero de 2000.
ACUERDA:
Desestimar la pretensión formulada en el recurso de reposición interpuesto por D. Luis Montesdeoca Betancor, en representación de Lujonor, S.L., presentado a través del Registro General de los Servicios Centrales de la A.E.A.T. con fecha 7 de julio de 2005, contra la resolución del procedimiento sancionador nº GC-101475-O-2004, confirmando y manteniendo la Resolución del Consejero de Turismo y Transportes que impuso la sanción de 1.951,00 euros."
Contra esta Resolución, que es firme en vía administrativa, podrá Vd. interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con los artículos 8 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de febrero de 2006.- El Vicesecretario General, Órgano de Apoyo al Consejo de Gobierno Insular (Decreto nº 9, de 15.3.04), Sergio Ramírez Rivero.
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